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Columna del Decano en El Colombiano: Propuesta para el juzgamiento de aforados

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2014

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Esta primera parte se ocupará de describir las principales iniciativas presentadas, a partir de tres aspectos: origen, composición y competencias del denominado Tribunal de Aforados.

En su propuesta original, el Gobierno concibe el Tribunal de Aforados como un órgano encargado de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación. El Tribunal tendrá competencia para acusar y juzgar a los aforados, por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Estará integrado por 7 miembros elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de 8 años, sus calidades serán las mismas exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial. Sus integrantes serán investigados por la Cámara por causas disciplinarias, fiscales y penales, y si es del caso, acusados ante el Senado. De acuerdo con el proyecto, la organización y funcionamiento del Tribunal debe garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con todas las garantías procesales, incluida la segunda instancia.

Otra iniciativa, sustentada por el senador Roy Barreras, propone que las cinco mejores facultades de Derecho de Colombia, de acuerdo con los resultados del examen de Estado, elijan cinco magistrados independientes, autónomos y calificados, quienes investigarán y presentarán acusación, cuando haya lugar, a la plenaria de la Cámara, para que esta, a través de voto secreto, determine si la acepta o rechaza. Si la decisión es afirmativa, la acusación irá al Senado para el respectivo juicio político. El Senado, también en voto secreto, decidirá el retiro del cargo o la declaración de indignidad. Si la acusación se refiere a un delito y la decisión de la Cámara es afirmativa, el asunto irá a la Corte Suprema de Justicia, que mantendría su calidad de órgano de cierre.

La iniciativa de la senadora Claudia López considera un Tribunal de 9 miembros, elegidos: 6 por el Senado, de 3 ternas enviadas por el Presidente y 3 ternas enviadas por la Cámara. Estos 6 elegirán otros 3, en la forma que señale la ley. El periodo sería de 8 años, sin posibilidad de reelección. Investigará y juzgará a los funcionarios aforados, por conductas de las que se deriven responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. Cuando el Tribunal encuentre méritos, el Senado de la República debe autorizarlo para continuar con la etapa de juzgamiento. En este proyecto el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara contra los miembros del Tribunal de Aforados. Estos deben tener las mismas calidades que se requieren para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quien haya sido miembro del Tribunal no podrá ser Contralor, Procurador, Fiscal ni magistrado de Alta Corte ni aspirar a cargo de elección popular cuando termine su periodo.

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Con fines pedagógicos, en nuestra anterior entrega describimos las iniciativas presentadas por el Gobierno y algunos congresistas, sobre el órgano competente para juzgar a altos dignatarios del Estado, haciendo una sucinta descripción del mismo, a partir de tres aspectos fundamentales: su origen, las calidades personales y profesionales de sus integrantes y las competencias que deben ser asumidas por aquel.

Bajo estos mismos parámetros, es necesario formular algunas observaciones y propuestas, para que en realidad la iniciativa contribuya al restablecimiento del equilibrio de poderes.

Precisamente, para garantizar un alto nivel de igualdad entre los poderes públicos involucrados en la institución, es necesario que el Tribunal tenga un origen independiente, con el fin de garantizar un trabajo autónomo. Por ejemplo, no es conveniente que en su integración intervengan el Congreso, el Gobierno o las Altas Cortes, ya que los jueces no deben ser designados por quienes pueden ser sujetos de su competencia. Ello generaría un inevitable conflicto de intereses. No debe olvidarse que el Consejo de Estado conoce los procesos sobre pérdida de investidura de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia juzga sus ilícitos penales y la Procuraduría General de la Nación, sus faltas disciplinarias, por lo que sería absurdo que estos órganos intervinieran en la designación de sus posibles futuros jueces. Desde este punto, es mejor que el Tribunal surja directamente de la academia o a través de un sistema de concurso.

En cuanto a las condiciones para ser miembro del mismo, no es de recibo que sus integrantes tengan las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación los pondría en igualdad de condiciones y simplemente los presentaría como una Corte más. Consideramos que debe tratarse de juristas del más alto reconocimiento en el campo del derecho. Sería preferible que para ser miembro del Tribunal se exigiera una edad no inferior a 55 o 60 años y se tratara de personas de altísimo nivel: expresidentes de Altas Cortes, antiguos o actuales decanos, catedráticos o abogados de reconocida trayectoria profesional y social. Personas que definitivamente por su edad y calidades tomen su función como un último y máximo compromiso, sin que puedan aspirar a ocupar ninguna otra investidura o cargo.

En cuanto a las competencias, el Tribunal debería tener la facultad para investigar y juzgar en caso de faltas penales, disciplinarias y fiscales, a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al procurador general de la nación, al contralor general de la república, al defensor del pueblo y al fiscal general de la nación. Si además el hecho amerita un proceso político, formularía acusación ante el Senado para el respectivo juicio político. Al interior el Tribunal, de acuerdo con la ley, se debe organizar su trabajo para garantizar la doble instancia, por ejemplo, que algunos de sus miembros investiguen y acusen y que la resolución de acusación tenga apelación ante los otros miembros

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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