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Venezuela: un drama constitucional que puede extenderse

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 7 de abril de 2017 en El Colombiano.

Independiente del significado de la curiosa revisión final, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tomó la decisión de declarar la insuficiencia funcional de la Asamblea Nacional y asumir las funciones propias a esta.

El paso del estado legal al estado constitucional, que se construye bajo el postulado de que los jueces constitucionales deben velar por la adopción de medidas de inclusión y la protección de los derechos constitucionales, cuando los órganos constituidos del ejecutivo o del legislativo no actúan con esos propósitos, propios al modelo del estado social de derecho, se ha hecho coincidir con un nuevo esquema de interpretación, que permite a los tribunales constitucionales determinar los alcances de sus decisiones, mediante mecanismos de modulación de sentencias.

El problema consiste en mantener y defender esquemas fundamentales para la convivencia como la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando los operadores manejan de manera abierta, con marcado sentimiento político, el afán protector y realizador de derecho, pues cuando así se actúa, es posible que se vulneren otros derechos, especialmente de quienes se encuentran en desacuerdo con las acciones y ejecuciones del gobernante de turno, quien además se preocupa por conformar una Corte de acuerdo con sus intereses particulares.

En la técnica jurídica tradicional, cuando un órgano actúa por fuera de la órbita funcional de sus atribuciones, la sanción consiste en anular sus decisiones por inconstitucionales o ilegales e investigar disciplinaria y hasta penalmente a quien por exceso o defecto vulneró los limites racionales de su competencia. Bajo el nuevo esquema del control de constitucionalidad, el operador judicial, al momento de determinar los alcances de los efectos de sus decisiones, no le basta con anular decisiones que considera contrarias a derecho, sino que obliga a los demás órganos a adoptar medidas o lo que es aún más preocupante, el órgano judicial de cierre resuelve asumir una determinada competencia, ignorando los principios de separación de funciones y las normas constitucionales y legales sobre asignación expresa de competencias. Es decir, el órgano de cierre deja de actuar como juez, y desarrolla tareas que son propias de otros órganos de poder.

Pero, como toda institución que se va desnaturalizando, la absorción indebida de funciones por parte del órgano judicial de cierre, es cada día mayor, hasta llegar al caso extremo de Venezuela, donde al Tribunal Superior de Justicia no le bastó con asumir algunas competencias ajenas, sino que optó por asignarse todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el argumento de que esta se encontraba en una situación de “desacato” a sentencias del propio Tribunal.

Dispuso que serían asumidas por la Sala Constitucional o por el órgano que ella dispusiera, supuestamente en defensa de estado de derecho, desvertebrando el esquema de la división y separación de poderes, principio rector del constitucionalismo occidental.

Se trata de un golpe de estado propiciado por el órgano judicial de cierre, que desconoce la esencia del estado de derecho y construye una tiranía judicial.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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