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Justicia y Paz (1, 2)

Luis-Fernando-AlvarezJusticia y Paz
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 8 y 15 de noviembre.

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia (1).

Presento disculpas al lector, pero lo que vamos a plantear hay que hacerlo con claridad, por su importancia para el país, para la democracia y especialmente para la efectividad de los acuerdos de paz. Ello aconseja que la reflexión se adelante en varias entregas.

La Auditora General investiga a la Contralora General de la República por supuesta malversación de fondos públicos por parte de quien es la máxima autoridad en materia de vigilancia del tesoro público. A su vez la Contralora acusa a la Auditora de actuar por fuera de sus competencias, ejerciendo una especie de persecución personal por animadversión.

La Fiscalía General de la Nación inspecciona las oficinas de la Contraloría, con el fin de desentrañar irregularidades en temas de contratación pública. La Contralora recusa y denuncia públicamente al Fiscal por considerar que aún después de haber asumido su cargo, continuó actuando como apoderado del grupo Salucoop.

El Procurador General de la Nación investiga y sanciona a funcionarios de elección ciudadana. Muchos de estos servidores públicos consideran que el jefe del Ministerio Público, responsable de la defensa de los derechos ciudadanos, con sus actuaciones incurre en graves violaciones de estos, por lo que consideran que deberían acudir ante instancias internacionales.

La Corte Constitucional produce una sentencia sobre pensiones, mediante un texto que parece desconocer importantes conceptos jurídicos, como el respeto a los derechos adquiridos. Atendiendo la decisión de la Corte, las autoridades de Colpensiones, sin mediar procedimiento administrativo alguno, recortan el monto de pensiones consolidadas con anterioridad al fallo, algunas de ellas reconocidas por sentencia judicial. Los afectados piensan acudir ante autoridades internacionales, aduciendo que no existe en Colombia instancia judicial alguna para sus requerimientos. No obstante, dos jueces a través de fallos de tutela desconocen lo decidido por la Corte y ordenan que a dos accionantes se les pague la pensión en sus montos iniciales.

La Corte Constitucional deja sin efecto una sentencia del Consejo de Estado. Este órgano discute sobre la posible nulidad de tal decisión y la opción de denunciar penalmente a los magistrados de la Corte. Ya un grupo de ciudadanos ha formulado denuncia penal, aduciendo que la Corte en ciertos fallos asume funciones constituyentes y legislativas.

Un magistrado del Consejo Superior es acusado de estar ejerciendo indebidamente su función. Las demás Cortes y la propia, solicitan a los órganos competentes la inmediata investigación, con las consecuencias a que haya lugar.

Once servidores de la justicia son objeto de medida de aseguramiento por un supuesto carrusel orientado a buscar acuerdos y favores con ciudadanos para el ejercicio de la función judicial. Y los casos podrían seguir. La congestión judicial, la mora en muchos procesos, el escándalo del proyecto de reforma a la justicia, la forma como las Cortes intervienen en procesos electorales propios y para otros cargos, etc. La pregunta: ¿En el postconflicto, es posible desarrollar acuerdos de paz con una justicia en estas condiciones?

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia ( y 2)

En la anterior entrega referimos algunos problemas que presenta la justicia en Colombia y advertimos que constituían un obstáculo en el camino hacia la paz. Pero, ¿dónde se encuentra el origen de esos males y qué hacer para lograr que la justicia se convierta en un factor que allane el camino hacia una convivencia pacífica?

Es común afirmar que la crisis de la justicia es de carácter institucional, es decir, que se debe a la forma como se estructuran las instituciones judiciales en la Constitución Política. Aunque ello pueda ser cierto, realmente el origen de la crisis es conceptual y moral. La Constitución Política incorporó un modelo normativo que de alguna manera entra en choque con el esquema romano-germánico que sirvió de fundamento a nuestro pensamiento jurídico. Se pasa del denominado Estado legal, en el que las relaciones se fundamentan en una estricta regulación normativa cuyo punto central es la ley, al llamado Estado constitucional, en el que la regulación de las relaciones sociales se basa en principios constitucionales abiertos y ambiguos.

Este cambio en las fuentes normativas exige modificaciones conceptuales y de comportamiento, que la sociedad no ha asimilado. No es lo mismo definir situaciones sociales con base en una regla de derecho, positiva, clara y precisa, a hacerlo con fundamento en una ponderación de principios, muchos de ellos en colisión y contradicción. Para que esta tarea sea posible se requieren jueces probos, con una gran formación en valores morales y sociales, desprovistos de todo propósito de poder político.

Lamentablemente los estudiantes de derecho se están educando en un extraño ambiente formado por una confusa mezcla de conceptos y valores, con grave peligro para la convivencia social. Las escuelas de derecho parecen ignorar la gravedad del problema. Algunas de ellas, quizás sin saberlo, persisten en un dogmatismo clásico, otras en una composición de sociología jurídica. Los estudiantes deambulan, los profesores van de escuela en escuela difundiendo mensajes contradictorios. Los principios de la ética se oscurecen detrás de un empirismo supuestamente proteccionista, y ello hace que finalmente el concepto objetivo de justicia se desvanezca.

En este universo, los jueces adquieren un protagonismo social que no descifran con claridad y que finalmente se traduce en la conformación, dentro y fuera de la organización judicial, de grupos de poder que buscan manejar una nueva estructura de mando en el interior del Estado, supuestamente con el objeto de llenar vacíos institucionales.

Mientras la academia, las instituciones y la comunidad no identifiquen y resuelvan este conflicto conceptual y de valores, continuará la congestión, las decisiones inexplicables, las elecciones incomprensibles y las luchas intestinas, con una sociedad al margen que opta por desconfiar e ignorar su justicia y buscar soluciones por fuera de ella. Un sistema judicial en conflicto conceptual y moral no permite pensar en un real marco jurídico para la paz, ni siquiera en una paz seria y duradera

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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