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Desde la Decanatura

Justicia y Democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 5 de mayo de 2017 en El Colombiano.

La democracia liberal se construyó a partir del modelo político de la división del poder, a tal punto que la escuela del constitucionalismo clásico consideró que el texto político que no consagrara las tres ramas del poder y los factores de control y equilibrio entre ellas, no podía ser considerado una verdadera constitución.

Este esquema, de naturaleza estructural, fue complementado con un sistema funcional recibido de la ciencia política, que concibe el Estado a partir de sus principales funciones, en lugar de hacerlo a través de sus estructuras básicas.

En el modelo funcional, las ramas del poder público se complementan con otros órganos encargados de ejercer, de manera autónoma, otras funciones, como las de ministerio público, control fiscal, electoral, banca central y seguridad. De todas maneras, la mayor parte de los estados occidentales copiaron un modelo mixto, es decir, al lado del nuevo marco funcional, mantienen el esquema estructural de las tres ramas del poder público.

Sin embargo, las decisiones políticas de los órganos de gobierno y de los cuerpos legislativos, continuaron caracterizándose por un notable sentido de exclusión. La influencia de factores reales de poder como los gremios económicos, las asociaciones profesionales, las estructuras militares y muchos otros, han hecho que las altas decisiones sean excluyentes frente a las verdaderas necesidades de la población, especialmente la más pobre, estimulando el incremento de la heterogeneidad y la desigualdad sociales.

En respuesta a esta situación, surge la justicia, con un nuevo papel en la sociedad. Los jueces, además de cumplir su tradicional función en la solución de los conflictos entre individuos, se tornan en factores definitivos en la defensa de los derechos fundamentales, sociales y colectivos, a través de decisiones con amplio sentido de inclusión, especialmente importantes para aquel sector social desamparado o amenazado.

No cabe duda que el sentido de la justicia cambia, especialmente la denominada justicia constitucional, que, además, deja de estar concentrada en altas estructuras especializadas y se distribuye en toda la base judicial, a través de las llamadas acciones constitucionales.

Los distintos órganos de poder, incluso los jueces, se percatan de esta situación; todos ellos notan que la labor de aplicar justicia definitivamente adquiere un importante significado político, en especial cuando se trata de decisiones de los órganos de cierre: Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado.

La actividad judicial, como soporte final de la democracia, hace que las demás estructuras de poder quieran asumir su control, mediante la participación en la designación de sus jueces y magistrados, y a partir de allí, con la “intervención” en decisiones que favorezcan determinados intereses políticos y personales.

Cuando ello sucede, es decir, cuando el aparato judicial deja de ser independiente y autónomo, la democracia corre el riesgo de debilitarse o desplomarse, y los pueblos quedan condenados a sufrir la infamia de las tiranías.

Los ejemplos se están presentando en diferentes partes del mundo, ante la mirada indiferente de una comunidad internacional que puede ser víctima futura de este mal.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El Control Político

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 28 de abril de 2017 en El Colombiano.

El sistema de gobierno parlamentario, cuyo prototipo se encuentra en Europa occidental, se caracteriza porque el jefe de Estado es una persona, llámese monarca o presidente de la República, mientras que el jefe de Gobierno y de la Administración es otra, a quien se denomina Primer Ministro. En este sistema, el jefe de Estado puede ser hereditario, con las características de una monarquía constitucional, con excepciones como la de Francia, donde el jefe de Estado se elige a través del voto ciudadano.

Es común que el jefe de Gobierno, quien a la vez es jefe de la Administración, sea designado por el jefe de Estado, nombramiento que suele recaer en la persona del director del partido mayoritario en el Parlamento.

Lo expuesto significa que el Primer Ministro surge del interior del Parlamento y su gabinete se integra por diputados salidos de este, razón por la cual está obligado a contar con el apoyo de las mayorías del mismo.

Surge así la figura del control político, que se concibe como una especie de rendición de cuentas que de manera permanente tiene que presentar el Primer Ministro a sus anteriores compañeros del Parlamento y que puede terminar, incluso, con la posibilidad de que frente a cualquier decisión, planteamiento o propuesta del Gobierno, el Parlamento por votación mayoritaria decida retirar el respaldo a su antiguo miembro y aprobar, por ejemplo, una moción de censura contra el Primer Ministro, quien se verá obligado a convocar nuevas elecciones parlamentarias, con el fin de determinar si conserva el apoyo de la mayoría o si por el contrario los hechos políticos lo obligan a renunciar y producir un cambio en el gobierno.

No sucede lo mismo en un sistema presidencialista como el de Colombia. Acá el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y de la Administración (llamado suprema autoridad administrativa), es una misma persona, el presidente de la República, elegido por votación ciudadana, de manera que carece de “subordinación” con respecto al Congreso y su relación con este no es directa, sino que se desarrolla principalmente a través de los ministros, que la Constitución Política identifica como jefes de su respectivo despacho, de manera que cuando el Senado o la Cámara adelantan un debate de control político, este puede terminar, como lo afirma la Carta, con la aprobación de una moción de censura contra un ministro, que en ningún momento afecta la estabilidad del presidente, quien en el peor de los casos, debe atender la solicitud de separación del cargo del ministro respectivo, situación que nunca se ha presentado en Colombia.

En síntesis, el control político en un sistema presidencialista solo lo efectúa el electorado en las urnas, de manera que los debates que se presentan como control político, no pasan de ser advertencias con significado político, para alertar a la ciudadanía sobre opciones y situaciones a tener en cuenta en procesos electorales futuros.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Grave desconocimiento de las universidades regionales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 21 de abril de 2017 en El Colombiano.

No se trata de discutir, ni de poner en duda la calidad personal y profesional de quienes han sido postulados para ocupar importantes posiciones judiciales. Todos ellos, muchos buenos amigos nuestros, gozan de prestigio y pueden ejercer sus funciones con lujo de competencia.

El tema de análisis es otro bien diferente. Se trata de levantar, desde la denominada provincia, una enérgica voz de protesta, por el tratamiento que vienen soportando las universidades de región y en particular sus facultades de Derecho.

El presidente de la República presentó las dos ternas que le corresponden, para la elección por parte del Senado, de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional.

Por otra parte, algunos medios nacionales han publicado una lista de candidatos para la conformación de los órganos superiores de la Jurisdicción Especial de Paz.

El análisis de ambos listados permite llegar a una cuestionable conclusión para las regiones. Los órganos de Gobierno y algunos medios de comunicación de carácter nacional, consideran que solo merecen ser postulados para esas altas responsabilidades judiciales, quienes han cursado sus estudios en las cuatro o cinco universidades ubicadas en el “centro del centro” de Bogotá, particularmente entre las calles 10 y 45, arriba de la carrera 7; pareciera que las demás universidades no están en capacidad de atender los grandes retos nacionales.

Entendemos que el Presidente ejerció su legítimo derecho de postulación, sin que exista ilegalidad por escoger candidatos provenientes de las universidades de renombre en Bogotá. Pero lo censurable y lamentable es creer y hacer creer, que en la “provincia” no hay profesionales de excelente calidad.

El Ministerio de Educación, con todos los honores que el caso ameritaba, acaba de reconocer a la Pontificia Bolivariana la acreditación en alta calidad académica para un periodo de ocho años. Igual sucedió el año anterior, con su prestigiosa Facultad de Derecho. Pero, de qué sirve que desde las distintas instancias del Gobierno se reconozca la calidad académica de las universidades locales, si a la hora de la designación de altos servidores, son miradas con desdén u olvido.

Quien actúe en el medio académico, no puede ignorar la calidad histórica de los egresados de la Universidad de Antioquia, el esfuerzo académico de la Universidad Autónoma, los desarrollos de Eafit y el CES, así como el prestigio de la Universidad de Medellín, por no mencionar sino unas cuantas de nuestro departamento, sin referirme, por delicadeza, a los profesionales de alta calidad de nuestra UPB.

Este juicio de valor puede hacerse extensivo a muchas universidades públicas y privadas de distintos territorios, como Atlántico, Santanderes, Valle, viejo Caldas y otras zonas.

Lo lamentable es el silencio y resignación de los colegios de abogados y universidades locales, así como de la clase dirigente territorial.

A nuestros congresistas debemos pedirles que al momento de proceder a la elección de nuevos magistrados para la Corte Constitucional, por lo menos levanten su voz de protesta y dejen constancia del valor y calidad de las universidad regionales.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Constitución y lucha contra la corrupción.

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 16 de abril de 2017 en El Colombiano.

Reflexión socio jurídica de Semana Santa. Nunca es tarde para intensificar la cruzada que viene adelantando el país contra la corrupción. Podría pensarse que superada la etapa crucial del proceso de paz con las FARC y encontrándonos en plena negociación con el ELN, la sociedad del pos acuerdo debe ocuparse de otras formas de violencia, entre las que se destaca la corrupción. Toda maniobra que suponga un comportamiento corrupto, implica un estado de violencia contra alguna persona individual o grupalmente reconocida, y en todo caso un atentado contra la estabilidad económica, social, jurídica y moral de la nación.

El constituyente de 1991 no fue ajeno a este llamado y por esa razón incorporó en la Carta varias disposiciones orientadas a proteger los intereses de los ciudadanos frente a toda práctica corrupta. El artículo 2° del Texto dispone que uno de los fines del Estado es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. En igual sentido se expresa el artículo 209 cuando dispone que la “función administrativa... se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...”, esquema sustancial, que recoge desde el punto de vista procedimental el artículo 88 al afirmar que “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos colectivos relacionados ...con la moral administrativa”.

Lo expuesto significa que la Constitución Política, como era apenas lógico, propende por la persecución de las conductas corruptas, no sólo cuando se trata de actuaciones al margen de la ley, sino que va más allá y superando el límite de lo estrictamente legal, condena todo comportamiento que atente contra la moral pública. Se trata de un alcance ético - social que es necesario tener en cuenta al momento de evaluar el comportamiento de quienes tienen que ver con lo público.

Es que el constituyente no podía olvidar que las formas más sutiles de corrupción, muchas veces se adelantan dentro de un confuso marco de legalidad. Es el caso de los servidores públicos y aún de particulares, que buscan otorgarle a ciertas disposiciones un significado acomodado a sus intereses particulares, de manera que bajo una aparente o real sujeción a lo legal, terminan por adelantar conductas en contra de la ética social. La falta de definición legal y la relativa ausencia de formación conceptual, hacen que en más de una ocasión se carezca de certeza sobre el contenido moral de la conducta pública, dando la oportunidad a que comportamientos con propósitos oscuros, formalmente ajustados a la ley, se consideren de recibo, cuando en realidad no obedecen a un ajustado juicio de ética social.

La sociedad debe guardar especial cuidado, el tema de la corrupción no puede limitarse a conductas justiciables desde el punto de vista penal, hay un aspecto de moral pública o administrativa previsto por la Constitución, que no puede pasar desapercibido y debe ser objeto, por lo menos, de un estricto control social y político.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Venezuela: un drama constitucional que puede extenderse

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 7 de abril de 2017 en El Colombiano.

Independiente del significado de la curiosa revisión final, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tomó la decisión de declarar la insuficiencia funcional de la Asamblea Nacional y asumir las funciones propias a esta.

El paso del estado legal al estado constitucional, que se construye bajo el postulado de que los jueces constitucionales deben velar por la adopción de medidas de inclusión y la protección de los derechos constitucionales, cuando los órganos constituidos del ejecutivo o del legislativo no actúan con esos propósitos, propios al modelo del estado social de derecho, se ha hecho coincidir con un nuevo esquema de interpretación, que permite a los tribunales constitucionales determinar los alcances de sus decisiones, mediante mecanismos de modulación de sentencias.

El problema consiste en mantener y defender esquemas fundamentales para la convivencia como la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando los operadores manejan de manera abierta, con marcado sentimiento político, el afán protector y realizador de derecho, pues cuando así se actúa, es posible que se vulneren otros derechos, especialmente de quienes se encuentran en desacuerdo con las acciones y ejecuciones del gobernante de turno, quien además se preocupa por conformar una Corte de acuerdo con sus intereses particulares.

En la técnica jurídica tradicional, cuando un órgano actúa por fuera de la órbita funcional de sus atribuciones, la sanción consiste en anular sus decisiones por inconstitucionales o ilegales e investigar disciplinaria y hasta penalmente a quien por exceso o defecto vulneró los limites racionales de su competencia. Bajo el nuevo esquema del control de constitucionalidad, el operador judicial, al momento de determinar los alcances de los efectos de sus decisiones, no le basta con anular decisiones que considera contrarias a derecho, sino que obliga a los demás órganos a adoptar medidas o lo que es aún más preocupante, el órgano judicial de cierre resuelve asumir una determinada competencia, ignorando los principios de separación de funciones y las normas constitucionales y legales sobre asignación expresa de competencias. Es decir, el órgano de cierre deja de actuar como juez, y desarrolla tareas que son propias de otros órganos de poder.

Pero, como toda institución que se va desnaturalizando, la absorción indebida de funciones por parte del órgano judicial de cierre, es cada día mayor, hasta llegar al caso extremo de Venezuela, donde al Tribunal Superior de Justicia no le bastó con asumir algunas competencias ajenas, sino que optó por asignarse todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el argumento de que esta se encontraba en una situación de “desacato” a sentencias del propio Tribunal.

Dispuso que serían asumidas por la Sala Constitucional o por el órgano que ella dispusiera, supuestamente en defensa de estado de derecho, desvertebrando el esquema de la división y separación de poderes, principio rector del constitucionalismo occidental.

Se trata de un golpe de estado propiciado por el órgano judicial de cierre, que desconoce la esencia del estado de derecho y construye una tiranía judicial.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Colombia sin vicepresidente

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 24 de marzo de 2017 en El Colombiano.

El artículo 202 de la Constitución Política dispone que “el Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República”.

Más adelante agrega: “El Vicepresidente tendrá el mismo periodo del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que estas se presenten antes de su posesión. En caso de falta absoluta, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. En las faltas temporales bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario”.

Por su parte, el artículo 203 Superior estatuye que “A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, esta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley”. Dispone, que la persona que reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

La Constitución Política regula la posibilidad de que el Vicepresidente asuma la presidencia en caso de falta absoluta del Presidente de la República, así como el procedimiento constitucional que se seguiría, cuando posteriormente se presente falta absoluta del Vicepresidente, estando en ejercicio de la presidencia.

En otro orden de ideas, el artículo 205 de la Carta dispone a la letra: “En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo por el resto del periodo. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso”.

Las normas transcritas permiten establecer claridad sobre las circunstancias y situaciones especiales que se presentan en caso de faltas absolutas del Presidente de la República y del Vicepresidente, tanto en el caso en que se encuentre ejerciendo las funciones de Presidente, como cuando solamente detenta la investidura de Vicepresidente.

Pero, ¿qué sucede durante el tiempo que transcurre entre el momento en que el Vicepresidente muere o se le acepta su renuncia y la fecha en la que el Congreso elige al nuevo Vicepresidente? Aunque el Vicepresidente es una especie de servidor virtual, cuya vocación real para ejercer la Presidencia se supedita a que se presente una falta del Jefe de Estado, puede ocurrir que el Congreso acepte la renuncia presentada por el Vicepresidente, como acaba de suceder con el Dr. Germán Vargas Lleras, pero resuelva aplazar la elección del nuevo Vicepresidente para una fecha posterior, como efectivamente lo ha decidido el Congreso. El grave peligro consiste en que existe la posibilidad de que en ese entretiempo se produzca una falta absoluta del Presidente, sin que haya claridad sobre las consecuencias que generaría ese súbito vacío de poder.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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