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Columna del Decano: Misión y tribunal electorales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 17 de febrero de 2017

En desarrollo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, el pasado 17 de enero de 2017 el Gobierno Nacional instaló la Misión Electoral Especial que se encargará de entregar en un término no mayor a 4 meses, las recomendaciones sobre aspectos normativos e institucionales que es necesario tener en cuenta para introducir reformas al régimen y a la organización electoral, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.3.4. del texto suscrito en La Habana.

Las reformas que se propongan tendrán por objeto hacer más transparente y moderno el sistema electoral, garantizar una mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral o al organismo que haga sus veces, todo ello con el fin de otorgar garantías a los ciudadanos para su participación en los distintos procesos electorales, y proporcionar una mayor calidad a la democracia durante el período del posacuerdo.

Seis de los siete miembros de la Misión fueron designados por organizaciones independientes como el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, mientras que el séptimo miembro actuará en representación de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, encargada de velar por la realización de los principios democráticos a través de los procesos electorales.

Si bien uno de esos miembros es consejero de Estado, este actúa a título personal como asesor del presidente de la República, de manera que es lamentable la ausencia institucional de la justicia, cuya vocería oficial debería estar en cabeza del presidente del Consejo de Estado, Alta Corte experta en el control judicial de los actos electorales.
Las conclusiones y recomendaciones de la Misión se darán con fundamento en informaciones y propuestas de los partidos y movimientos políticos y autoridades electorales, con énfasis en la defensa de los derechos electorales de las mujeres. Así mismo, se incluirán propuestas para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.

Una de las propuestas de la Misión sería la creación de un Tribunal Electoral, inicialmente designado por el presidente de la República y posteriormente por el Congreso, que tendría por objeto asumir las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y las judiciales del Consejo de Estado, incluyendo los procesos sobre pérdida de investidura.

De concretarse esta iniciativa, el país perdería uno de los núcleos principales en materia de control de constitucionalidad y legalidad en asuntos electorales, olvidando que la jurisdicción contenciosa administrativa, encabezada por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, se ha caracterizado por su autonomía y transparencia en los procesos electorales y en los de pérdida de investidura. Trasladar esta función a un Tribunal de origen político, es dejar sin efecto el control judicial sobre el sistema electoral y sin aplicación práctica el trámite de pérdida de investidura.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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