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Jurisdicción especial de paz y conmoción interior

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 10 de noviembre de 2017 en El Colombiano.

En las historias que narran los hechos del bajo mundo, se afirma que el momento más complicado es aquel en el cual se infringe la ley por primera vez; a partir de allí se puede desarrollar una cadena de violaciones cuya meta es difícil de identificar.

Algo similar parece afirmarse con respecto a nuestro orden Constitucional. Como dice el aforismo: lo que mal empieza, mal continúa y mal termina. La Constitución de 1991 se originó con un acto de violación de la Constitución de 1886. En efecto, el artículo 218 de la vieja Carta, disponía que la misma sólo podría modificarse a través de un Acto Legislativo aprobado por el Congreso de la República. El nacimiento, formalmente inconstitucional, del nuevo orden constitucional, puede explicarse y aún justificarse con distintos argumentos sobre la legitimidad del poder constituyente primario, pero lo cierto es que surgió con pleno desconocimiento del orden vigente en aquel momento.

A partir de entonces, se han repetido de manera sucesiva y con distintos efectos, los actos de irrespeto a la Carta Política, no sólo por desconocimiento de sus propias regulaciones, sino por interpretaciones, no siempre afortunadas, de sus principios y dogmas. Las últimas manifestaciones de desconocimiento y si se quiere, de irrespeto por el orden constitucional, se encuentran en el asombroso sistema del fast track, ideado para la expedición de normas por fuera de los procedimientos constitucionales ordinarios; en la declaratoria de constitucionalidad del acto Legislativo 02 de 2017, que reconoce el carácter constitucional de los acuerdos suscritos entre el Estado y la guerrilla; y finalmente, en el papel de constituyente que implícitamente se otorga a los negociadores de La Habana, al reconocer la jurisprudencia que el acuerdo final constituye fuente de interpretación, orientación y validez de las normas que para su desarrollo se expidan, que no es otra cosa, a reconocer que entre los negociadores se adelantó un proceso constituyente.

Como si no fuera suficiente, ha surgido y cobrado fuerza la idea de que el Gobierno regule la JEP, mediante la expedición de un decreto de excepción por conmoción interior. Las dificultades presentadas para que el Congreso, a través del cuestionado procedimiento del fast track, apruebe la ley estatutaria sobre la JEP, ha llevado a algunos sectores políticos a considerar la posibilidad de que el Gobierno decrete un extraño estado de conmoción, para expedir un más extraño decreto estatutario para regular esta jurisdicción. Quien así piense, no sólo desconoce la Constitución, sino los fundamentos del estado de conmoción interior. Este, sólo puede ser declarado, “en caso de grave perturbación del orden público... que no pueda ser conjurada mediante las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía...”. Ni la renuencia del Congreso a aprobar la ley estatutaria sobre la JEP, constituye un tema que incumba a las facultades normales de policía, ni la falta de acuerdos políticos para expedir dicha ley, puede tomarse como una circunstancia de perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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