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Columna del Decano: Fiscalía, política y derecho

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de abril de 2016.

En anterior entrega se resalta la indebida relación existente en Colombia entre respaldo político, derecho y democracia, debido a que las decisiones de Gobierno se suelen adoptar con base en factores de apoyo u oposición, sin consideración al respeto que se debe por las instituciones jurídicas y los principios democráticos de sana participación.

Lamentablemente, todo parece indicar que este tipo de conductas se están presentando en el proceso de escogencia del próximo Fiscal General de la Nación. El Presidente de la República formuló una convocatoria pública para escoger, con base en parámetros objetivos de selección, los candidatos con mejor formación en ciencias penales y afines y mayor independencia respecto las demás estructuras del poder.

Hay que decirlo. Finalmente todo parece indicar que se trató de un procedimiento inocuo, sin ningún efecto ni trascendencia y con visos de irrespeto hacia quienes, con justificadas expectativas, se presentaron, pues desde antes de la apertura del proceso de selección de la terna y con más veras en la actualidad, se presumía quiénes serían los candidatos que el Presidente de la República tendría en cuenta al momento de integrar la terna.

En estas circunstancias, vale la pena preguntarse, para qué se adelanta un proceso electoral, engorroso y demorado, por lo menos para los candidatos, si finalmente todo indica que la terna se conocía desde un principio. Podría pensarse que el procedimiento plural de escogencia se llevó a cabo por un especial respeto hacia el modelo democrático basado en méritos, al considerar que la decisión presidencial buscaba identificar a los más capaces para ejercer la alta investidura, con total respeto por la integridad del orden jurídico. Los más pesimistas, dirán que se trató de una burla para los demás candidatos y para el país.

Lo cierto es que desde la consagración constitucional de la Fiscalía y observando los acontecimientos de los últimos tiempos, no cabe duda que se presenta una marcada influencia de fuerzas políticas en su origen, así como en el de otros órganos superiores de la administración de justicia, con peligrosas consecuencias sobre su funcionamiento, a tal punto que en la actualidad el debate sobre los candidatos a Fiscal no se centra en las cualidades académicas de los profesionales que están en la terna, sino en su orientación político-partidista.

En los medios se hace énfasis en el apoyo político que pueda tener cada uno de los candidatos finales. Esto significa que en la práctica, el respaldo político prima sobre las capacidades jurídicas. Mientras así ocurra, no es posible pretender una justicia despolitizada, pues la lógica del compromiso político, hace que para el elegido sea muy difícil mantener autonomía en el ejercicio de las funciones y en la toma de decisiones.

Hoy lo más importante es preguntarse si la Corte Suprema podrá superar los efectos de ese acto inicial de naturaleza política, para elegir con fundamento en argumentos eminentemente jurídicos, a sabiendas que se trata de la dirección de un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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