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Constitucionalización por objeto ajeno y ética

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 3 de noviembre de 2017 en El Colombiano.

La eficacia real de la norma consiste en que su contenido coincida plenamente con el mandato de conducta que ella pretende. Cuando ello ocurre, se afirma que existe una coincidencia entre el mensaje literal y la realidad que la disposición quiere regular, es decir, entre lo que la norma dice y lo que quiere decir. Pero circunstancias de distinta índole, normalmente de naturaleza política, hacen que en ocasiones se presente un marcado desajuste entre el mensaje y su significado.

En el ámbito de la Constitución, también se presentan casos en los que la letra de la disposición no corresponde exactamente con su significado. El lenguaje no coincide con el metalenguaje. La norma esconde un mensaje implícito diferente al que expresa la letra. Dos ejemplos: Cuando el artículo 214 de la Carta dice que en los estados de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, realmente lo que quiere decir es que los derechos se pueden limitar y reglamentar. O cuando la Constitución impulsa el pluripartidismo a través de una serie de disposiciones que literalmente se refieren a otros temas, como la elección del Presidente de la República mediante fórmula con el Vicepresidente.

Aunque este tipo de normas se repiten a lo largo del ordenamiento, lo cierto es que la expedición de disposiciones constitucionales, legales o administrativas cuyo significado real se esconde detrás de mensajes referidos a otros asuntos, plantea un problema de ética legislativa y política. Ocultarle a la ciudadanía la realidad de los mensajes colectivos contenidos en ciertas disposiciones, encierra una alta dosis de engaño, similar a lo que sucede cuando el legislador introduce en el texto de una ley, los denominados “micos”, que no son otra cosa, que temas ajenos a la materia que regula.

Pero el asunto es más delicado cuando el juez constitucional profiere un fallo para que tenga efecto sobre un objeto diferente a aquel al cual se refiere literalmente. No se trata de una simple modulación de la sentencia, sino de un pronunciamiento que conlleva un mensaje ético bastante cuestionable. El caso concreto se presenta con la reciente sentencia de la Corte Constitucional, que declaró exequible el Acto legislativo 02 de 2017.

En efecto, de acuerdo con el comunicado proferido por la Corte, no cabe duda que el propósito real de esta sentencia fue otorgarle fuerza constitucional al denominado Acuerdo Final. La lectura de algunos apartes del artículo 1° del Acto Legislativo declarado exequible, permite llegar a esta conclusión. Dice la mencionada disposición: “... los contenidos del Acuerdo Final que corresponden a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación del Acuerdo Final...”. Más adelante agrega la norma: “las actuaciones de todas las autoridades deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final...”.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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