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Desde la Decanatura

Jurisdicción especial de paz y conmoción interior

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 10 de noviembre de 2017 en El Colombiano.

En las historias que narran los hechos del bajo mundo, se afirma que el momento más complicado es aquel en el cual se infringe la ley por primera vez; a partir de allí se puede desarrollar una cadena de violaciones cuya meta es difícil de identificar.

Algo similar parece afirmarse con respecto a nuestro orden Constitucional. Como dice el aforismo: lo que mal empieza, mal continúa y mal termina. La Constitución de 1991 se originó con un acto de violación de la Constitución de 1886. En efecto, el artículo 218 de la vieja Carta, disponía que la misma sólo podría modificarse a través de un Acto Legislativo aprobado por el Congreso de la República. El nacimiento, formalmente inconstitucional, del nuevo orden constitucional, puede explicarse y aún justificarse con distintos argumentos sobre la legitimidad del poder constituyente primario, pero lo cierto es que surgió con pleno desconocimiento del orden vigente en aquel momento.

A partir de entonces, se han repetido de manera sucesiva y con distintos efectos, los actos de irrespeto a la Carta Política, no sólo por desconocimiento de sus propias regulaciones, sino por interpretaciones, no siempre afortunadas, de sus principios y dogmas. Las últimas manifestaciones de desconocimiento y si se quiere, de irrespeto por el orden constitucional, se encuentran en el asombroso sistema del fast track, ideado para la expedición de normas por fuera de los procedimientos constitucionales ordinarios; en la declaratoria de constitucionalidad del acto Legislativo 02 de 2017, que reconoce el carácter constitucional de los acuerdos suscritos entre el Estado y la guerrilla; y finalmente, en el papel de constituyente que implícitamente se otorga a los negociadores de La Habana, al reconocer la jurisprudencia que el acuerdo final constituye fuente de interpretación, orientación y validez de las normas que para su desarrollo se expidan, que no es otra cosa, a reconocer que entre los negociadores se adelantó un proceso constituyente.

Como si no fuera suficiente, ha surgido y cobrado fuerza la idea de que el Gobierno regule la JEP, mediante la expedición de un decreto de excepción por conmoción interior. Las dificultades presentadas para que el Congreso, a través del cuestionado procedimiento del fast track, apruebe la ley estatutaria sobre la JEP, ha llevado a algunos sectores políticos a considerar la posibilidad de que el Gobierno decrete un extraño estado de conmoción, para expedir un más extraño decreto estatutario para regular esta jurisdicción. Quien así piense, no sólo desconoce la Constitución, sino los fundamentos del estado de conmoción interior. Este, sólo puede ser declarado, “en caso de grave perturbación del orden público... que no pueda ser conjurada mediante las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía...”. Ni la renuencia del Congreso a aprobar la ley estatutaria sobre la JEP, constituye un tema que incumba a las facultades normales de policía, ni la falta de acuerdos políticos para expedir dicha ley, puede tomarse como una circunstancia de perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Constitucionalización por objeto ajeno y ética

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 3 de noviembre de 2017 en El Colombiano.

La eficacia real de la norma consiste en que su contenido coincida plenamente con el mandato de conducta que ella pretende. Cuando ello ocurre, se afirma que existe una coincidencia entre el mensaje literal y la realidad que la disposición quiere regular, es decir, entre lo que la norma dice y lo que quiere decir. Pero circunstancias de distinta índole, normalmente de naturaleza política, hacen que en ocasiones se presente un marcado desajuste entre el mensaje y su significado.

En el ámbito de la Constitución, también se presentan casos en los que la letra de la disposición no corresponde exactamente con su significado. El lenguaje no coincide con el metalenguaje. La norma esconde un mensaje implícito diferente al que expresa la letra. Dos ejemplos: Cuando el artículo 214 de la Carta dice que en los estados de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, realmente lo que quiere decir es que los derechos se pueden limitar y reglamentar. O cuando la Constitución impulsa el pluripartidismo a través de una serie de disposiciones que literalmente se refieren a otros temas, como la elección del Presidente de la República mediante fórmula con el Vicepresidente.

Aunque este tipo de normas se repiten a lo largo del ordenamiento, lo cierto es que la expedición de disposiciones constitucionales, legales o administrativas cuyo significado real se esconde detrás de mensajes referidos a otros asuntos, plantea un problema de ética legislativa y política. Ocultarle a la ciudadanía la realidad de los mensajes colectivos contenidos en ciertas disposiciones, encierra una alta dosis de engaño, similar a lo que sucede cuando el legislador introduce en el texto de una ley, los denominados “micos”, que no son otra cosa, que temas ajenos a la materia que regula.

Pero el asunto es más delicado cuando el juez constitucional profiere un fallo para que tenga efecto sobre un objeto diferente a aquel al cual se refiere literalmente. No se trata de una simple modulación de la sentencia, sino de un pronunciamiento que conlleva un mensaje ético bastante cuestionable. El caso concreto se presenta con la reciente sentencia de la Corte Constitucional, que declaró exequible el Acto legislativo 02 de 2017.

En efecto, de acuerdo con el comunicado proferido por la Corte, no cabe duda que el propósito real de esta sentencia fue otorgarle fuerza constitucional al denominado Acuerdo Final. La lectura de algunos apartes del artículo 1° del Acto Legislativo declarado exequible, permite llegar a esta conclusión. Dice la mencionada disposición: “... los contenidos del Acuerdo Final que corresponden a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación del Acuerdo Final...”. Más adelante agrega la norma: “las actuaciones de todas las autoridades deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final...”.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Constitucionalidad simbólica

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 27 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Los acuerdos de paz no son tratados internacionales. Dos ejemplos: La Corte Internacional de Justicia, al analizar el acuerdo de paz suscrito entre el Congo y Uganda, para poner fin a las acciones de insurgentes ugandeses en el territorio del Congo, decidió que no era un tratado sino un modus operandi.

En igual sentido se pronunció la Corte Especial de Justicia de Sierra Leona, al estudiar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario.

Los convenios de Ginebra disponen que los acuerdos especiales contienen reglas para humanizar el combate entre un Estado y un grupo al margen de la ley, son una especie de reglamento para adelantar la guerra "con humanidad". Es decir, no son tratados, razón por la cual no tienen revisión de constitucionalidad, hacen parte del derecho internacional humanitario e integran el bloque de constitucionalidad.

Al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte Constitucional, implícitamente califica el acuerdo de paz como un acuerdo de carácter especial y determina que las normas del derecho internacional humanitario que en él se incluyen, serán parámetro para la expedición e interpretación de las disposiciones necesarias para su implementación.

Surgen dos puntos de reflexión: El primero es que según los convenios de Ginebra, en atención a la diversidad de temas que se incluyen, el acuerdo final no es un acuerdo especial. El segundo consiste en que, aún en caso de tomarse como un acuerdo especial, solo entraría al bloque de constitucionalidad lo relacionado con el derecho internacional humanitario.

En forma equivocada, la Cruz Roja Internacional afirma que efectivamente se trata de un acuerdo especial, por ocuparse de un conflicto entre partes, en el que se incluyen compromisos propios del derecho internacional humanitario, pero olvida que hay muchos otros puntos, como entrega de activos por parte de la guerrilla, uso de testaferros para ocultar bienes y la JEP, que no son derecho internacional humanitario.

Identificar el acuerdo final como un acuerdo especial, permite ingresarlo al bloque de constitucionalidad, evitar su revisión constitucional y aumentar la exigibilidad de las obligaciones para el Estado, pues, aunque en teoría es fuente de obligaciones para ambas partes, como las Farc no son un Estado, en la práctica solo origina obligaciones para el Estado.

Se trataría de un documento internacional sui generis, puesto que solo puede crear efectos internos, pero no obligaciones autónomas bajo el derecho internacional. Es decir, el acuerdo final no puede obligar a un tercero en el ámbito internacional, mientras que al Estado Colombiano y a la guerrilla de las Farc solo puede imponerles obligaciones a nivel interno.

Reconocer al acuerdo final un cierto nivel dentro del derecho internacional humanitario, lo integra al bloque de constitucionalidad y les garantiza a las Farc que el Estado debe cumplirlo, so pena de actuar al margen de la Constitución.

Conclusión: Al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte en forma simbólica reconoce que el acuerdo final integra el bloque constitucional..

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Las pruebas Saber Pro

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 20 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Se aproxima la fecha para la realización de las pruebas de Estado, denominadas saber pro. Todos los estudiantes universitarios que van a egresar, deberían presentarse a dicha evaluación. Sin embargo, como siempre sucede, sin que se haga nada al respecto, surgen importantes inquietudes sobre la naturaleza, pertinencia y oportunidad de las pruebas.

El primer tema de reflexión tiene que ver con la utilidad práctica de las mismas. Habría que preguntarse si los resultados de las pruebas se tienen en cuenta en la asignación o escogencia de profesionales recién egresados, para ocupar cargos en asuntos relacionados con las competencias aplicadas a la prueba.

En general, en los sectores público y privado, la experiencia y las recomendaciones siguen siendo una fuente de información privilegiada, al momento de tener que designar un recién egresado para una vinculación laboral. La tendencia incluso se presenta en el sector académico laboral. Los docentes y futuros investigadores se escogen, más por su nivel de posgrado, y en cierto sentido, por sus resultados generales en el pregrado, que por sus logros en las pruebas saber pro, entre otras razones, porque en el imaginario de la academia existe una especie de convicción acerca de que, en ocasiones, los resultados dependen principalmente del ejercicio de habilidades.

Pero el punto más delicado y que merece una mayor reflexión, es el relacionado con el conocimiento. Las pruebas están concebidas para medir contenidos, de manera que parece existir una importante brecha entre la evaluación formativa en capacidades y competencias, que busca la academia, y la evaluación sumativa que persiguen las pruebas, que principalmente se realizan para cuantificar la información que se tiene sobre ciertos temas.

Pero no es del todo claro que ese propósito coincida con los afanes cognitivos en muchas disciplinas. Por ejemplo, en el ámbito del Derecho, por una ruta van los propósitos de competencias y valores de la enseñanza, y por otro, los lineamientos de las pruebas. Mientras el Estado, a través de las diferentes regulaciones procesales quiere implementar y desarrollar el principio de la oralidad en los procesos judiciales, las pruebas omiten por completo este sentido y prefieren incentivar un principio cuantitativo, producto de la escogencia múltiple y los señalamientos de cierto y falso. Esta dicotomía no es solo un problema de pruebas, sino que se convierte en un asunto que afecta la identificación de metodologías y sistemas de evaluación. El Estado quiere un abogado, que con fundamento en principios éticos y científicos, a partir de los postulados de la oralidad, utilice un discurso abierto y argumentativo, espontáneo y con habilidades de exposición, que las pruebas omiten, con graves consecuencias respecto a los alcances de la enseñanza del Derecho.

Las pruebas saber pro no pueden convertirse únicamente en un instrumento para identificar, figurar y agrupar las universidades, sino un sistema que realmente mida las competencias para la actividad profesional. En caso contrario, puede ocurrir que simplemente estemos buscando un instrumento de medición y comparación, que nada aporta al desarrollo nacional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Corrupción y credibilidad

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 13 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Los numerosos casos de corrupción denunciados por autoridades internacionales y nacionales, más todos aquellos que por distintas razones permanecen en silencio, constituyen una terrible muestra del grave mal que se vive en las distintas esferas de la actividad social, política, económica y jurídica. Este fenómeno arroja graves efectos sobre la sociedad. El primero, con peligrosas implicaciones éticas, tiene que ver con la representatividad de quienes incurren en tales conductas y su ejemplo para los demás miembros del grupo social.

En efecto, cuando los ciudadanos corrientes, inmersos en su diaria lucha por adquirir el sustento para sus familias, observan que grandes protagonistas de la sociedad desconocen las más elementales normas del comportamiento ético y jurídico, con el fin de hacerse a jugosas prebendas de distinta índole, la moral de aquellos se va relajando y el mal ejemplo comienza a invadir todas sus acciones sociales. El estudiante sentirá que hacer "trampa" en sus exámenes implica actuar con despierta vivacidad. El trabajador estimará que fingir estar enfermo para hacerse a una incapacidad que no requiere, con el fin de no asistir al trabajo, no es más que un gesto de atrevimiento. El conductor considerará que incumplir las normas que regulan el tránsito, es una muestra de agilidad y destreza. Y así ocurrirá con todos los actores sociales, cualesquiera sean los campos de actividad en que actúen.

Una segunda consecuencia, igual o más grave que la anterior, consiste en la pérdida de legitimidad y credibilidad en las instituciones. El ciudadano se convence que cualquiera sea la persona que elija para presidente, congresista, diputado, gobernador, concejal o alcalde, por no mencionar sino los niveles superiores de las ramas Ejecutiva y Legislativa, tarde o temprano terminará absorbido por la enfermedad de la corrupción, las malas prácticas, las artimañas de manejo y el ofrecimiento indebido.

Para colmo, la institución que por excelencia ha representado la independencia, autonomía, pulcritud, honestidad y dignidad, que es la justicia, comienza a verse salpicada por la misma grave enfermedad, con consecuencias peores, en términos de subsistencia social e institucional. Si no se cree en la honestidad de los jueces, las personas tendrán la sensación de que para la defensa de sus derechos deben entrar en la tónica de la corrupción, o lo que es peor, hacerse justicia por su propia mano.

No se trata de una mera elucubración teórica, ni del panorama de un pesimista crónico. La última encuesta sobre credibilidad en las instituciones, demuestra que el 48 % de los encuestados considera que el Congreso es corrupto. Más del 40 % encuentra que los diferentes órganos de la Rama Ejecutiva, a nivel nacional y territorial, incluyendo los concejales, son corruptos. Pero lo más preocupante es que el 37 % de los ciudadanos cree que los jueces y magistrados son corruptos.

Estos niveles de corrupción conllevan un preocupante sentimiento de frustración frente a la actuación de las instituciones, con graves consecuencias para una sociedad que se dice actuar bajo los parámetros del Estado Social de Derecho.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El cartel de la toga: no

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 6 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Desviar el significado de las palabras, buscando calificativos inadecuados, que en lugar de enaltecer una figura, pretendan darle un tratamiento peyorativo a un símbolo de alto significado ético y social, no es conveniente y conlleva un grave irrespeto hacia las personas y la institucionalidad.

Desde los albores de la civilización occidental, específicamente en la antigua Roma, la toga fue considerada un símbolo de grandeza; sólo podía ser utilizada por los ciudadanos que no hubiesen sido condenados por causas criminales y llevaban distintos diseños y colores de acuerdo con su estratificación. Desde aquel entonces se consideró que la toga encarnaba la pulcritud, la lealtad, la honestidad y los valores supremos de igualdad y libertad.

El origen de la toga negra en la justicia, parece encontrarse en Inglaterra. Allí la justicia operaba a nombre del rey, cuyo poder venía de Dios, razón por la cual los jueces se vestían como pequeños monarcas. En España surgió en el siglo XIV en el Consejo de Castilla, órgano asesor del rey, que cumplía funciones de primitivo alto tribunal.

En el lenguaje técnico jurídico, cartel es un término que describe un acuerdo informal suscrito entre empresas del mismo sector, para reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. También se ha utilizado para identificar organizaciones ilícitas. En la política criminal de la DEA, se usa como sinónimo de mafia.

Estos términos han sido sacados de su contexto y se han utilizado para identificar cualquier tipo de conducta ilícita plural. Quizás esa es la razón por la cual, de manera inapropiada, los medios de comunicación y algunas autoridades, vienen hablando del "cartel de las togas", para señalar a quienes en forma organizada utilizan su dignidad de jueces y magistrados para obtener beneficios indebidos, a cambio de proferir decisiones contrarias a la ley y la ética.

Se trata de un mensaje equivocado, con graves efectos, pues a partir de estos calificativos, la sociedad termina por tratar peyorativamente a quienes ejercen la sagrada función de administrar justicia, olvidando que las sociedades modernas no pueden existir sin la presencia del juez encargado de dirimir los conflictos de derecho.

El lenguaje que se viene utilizando, hace que el ciudadano corriente termine por considerar que el juez en su actuación con toga, en lugar de representar una dignidad objeto de respeto, sea sujeto de burla y desconfianza, no obstante tratarse de una exigencia consagrada por las leyes procesales.

Por el contrario, los jueces o magistrados que con sus actuaciones vienen mancillando el buen nombre del Derecho y la judicatura, deben ser descalificados por su grave ofensa hacia la majestad de la justicia, uno de cuyos símbolos es la toga. No es sano producir confusión, por eso en lugar de tratar de ridiculizar el significado de la toga, los medios y los distintos órganos del Estado, tienen el deber de orientar todos los esfuerzos institucionales, sociales y académicos para devolverle el alto significado y elevado nivel a un símbolo universal de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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