Columna del Decano en El Colombiano: Pérdida de legitimidad de las instituciones

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 5 de septiembre de 2014

El Estado Social de Derecho es ante todo un Estado garantista, en el que el respeto a la libertad y a la dignidad se convierten en el punto de partida para el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y económicos. La garantía no es más que la mirada del derecho a partir del deber del Estado de procurar su desarrollo integral.

En el Estado de derecho, la posibilidad de ser juzgado por un juez natural y neutral, preocupado por realizar el valor justicia, es un derecho que asiste al individuo y una garantía que debe ser respaldada por las autoridades legítimamente constituidas. El derecho de acceso a una justicia digna y oportuna, así como la obligación del Estado de garantizar su plena aplicación, son principios de tal envergadura, que su desconocimiento, total o parcial, no solo significa la negación de la institucionalidad, sino de la razón de ser del Estado.

Lo expuesto sirve para ilustrar la gravedad de lo que viene sucediendo en nuestro país. Altos servidores públicos, de distintos órganos y estructuras y de diferentes filiaciones políticas, asumen la sagrada tarea de cumplir la función pública que se les encomienda como administradores, como jueces o como titulares de órganos de control, y se supone que su labor se desarrolla con absoluto respeto por las garantías procesales y sustanciales a que tienen derecho quienes se encuentran sujetos a sus investigaciones y decisiones.

No se piensa igual cuando por distintas circunstancias esos mismos funcionarios pasan de investigadores a investigados, de juzgadores a juzgados. Cuando ello ocurre, inmediatamente cuestionan la integridad, objetividad e imparcialidad de las autoridades encargadas de adelantar dichos procesos. Entonces optan por abandonar el país, por solicitar asilo en Estados vecinos, por autodenominarse perseguidos políticos. Es decir, esas instituciones desde las cuales cumplían sus funciones como servidores públicos, de un momento a otro se desmoronan y resulta que el noble y defendido Estado Social de derecho se transforma en un régimen cuyos órganos judiciales carecen de legitimidad y de credibilidad, porque no administran justicia, sino que cumplen labores de venganza privada o de persecución política.

Lo lamentable es que esos servidores cuyas funciones se desarrollan de manera legítima, salvo cuando son ellos quienes deben responder, al desconocer las instituciones están dando un golpe mortal al orden jurídico-político y a los fundamentos de la convivencia social. Si un servidor o exfuncionario de alto rango reniega de los órganos judiciales o de control y opta por huir para no someterse a ellos, porque considera que son corruptos y están politizados, con qué criterio se le exige al ciudadano común y corriente, a quien hurta una gallina, a quien lesiona a otro, en fin, al "pequeño o al gran infractor", que crea y se someta a la justicia. Se supone que si la justicia es corrupta para algunos, lo es para todos y si ello es así, definitivamente se requiere una reforma muy profunda a las instituciones judiciales y de control.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.