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Justicia y Democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 5 de mayo de 2017 en El Colombiano.

La democracia liberal se construyó a partir del modelo político de la división del poder, a tal punto que la escuela del constitucionalismo clásico consideró que el texto político que no consagrara las tres ramas del poder y los factores de control y equilibrio entre ellas, no podía ser considerado una verdadera constitución.

Este esquema, de naturaleza estructural, fue complementado con un sistema funcional recibido de la ciencia política, que concibe el Estado a partir de sus principales funciones, en lugar de hacerlo a través de sus estructuras básicas.

En el modelo funcional, las ramas del poder público se complementan con otros órganos encargados de ejercer, de manera autónoma, otras funciones, como las de ministerio público, control fiscal, electoral, banca central y seguridad. De todas maneras, la mayor parte de los estados occidentales copiaron un modelo mixto, es decir, al lado del nuevo marco funcional, mantienen el esquema estructural de las tres ramas del poder público.

Sin embargo, las decisiones políticas de los órganos de gobierno y de los cuerpos legislativos, continuaron caracterizándose por un notable sentido de exclusión. La influencia de factores reales de poder como los gremios económicos, las asociaciones profesionales, las estructuras militares y muchos otros, han hecho que las altas decisiones sean excluyentes frente a las verdaderas necesidades de la población, especialmente la más pobre, estimulando el incremento de la heterogeneidad y la desigualdad sociales.

En respuesta a esta situación, surge la justicia, con un nuevo papel en la sociedad. Los jueces, además de cumplir su tradicional función en la solución de los conflictos entre individuos, se tornan en factores definitivos en la defensa de los derechos fundamentales, sociales y colectivos, a través de decisiones con amplio sentido de inclusión, especialmente importantes para aquel sector social desamparado o amenazado.

No cabe duda que el sentido de la justicia cambia, especialmente la denominada justicia constitucional, que, además, deja de estar concentrada en altas estructuras especializadas y se distribuye en toda la base judicial, a través de las llamadas acciones constitucionales.

Los distintos órganos de poder, incluso los jueces, se percatan de esta situación; todos ellos notan que la labor de aplicar justicia definitivamente adquiere un importante significado político, en especial cuando se trata de decisiones de los órganos de cierre: Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado.

La actividad judicial, como soporte final de la democracia, hace que las demás estructuras de poder quieran asumir su control, mediante la participación en la designación de sus jueces y magistrados, y a partir de allí, con la “intervención” en decisiones que favorezcan determinados intereses políticos y personales.

Cuando ello sucede, es decir, cuando el aparato judicial deja de ser independiente y autónomo, la democracia corre el riesgo de debilitarse o desplomarse, y los pueblos quedan condenados a sufrir la infamia de las tiranías.

Los ejemplos se están presentando en diferentes partes del mundo, ante la mirada indiferente de una comunidad internacional que puede ser víctima futura de este mal.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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