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Desde la Decanatura

Lo igual en lo diferente (1a parte)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 6 de junio de 2017 en El Colombiano.

(A propósito del próximo proceso electoral)

En política, la diferencia entre derecha e izquierda tiene su origen en un hecho fortuito ocurrido en la Asamblea Francesa que sesionó entre agosto y septiembre de 1789.

Al discutir la autoridad del rey con respecto a la nueva Asamblea, los partidarios de defender el poder de veto por parte del monarca, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Quienes se oponían y propugnaban por el poder absoluto de la Asamblea, se sentaron a la izquierda.

A partir de allí se creó una especie de práctica política que se extendió a principios del siglo XIX por toda Europa, a partir de 1830 por América del Sur y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por las antiguas colonias europeas en Asia y África.

Muy pronto, la práctica política asimiló este hecho con toda una concepción doctrinaria e ideológica, de manera que la derecha representó la autoridad, la identidad nacional, el orden, la seguridad, el conservadurismo; en tanto que la izquierda, el progreso, la igualdad, la solidaridad, el reformismo, el inconformismo.

A la muerte del Libertador Simón Bolívar en 1830, su movimiento continuó en el poder. Quizás por esto, la historia considera que sus conceptos sobre autoridad y centralización, se encuentran en el origen del Partido Conservador, mientras que el ideario transpersonalista y objetivo de las leyes de Francisco de P. Santander, se ubican en el origen del Partido Liberal. Asimismo, se considera que en la configuración de los partidos, jugó papel primordial el clero, alertado, según historiadores, por la presencia en el gobierno de Santander de partidarios de las doctrinas utilitaristas y reformistas de Jeremy Bentham.

Lo cierto es que, aparte de algunos conceptos concretos sobre temas puntuales, ambos partidos surgieron de las ideas independistas y liberales del Siglo XIX en Europa.

Estos conceptos básicos se encuentran en el documento de Ezequiel Rojas de 1848, tomado como escrito origen del Partido Liberal; así como en el artículo suscrito en 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, que se considera fuente doctrinaria del Partido Conservador.

En sus inicios los dos partidos presentan las siguientes notas distintivas: Los conservadores: defensa de la autoridad, el campesinado, la agricultura y la Iglesia.

Los liberales: el libre cambio, los artesanos, lo urbano y el poco afecto a la Iglesia. Existían distancias metodológicas sobre estos y otros temas, pero estas diferencias, que de alguna manera originaron una cruel violencia política, cada día se hicieron más aparentes, pues las dos colectividades terminaron por convertirse en centro de sus propias estrategias políticas, olvidando su compromiso con la ciudadanía.

Las diferencias conceptuales se fueron desvaneciendo y finalmente, en la práctica, desaparecen con el plebiscito de 1957 y la implantación del Frente Nacional.

La alternación de los dos partidos en el poder y el desarrollo de políticas clientelistas similares, los convirtió en partidos políticos diferentes en su identificación, pero iguales en sus propuestas y propósitos.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El partido político de las FARC

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 19 de mayo de 2017 en El Colombiano.

A estudio de la Corte Constitucional entró el Acto Legislativo que permite la transformación de las Farc en partido político y consagra algunas reglas transitorias para su participación en los procesos electorales que se adelanten en el 2018 y 2022. Algunos aspectos de este proyecto de reforma Constitucional, son los siguientes:

1. El nuevo partido o movimiento político sólo recibirá personería jurídica, cuando se levante el acta oficial de dejación de armas por parte de las Farc. Hecho esto, el movimiento debe inscribir ante el Consejo Nacional Electoral el acta de fundación, sus estatutos, la plataforma ideológica y la relación de sus directivos.

2. El nuevo partido tendrá derecho a elegir un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, quien podrá participar en las deliberaciones, pero no tendrá voto, conservando este estado hasta el 2026.

3. Podrá inscribir candidatos a la Presidencia de la República y listas para corporaciones públicas.

4. Para las elecciones del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026, además de las curules que pueda adquirir a través del voto ciudadano, tendrá derecho a cinco curules adicionales para la Cámara de Representantes. Si no alcanza a conseguir las cinco curules, el Consejo Nacional Electoral le asignará las que hagan falta para llegar a este número.

5. Con respecto a las elecciones para Senado, también se garantiza el mínimo de cinco curules, pero si en las votaciones para los periodos electorales mencionados no se obtiene este mínimo, se le asignarán por el CNE los cupos necesarios para completar las cinco curules, teniendo en cuenta que estas hacen parte de los 100 miembros con quienes se integra el pleno del Senado, que se eligen de acuerdo con las reglas ordinarias de circunscripción electoral a que se refiere la Constitución.

6. Desde el momento de su registro y hasta el 2026, el nuevo partido o movimiento político recibirá anualmente del presupuesto nacional, una suma equivalente al promedio de lo que durante ese mismo periodo reciben los partidos con personería jurídica reconocida.

7. Para la financiación de su centro de pensamiento y formación política y para la difusión de su plataforma ideológica y programática, recibirá el 7 % anual de la apropiación presupuestal aprobada para el funcionamiento de partidos políticos.

8. Además, recibirá financiación estatal para los procesos electorales que se desarrollen en los años 2018 y 2022, con el fin de atender las campañas de sus candidatos a la Presidencia de la República y al Senado, teniendo en cuenta, en el primer caso, que el candidato cumpla con los requisitos constitucionales y legales; y para el caso de los aspirantes al Senado, que estos recibirán una financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.

La discusión queda abierta. Principios como la igualdad de los partidos ante los procesos electorales, la posibilidad de que puedan surgir nuevos partidos o movimientos bajo la sombra del acuerdo final de paz, deben ser objeto de meditación y reflexión.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

La revocatoria: ni proceso judicial, ni administrativo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 12 de mayo de 2017 en El Colombiano.

La propuesta de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, ha originado diferentes reacciones de carácter político y otras de naturaleza jurídica. En efecto, quienes defienden la gestión del alcalde, plantean la necesidad de que antes de adoptar alguna decisión sobre la solicitud de revocatoria, la Registraduría debe adelantar una serie de diligencias orientadas a garantizarle la posibilidad de presentar una especie de descargos, para demostrar que en realidad sí ha cumplido con su mandato.

Entre otras cosas, solicitan la realización de una audiencia con intervención de quienes promueven la revocatoria y quienes de alguna manera actúan en favor del alcalde, incluyendo la intervención de este en defensa de su gestión. Se afirma que es un trámite que debe adelantar la Registraduría, no solo en este caso, sino antes de pronunciarse sobre unas 100 solicitudes de revocatoria presentadas con respecto a igual número de alcaldes. Lo anterior significa que se quiere judicializar una institución de naturaleza política, lo que contribuye a hacerla más inocua e inútil de lo que ha sido hasta el momento.

La revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes es una de las formas de participación democrática consagradas por el artículo 103 de la Constitución, con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su descontento con respecto a la gestión adelantada por el respectivo gobernante.

La ley que regula la materia excluye de esta posibilidad a los miembros de los cuerpos colegiados, pues la función es del órgano y no cabría la posibilidad de hacer responsable a un miembro determinado, porque ciertas decisiones no se adopten o se tomen en sentido opuesto al querer del electorado.

Asimismo, la revocatoria del mandato tiene límites políticos definidos. Así como no procede con respecto a miembros de corporaciones públicas, tampoco presenta posibilidades prácticas en relación con el Presidente de la República, quien representa la voluntad de la nación y no de un sector determinado, normalmente opositor, que esté descontento con su gestión.

En síntesis, la institución solo puede operar en contra de alcaldes o gobernadores, por incumplimiento del programa o por descontento mayoritario del electorado. A partir de estas causales; la primera vinculada al voto programático; la segunda, a un sentimiento político de descontento, se adelanta un trámite que debe apoyarse en unos esquemas formales de carácter político, como un promotor cuya solicitud sea apoyada por un número determinado de firmas, sin que se pueda sustentar en las exigencias propias de un procedimiento judicial, ni siquiera de un procedimiento administrativo, entre otras razones, porque en sentido estricto el principio constitucional del debido proceso solo opera para los trámites judiciales y se ha extendido a los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Constitución, el Código de Procedimiento Administrativo y otras normas especiales. Se trata de procedimientos diferentes al trámite de la revocatoria del mandato.

Este debe ajustarse estrictamente al artículo 103 de la Carta y las formalidades contenidas en la ley 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación democrática.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Justicia y Democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 5 de mayo de 2017 en El Colombiano.

La democracia liberal se construyó a partir del modelo político de la división del poder, a tal punto que la escuela del constitucionalismo clásico consideró que el texto político que no consagrara las tres ramas del poder y los factores de control y equilibrio entre ellas, no podía ser considerado una verdadera constitución.

Este esquema, de naturaleza estructural, fue complementado con un sistema funcional recibido de la ciencia política, que concibe el Estado a partir de sus principales funciones, en lugar de hacerlo a través de sus estructuras básicas.

En el modelo funcional, las ramas del poder público se complementan con otros órganos encargados de ejercer, de manera autónoma, otras funciones, como las de ministerio público, control fiscal, electoral, banca central y seguridad. De todas maneras, la mayor parte de los estados occidentales copiaron un modelo mixto, es decir, al lado del nuevo marco funcional, mantienen el esquema estructural de las tres ramas del poder público.

Sin embargo, las decisiones políticas de los órganos de gobierno y de los cuerpos legislativos, continuaron caracterizándose por un notable sentido de exclusión. La influencia de factores reales de poder como los gremios económicos, las asociaciones profesionales, las estructuras militares y muchos otros, han hecho que las altas decisiones sean excluyentes frente a las verdaderas necesidades de la población, especialmente la más pobre, estimulando el incremento de la heterogeneidad y la desigualdad sociales.

En respuesta a esta situación, surge la justicia, con un nuevo papel en la sociedad. Los jueces, además de cumplir su tradicional función en la solución de los conflictos entre individuos, se tornan en factores definitivos en la defensa de los derechos fundamentales, sociales y colectivos, a través de decisiones con amplio sentido de inclusión, especialmente importantes para aquel sector social desamparado o amenazado.

No cabe duda que el sentido de la justicia cambia, especialmente la denominada justicia constitucional, que, además, deja de estar concentrada en altas estructuras especializadas y se distribuye en toda la base judicial, a través de las llamadas acciones constitucionales.

Los distintos órganos de poder, incluso los jueces, se percatan de esta situación; todos ellos notan que la labor de aplicar justicia definitivamente adquiere un importante significado político, en especial cuando se trata de decisiones de los órganos de cierre: Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado.

La actividad judicial, como soporte final de la democracia, hace que las demás estructuras de poder quieran asumir su control, mediante la participación en la designación de sus jueces y magistrados, y a partir de allí, con la “intervención” en decisiones que favorezcan determinados intereses políticos y personales.

Cuando ello sucede, es decir, cuando el aparato judicial deja de ser independiente y autónomo, la democracia corre el riesgo de debilitarse o desplomarse, y los pueblos quedan condenados a sufrir la infamia de las tiranías.

Los ejemplos se están presentando en diferentes partes del mundo, ante la mirada indiferente de una comunidad internacional que puede ser víctima futura de este mal.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El Control Político

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 28 de abril de 2017 en El Colombiano.

El sistema de gobierno parlamentario, cuyo prototipo se encuentra en Europa occidental, se caracteriza porque el jefe de Estado es una persona, llámese monarca o presidente de la República, mientras que el jefe de Gobierno y de la Administración es otra, a quien se denomina Primer Ministro. En este sistema, el jefe de Estado puede ser hereditario, con las características de una monarquía constitucional, con excepciones como la de Francia, donde el jefe de Estado se elige a través del voto ciudadano.

Es común que el jefe de Gobierno, quien a la vez es jefe de la Administración, sea designado por el jefe de Estado, nombramiento que suele recaer en la persona del director del partido mayoritario en el Parlamento.

Lo expuesto significa que el Primer Ministro surge del interior del Parlamento y su gabinete se integra por diputados salidos de este, razón por la cual está obligado a contar con el apoyo de las mayorías del mismo.

Surge así la figura del control político, que se concibe como una especie de rendición de cuentas que de manera permanente tiene que presentar el Primer Ministro a sus anteriores compañeros del Parlamento y que puede terminar, incluso, con la posibilidad de que frente a cualquier decisión, planteamiento o propuesta del Gobierno, el Parlamento por votación mayoritaria decida retirar el respaldo a su antiguo miembro y aprobar, por ejemplo, una moción de censura contra el Primer Ministro, quien se verá obligado a convocar nuevas elecciones parlamentarias, con el fin de determinar si conserva el apoyo de la mayoría o si por el contrario los hechos políticos lo obligan a renunciar y producir un cambio en el gobierno.

No sucede lo mismo en un sistema presidencialista como el de Colombia. Acá el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y de la Administración (llamado suprema autoridad administrativa), es una misma persona, el presidente de la República, elegido por votación ciudadana, de manera que carece de “subordinación” con respecto al Congreso y su relación con este no es directa, sino que se desarrolla principalmente a través de los ministros, que la Constitución Política identifica como jefes de su respectivo despacho, de manera que cuando el Senado o la Cámara adelantan un debate de control político, este puede terminar, como lo afirma la Carta, con la aprobación de una moción de censura contra un ministro, que en ningún momento afecta la estabilidad del presidente, quien en el peor de los casos, debe atender la solicitud de separación del cargo del ministro respectivo, situación que nunca se ha presentado en Colombia.

En síntesis, el control político en un sistema presidencialista solo lo efectúa el electorado en las urnas, de manera que los debates que se presentan como control político, no pasan de ser advertencias con significado político, para alertar a la ciudadanía sobre opciones y situaciones a tener en cuenta en procesos electorales futuros.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Grave desconocimiento de las universidades regionales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 21 de abril de 2017 en El Colombiano.

No se trata de discutir, ni de poner en duda la calidad personal y profesional de quienes han sido postulados para ocupar importantes posiciones judiciales. Todos ellos, muchos buenos amigos nuestros, gozan de prestigio y pueden ejercer sus funciones con lujo de competencia.

El tema de análisis es otro bien diferente. Se trata de levantar, desde la denominada provincia, una enérgica voz de protesta, por el tratamiento que vienen soportando las universidades de región y en particular sus facultades de Derecho.

El presidente de la República presentó las dos ternas que le corresponden, para la elección por parte del Senado, de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional.

Por otra parte, algunos medios nacionales han publicado una lista de candidatos para la conformación de los órganos superiores de la Jurisdicción Especial de Paz.

El análisis de ambos listados permite llegar a una cuestionable conclusión para las regiones. Los órganos de Gobierno y algunos medios de comunicación de carácter nacional, consideran que solo merecen ser postulados para esas altas responsabilidades judiciales, quienes han cursado sus estudios en las cuatro o cinco universidades ubicadas en el “centro del centro” de Bogotá, particularmente entre las calles 10 y 45, arriba de la carrera 7; pareciera que las demás universidades no están en capacidad de atender los grandes retos nacionales.

Entendemos que el Presidente ejerció su legítimo derecho de postulación, sin que exista ilegalidad por escoger candidatos provenientes de las universidades de renombre en Bogotá. Pero lo censurable y lamentable es creer y hacer creer, que en la “provincia” no hay profesionales de excelente calidad.

El Ministerio de Educación, con todos los honores que el caso ameritaba, acaba de reconocer a la Pontificia Bolivariana la acreditación en alta calidad académica para un periodo de ocho años. Igual sucedió el año anterior, con su prestigiosa Facultad de Derecho. Pero, de qué sirve que desde las distintas instancias del Gobierno se reconozca la calidad académica de las universidades locales, si a la hora de la designación de altos servidores, son miradas con desdén u olvido.

Quien actúe en el medio académico, no puede ignorar la calidad histórica de los egresados de la Universidad de Antioquia, el esfuerzo académico de la Universidad Autónoma, los desarrollos de Eafit y el CES, así como el prestigio de la Universidad de Medellín, por no mencionar sino unas cuantas de nuestro departamento, sin referirme, por delicadeza, a los profesionales de alta calidad de nuestra UPB.

Este juicio de valor puede hacerse extensivo a muchas universidades públicas y privadas de distintos territorios, como Atlántico, Santanderes, Valle, viejo Caldas y otras zonas.

Lo lamentable es el silencio y resignación de los colegios de abogados y universidades locales, así como de la clase dirigente territorial.

A nuestros congresistas debemos pedirles que al momento de proceder a la elección de nuevos magistrados para la Corte Constitucional, por lo menos levanten su voz de protesta y dejen constancia del valor y calidad de las universidad regionales.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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