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Columna del Decano en El Colombiano: ¿Ilegalidad institucional?

Luis-Fernando-Alvarez¿ILEGALIDAD INSTITUCIONAL?
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 10 de octubre de 2013

El artículo 2 de la Ley 4 de 1992 consagra el reconocimiento de las primas de salud y localización y de vivienda para los miembros del Congreso de la República, cuando las circunstancias lo justifiquen. Dichas primas se establecieron en el decreto 801 de 1992.

El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 2013 declaró la nulidad de los artículos 2 y 4 del decreto 801, porque el Ejecutivo no fijó las condiciones que justificaran el reconocimiento de dichas primas, en términos generales, porque no era posible determinar las condiciones objetivas que permitieran su reconocimiento,

Bajo el argumento de que era menester respetar los derechos adquiridos y no desmejorar los salarios y prestaciones legales de los servidores del Estado y que las normas de la Constitución imponen el deber de conservar el poder adquisitivo del salario y asegurar su incremento, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuyo artículo 1° dispone: "los miembros del Congreso de la República tendrán derecho a percibir mensualmente una prima especial de servicios equivalente a $ 7.898.445...". Más adelante agrega: "La prima especial de servicios sustituye para todos los efectos las primas de salud y de localización y vivienda (...) y constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad...".

Se presentan dos situaciones sucesivas. (I) el Consejo de Estado declara la nulidad de las primas de salud y de localización y vivienda. (II) inmediatamente el Gobierno expide un decreto estableciendo una prima especial para sustituir las declaradas nulas por el Consejo de Estado.

Surge una doble pregunta: (I) ¿Se están restableciendo por decreto, con otra denominación, las primas declaradas nulas por el Consejo de Estado? (II) ¿Se está violando la disposición legal que prohíbe la expedición de normas declaradas fuera del ordenamiento jurídico?

Dice textualmente el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia (...) hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión".

El propio Gobierno Nacional, en la parte motiva del decreto 2170 de 2013, afirma que este se expide para mantener el poder adquisitivo y las condiciones de remuneración de los servidores públicos. En otras palabras, que bajo una denominación diferente, se mantiene o revive la norma anulada. Hay que recordar que en derecho laboral las cosas son lo que son, independiente de su denominación. Todo parece indicar que con la expedición del nuevo decreto, el Ejecutivo incurre en ilegalidad por violación del artículo 237 mencionado.

Además, como por disposición constitucional y legal la asignación de los congresistas es la base para fijar la de los magistrados de Altas Cortes, Fiscal y Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y otros altos cargos, es evidente los altos costos de esta medida y los frutos políticos de la misma.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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