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Constitución y lucha contra la corrupción.

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 16 de abril de 2017 en El Colombiano.

Reflexión socio jurídica de Semana Santa. Nunca es tarde para intensificar la cruzada que viene adelantando el país contra la corrupción. Podría pensarse que superada la etapa crucial del proceso de paz con las FARC y encontrándonos en plena negociación con el ELN, la sociedad del pos acuerdo debe ocuparse de otras formas de violencia, entre las que se destaca la corrupción. Toda maniobra que suponga un comportamiento corrupto, implica un estado de violencia contra alguna persona individual o grupalmente reconocida, y en todo caso un atentado contra la estabilidad económica, social, jurídica y moral de la nación.

El constituyente de 1991 no fue ajeno a este llamado y por esa razón incorporó en la Carta varias disposiciones orientadas a proteger los intereses de los ciudadanos frente a toda práctica corrupta. El artículo 2° del Texto dispone que uno de los fines del Estado es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. En igual sentido se expresa el artículo 209 cuando dispone que la “función administrativa... se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...”, esquema sustancial, que recoge desde el punto de vista procedimental el artículo 88 al afirmar que “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos colectivos relacionados ...con la moral administrativa”.

Lo expuesto significa que la Constitución Política, como era apenas lógico, propende por la persecución de las conductas corruptas, no sólo cuando se trata de actuaciones al margen de la ley, sino que va más allá y superando el límite de lo estrictamente legal, condena todo comportamiento que atente contra la moral pública. Se trata de un alcance ético - social que es necesario tener en cuenta al momento de evaluar el comportamiento de quienes tienen que ver con lo público.

Es que el constituyente no podía olvidar que las formas más sutiles de corrupción, muchas veces se adelantan dentro de un confuso marco de legalidad. Es el caso de los servidores públicos y aún de particulares, que buscan otorgarle a ciertas disposiciones un significado acomodado a sus intereses particulares, de manera que bajo una aparente o real sujeción a lo legal, terminan por adelantar conductas en contra de la ética social. La falta de definición legal y la relativa ausencia de formación conceptual, hacen que en más de una ocasión se carezca de certeza sobre el contenido moral de la conducta pública, dando la oportunidad a que comportamientos con propósitos oscuros, formalmente ajustados a la ley, se consideren de recibo, cuando en realidad no obedecen a un ajustado juicio de ética social.

La sociedad debe guardar especial cuidado, el tema de la corrupción no puede limitarse a conductas justiciables desde el punto de vista penal, hay un aspecto de moral pública o administrativa previsto por la Constitución, que no puede pasar desapercibido y debe ser objeto, por lo menos, de un estricto control social y político.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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