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Desde la Decanatura

Columna del Decano: Ambigüedades de un fallo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de julio de 2016.

El comunicado de prensa de lo que será la sentencia de la Corte Constitucional respecto el proyecto de ley estatutaria del denominado plebiscito por la paz, permite de todas maneras formular algunas observaciones de fondo, dignas de ser tenidas en cuenta al momento de reflexionar sobre el camino que viene.

La Corte afirma que para conocer la opinión ciudadana, efectivamente el instrumento adecuado es el plebiscito. No puede ser un referendo, puesto que a la ciudadanía se le solicitará que se pronuncie sobre una idea política, y no sobre un texto constitucional o legal. Una afirmación de esta naturaleza tiene un efecto inicial. Por tratarse de un plebiscito, el órgano competente sólo podrá formular a la ciudadanía una pregunta, que versará sobre sí se quiere o no la paz. Independiente del contexto de la pregunta, lo cierto es que sí se tratara de un referendo Constitucional o legal, se tendría la oportunidad de formular varias preguntas sobre los distintos temas cruciales que integren el acuerdo de La Habana.

La afirmación de la Corte, en el sentido que el Plebiscito es el instrumento adecuado, permite presentar dos observaciones: En primer término, es un absurdo pensar que es posible someter a consideración de la ciudadanía una pregunta de esta naturaleza. La paz no es un tema político, es un derecho y un deber consagrado por el artículo 22 de la Carta, de manera qué dentro de los límites del ordenamiento constitucional, no es posible formular una pregunta a la cual constitucionalmente se tiene la obligación de responder afirmativamente, porque quien no responde así, estaría violando el orden constitucional. En síntesis, no es una idea política y no es lícito someterla a consideración de la ciudadanía, puesto que no hay posibilidad de lograr alternativas.

Por otra parte, la Corte dice que el plebiscito sería obligatorio para el Presidente. No es claro que se quiere significar con ello. Parece que el asunto se relaciona con el tema del umbral. Según informaciones de medios, cuando se estaba discutiendo el proyecto de fallo, surgieron dos posiciones conceptuales: Una, sostuvo que cuando se supera el umbral y gana el NO, la decisión es vinculante sólo para el Presidente, quien no podría aplicar los acuerdos suscritos. Otra, decía que si no se alcanza el umbral pero gana el SI, el resultado es consultivo, y de todas maneras deben entrar en vigencia los acuerdos. Ojalá la Corte, a medida que reciba observaciones sobre el tema, establezca las modulaciones necesarias para aclarar el tema del denominado “umbral razonable” del 13% y su relación con el carácter vinculante o consultivo del plebiscito.

Finalmente se afirma que la decisión ciudadana en plebiscito, no es normativa, pero a partir de ella se adoptarán las medidas constitucionales y legales necesarias. Hay que precisar, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, cual es el significado normativo de los acuerdos que se firmen y la función que para su implementación tendrán los órganos constituidos, en especial el Congreso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Ranquin Y academia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 24 de junio de 2016.

EL principal objetivo de la educación es la formación integral de los estudiantes. Esto significa, educar hombres para el desarrollo, en un país, en un tiempo y en unas condiciones socioeconómicas determinadas. Este mensaje se ha ido desdibujando. En ocasiones la academia ha dejado de ser un medio para la formación, para convertirse en un fin en sí misma. Lo más importante no parece ser el desarrollo académico y personal de los estudiantes, sino el ranquin que una institución ocupa en una escala de clasificación, según ciertos índices, la mayor parte de las veces, copiados de modelos internacionales.

Este fenómeno, presente en todas las ramas del saber, genera una particular discusión en los estudios del Derecho. Estos se debaten entre los aportes de los denominados científicos del conocimiento, normalmente doctorandos o doctores, con una gran epistemología en la concepción social, dogmática o filosófica del Derecho. Por otra parte, encontramos los llamados “técnicos” del Derecho. Dominan las teorías jurídicas, no con fundamento en esquemas teoréticos artificiales, sino con base en elementos teórico-prácticos que les permiten asumir posturas concretas en la interpretación y solución de problemas jurídicos. No debería haber separación entre estas dos vertientes.

La vivencia nacional e internacional demuestra que las “mesas” de abogados en los Estados Unidos y Europa requieren excelentes estudiantes para su formación práctica. Su idea no es reclutar doctores, en términos de investigación científica, sino abogados (licenciados) con formación teórico-práctica. Igual sucede en Colombia. Las oficinas de abogados, las empresas privadas y el sector público, no están clamando por doctores, sino por profesionales –especializados-, con una formación integral y un gran conocimiento de los instrumentos indispensables para su quehacer jurídico.

Este divorcio tiene otros efectos. La remuneración de un doctor o de un magister es solo un poco mayor, y por veces mucho menor, que la de un profesional especializado.

Los órganos judiciales, las facultades de Derecho y la sociedad en general, prefieren los grandes “maestros del hacer”. Hace algunos años me matriculé en un programa de doctorado en Europa. Mis compañeros eran “tercermundistas”. No había uno solo de Europa. Cuando indagué, se me respondió que ser doctor solo interesaba a unos cuantos “gomosos” que querían trabajar en las universidades, en investigaciones útiles “solo para sí mismos”. ¿Estaremos llegando a esa situación, empujados por el reto que plantea un ranquin?

En los estudios de Derecho, los estudiantes y padres de familia prefieren el docente que domina los fundamentos teóricos de la práctica, en lugar de aquellos que se dedican a una investigación científica, cuyo norte no es claro y cuya razón de ser se pierde en un piélago de incertidumbres y divagaciones.

Las facultades de Derecho deben trabajar sobre un modelo en el cual la investigación teórica se convierta en una fuente real del hacer jurídico. De nada sirve investigar por investigar, si perdemos de vista que, realmente, de lo que se trata, para una formación integral, es enseñar e investigar para avanzar en el ejercicio profesional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: 130 años de un gran salto institucional

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 20 de mayo de 2016.

Ahora que el país vive un período de incertidumbre sobre su futuro social, político y jurídico, es absolutamente necesario recordar que la historia constitucional de Colombia se caracteriza por superar con éxito ciertos momentos, considerados neurálgicos para el tejido comunitario y la modernización de las relaciones sociales.

Aunque solo en el mes de agosto se conmemoran los 130 años de la Carta de 1886, por los eventos que vivimos en la actualidad, es indispensable recordar aquel período, cuando una asamblea constituyente hegemónicamente conservadora respondió al llamado de una comunidad, que como respuesta al éxito obtenido por el movimiento de regeneración nacional, había declarado que la Constitución Federal de 1863 dejaba de existir.

El desorden social y la violencia creada por la debilidad en las estructuras del poder, obra de los constituyentes del 63, reclamaba una reacción firme para recuperar la unidad nacional y el concepto de autoridad, y ello fue lo que se plasmó en la Carta del 86.

Si bien toda reacción institucional, política y militar puede llevar a excesos, no puede olvidarse que el país buscaba salir de aquella especie de anarquía creada o abonada por el Texto Constitucional del 63, que convirtió cada uno de los 9 estados en que se dividió el territorio, en especie de repúblicas independientes. Esta situación política, más la debilidad institucional de la Presidencia de la República, con un escaso periodo de dos años y poderes absolutamente recortados y una Constitución que solo podía ser reformada con el voto unánime de los denominados estados soberanos de los Estados Unidos de Colombia, originó un gran movimiento político cuya finalidad principal era recobrar la unidad perdida, restaurar el orden y restablecer el concepto de autoridad.

Es cierto que la consagración de un periodo presidencial de seis años, con un congreso nacional intermitente y unos artículos transitorios que revistieron al presidente de poderes casi omnímodos, prácticamente aplazaron la implementación del nuevo orden democrático constitucional hasta la reforma de 1910. Pero no puede olvidarse que el desajuste existente en las relaciones entre los poderes centrales y el gobierno de los estados, el desbarajuste monetario, la crisis de gobernabilidad y el exceso de libertades, incluso para producir armas, estaban llevando la sociedad al borde de la destrucción, con expresiones violentas como las demostradas en el periodo de la guerra de los mil días, que en el fondo es consecuencia en el siglo XX de las guerras vividas durante el siglo XIX.

Con la Constitución de 1886 se instala un nuevo orden social, se esquematiza el trabajo de los partidos, se da estabilidad a las relaciones políticas, se hace el reconocimiento de la influencia natural de la Iglesia católica en los procesos sociales. El momento constitucional vivido en 1886 con el paso del sistema federal instaurado por la Constitución de Rionegro a la república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, debe ser tenido como un modelo, nuevo en su momento, pero necesario para restablecer el orden social.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Resistencia o desobediencia civiles

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de mayo de 2016.

Se plantea la posibilidad de acudir a un movimiento de resistencia civil o de desobediencia civil, como mecanismos democráticos orientados al desconocimiento de algunos puntos de los acuerdos que se vienen formalizando en La Habana, como la desmovilización incondicional de los guerrilleros, la posibilidad de que estos puedan ingresar de manera directa al Congreso, la impunidad frente a delitos atroces y de lesa humanidad, las inconsistencias en el tema de la reparación a las víctimas. Otros, además, proponen que se busque la revocatoria del mandato al Presidente de la República.

Se afirma que no se trata de un movimiento violento, sino del ejercicio de un poder democrático a través de marchas, foros, conferencias, comunicados y otros eventos, orientados a revertir y desconocer la labor de las autoridades legalmente constituidas, por considerar que en las conversaciones con la guerrilla, sus iniciativas y decisiones les ha hecho perder la legitimidad necesaria para continuar orientando los destinos del país.

Pero, ¿Qué se entiende por desobediencia civil? y ¿Qué significa resistencia civil? Desde el punto de vista político, resistencia civil es un concepto genérico, que puede incluir el uso de la fuerza y comprender el derecho a la rebelión y a la revolución. En general es una reacción contra la opresión de un gobernante ilegítimo o que ha asumido decisiones ilegítimas.

En cambio, la desobediencia civil se presenta cuando un grupo de personas asumen una conducta no violenta para poner de manifiesto y dejar de acatar una ley, por considerarla injusta. El desobediente civil no se involucra en hechos violentos. Se afirma que su origen se remonta a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, quien sostuvo que la ley humana debe ser prolongación de la ley natural y participar de la ley eterna, razón por la cual deja de ser legítima cuando va en contra de los valores supremos de la ley natural como primera regla de la razón. Si se parte del principio de que la obediencia es una virtud, existirá una justificación iusnaturalista para la desobediencia a la ley injusta.

Como puede observarse, no es exacto que el Tomismo reconozca el principio político a la desobediencia, sino la virtud máxima de la obediencia a la ley humana, cuando refleja la ley natural.

Lo expuesto enseña que una propuesta de resistencia o de desobediencia, es muy delicada, pues con iniciativas de esta naturaleza se corre el riesgo de autorizar el desconocimiento a toda decisión de autoridad. No puede olvidarse que la desobediencia o resistencia civiles se sujetan a naturales inestabilidades emocionales, con consecuencias históricas incalculables.

Bajo los anteriores planteamientos, estar en desacuerdo, no con el significado de la paz, sino con los mecanismos e instrumentos que se requieren para lograr una paz sin impunidad y con la debida reparación, es un debate que debe darse en los escenarios institucionales, como el Congreso. Utilizar otras vías, conlleva un mensaje de desarticulación institucional y desconocimiento de la legitimidad, con serio peligro para la existencia del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Demanda contra los acuerdos de la Habana

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 6 de mayo de 2016.

El exfiscal Eduardo Montealegre presentó a consideración de la Corte Constitucional una demanda contra los acuerdos de paz que se suscribirán entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

El análisis inicial del escrito y de los cargos formulados, permite plantear las siguientes reflexiones: Independiente de la manera como la Corte Constitucional puede modular sus decisiones, no puede olvidarse que en principio su competencia es taxativa. El artículo 241 Superior, textualmente confía a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, "en los estrictos y precisos términos" de ese artículo. Quiere decir, que la Corte solo puede conocer de los asuntos allí mencionados, entre los cuales no se encuentran los acuerdos que eventualmente el Gobierno Nacional suscriba con los grupos internos alzados en armas.

Además, a título de discusión, previamente habría que precisar la naturaleza de dichos acuerdos. No pueden tener el carácter de actos constitucionales, tampoco se trata de leyes, ya que en el Estado Unitario Social de Derecho, estos actos y las funciones de donde se derivan, se asignan al Constituyente primario y al Congreso. Quedaría por debatir si eventualmente se trata de actos políticos y administrativos, en cuyo evento su control podría corresponder al Consejo de Estado, órgano titular de una cláusula general de competencia, que le permite conocer de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos cuyo estudio no corresponda a la Corte Constitucional. (art. 237 N° 2 C.P).

Por otra parte, es menester tener en cuenta que el control de constitucionalidad, salvo en los casos expresamente señalados como control previo, debe recaer sobre normas que son derecho positivo y vigente, no sobre textos que puedan adquirir en el futuro un carácter normativo, por sí mismos o por decisión o incorporación por parte de otras instancias. Es de anotar, además, que la acción judicial, es de inconstitucionalidad, no de constitucionalidad. Es decir, la norma ya existente se demanda para que la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, decretándola o negándola, pero por principio, no se acude a la Corte para que ratifique el juicio de constitucionalidad que el demandante tiene sobre la norma impugnada.

Los acuerdos de La Habana, si es que se suscriben, no tienen por esencia un carácter normativo vinculante, cuando más, adquieren el estatus de un texto político, a partir del cual los órganos constitucionalmente competentes, deben desarrollar las disposiciones constitucionales y legales necesarias para su implementación. Un pronunciamiento previo de la Corte o incluso del Consejo de Estado, porque consideren, por ejemplo, que se trata de acuerdos especiales internacionales, podría significar una grave vulneración del orden jurídico y político, pues equivaldría a concederle a la guerrilla el carácter de órgano estatal, sujeto de tratados o convenios internacionales.
Como puede observarse, son muchos los argumentos que pueden exponerse para advertir que es menester tener cuidado con la atrevida tesis del Dr. Montealegre, tanto por sus implicaciones jurídicas, como por sus consecuencias en el campo político e institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: El juez y los medios

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 29 de abril de 2016.

Mucho se especula sobre el papel de los medios en la sociedad, su influencia como elemento de poder y su injerencia en la labor de los jueces. Normalmente se piensa que dicha intervención puede ser inconveniente; no obstante, hay elementos de análisis que es bueno recordar.

En política se diferencia entre los denominados factores formales de poder y los reales. Los primeros, hacen relación a las instituciones consagradas por la Constitución Política, es decir, los órganos que integran las ramas del poder público y demás agencias del Estado. Los factores reales son aquellos sectores de la sociedad que ejercen una importante influencia en la organización y funcionamiento del poder. Estos factores reales pueden ser lícitos o ilícitos. Los primeros, se integran por diferentes instancias que representan diversos intereses sociales: La Iglesia, las universidades, los gremios, los sindicatos, los medios, las ONG, entre otros. Los segundos, son aquellas fuerzas al margen de la ley, quienes con diferentes maniobras, todas ellas propias de la corrupción, tratan de obtener beneficios de las estructuras del poder.

En una sociedad homogénea y desarrollada, debe haber un sano equilibro entre los factores reales de poder y las estructuras formales de dirección, con el fin de evitar influencias indebidas que atenten contra los principios de igualdad y equidad que deben orientar las relaciones sociopolíticas.

Al evaluar los distintos factores reales, sin lugar a dudas, en la época actual los medios de comunicación cumplen un papel destacado, tanto por la posibilidad de penetración en los diferentes sectores de la sociedad, como por la agilidad, recursos y disponibilidad de acceso a distintas clases de fuentes.

Este fenómeno ha venido adquiriendo especial importancia, respecto la administración de justicia. Se ha vuelto común que las decisiones judiciales se vean permeadas por los esfuerzos y las prácticas de los medios. A medida que aumentan las debilidades del aparato judicial, mayor importancia adquieren los medios.

No es cierto, como afirman algunos, que exista una indebida injerencia de los medios en la justicia, lo que sucede es que por su propia dinámica, los medios vienen asumiendo un valor especial en el análisis de los grandes problemas nacionales. La tutela de Fidupetrol, la licencia a Hupecol en una zona cercana a Caño Cristales, los costos contractuales vinculados a la Refinería de Cartagena, son algunos de los temas que no hubiesen tenido una rápida evolución judicial, de no ser por las indagaciones adelantadas por los medios.

Se argumenta que las afirmaciones de los medios se dan en un contexto diferente a las verdades judiciales y por ello la prensa puede actuar con más soltura. En general los jueces son excelentes, pero la rapidez y proyección de la indagación periodística, superan las exigencias procedimentales propias de la investigación judicial y constituyen un claro ejemplo de que cuando los factores formales de poder no actúan adecuada y oportunamente, deben intervenir los factores reales en defensa de los intereses sociales y ese papel de sustitución es el que vienen cumpliendo adecuadamente los medios.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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