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Desde la Decanatura

Constitución y lucha contra la corrupción.

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 16 de abril de 2017 en El Colombiano.

Reflexión socio jurídica de Semana Santa. Nunca es tarde para intensificar la cruzada que viene adelantando el país contra la corrupción. Podría pensarse que superada la etapa crucial del proceso de paz con las FARC y encontrándonos en plena negociación con el ELN, la sociedad del pos acuerdo debe ocuparse de otras formas de violencia, entre las que se destaca la corrupción. Toda maniobra que suponga un comportamiento corrupto, implica un estado de violencia contra alguna persona individual o grupalmente reconocida, y en todo caso un atentado contra la estabilidad económica, social, jurídica y moral de la nación.

El constituyente de 1991 no fue ajeno a este llamado y por esa razón incorporó en la Carta varias disposiciones orientadas a proteger los intereses de los ciudadanos frente a toda práctica corrupta. El artículo 2° del Texto dispone que uno de los fines del Estado es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. En igual sentido se expresa el artículo 209 cuando dispone que la “función administrativa... se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...”, esquema sustancial, que recoge desde el punto de vista procedimental el artículo 88 al afirmar que “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos colectivos relacionados ...con la moral administrativa”.

Lo expuesto significa que la Constitución Política, como era apenas lógico, propende por la persecución de las conductas corruptas, no sólo cuando se trata de actuaciones al margen de la ley, sino que va más allá y superando el límite de lo estrictamente legal, condena todo comportamiento que atente contra la moral pública. Se trata de un alcance ético - social que es necesario tener en cuenta al momento de evaluar el comportamiento de quienes tienen que ver con lo público.

Es que el constituyente no podía olvidar que las formas más sutiles de corrupción, muchas veces se adelantan dentro de un confuso marco de legalidad. Es el caso de los servidores públicos y aún de particulares, que buscan otorgarle a ciertas disposiciones un significado acomodado a sus intereses particulares, de manera que bajo una aparente o real sujeción a lo legal, terminan por adelantar conductas en contra de la ética social. La falta de definición legal y la relativa ausencia de formación conceptual, hacen que en más de una ocasión se carezca de certeza sobre el contenido moral de la conducta pública, dando la oportunidad a que comportamientos con propósitos oscuros, formalmente ajustados a la ley, se consideren de recibo, cuando en realidad no obedecen a un ajustado juicio de ética social.

La sociedad debe guardar especial cuidado, el tema de la corrupción no puede limitarse a conductas justiciables desde el punto de vista penal, hay un aspecto de moral pública o administrativa previsto por la Constitución, que no puede pasar desapercibido y debe ser objeto, por lo menos, de un estricto control social y político.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Venezuela: un drama constitucional que puede extenderse

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 7 de abril de 2017 en El Colombiano.

Independiente del significado de la curiosa revisión final, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tomó la decisión de declarar la insuficiencia funcional de la Asamblea Nacional y asumir las funciones propias a esta.

El paso del estado legal al estado constitucional, que se construye bajo el postulado de que los jueces constitucionales deben velar por la adopción de medidas de inclusión y la protección de los derechos constitucionales, cuando los órganos constituidos del ejecutivo o del legislativo no actúan con esos propósitos, propios al modelo del estado social de derecho, se ha hecho coincidir con un nuevo esquema de interpretación, que permite a los tribunales constitucionales determinar los alcances de sus decisiones, mediante mecanismos de modulación de sentencias.

El problema consiste en mantener y defender esquemas fundamentales para la convivencia como la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando los operadores manejan de manera abierta, con marcado sentimiento político, el afán protector y realizador de derecho, pues cuando así se actúa, es posible que se vulneren otros derechos, especialmente de quienes se encuentran en desacuerdo con las acciones y ejecuciones del gobernante de turno, quien además se preocupa por conformar una Corte de acuerdo con sus intereses particulares.

En la técnica jurídica tradicional, cuando un órgano actúa por fuera de la órbita funcional de sus atribuciones, la sanción consiste en anular sus decisiones por inconstitucionales o ilegales e investigar disciplinaria y hasta penalmente a quien por exceso o defecto vulneró los limites racionales de su competencia. Bajo el nuevo esquema del control de constitucionalidad, el operador judicial, al momento de determinar los alcances de los efectos de sus decisiones, no le basta con anular decisiones que considera contrarias a derecho, sino que obliga a los demás órganos a adoptar medidas o lo que es aún más preocupante, el órgano judicial de cierre resuelve asumir una determinada competencia, ignorando los principios de separación de funciones y las normas constitucionales y legales sobre asignación expresa de competencias. Es decir, el órgano de cierre deja de actuar como juez, y desarrolla tareas que son propias de otros órganos de poder.

Pero, como toda institución que se va desnaturalizando, la absorción indebida de funciones por parte del órgano judicial de cierre, es cada día mayor, hasta llegar al caso extremo de Venezuela, donde al Tribunal Superior de Justicia no le bastó con asumir algunas competencias ajenas, sino que optó por asignarse todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el argumento de que esta se encontraba en una situación de “desacato” a sentencias del propio Tribunal.

Dispuso que serían asumidas por la Sala Constitucional o por el órgano que ella dispusiera, supuestamente en defensa de estado de derecho, desvertebrando el esquema de la división y separación de poderes, principio rector del constitucionalismo occidental.

Se trata de un golpe de estado propiciado por el órgano judicial de cierre, que desconoce la esencia del estado de derecho y construye una tiranía judicial.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Colombia sin vicepresidente

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 24 de marzo de 2017 en El Colombiano.

El artículo 202 de la Constitución Política dispone que “el Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República”.

Más adelante agrega: “El Vicepresidente tendrá el mismo periodo del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que estas se presenten antes de su posesión. En caso de falta absoluta, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. En las faltas temporales bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario”.

Por su parte, el artículo 203 Superior estatuye que “A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, esta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley”. Dispone, que la persona que reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

La Constitución Política regula la posibilidad de que el Vicepresidente asuma la presidencia en caso de falta absoluta del Presidente de la República, así como el procedimiento constitucional que se seguiría, cuando posteriormente se presente falta absoluta del Vicepresidente, estando en ejercicio de la presidencia.

En otro orden de ideas, el artículo 205 de la Carta dispone a la letra: “En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo por el resto del periodo. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso”.

Las normas transcritas permiten establecer claridad sobre las circunstancias y situaciones especiales que se presentan en caso de faltas absolutas del Presidente de la República y del Vicepresidente, tanto en el caso en que se encuentre ejerciendo las funciones de Presidente, como cuando solamente detenta la investidura de Vicepresidente.

Pero, ¿qué sucede durante el tiempo que transcurre entre el momento en que el Vicepresidente muere o se le acepta su renuncia y la fecha en la que el Congreso elige al nuevo Vicepresidente? Aunque el Vicepresidente es una especie de servidor virtual, cuya vocación real para ejercer la Presidencia se supedita a que se presente una falta del Jefe de Estado, puede ocurrir que el Congreso acepte la renuncia presentada por el Vicepresidente, como acaba de suceder con el Dr. Germán Vargas Lleras, pero resuelva aplazar la elección del nuevo Vicepresidente para una fecha posterior, como efectivamente lo ha decidido el Congreso. El grave peligro consiste en que existe la posibilidad de que en ese entretiempo se produzca una falta absoluta del Presidente, sin que haya claridad sobre las consecuencias que generaría ese súbito vacío de poder.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Al Dr. Carlos Jaramillo Restrepo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicada en El Colombiano el 17 de marzo de 2017.

Apreciado Maestro. Desde las alturas de las grandes almas, discúlpeme por divulgar algunas ideas que tienen que ver con lo más profundo de su ser, por lo que requiero de su benevolencia, ya infinita, por no poder expresar fielmente los pensamientos que me asaltan al momento de describir algunos apartes de su maravillosa personalidad.

Quienes tuvieron el privilegio de disfrutar de su valiosa compañía, compartirán conmigo el título de Maestro que desde siempre cubrió su actividad profesional.

Usted nos enseñó el significado y la trascendencia de ser un librepensador, intelectualmente rebelde, y a la vez con una gran ortodoxia. Supo transmitir los más altos secretos de la ciencia penal con la propiedad y simpleza del erudito. No permitió que su pensamiento fuera encasillado o etiquetado, pero a la vez fue un fiel defensor de los principios y valores que hacen del Estado de derecho una única opción para la convivencia. Sus defensas en el campo penal, esbozadas con una incomparable mezcla de purismo filosófico y lenguaje social, tenían la profundidad necesaria para hacer trascender la verdad en medio de las dificultades probatorias y los conflictos procesales.

Usted creó un estilo en el ser, en el saber y el hacer. Su paso cancino y elegante contrastaba con una envidiable agilidad de mente y espíritu. Sus discípulos disfrutaron con su inigualable estrategia intelectual de unir lo complejo con lo sencillo, para finalmente llegar a conclusiones sofisticadamente penetrantes.
Su diálogo no era un simple intercambio de palabras, cada frase implicaba un profundo ejercicio para la inteligencia. Su alta contradicción espiritual lo llevó a conjugar con maestría, su preferencia por el fondo de las cosas con su elegancia desde las formas.

Esta maravillosa combinación lo llevó a la máxima meta del Maestro: La creación de Escuela. Sin procedimientos burocráticos, ni títulos formales, pero con una penetrante vocación de jurista y docente, bajo su orientación se formaron varias generaciones de abogados penalistas que hacen honor a su estilo y profundidad, a través de la divulgación de un pensamiento inconfundible en el foro penal, en diferentes universidades y en variados escenarios nacionales e internacionales.

A diferencia de lo que sucede con aquellos líderes, cuyo egoísmo no les permite dejar a alguien que los suceda al momento de su partida, Usted tuvo la visión del Gran Maestro, al preocuparse por formar sus sucesores, razón por la cual, estos, de manera espontánea y como un gran homenaje póstumo, de inmediato asumieron sus cátedras universitarias, en un maravilloso afán por mantener vivo su legado.

Gracias Maestro, disculpe estas turbadas palabras vertidas en medio de lágrimas. Nuestro sentimiento de gratitud, el mío por haberme permitido compartir sus enseñanzas por más de 40 años; el de todos, por haberles dado la oportunidad de conocer a un hombre excepcional, digna esperanza para una humanidad que se debate en medio de tanto dolor.

Dr. Carlos Jaramillo Restrepo: Profesor Emérito de la Facultad de Derecho U.P.B. Partió al encuentro con Dios el pasado 11 de marzo.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Código Departamental de Polícia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | 

Excelente y oportuna la idea del gobernador Luis Pérez Gutiérrez de proponer a la asamblea departamental la expedición de un nuevo código departamental de policía, normalmente identificado como el código de convivencia ciudadana en el departamento.

Hace algunos días inició la vigencia de la ley 1801 de 2016 o nuevo código nacional de policía, circunstancia que debe impulsar el estudio y expedición de nuevas disposiciones departamentales de convivencia, que concuerden con las nuevas orientaciones nacionales.

El lector se preguntará, por qué, si se ha expedido una nueva legislación en asuntos de policía, es importante que también se apruebe un nuevo código departamental. Muchos pensarán que se trata de una normatividad repetitiva e inútil, pues si se tiene en cuenta que las disposiciones nacionales se aplican en las instancias territoriales, no hay razón para expedir otro código en la materia. Para una adecuada inteligencia del tema, es menester recordar que la Constitución Política y a partir de allí, la legislación y la jurisprudencia, diferencian entre poder de policía, función de policía y actividad de policía.

Poder de policía es la facultad para expedir normas generales para la preservación de la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad ciudadanas. Dentro de este esquema y para estos fines, se expidió el código nacional de policía. La competencia para aprobar este tipo de normas corresponde inicialmente al legislador, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 numerales 2 y 25 de la Carta. También es titular del poder de policía el Presidente de la República en los casos de estados de excepción, para efectos de conjurar situaciones de grave perturbación del orden público.

Pero el poder de policía también corresponde de manera residual a las autoridades departamentales, específicamente a las asambleas por medio de ordenanza, pues el articulo 300 numeral 8 de la Carta así lo prescribe al disponer que corresponde a las asambleas dictar normas de policía en todo aquello que no haya sido objeto de regulación legal.

Con fundamento en esta competencia, las asambleas deben preocuparse por expedir normas de policía en aquellos asuntos, que de acuerdo con la Constitución, se requieran para la defensa del orden público, mediante la regulación de temas que no fueron abordados por la ley.

Para desarrollar la oportuna iniciativa del señor gobernador, es necesario estudiar con cuidado los diferentes temas asumidos por la ley 1801 de 2016, para que la asamblea se ocupe de asuntos relacionados con tranquilidad, salubridad, seguridad y moralidad, que no fueron objeto de aquella, especialmente los vinculados con la protección del denominado “status quo” en materia de derechos reales, linderos, amojonamiento, servidumbres.

Lo ideal sería que este desarrollo normativo también se complementara a nivel municipal, mediante la expedición de regulaciones relacionadas con asuntos que de acuerdo con el artículo 313 numerales 7 y 9 de la Constitución, deben ser objeto de regulación, como la vigilancia y control de actividades vinculadas con la construcción y la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Misión y tribunal electorales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 17 de febrero de 2017

En desarrollo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, el pasado 17 de enero de 2017 el Gobierno Nacional instaló la Misión Electoral Especial que se encargará de entregar en un término no mayor a 4 meses, las recomendaciones sobre aspectos normativos e institucionales que es necesario tener en cuenta para introducir reformas al régimen y a la organización electoral, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.3.4. del texto suscrito en La Habana.

Las reformas que se propongan tendrán por objeto hacer más transparente y moderno el sistema electoral, garantizar una mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral o al organismo que haga sus veces, todo ello con el fin de otorgar garantías a los ciudadanos para su participación en los distintos procesos electorales, y proporcionar una mayor calidad a la democracia durante el período del posacuerdo.

Seis de los siete miembros de la Misión fueron designados por organizaciones independientes como el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, mientras que el séptimo miembro actuará en representación de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, encargada de velar por la realización de los principios democráticos a través de los procesos electorales.

Si bien uno de esos miembros es consejero de Estado, este actúa a título personal como asesor del presidente de la República, de manera que es lamentable la ausencia institucional de la justicia, cuya vocería oficial debería estar en cabeza del presidente del Consejo de Estado, Alta Corte experta en el control judicial de los actos electorales.
Las conclusiones y recomendaciones de la Misión se darán con fundamento en informaciones y propuestas de los partidos y movimientos políticos y autoridades electorales, con énfasis en la defensa de los derechos electorales de las mujeres. Así mismo, se incluirán propuestas para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.

Una de las propuestas de la Misión sería la creación de un Tribunal Electoral, inicialmente designado por el presidente de la República y posteriormente por el Congreso, que tendría por objeto asumir las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y las judiciales del Consejo de Estado, incluyendo los procesos sobre pérdida de investidura.

De concretarse esta iniciativa, el país perdería uno de los núcleos principales en materia de control de constitucionalidad y legalidad en asuntos electorales, olvidando que la jurisdicción contenciosa administrativa, encabezada por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, se ha caracterizado por su autonomía y transparencia en los procesos electorales y en los de pérdida de investidura. Trasladar esta función a un Tribunal de origen político, es dejar sin efecto el control judicial sobre el sistema electoral y sin aplicación práctica el trámite de pérdida de investidura.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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