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Constitucionalidad simbólica

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 27 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Los acuerdos de paz no son tratados internacionales. Dos ejemplos: La Corte Internacional de Justicia, al analizar el acuerdo de paz suscrito entre el Congo y Uganda, para poner fin a las acciones de insurgentes ugandeses en el territorio del Congo, decidió que no era un tratado sino un modus operandi.

En igual sentido se pronunció la Corte Especial de Justicia de Sierra Leona, al estudiar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario.

Los convenios de Ginebra disponen que los acuerdos especiales contienen reglas para humanizar el combate entre un Estado y un grupo al margen de la ley, son una especie de reglamento para adelantar la guerra "con humanidad". Es decir, no son tratados, razón por la cual no tienen revisión de constitucionalidad, hacen parte del derecho internacional humanitario e integran el bloque de constitucionalidad.

Al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte Constitucional, implícitamente califica el acuerdo de paz como un acuerdo de carácter especial y determina que las normas del derecho internacional humanitario que en él se incluyen, serán parámetro para la expedición e interpretación de las disposiciones necesarias para su implementación.

Surgen dos puntos de reflexión: El primero es que según los convenios de Ginebra, en atención a la diversidad de temas que se incluyen, el acuerdo final no es un acuerdo especial. El segundo consiste en que, aún en caso de tomarse como un acuerdo especial, solo entraría al bloque de constitucionalidad lo relacionado con el derecho internacional humanitario.

En forma equivocada, la Cruz Roja Internacional afirma que efectivamente se trata de un acuerdo especial, por ocuparse de un conflicto entre partes, en el que se incluyen compromisos propios del derecho internacional humanitario, pero olvida que hay muchos otros puntos, como entrega de activos por parte de la guerrilla, uso de testaferros para ocultar bienes y la JEP, que no son derecho internacional humanitario.

Identificar el acuerdo final como un acuerdo especial, permite ingresarlo al bloque de constitucionalidad, evitar su revisión constitucional y aumentar la exigibilidad de las obligaciones para el Estado, pues, aunque en teoría es fuente de obligaciones para ambas partes, como las Farc no son un Estado, en la práctica solo origina obligaciones para el Estado.

Se trataría de un documento internacional sui generis, puesto que solo puede crear efectos internos, pero no obligaciones autónomas bajo el derecho internacional. Es decir, el acuerdo final no puede obligar a un tercero en el ámbito internacional, mientras que al Estado Colombiano y a la guerrilla de las Farc solo puede imponerles obligaciones a nivel interno.

Reconocer al acuerdo final un cierto nivel dentro del derecho internacional humanitario, lo integra al bloque de constitucionalidad y les garantiza a las Farc que el Estado debe cumplirlo, so pena de actuar al margen de la Constitución.

Conclusión: Al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte en forma simbólica reconoce que el acuerdo final integra el bloque constitucional..

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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