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Columna del Decano: Defensa de la Constitución

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 18 de marzo de 2016.

A solicitud de la Corte Constitucional, la Facultad de Derecho de la U.P.B. ha presentado algunas observaciones técnicas al proyecto de ley estatutaria que convoca al denominado plebiscito por la paz. No se trata de formular falsos sofismas constitucionales, como en algún momento lo afirmó un alto funcionario del Gobierno, ni de torpedear un proceso que es esperanza para el país. Se trata de ser firmes en la defensa de la Constitución Política.

Si en nuestra calidad de académicos no asumimos el deber y el valor de defender el orden institucional, no habrá esperanza futura, pues careceremos de autoridad moral para continuar formando juventudes en el campo del derecho, en nuestro empeño por construir una sociedad en la que el respeto por la normatividad se convierta en un postulado de vida para los asociados. Si así no obramos, seguiremos sumidos en la oscuridad de una sociedad que se enorgullece, ahí sí, falsamente, por no acatar los mandamientos legales, por estimular el desorden y por aplicar, también con un falso orgullo, aquel dicho que reza: "hecha la norma, hecha la trampa".

Pero el deber de acatamiento es mayor para los servidores públicos. Hay que recordar que el Estado de derecho se construye sobre el principio del sometimiento de particulares y servidores públicos al imperio de la ley, teniendo en cuenta que según el artículo 6° de la Constitución Política, el particular puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, mientras que el funcionario solo puede hacer lo que le esté permitido, asumiendo plena responsabilidad por excesos o defectos en su conducta. Además, no puede olvidarse que la democracia occidental, basada en el respeto a la ley, se fundamenta en la defensa de los valores inherentes al hombre y el respeto a sus derechos, enunciados necesarios para lograr el desarrollo integral de la persona.

Así las cosas, es deber de la academia y específicamente de las escuelas de derecho, llamar la atención y elevar su voz de alerta, cuando por acción u omisión, por extralimitación o negligencia, los servidores públicos, en ejercicio de supuestas competencias, se apartan de los fines que debe perseguir el Estado, de acuerdo con las reglas que señalan los artículos 2, 6, 122, 123 y demás disposiciones concordantes en el ordenamiento jurídico. Cuando ello ocurre, por ínfimo que sea el asunto, la sociedad se resiente y debe reaccionar, no en forma violenta, pero sí a través de sus diferentes sectores civiles, como el académico, y expresar su inconformidad, como expresión de su preocupación por mantener la convivencia social.

En este orden de ideas, toda decisión pública debe garantizar plenamente el respeto por las normas constitucionales, y si se aparta de los postulados de la Constitución Política, debe ser objeto de censura, independiente de las razones políticas o de conveniencia que la impulsaron.

Si se adoptan decisiones por fuera del orden institucional, la autoridad pierde legitimidad y la sociedad se sentirá autorizada para actuar por fuera del orden establecido.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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