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Desde la Decanatura

Columna del Decano: 80 años de la UPB

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 23 de septiembre de 2016.

En septiembre de 1936 un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de A., como una reacción contra la falta de apertura conceptual y la imposición de ideologías contrarias a los valores y principios contenidos en la doctrina social de la iglesia, con la valentía que requería un acto de esa naturaleza, solicitaron el apoyo del arzobispo de Medellín Tiberio de J. Salazar y Herrera, para buscar nuevos horizontes para desarrollar sus proyectos educativos. La arquidiócesis dio pleno respaldo al justo anhelo y expidió el decreto por medio del cual se oficializó la creación de la Universidad Católica Bolivariana.

La sociedad requería un nuevo pensamiento basado en el respeto del orden y la autoridad y la defensa de la dignidad del hombre, y fue a través de la fundación de la nueva universidad católica, que se logró hacer realidad aquel anhelo. En 1945 el Papa Pío XII elevó la universidad al rango de Pontificia, un título que solo detentan dos universidades en Colombia y unas pocas en Latinoamérica.

La universidad ha crecido, manteniéndose fiel a sus principios. El postulado actual de innovación y tradición, muestra una universidad que ha sabido combinar con paciencia y sabiduría la evolución epistemológica y metodológica en el saber, con la defensa de sus principios, contenidos en la doctrina social de la iglesia y las enseñanzas de los papas, obispos, rectores y docentes, todo ello dentro de un profundo respeto por la ciencia y la libertad de pensamiento.

Al conmemorar 8 décadas de servicio, la Universidad es, no solo un gran centro de ciencia, investigación e innovación, sino un bastión para los desarrollos futuros que requieren los acuerdos de paz: participa, entre muchas actividades de proyección social, en el programa "Ser pilo paga" con más de 1200 jóvenes de escasos recursos y de regiones apartadas, es líder en proyectos de etnoeducación que integra minorías de regiones olvidadas, es parte del programa social de becas con EPM y a través de la Fundación Solidaria brinda apoyo a estudiantes y barrios de escasos recursos.

Especial mención merece nuestra octogenaria Facultad de Derecho. La Escuela fundadora de la Universidad ha sido durante 80 años pilar y soporte doctrinario y profesional del papel de la Pontificia Bolivariana en el país. En sus aulas se han formado importantes personalidades del derecho y de la política. Con el fin de evitar dolorosos olvidos, no es oportuno mencionar nombres propios, pero sí resaltar la labor de cientos de egresados en estos 80 años, quienes sin importar el área en la que trabajan, llevan en su mente y corazón los postulados de solidaridad, lealtad y honestidad que recibieron en su formación. La facultad se ufana de tener entre sus egresados, un Presidente de la República, Presidentes de las Altas Cortes, destacados magistrados en estas y en los tribunales y prestantes profesionales en distintos campos de la academia y el litigio y en la dirección de empresas nacionales y extranjeras.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: razones para participar en el plebiscito

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 30 de septiembre de 2016.

Independiente del concepto que se tenga sobre cada uno de los puntos concertados en el acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC y la necesidad de convocar un plebiscito para ratificar lo convenido, lo cierto es que el próximo domingo 2 de octubre los ciudadanos debemos acudir a las urnas para expresar nuestra opinión con respecto a dicho acuerdo.

Ahora bien, como el pronunciamiento sobre los temas discutidos no es un asunto que sólo incumbe a líderes sociales y a expertos en política, economía y derecho, sino a toda persona responsable de sus obligaciones ciudadanas, es importante dar a conocer algunas ideas que pueden ser de utilidad para el ejercicio responsable de ese sagrado derecho, así:

Los artículos 22 y 258 de la Constitución Política, respectivamente, disponen que la paz como el voto, son derechos y deberes de obligatorio cumplimiento. Esto significa que participar en el plebiscito constituye un compromiso de ética social, política y jurídica, al que no puede sustraerse ningún ciudadano.

El plebiscito es una institución por medio de la cual se busca que la ciudadanía se pronuncie sobre una idea política. No se trata de discutir un texto, sino de formar un sentimiento general sobre el núcleo central del mismo.
Para el Plebiscito, el electorado debe conocer y pronunciarse sobre el mensaje central, pues si decidiera sobre cada uno de los asuntos discutidos, la respuesta siempre sería negativa, ya que es humanamente imposible un consenso absoluto sobre todo lo acordado.

En este orden de ideas, lo primero que hay que tener claro, es que en su esencia los acuerdos suscritos entre las partes, contienen dos mensajes fundamentales: Uno de transacción. Otro de transformación.

El mensaje de transacción se resume en el compromiso de las FARC de aceptar el modelo de Estado, dejar las armas y la metodología violenta para afrontar los conflictos. A cambio, el Estado les reconoce y protege la capacidad necesaria para transformarse en partido político de oposición, deliberante, pero pacífico.

Pero también se trata de un acuerdo de transformación. Asuntos tan importantes como la tenencia y manejo de la tierra, el desarrollo agropecuario, la participación política y los mecanismos de regionalización, hacen parte de una serie de postulados de transformación, cuya implementación requiere de años de trabajo conjunto por parte de distintos actores, quienes tendrán en el futuro asiento en el Gobierno, el Congreso o en una Asamblea Nacional Constituyente.

En síntesis: El 2 de octubre no se va a votar por la paz, ni esta se va a conseguir de manera automática a partir del día siguiente. Los colombianos vamos a votar unos acuerdos o unas paces, que en esencia plantean una nueva cultura para resolver en forma pacífica y con un alto grado de tolerancia, las dificultades y conflictos sociales. Las protestas sociales se van a incrementar y la clase dirigente presente y futura deberá demostrar criterio y actitud de paz, para que este esfuerzo no sea en vano.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Actitud de paz

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 16 de septiembre de 2016.

El anhelo de paz no puede sintetizarse en un documento denominado Acuerdo para la Paz. La paz es una actitud, la paz es un comportamiento de todos los días, la paz es una forma del pensamiento. Independiente de los puntos concretos plasmados en el texto final, lo importante es tener presente que el documento suscrito contiene elementos de transformación y de transacción, orientados a presentar una nueva forma de afrontar los conflictos socio-políticos. En esencia, el documento final pretende: (i) Enseñar a los colombianos una manera diferente para asumir y pensar los conflictos y (ii) mostrar que esa nueva forma, servirá de guía para solucionar otras violencias. Como lo dice el experto español Rafael Grasa, las paces son acuerdos que se suscriben conforme unas reglas, la paz es un contexto a largo plazo que exige un cambio de actitud por parte de todos los miembros del grupo social.

Bajo estos presupuestos debe quedar en claro que la paz no se logró con los acuerdos del 26 de agosto, ni se obtendrá con la ceremonia protocolaria del 26 de septiembre, ni con el plebiscito del 2 de octubre, estas fechas son momentos del procedimiento para las paces o acuerdos, que expresan el anhelo de un pueblo por adquirir una metodología diferente para la solución de sus conflictos. Pero para que este futuro sea firme, es necesario una actitud hacia la paz, que debe nacer desde el propio lenguaje.

Aunque para algunos implique un sacrificio, en adelante no debemos referirnos a la otra parte con palabras como bandidos, terroristas o similares. Mucho menos, aceptar que se siga utilizando un lenguaje de guerra para referirnos a las actuaciones de nuestras propias instituciones, como cuando un alto funcionario del Estado, inconforme con una decisión judicial, descalifica la ecuanimidad de un juez de la República, para afirmar en forma peyorativa que el fallo que declaró la nulidad de una elección o nombramiento se produjo, no por argumentos jurídicos, sino por presiones políticas de los actores del conflicto.

Tampoco contribuye a la paz, cuando se califica como persecución política, las sentencias que involucran importantes servidores públicos, o se descalifica con idénticos argumentos, la decisión de cualquier otro órgano que en cumplimiento de sus funciones declara indigno el comportamiento de un importante funcionario público. No es posible hablar, "en modo paz", si a través del lenguaje se identifican en forma peyorativa las decisiones judiciales, cuando se refieren a personas de nuestros afectos políticos o de otra índole.

La paz no es solo un cambio de actitud por parte de los actores del conflicto armado, frente a la forma de asumir el manejo de los desacuerdos sociales, sino, y con más veras, un cambio de actitud de la propia institucionalidad y de la ciudadanía, cuando se evalúan las decisiones que de acuerdo con la Constitución y la ley se adoptan por los distintos órganos del Estado.

Mientras no haya una verdadera actitud colectiva de paz, ningún acuerdo producirá los efectos buscados.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Pedagogía del plebiscito la pregunta (I) y la pregunta y la respuesta (II)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 2 y el 9 de septiembre de 2016.

PEDAGOGÍA PARA EL PLEBISCITO: LA PREGUNTA (I)

En esta columna hemos afirmado que desde el punto de vista jurídico, el denominado plebiscito para la paz no era necesario, porque el Presidente no tiene la obligación constitucional de acudir a la ciudadanía para reafirmar los acuerdos suscritos, y especialmente porque según la interpretación de la Corte Constitucional, con un umbral del 13 %, cualquiera sea la respuesta, finalmente se impondrá el SI.

Sin embargo, aprobada la idea del plebiscito, es nuestro deber como académicos, iniciar un proceso intenso de pedagogía ciudadana. En este orden de ideas, el primer punto de análisis debe ser el relacionado con la pregunta que se formula, para cuya comprensión es importante revisar el antecedente histórico contenido en el plebiscito de 1957.

La Junta Militar, atendiendo los acuerdos suscritos entre los partidos tradicionales, expidió el decreto legislativo 0247 del 4 de octubre de 1957 por medio del cual convocó a todos los varones y mujeres mayores de 21 años para que expresaran su "aprobación o improbación a un texto indivisible" integrado por un preámbulo y 14 artículos relacionados con temas tan importantes como los derechos políticos de las mujeres, elecciones populares paritarias para corporaciones públicas, la institucionalización de la carrera administrativa, la obligación para el Gobierno de invertir no menos del 10 % del presupuesto en educación y otros. El decreto legislativo 0251 del 9 de octubre, adicionó lo relacionado con la conformación paritaria de las Altas Cortes y su integración por cooptación.

El decreto legislativo 0252 de octubre 16 de 1957 dispuso que el plebiscito se efectuaría el 1 de diciembre de 1957 y en su artículo 8° estableció que "las papeletas que han de usarse en el plebiscito llevarán, a manera de título, la siguiente leyenda: "Voto sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno Nacional en los decretos 0247 y 0251 de 1957. El ciudadano en la misma papeleta dirá "SI" o "NO", como aprobación o negativa, respectivamente, del texto indivisible de la reforma".

Se trató de un enunciado demasiado técnico, pues remitió al ciudadano a otros textos normativos, todos ellos con contenidos técnico jurídicos bastante complejos. No obstante las críticas que originó, el plebiscito fue aprobado por abrumadora mayoría y sirvió de fundamento para las relaciones jurídico-políticas del siglo XX.

La pregunta que se formulará el 2 de octubre, dice: "¿Apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Aunque es más genérica y menos técnica en su enunciado, exige una mayor pedagogía respecto a su contenido y alcance.

En efecto, independiente de los análisis que se harán en futuras entregas, la pregunta permite exponer los siguientes interrogantes: (i) Qué efectos tiene que se hable de apoyar, no de aprobar. (ii) Qué alcance tiene, especialmente a nivel internacional, que se hable de acuerdo final sin mencionar que se suscribe entre el Gobierno y las FARC.

(iii) Para la historia y para las instancias nacionales e internacionales, qué significa hablar de terminación del conflicto.

PEDAGOGÍA PARA EL PLEBISCITO: LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA (II)

De los estudios y programas permanentes que viene desarrollando la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, pueden extractarse algunas claves para una adecuada comprensión del documento de La Habana:

1. La búsqueda por la paz no se discute, pero sí los medios para alcanzarla. El horizonte de sentido que ha ofrecido la cultura occidental para resolver conflictos, se ha centrado en la argumentación racional, el Derecho y la dignidad de la persona humana. Ésta última ha estado alejada en los acuerdos.

2. En términos lingüísticos, la pregunta por el plebiscito está bien construida, cumple con las exigencias de la sintaxis. El título del acuerdo está incluido en la pregunta y se ha elegido el verbo "apoyar" en lugar de "aprobar", que a la larga expresan lo mismo y no advierten ambigüedades. Faltó escribir entre comillas el título del acuerdo e incluir la referencia a los actores y al conflicto concreto, porque el conflicto, como genérico, es una condición normal de la política.

3. En 24 de agosto de 2016 es un día histórico porque permite recuperar la idea de que en el mundo de la razonabilidad política, el "otro" puede entenderse como un adversario y no como un enemigo. En Colombia hay una relación de la violencia política que necesariamente hay que romper desde la participación ciudadana y procesos deliberativos.

Se abre una ventana de oportunidades para cambiar la historia del país. Esta no es la fecha de la paz, sino una posibilidad para lograr una paz sin solución armada, pero su impacto será notorio porque motivará la desaparición de otras violencias.

Marca el fin de una etapa y el inicio de otra; pero, nada está resuelto, se inicia la posibilidad de escribir una historia diferente. Si gana el SI, vendrán años de reconstrucción de paz con un sentido distinto de la práctica política.

4. Una cosa es hacer las paces y otra construir la paz, hacer paces es solo una negociación para poner fin a una confrontación armada. Sería "cambiar botas por votos". Se requiere de otros mecanismos para reconstruir la paz.

5. Lo importante no es únicamente el acuerdo, sino también su contexto. Un acuerdo de paz es una negociación adelantada según unas reglas establecidas, con o sin ayuda de terceros, garantes, acompañantes u observadores. El acuerdo no es de un partido o gobernante, es de toda una sociedad. En consecuencia, votar por el Sí o por el NO, debe ser congruente con la esencia del acuerdo.

6. En efecto, en esencia el acuerdo es más un instrumento de transacción que de transformación. Ésta se plantea fundamentalmente para momentos futuros, como sucede con lo atinente al desarrollo rural. Pero en términos de transacción, la guerrilla, como condición para participar en la vida política, acepta su derrota en este campo, pues el documento no cuestiona el modelo de Estado, al establecer como marco de interpretación los artículos 22 y 95 de la Carta Magna.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Ambigüedades de un fallo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de julio de 2016.

El comunicado de prensa de lo que será la sentencia de la Corte Constitucional respecto el proyecto de ley estatutaria del denominado plebiscito por la paz, permite de todas maneras formular algunas observaciones de fondo, dignas de ser tenidas en cuenta al momento de reflexionar sobre el camino que viene.

La Corte afirma que para conocer la opinión ciudadana, efectivamente el instrumento adecuado es el plebiscito. No puede ser un referendo, puesto que a la ciudadanía se le solicitará que se pronuncie sobre una idea política, y no sobre un texto constitucional o legal. Una afirmación de esta naturaleza tiene un efecto inicial. Por tratarse de un plebiscito, el órgano competente sólo podrá formular a la ciudadanía una pregunta, que versará sobre sí se quiere o no la paz. Independiente del contexto de la pregunta, lo cierto es que sí se tratara de un referendo Constitucional o legal, se tendría la oportunidad de formular varias preguntas sobre los distintos temas cruciales que integren el acuerdo de La Habana.

La afirmación de la Corte, en el sentido que el Plebiscito es el instrumento adecuado, permite presentar dos observaciones: En primer término, es un absurdo pensar que es posible someter a consideración de la ciudadanía una pregunta de esta naturaleza. La paz no es un tema político, es un derecho y un deber consagrado por el artículo 22 de la Carta, de manera qué dentro de los límites del ordenamiento constitucional, no es posible formular una pregunta a la cual constitucionalmente se tiene la obligación de responder afirmativamente, porque quien no responde así, estaría violando el orden constitucional. En síntesis, no es una idea política y no es lícito someterla a consideración de la ciudadanía, puesto que no hay posibilidad de lograr alternativas.

Por otra parte, la Corte dice que el plebiscito sería obligatorio para el Presidente. No es claro que se quiere significar con ello. Parece que el asunto se relaciona con el tema del umbral. Según informaciones de medios, cuando se estaba discutiendo el proyecto de fallo, surgieron dos posiciones conceptuales: Una, sostuvo que cuando se supera el umbral y gana el NO, la decisión es vinculante sólo para el Presidente, quien no podría aplicar los acuerdos suscritos. Otra, decía que si no se alcanza el umbral pero gana el SI, el resultado es consultivo, y de todas maneras deben entrar en vigencia los acuerdos. Ojalá la Corte, a medida que reciba observaciones sobre el tema, establezca las modulaciones necesarias para aclarar el tema del denominado “umbral razonable” del 13% y su relación con el carácter vinculante o consultivo del plebiscito.

Finalmente se afirma que la decisión ciudadana en plebiscito, no es normativa, pero a partir de ella se adoptarán las medidas constitucionales y legales necesarias. Hay que precisar, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, cual es el significado normativo de los acuerdos que se firmen y la función que para su implementación tendrán los órganos constituidos, en especial el Congreso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Ranquin Y academia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 24 de junio de 2016.

EL principal objetivo de la educación es la formación integral de los estudiantes. Esto significa, educar hombres para el desarrollo, en un país, en un tiempo y en unas condiciones socioeconómicas determinadas. Este mensaje se ha ido desdibujando. En ocasiones la academia ha dejado de ser un medio para la formación, para convertirse en un fin en sí misma. Lo más importante no parece ser el desarrollo académico y personal de los estudiantes, sino el ranquin que una institución ocupa en una escala de clasificación, según ciertos índices, la mayor parte de las veces, copiados de modelos internacionales.

Este fenómeno, presente en todas las ramas del saber, genera una particular discusión en los estudios del Derecho. Estos se debaten entre los aportes de los denominados científicos del conocimiento, normalmente doctorandos o doctores, con una gran epistemología en la concepción social, dogmática o filosófica del Derecho. Por otra parte, encontramos los llamados “técnicos” del Derecho. Dominan las teorías jurídicas, no con fundamento en esquemas teoréticos artificiales, sino con base en elementos teórico-prácticos que les permiten asumir posturas concretas en la interpretación y solución de problemas jurídicos. No debería haber separación entre estas dos vertientes.

La vivencia nacional e internacional demuestra que las “mesas” de abogados en los Estados Unidos y Europa requieren excelentes estudiantes para su formación práctica. Su idea no es reclutar doctores, en términos de investigación científica, sino abogados (licenciados) con formación teórico-práctica. Igual sucede en Colombia. Las oficinas de abogados, las empresas privadas y el sector público, no están clamando por doctores, sino por profesionales –especializados-, con una formación integral y un gran conocimiento de los instrumentos indispensables para su quehacer jurídico.

Este divorcio tiene otros efectos. La remuneración de un doctor o de un magister es solo un poco mayor, y por veces mucho menor, que la de un profesional especializado.

Los órganos judiciales, las facultades de Derecho y la sociedad en general, prefieren los grandes “maestros del hacer”. Hace algunos años me matriculé en un programa de doctorado en Europa. Mis compañeros eran “tercermundistas”. No había uno solo de Europa. Cuando indagué, se me respondió que ser doctor solo interesaba a unos cuantos “gomosos” que querían trabajar en las universidades, en investigaciones útiles “solo para sí mismos”. ¿Estaremos llegando a esa situación, empujados por el reto que plantea un ranquin?

En los estudios de Derecho, los estudiantes y padres de familia prefieren el docente que domina los fundamentos teóricos de la práctica, en lugar de aquellos que se dedican a una investigación científica, cuyo norte no es claro y cuya razón de ser se pierde en un piélago de incertidumbres y divagaciones.

Las facultades de Derecho deben trabajar sobre un modelo en el cual la investigación teórica se convierta en una fuente real del hacer jurídico. De nada sirve investigar por investigar, si perdemos de vista que, realmente, de lo que se trata, para una formación integral, es enseñar e investigar para avanzar en el ejercicio profesional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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