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Desde la Decanatura

Columna del Decano: Al Dr. Carlos Jaramillo Restrepo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicada en El Colombiano el 17 de marzo de 2017.

Apreciado Maestro. Desde las alturas de las grandes almas, discúlpeme por divulgar algunas ideas que tienen que ver con lo más profundo de su ser, por lo que requiero de su benevolencia, ya infinita, por no poder expresar fielmente los pensamientos que me asaltan al momento de describir algunos apartes de su maravillosa personalidad.

Quienes tuvieron el privilegio de disfrutar de su valiosa compañía, compartirán conmigo el título de Maestro que desde siempre cubrió su actividad profesional.

Usted nos enseñó el significado y la trascendencia de ser un librepensador, intelectualmente rebelde, y a la vez con una gran ortodoxia. Supo transmitir los más altos secretos de la ciencia penal con la propiedad y simpleza del erudito. No permitió que su pensamiento fuera encasillado o etiquetado, pero a la vez fue un fiel defensor de los principios y valores que hacen del Estado de derecho una única opción para la convivencia. Sus defensas en el campo penal, esbozadas con una incomparable mezcla de purismo filosófico y lenguaje social, tenían la profundidad necesaria para hacer trascender la verdad en medio de las dificultades probatorias y los conflictos procesales.

Usted creó un estilo en el ser, en el saber y el hacer. Su paso cancino y elegante contrastaba con una envidiable agilidad de mente y espíritu. Sus discípulos disfrutaron con su inigualable estrategia intelectual de unir lo complejo con lo sencillo, para finalmente llegar a conclusiones sofisticadamente penetrantes.
Su diálogo no era un simple intercambio de palabras, cada frase implicaba un profundo ejercicio para la inteligencia. Su alta contradicción espiritual lo llevó a conjugar con maestría, su preferencia por el fondo de las cosas con su elegancia desde las formas.

Esta maravillosa combinación lo llevó a la máxima meta del Maestro: La creación de Escuela. Sin procedimientos burocráticos, ni títulos formales, pero con una penetrante vocación de jurista y docente, bajo su orientación se formaron varias generaciones de abogados penalistas que hacen honor a su estilo y profundidad, a través de la divulgación de un pensamiento inconfundible en el foro penal, en diferentes universidades y en variados escenarios nacionales e internacionales.

A diferencia de lo que sucede con aquellos líderes, cuyo egoísmo no les permite dejar a alguien que los suceda al momento de su partida, Usted tuvo la visión del Gran Maestro, al preocuparse por formar sus sucesores, razón por la cual, estos, de manera espontánea y como un gran homenaje póstumo, de inmediato asumieron sus cátedras universitarias, en un maravilloso afán por mantener vivo su legado.

Gracias Maestro, disculpe estas turbadas palabras vertidas en medio de lágrimas. Nuestro sentimiento de gratitud, el mío por haberme permitido compartir sus enseñanzas por más de 40 años; el de todos, por haberles dado la oportunidad de conocer a un hombre excepcional, digna esperanza para una humanidad que se debate en medio de tanto dolor.

Dr. Carlos Jaramillo Restrepo: Profesor Emérito de la Facultad de Derecho U.P.B. Partió al encuentro con Dios el pasado 11 de marzo.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Código Departamental de Polícia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | 

Excelente y oportuna la idea del gobernador Luis Pérez Gutiérrez de proponer a la asamblea departamental la expedición de un nuevo código departamental de policía, normalmente identificado como el código de convivencia ciudadana en el departamento.

Hace algunos días inició la vigencia de la ley 1801 de 2016 o nuevo código nacional de policía, circunstancia que debe impulsar el estudio y expedición de nuevas disposiciones departamentales de convivencia, que concuerden con las nuevas orientaciones nacionales.

El lector se preguntará, por qué, si se ha expedido una nueva legislación en asuntos de policía, es importante que también se apruebe un nuevo código departamental. Muchos pensarán que se trata de una normatividad repetitiva e inútil, pues si se tiene en cuenta que las disposiciones nacionales se aplican en las instancias territoriales, no hay razón para expedir otro código en la materia. Para una adecuada inteligencia del tema, es menester recordar que la Constitución Política y a partir de allí, la legislación y la jurisprudencia, diferencian entre poder de policía, función de policía y actividad de policía.

Poder de policía es la facultad para expedir normas generales para la preservación de la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad ciudadanas. Dentro de este esquema y para estos fines, se expidió el código nacional de policía. La competencia para aprobar este tipo de normas corresponde inicialmente al legislador, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 numerales 2 y 25 de la Carta. También es titular del poder de policía el Presidente de la República en los casos de estados de excepción, para efectos de conjurar situaciones de grave perturbación del orden público.

Pero el poder de policía también corresponde de manera residual a las autoridades departamentales, específicamente a las asambleas por medio de ordenanza, pues el articulo 300 numeral 8 de la Carta así lo prescribe al disponer que corresponde a las asambleas dictar normas de policía en todo aquello que no haya sido objeto de regulación legal.

Con fundamento en esta competencia, las asambleas deben preocuparse por expedir normas de policía en aquellos asuntos, que de acuerdo con la Constitución, se requieran para la defensa del orden público, mediante la regulación de temas que no fueron abordados por la ley.

Para desarrollar la oportuna iniciativa del señor gobernador, es necesario estudiar con cuidado los diferentes temas asumidos por la ley 1801 de 2016, para que la asamblea se ocupe de asuntos relacionados con tranquilidad, salubridad, seguridad y moralidad, que no fueron objeto de aquella, especialmente los vinculados con la protección del denominado “status quo” en materia de derechos reales, linderos, amojonamiento, servidumbres.

Lo ideal sería que este desarrollo normativo también se complementara a nivel municipal, mediante la expedición de regulaciones relacionadas con asuntos que de acuerdo con el artículo 313 numerales 7 y 9 de la Constitución, deben ser objeto de regulación, como la vigilancia y control de actividades vinculadas con la construcción y la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Misión y tribunal electorales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 17 de febrero de 2017

En desarrollo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, el pasado 17 de enero de 2017 el Gobierno Nacional instaló la Misión Electoral Especial que se encargará de entregar en un término no mayor a 4 meses, las recomendaciones sobre aspectos normativos e institucionales que es necesario tener en cuenta para introducir reformas al régimen y a la organización electoral, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.3.4. del texto suscrito en La Habana.

Las reformas que se propongan tendrán por objeto hacer más transparente y moderno el sistema electoral, garantizar una mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral o al organismo que haga sus veces, todo ello con el fin de otorgar garantías a los ciudadanos para su participación en los distintos procesos electorales, y proporcionar una mayor calidad a la democracia durante el período del posacuerdo.

Seis de los siete miembros de la Misión fueron designados por organizaciones independientes como el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, mientras que el séptimo miembro actuará en representación de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, encargada de velar por la realización de los principios democráticos a través de los procesos electorales.

Si bien uno de esos miembros es consejero de Estado, este actúa a título personal como asesor del presidente de la República, de manera que es lamentable la ausencia institucional de la justicia, cuya vocería oficial debería estar en cabeza del presidente del Consejo de Estado, Alta Corte experta en el control judicial de los actos electorales.
Las conclusiones y recomendaciones de la Misión se darán con fundamento en informaciones y propuestas de los partidos y movimientos políticos y autoridades electorales, con énfasis en la defensa de los derechos electorales de las mujeres. Así mismo, se incluirán propuestas para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.

Una de las propuestas de la Misión sería la creación de un Tribunal Electoral, inicialmente designado por el presidente de la República y posteriormente por el Congreso, que tendría por objeto asumir las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y las judiciales del Consejo de Estado, incluyendo los procesos sobre pérdida de investidura.

De concretarse esta iniciativa, el país perdería uno de los núcleos principales en materia de control de constitucionalidad y legalidad en asuntos electorales, olvidando que la jurisdicción contenciosa administrativa, encabezada por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, se ha caracterizado por su autonomía y transparencia en los procesos electorales y en los de pérdida de investidura. Trasladar esta función a un Tribunal de origen político, es dejar sin efecto el control judicial sobre el sistema electoral y sin aplicación práctica el trámite de pérdida de investidura.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Democracia, partidos y responsabilidad política

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 10 de febrero de 2017

Los partidos políticos son el soporte sobre el cual se construye la democracia occidental. La importancia de estos en la estructura y funcionamiento de las instituciones es de tal magnitud, que se ha llegado a afirmar que todo sistema democrático debe reposar en una sólida estructura de partidos.

Pero los partidos políticos perdieron su rumbo. Dejaron de ser fuente de conceptualización ideológica, se alejaron de las masas y se transformaron en círculos cerrados y aislados, preocupados por alcanzar el poder, no como medio para atender las necesidades sociales, sino como un fin en sí mismo, para mantener una hegemonía respecto de otros partidos o movimientos.

Las consecuencias en el mundo político electoral no se han dejado esperar: El Brexit en Inglaterra, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la crisis venezolana, entre otros, aparecen como resultado de procesos electorales desarrollados como reacción ante la desarticulación y pérdida de legitimidad de los partidos.

En Colombia la situación es aún más grave. Superados parcialmente los actos de violencia ocasionados por la guerrilla, las instituciones y los medios se están ocupando del otro gran flagelo: la corrupción; y como era de esperarse, los partidos políticos no escapan a este mal. No cabe duda que la crisis es enorme. La manera como el caso Odebrecht está afectando la imagen y proyección social de los partidos, amén de otras situaciones pasadas y presentes, no auguran un prometedor futuro a la democracia colombiana de partidos.

El Partido Conservador, después de haber renunciado a luchar por unos principios en la búsqueda del poder durante más de 20 años, aparece como un movimiento sin brújula, tratando de obtener migajas burocráticas de todos los gobiernos. El Partido Liberal continúa con la deuda de responsabilidad política que le dejó el proceso 8000, sin que hasta el momento haya podido saldar ese lastre que tiene frente a la sociedad.

El Centro Democrático se estremece en medio de acusaciones por corrupción en la pasada campaña presidencial, su pecado parece ser grave por donde se le enfoque. Si las directivas del partido sabían lo que estaba sucediendo, es gravísimo; si no lo sabían, es igualmente grave, pues demuestra su falta de solidez y cohesión. Igual puede predicarse del partido Cambio Radical, por ejemplo, con respecto al aval otorgado a los cuestionados gobernantes de La Guajira. Si se hizo a sabiendas, tremendo pecado; si no se sabía, mayor pecado.

Lo mismo puede decirse sobre las acusaciones en torno a la campaña reeleccionista del presidente Santos. Si las acusaciones son ciertas, el Presidente y su entorno serían responsable por acción, si conocían el hecho; por omisión, si no lo conocían. Además, el país no soportaría otro “eso se hizo a mis espaldas”. Estos casos y otros fenómenos sociales como la desmovilización de la guerrilla, plantean un mar de incertidumbre con respecto al proceso electoral que se avecina, el cual peligrosamente se definiría, no con fundamento en plataformas de partidos, sino por simples lealtades entre amigos.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: El abuso enemigo de la democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de enero de 2017

En esta columna, el observador puso de presente que la institución de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes, en la forma en que está concebida en nuestra Constitución y en la legislación vigente, es un procedimiento inútil, como se ha demostrado en más de 150 oportunidades en que se ha intentado su utilización.

Ahora, en ejercicio del principio de la democracia participativa o directa, se pretende impulsar la revocatoria del mandato al Presidente de la República, la derogatoria de disposiciones legales vigentes en materia tributaria y la aprobación de reformas constitucionales relacionadas con la cadena perpetua para quienes cometan delitos en menores.

Respecto la revocatoria del mandato del Presidente de la República, el hecho de que personas de prestancia en el campo social y jurídico estén lanzando este tipo de iniciativas, genera una especial preocupación sobre el respaldo y fortaleza social de las instituciones.

Por otra parte, no puede olvidarse que la Carta, para bien del Estado Social de Derecho, establece dos mojones absolutamente inquebrantables, para efectos de garantizar su estabilidad: (i) Por una parte, el sistema de pesos y contrapesos entre poderes, que permite, en casos de comportamientos inconstitucionales del Presidente, que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia puedan adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con el orden institucional. (ii) Desde el punto de vista constitucional y político, el órgano electoral carece de competencia para aceptar la solicitud de revocatoria, porque el supuesto material relacionado con el incumplimiento del mandato, no se lograría configurar en el caso del Presidente, especialmente por cuanto la realización del programa de gobierno, no depende única y exclusivamente de Él, y además, porque la Carta Política es categórica en determinar que el Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Con respecto a la iniciativa ciudadana para buscar la eliminación de disposiciones tributarias, es importante recordar que esta facultad no es ilimitada, pues por orden del mismo constituyente primario, el artículo 170 de la Constitución dispone que este procedimiento solo se puede utilizar para derogar leyes, no para aprobar otras, y que a través del mismo instrumento no es posible derogar leyes aprobatorias de tratados, la del presupuesto, ni las referentes a materias fiscales o tributarias.

En cuanto a acudir a la ciudadanía para aprobar una reforma constitucional que establezca la cadena perpetua, es importante tener en cuenta que si bien el artículo 378 Superior consagra esta posibilidad, dicho referendo debe ser convocado por ley del Congreso, lo que significa que de todas maneras el tema requiere de un pronunciamiento previo del Legislativo.

En síntesis, las instituciones de participación ciudadana son un importante logro de la democracia directa moderna, pero hay que tener especial cuidado, pues el abuso de ellas puede hacer inocuo su uso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Cabildo abierto para la paz

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 4 de noviembre de 2016.

La Constitución de 1991 busca la realización de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esto quiere decir que la justicia se convierte en el núcleo del ordenamiento jurídico. Es la razón por la cual el concepto de ley se expande para abarcar no solo la norma que expide el Congreso, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y los principios rectores que son inherentes al hombre y que hacen parte de su naturaleza.

En este orden de ideas resulta contrario al orden constitucional, a la naturaleza del ser humano y a la esencia de las relaciones sociales, cualquier medida que desconozca el valor orientador del derecho, que es la justicia. Y la justicia se afecta gravemente, no solo porque se le ignore como razón de ser de la organización socio política, sino cuando se atenta contra alguno de sus principios rectores. Uno de ellos, que constituye el núcleo del concepto supremo de seguridad jurídica, es el de la cosa juzgada.

La cosa juzgada permite establecer límites temporales a la actividad judicial y a la controversia jurídica. Cualquier reforma "de fondo" de la justicia tiene que comenzar por el restablecimiento del respeto a esta institución.

No hay justicia cuando el proceso judicial nunca se termina o solo se termina en apariencia, pues en cualquier momento se puede reabrir. La justicia se desconoce, tanto cuando se interponen tutelas que buscan desconocer el valor de la cosa juzgada, como cuando se pretende instaurar un Tribunal con competencia para revisar fallos en firme de otros Tribunales.

Por ejemplo: Un servidor público declarado insubsistente, demanda la nulidad del acto de insubsistencia, con el argumento de que carece de motivación escrita. El juez competente no acepta el argumento y declara que el acto es válido. El demandante apela la sentencia ante el órgano superior, que la confirma.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, el afectado instaura acción de tutela contra los fallos anteriores. En sus dos instancias iniciales la tutela se le resuelve desfavorablemente, pero en revisión final, la Corte Constitucional encuentra que el acto es nulo y desconociendo la institución de la cosa juzgada, le ordena al juez que deje sin efecto una sentencia en firme y declare la nulidad del acto, a lo que éste se niega aduciendo que la Corte no tiene competencia para impartirle órdenes.

Igual ocurre con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Se trata de un órgano por fuera de la estructura de la Rama Judicial, con competencia para revivir y revisar procesos ya afectados por sentencias con fuerza de cosa juzgada.

Situaciones como las descritas llevan a concluir que es necesario repensar la actividad judicial, para lo cual es indispensable promover un gran proceso de reforma que comprenda, no solo el estudio de aspectos orgánicos, financieros y de poder, sino que a través de grandes acuerdos entre jueces, académicos y ciudadanos en general, elabore propuestas para la recuperación de los principios fundamentales del derecho y de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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