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Justicia, ética y constituyente (1 y 2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

El Estado Social de Derecho encuentra su principal punto de apoyo en la justicia. Es cierto que el concepto clásico de Estado liberal occidental se construyó sobre el principio de la división del poder. El esquema de controles mutuos, llevó a considerar que solo a partir de un equilibrado ejercicio del poder, dividido en tres estructuras que constituyeron las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, haría posible la permanencia de un sistema democrático participativo.

El surgimiento del modelo social, propio de la evolución del esquema intervencionista que se desarrolla con las posguerras mundiales, hizo que aquella concepción estructural clásica fuera insuficiente para explicar los nuevos desafíos que debía asumir el Estado, para atender las necesidades propias de una sociedad en evolución. Se hacía necesario reemplazar el esquema clásico de la "tridivisión" del poder, por un modelo funcional que permitiera que las nuevas tareas del Estado fueran desarrolladas por órganos autónomos e independientes, con competencias específicas para llenar los vacíos propiciados por el rígido esquema formal clásico.

Sin embargo, las prácticas excluyentes de los distintos centros de decisión, se presentan como una grave contradicción frente al concepto social que se exige del nuevo Estado. Las minorías étnicas, los desplazados, los informales, los campesinos y muchos otros sectores, sienten que las decisiones de poder, enmarcadas dentro del esquema neoliberal, los excluye de las posibilidades de desarrollo integral que ofrece la sociedad moderna.

Para corregir este desequilibrio, los jueces surgen como órganos de justicia e inclusión. La jurisprudencia de las distintas instancias judiciales, animada por la consagración constitucional de acciones para la protección de los derechos y el desarrollo de procesos de inclusión social, hace que para el común de la población los jueces se conviertan en la institución fundamental para la realización de los valores necesarios para la convivencia.

Esta nueva vocación de la justicia, descrita por algunos de manera despectiva, como el gobierno de los jueces, genera simpatías y rechazo. Lo primero, porque, como afirma el Papa Francisco, se convierte en esperanza para los "descartados". Lo segundo, porque de alguna manera implica una penetración en tareas antes reservadas de manera exclusiva a otros órganos del poder. Sea lo uno o lo otro, no cabe duda que esta nueva tarea requiere de jueces especialmente pulcros, con un altísimo sentido de la ética, dispuestos a no incurrir en prácticas de corrupción, de aquellas que según muchos sectores de la sociedad, han corroído el ejercicio de los demás poderes del Estado.

No basta un juez conocedor de la letra de la norma y de los procedimientos judiciales, se requiere de un juez que sea un humanista, que comprenda los fenómenos que rodean el comportamiento social, pero de manera fundamental, que tenga un alto sentido de la ética social, política y jurídica. Un juez con una gran formación en valores. Es un reto que hay que plantear desde nuestras facultades de Derecho, muchas veces más preocupadas por divulgar la técnica jurídica, que el valor de lo justo.

En el Estado Social de Derecho, frente a las decisiones de los distintos órganos de poder, caracterizadas por un alto grado de exclusión con respecto a los "descartados", el juez emerge como el órgano de la esperanza, único centro de decisión capaz de adoptar a través de sus sentencias, políticas sociales de inclusión y defensa de los derechos humanos y sociales.

Se requiere un juez nuevo y diferente, con una gran formación en los más altos valores de la convivencia, cuya honestidad se proyecte en la integridad de sus decisiones y en la humanidad de su actuación, alentado por un profundo sentimiento de pertenencia por lo social. Este juez no puede dejarse permear por sentimientos oscuros de parcialidad política o interés personal, mucho menos por cualquier tipo de prácticas propias de la corrupción.

Aunque el desconocimiento del orden moral interno, el desprecio por las reglas que rigen el comportamiento ético y la impunidad con respecto a los mandatos jurídicos, han permeado la conducta de importantes sectores sociales y de poder, incluyendo la justicia, el verdadero juez debe ser ajeno a este espíritu corrupto, actuar como un apóstol y no como un simple funcionario.

Por lo expuesto, hay que afirmar que la solución a los problemas que vienen planteándose sobre la justicia, no se logra con reformas instrumentales. Es probable que sean necesarios algunos ajustes funcionales, por ejemplo, revisar la participación de magistrados en los procesos electorales e insistir en la conformación de un tribunal para aforados, pero debe quedar en claro que los problemas que actualmente afronta esta función del Estado, se deben resolver fundamentalmente con planteamientos éticos, antes que técnicos.

La solución tampoco depende de la naturaleza del órgano competente para adelantar las reformas. Es absurdo pensar que a través de una asamblea constituyente se logrará el cambio en el comportamiento ético de las personas encargadas de administrar justicia. Los riesgos son mayores que las posibles soluciones.

El congreso por medio de una ley puede convocar una asamblea constituyente con el único propósito de reformar la justicia. Además de ser inútil, una propuesta de esta naturaleza es extremadamente peligrosa. El congreso, como órgano constituido, a través de un acto derivado como la ley, no puede limitar el poder soberano de una asamblea constituyente, que como su nombre lo indica, puede terminar ocupándose de cualquier tema, cambiar completamente la Constitución, como sucedió con la Constituyente de 1991 o aprobar propuestas orientadas a desconocer el arden económico, político y social.

Las circunstancias políticas y sociales del posacuerdo, hacen que el país no pueda darse el lujo de jugar a la aventura constituyente, con una asamblea cuya conformación política sería en este momento absolutamente impredecible. Mal hacen los miembros de la clase política, incluyendo ciertos precandidatos a la Presidencia, cuando plantean la posibilidad de realizar la reforma a la justicia por fuera de los órganos que conforman la institucionalidad, olvidando que el problema de la justicia es más ético que funcional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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