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Desde la Decanatura

Columna del Decano: El abuso enemigo de la democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de enero de 2017

En esta columna, el observador puso de presente que la institución de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes, en la forma en que está concebida en nuestra Constitución y en la legislación vigente, es un procedimiento inútil, como se ha demostrado en más de 150 oportunidades en que se ha intentado su utilización.

Ahora, en ejercicio del principio de la democracia participativa o directa, se pretende impulsar la revocatoria del mandato al Presidente de la República, la derogatoria de disposiciones legales vigentes en materia tributaria y la aprobación de reformas constitucionales relacionadas con la cadena perpetua para quienes cometan delitos en menores.

Respecto la revocatoria del mandato del Presidente de la República, el hecho de que personas de prestancia en el campo social y jurídico estén lanzando este tipo de iniciativas, genera una especial preocupación sobre el respaldo y fortaleza social de las instituciones.

Por otra parte, no puede olvidarse que la Carta, para bien del Estado Social de Derecho, establece dos mojones absolutamente inquebrantables, para efectos de garantizar su estabilidad: (i) Por una parte, el sistema de pesos y contrapesos entre poderes, que permite, en casos de comportamientos inconstitucionales del Presidente, que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia puedan adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con el orden institucional. (ii) Desde el punto de vista constitucional y político, el órgano electoral carece de competencia para aceptar la solicitud de revocatoria, porque el supuesto material relacionado con el incumplimiento del mandato, no se lograría configurar en el caso del Presidente, especialmente por cuanto la realización del programa de gobierno, no depende única y exclusivamente de Él, y además, porque la Carta Política es categórica en determinar que el Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Con respecto a la iniciativa ciudadana para buscar la eliminación de disposiciones tributarias, es importante recordar que esta facultad no es ilimitada, pues por orden del mismo constituyente primario, el artículo 170 de la Constitución dispone que este procedimiento solo se puede utilizar para derogar leyes, no para aprobar otras, y que a través del mismo instrumento no es posible derogar leyes aprobatorias de tratados, la del presupuesto, ni las referentes a materias fiscales o tributarias.

En cuanto a acudir a la ciudadanía para aprobar una reforma constitucional que establezca la cadena perpetua, es importante tener en cuenta que si bien el artículo 378 Superior consagra esta posibilidad, dicho referendo debe ser convocado por ley del Congreso, lo que significa que de todas maneras el tema requiere de un pronunciamiento previo del Legislativo.

En síntesis, las instituciones de participación ciudadana son un importante logro de la democracia directa moderna, pero hay que tener especial cuidado, pues el abuso de ellas puede hacer inocuo su uso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Cabildo abierto para la paz

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 4 de noviembre de 2016.

La Constitución de 1991 busca la realización de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esto quiere decir que la justicia se convierte en el núcleo del ordenamiento jurídico. Es la razón por la cual el concepto de ley se expande para abarcar no solo la norma que expide el Congreso, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y los principios rectores que son inherentes al hombre y que hacen parte de su naturaleza.

En este orden de ideas resulta contrario al orden constitucional, a la naturaleza del ser humano y a la esencia de las relaciones sociales, cualquier medida que desconozca el valor orientador del derecho, que es la justicia. Y la justicia se afecta gravemente, no solo porque se le ignore como razón de ser de la organización socio política, sino cuando se atenta contra alguno de sus principios rectores. Uno de ellos, que constituye el núcleo del concepto supremo de seguridad jurídica, es el de la cosa juzgada.

La cosa juzgada permite establecer límites temporales a la actividad judicial y a la controversia jurídica. Cualquier reforma "de fondo" de la justicia tiene que comenzar por el restablecimiento del respeto a esta institución.

No hay justicia cuando el proceso judicial nunca se termina o solo se termina en apariencia, pues en cualquier momento se puede reabrir. La justicia se desconoce, tanto cuando se interponen tutelas que buscan desconocer el valor de la cosa juzgada, como cuando se pretende instaurar un Tribunal con competencia para revisar fallos en firme de otros Tribunales.

Por ejemplo: Un servidor público declarado insubsistente, demanda la nulidad del acto de insubsistencia, con el argumento de que carece de motivación escrita. El juez competente no acepta el argumento y declara que el acto es válido. El demandante apela la sentencia ante el órgano superior, que la confirma.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, el afectado instaura acción de tutela contra los fallos anteriores. En sus dos instancias iniciales la tutela se le resuelve desfavorablemente, pero en revisión final, la Corte Constitucional encuentra que el acto es nulo y desconociendo la institución de la cosa juzgada, le ordena al juez que deje sin efecto una sentencia en firme y declare la nulidad del acto, a lo que éste se niega aduciendo que la Corte no tiene competencia para impartirle órdenes.

Igual ocurre con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Se trata de un órgano por fuera de la estructura de la Rama Judicial, con competencia para revivir y revisar procesos ya afectados por sentencias con fuerza de cosa juzgada.

Situaciones como las descritas llevan a concluir que es necesario repensar la actividad judicial, para lo cual es indispensable promover un gran proceso de reforma que comprenda, no solo el estudio de aspectos orgánicos, financieros y de poder, sino que a través de grandes acuerdos entre jueces, académicos y ciudadanos en general, elabore propuestas para la recuperación de los principios fundamentales del derecho y de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Derecho sin justicia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 28 de octubre de 2016.

La Constitución de 1991 busca la realización de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esto quiere decir que la justicia se convierte en el núcleo del ordenamiento jurídico. Es la razón por la cual el concepto de ley se expande para abarcar no solo la norma que expide el Congreso, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y los principios rectores que son inherentes al hombre y que hacen parte de su naturaleza.

En este orden de ideas resulta contrario al orden constitucional, a la naturaleza del ser humano y a la esencia de las relaciones sociales, cualquier medida que desconozca el valor orientador del derecho, que es la justicia. Y la justicia se afecta gravemente, no solo porque se le ignore como razón de ser de la organización socio política, sino cuando se atenta contra alguno de sus principios rectores. Uno de ellos, que constituye el núcleo del concepto supremo de seguridad jurídica, es el de la cosa juzgada.

La cosa juzgada permite establecer límites temporales a la actividad judicial y a la controversia jurídica. Cualquier reforma "de fondo" de la justicia tiene que comenzar por el restablecimiento del respeto a esta institución.

No hay justicia cuando el proceso judicial nunca se termina o solo se termina en apariencia, pues en cualquier momento se puede reabrir. La justicia se desconoce, tanto cuando se interponen tutelas que buscan desconocer el valor de la cosa juzgada, como cuando se pretende instaurar un Tribunal con competencia para revisar fallos en firme de otros Tribunales.

Por ejemplo: Un servidor público declarado insubsistente, demanda la nulidad del acto de insubsistencia, con el argumento de que carece de motivación escrita. El juez competente no acepta el argumento y declara que el acto es válido. El demandante apela la sentencia ante el órgano superior, que la confirma.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, el afectado instaura acción de tutela contra los fallos anteriores. En sus dos instancias iniciales la tutela se le resuelve desfavorablemente, pero en revisión final, la Corte Constitucional encuentra que el acto es nulo y desconociendo la institución de la cosa juzgada, le ordena al juez que deje sin efecto una sentencia en firme y declare la nulidad del acto, a lo que éste se niega aduciendo que la Corte no tiene competencia para impartirle órdenes.

Igual ocurre con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Se trata de un órgano por fuera de la estructura de la Rama Judicial, con competencia para revivir y revisar procesos ya afectados por sentencias con fuerza de cosa juzgada.

Situaciones como las descritas llevan a concluir que es necesario repensar la actividad judicial, para lo cual es indispensable promover un gran proceso de reforma que comprenda, no solo el estudio de aspectos orgánicos, financieros y de poder, sino que a través de grandes acuerdos entre jueces, académicos y ciudadanos en general, elabore propuestas para la recuperación de los principios fundamentales del derecho y de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: El día D

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 21 de octubre de 2016.

El día D es una expresión militar para señalar el momento en que se debe iniciar una operación de combate. Sin embargo, en el lenguaje corriente suele tener diferentes significados. Puede entenderse como el día determinado, el día decisivo, el día definitivo, el día después, el día demandado... en fin, una serie de apelativos, algunos tomados como sinónimos; otros, con sentidos diferentes.

El 26 de septiembre de 2016 se suscribió entre el Presidente de la República y el jefe de las Farc el denominado Acuerdo Final, que por obra y gracia de algún delicado consejo de carácter político, el Jefe de Estado resolvió someter a ratificación de la ciudadanía mediante el plebiscito del 2 de octubre del presente año.

Entonces el día D ya no fue el día de la firma, sino el día en que los ciudadanos refrendarían los acuerdos a través del instrumento del plebiscito. Lamentable o afortunadamente para el Gobierno y para el país, así fuera por una diferencia de votos relativamente muy baja, la voluntad por el NO se impuso sobre el SÍ, y entonces el día D dejó de ser aquel en el cual se llevó a cabo el pronunciamiento popular, para convertirse en un día después, no sabemos cuándo.

Pero lo más curioso es que parece que la D del día D, ha pasado a identificar el "Día de la Democracia". Muchos analistas consideran que el principal efecto del NO fue haber fortalecido los mecanismos de participación propios de la democracia real.

En efecto, quienes votaron por el NO, que realmente no hacen parte de un solo partido político sino de muchas vertientes ciudadanas, han empezado a reflexionar y preparar verdaderas propuestas que permitan un real acuerdo nacional.

El Gobierno Nacional ha ofrecido disculpas a distintos sectores sociales por no haberles dado suficiente participación en las negociaciones, y a todos en general, por no haber efectuado la pedagogía adecuada.

Los partidarios del SÍ han descubierto que muchos de los temas del acuerdo requieren de un verdadero retoque y el propio Presidente señaló como fecha final para la presentación y recepción de observaciones, el jueves 20 de octubre. Es decir, identificó un nuevo día determinante.

Parece que la gran beneficiada con estos eventos es la cultura política ciudadana. Quienes por distintas causas engrosaron la gran masa abstencionista en el proceso electoral del 2 de octubre, han salido en multitudinarias manifestaciones a reclamar que se avance con rapidez en la reafirmación de los acuerdos. Sectores silenciosos de la política y el derecho se preguntan por el procedimiento a seguir para lograr un consenso ciudadano. Se habla de un nuevo acuerdo, de la posibilidad de otro plebiscito, de algún otro pronunciamiento de la Corte.

Por último, es menester afirmar que el gran logro del triunfo del NO, es haber servido como punto de partida para terminar la polarización del país y buscar acuerdos y procedimientos de comprensión y tolerancia que permitan determinar un nuevo día D, es decir, el día definitivo.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Un pequeño gran premio

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 14 de octubre de 2016.

Aprovechando la semana de receso en las actividades de los colegios y dada la posibilidad de que muchos padres de familia estén compartiendo con sus hijos unos días de descanso, he querido reflexionar de manera un poco jocosa, sobre el comportamiento de algunos sectores frente a grandes acontecimientos como los acuerdos de paz.

Un estudio de la revista Science Advances, citada por este periódico, concluye que la envidia es la conducta humana que predomina. Este tipo de comportamiento, parece haber penetrado de manera histórica nuestro espíritu, debido a una oscura influencia que puede tener su origen en los albores mismos de la conquista y la colonia, originando un acentuado sentido de crítica destructiva y peyorativa y un extraño afán por desconocer la grandeza de lo nuestro, en todos los campos del ser y el saber.

Llegar a los altares de la iglesia tenía el sentido de un gran misterio de inigualable belleza, reservado para seres superiores, con cualidades por encima de las humanas corrientes. Ello fue así hasta que el Pontífice canonizó a la madre Laura Montoya. Tener una Santa de Jericó, con un apellido tan paisa, hizo que para algunos, la hermosa virtud de la Santidad perdiera grandeza.

El premio Nobel de Literatura tuvo una inigualable grandeza, hasta que se le concedió a un hombre como Gabriel García Márquez. A partir de aquel momento, hay quienes afirman que dicho premio no es más que una contraprestación para el autor que mueva determinadas redes de distribución y publicidad. Afirman, que no de otra manera se puede explicar que se le haya otorgado a una persona proveniente de un poblado donde no se sabe qué es un libro y de un país cuyo promedio de lectura hombre es de menos de un libro por año.

Pero el más alto grado de desprestigio para el comité del Premio Nobel, se consolidó la semana pasada, cuando su director avisó por teléfono al presidente Santos que había sido honrado con el Nobel de la Paz. Inmediatamente se conoció la noticia, ciertos sectores de opinión difundieron mensajes quitándole importancia y trascendencia al premio.

Concederle el premio Nobel de Paz al presidente de Costa Rica, a una líder indígena de Guatemala, al presidentes de los Estados Unidos, podía conllevar cierto cuestionamiento, pero para algunos colombianos el colmo del desprestigio fue habérselo otorgado a nuestro presidente.

Los comentarios peyorativos no se dejaron esperar. Mensajes de distinta índole, como el siguiente: el premio se politizó, razón por la cual se le otorgó a quien más pagó por él o más poder de intriga desarrolló a través de actos como la designación de Noruega como país observador de los diálogos de paz.

En fin, lo importante era desprestigiar y restarle importancia al premio, ignorando las razones trascendentales por las cuales se le otorgó al presidente Santos.

Surge una pregunta: ¿Una sociedad, en la que la envidia es la conducta humana que predomina, podrá culminar exitosamente un proceso de paz?.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: BREXIT colombiano

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 7 de octubre de 2016.

En este espacio de opinión se formularon tres advertencias: (i) Que el plebiscito no era constitucionalmente necesario. (ii) La posibilidad que se presentara una situación similar al denominado Brexit en Inglaterra. (iii) La incertidumbre sobre los efectos del triunfo del NO. Para los intereses del Gobierno y de algunos sectores del país, estas advertencias debieron escucharse.

Primera Advertencia: Diferentes voceros conceptuaron que el plebiscito no era necesario. En efecto, según la Carta (arts. 115, 189 y concordantes) el Presidente de la República como Jefe de Estado, de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene plenas facultades para adoptar medidas sobre asuntos que de alguna manera tengan incidencia sobre el desarrollo del orden público, en especial si se trata del control de grupos que se encuentran al margen de la ley (arts. 189 N°4, 213, 214, 296 de la C.P).

Segunda Advertencia: Recurrir a la institución del plebiscito, es una opción de participación democrática que consagra el artículo 103 de la Constitución, con los riesgos y virtudes que implica un procedimiento de esta naturaleza. Precisamente uno de esos riesgos, es concretar en una sola pregunta, una serie de temas, muchas veces de naturaleza heterogénea.

Esta situación genera varias posibilidades: (i) Que los ciudadanos estudien en detalle su contenido y no obstante encontrar que en general se ajusta al marco constitucional, encuentren que uno o dos puntos no corresponden al sentimiento popular y por tanto constituyen argumento suficiente para negar su apoyo a todo el texto. (ii) Puede suceder que por buscar una sola respuesta, el electorado termine apoyándose en un mensaje central, no con argumentos de razonabilidad, sino con elementos de emotividad, ligados con ideologías, movimientos o partidos políticos, de manera que el plebiscito se vota, no tanto por su contenido, intrínsecamente considerado, sino por sus implicaciones en materia de lealtades o apoyos políticos. Algo de ello pudo haber ocurrido el pasado 2 octubre.

Tercera Advertencia: Se refiere a la falta de respaldo. El resultado inesperado del domingo en Colombia no es extraño, ni el primero que se presenta en un evento de esta naturaleza.

Votaciones contrarias a lo normalmente esperado, con incertidumbres similares a las provenientes del resultado del domingo, se presentaron en plebiscitos o referendos adelantados en Francia, Guatemala, Chipre, Cataluña, Escocia y el reciente de Inglaterra.

El Gobierno Británico lo convocó convencido que podía obtener un gran apoyo popular para legitimar su permanencia en la Comunidad Europea; sin embargo, cuando se dieron a conocer los resultados, los más sorprendidos fueron quienes votaron por la salida de la Unión (Brexit). Ningún sector tenía un plan B para enfrentar dicho resultado, cuyo principal efecto político fue la renuncia del Primer Ministro.

En Colombia la situación parece similar, con la salvedad de que no es prudente ni conveniente solicitar la renuncia del Presidente.

En un sistema presidencialista, con marcada inestabilidad política y un orden institucional en duda, es necesario apoyar las autoridades constituidas y lograr un consenso que permita construir medidas de solución.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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