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Desde la Decanatura

Columna del Decano: 130 años de un gran salto institucional

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 20 de mayo de 2016.

Ahora que el país vive un período de incertidumbre sobre su futuro social, político y jurídico, es absolutamente necesario recordar que la historia constitucional de Colombia se caracteriza por superar con éxito ciertos momentos, considerados neurálgicos para el tejido comunitario y la modernización de las relaciones sociales.

Aunque solo en el mes de agosto se conmemoran los 130 años de la Carta de 1886, por los eventos que vivimos en la actualidad, es indispensable recordar aquel período, cuando una asamblea constituyente hegemónicamente conservadora respondió al llamado de una comunidad, que como respuesta al éxito obtenido por el movimiento de regeneración nacional, había declarado que la Constitución Federal de 1863 dejaba de existir.

El desorden social y la violencia creada por la debilidad en las estructuras del poder, obra de los constituyentes del 63, reclamaba una reacción firme para recuperar la unidad nacional y el concepto de autoridad, y ello fue lo que se plasmó en la Carta del 86.

Si bien toda reacción institucional, política y militar puede llevar a excesos, no puede olvidarse que el país buscaba salir de aquella especie de anarquía creada o abonada por el Texto Constitucional del 63, que convirtió cada uno de los 9 estados en que se dividió el territorio, en especie de repúblicas independientes. Esta situación política, más la debilidad institucional de la Presidencia de la República, con un escaso periodo de dos años y poderes absolutamente recortados y una Constitución que solo podía ser reformada con el voto unánime de los denominados estados soberanos de los Estados Unidos de Colombia, originó un gran movimiento político cuya finalidad principal era recobrar la unidad perdida, restaurar el orden y restablecer el concepto de autoridad.

Es cierto que la consagración de un periodo presidencial de seis años, con un congreso nacional intermitente y unos artículos transitorios que revistieron al presidente de poderes casi omnímodos, prácticamente aplazaron la implementación del nuevo orden democrático constitucional hasta la reforma de 1910. Pero no puede olvidarse que el desajuste existente en las relaciones entre los poderes centrales y el gobierno de los estados, el desbarajuste monetario, la crisis de gobernabilidad y el exceso de libertades, incluso para producir armas, estaban llevando la sociedad al borde de la destrucción, con expresiones violentas como las demostradas en el periodo de la guerra de los mil días, que en el fondo es consecuencia en el siglo XX de las guerras vividas durante el siglo XIX.

Con la Constitución de 1886 se instala un nuevo orden social, se esquematiza el trabajo de los partidos, se da estabilidad a las relaciones políticas, se hace el reconocimiento de la influencia natural de la Iglesia católica en los procesos sociales. El momento constitucional vivido en 1886 con el paso del sistema federal instaurado por la Constitución de Rionegro a la república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, debe ser tenido como un modelo, nuevo en su momento, pero necesario para restablecer el orden social.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Resistencia o desobediencia civiles

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de mayo de 2016.

Se plantea la posibilidad de acudir a un movimiento de resistencia civil o de desobediencia civil, como mecanismos democráticos orientados al desconocimiento de algunos puntos de los acuerdos que se vienen formalizando en La Habana, como la desmovilización incondicional de los guerrilleros, la posibilidad de que estos puedan ingresar de manera directa al Congreso, la impunidad frente a delitos atroces y de lesa humanidad, las inconsistencias en el tema de la reparación a las víctimas. Otros, además, proponen que se busque la revocatoria del mandato al Presidente de la República.

Se afirma que no se trata de un movimiento violento, sino del ejercicio de un poder democrático a través de marchas, foros, conferencias, comunicados y otros eventos, orientados a revertir y desconocer la labor de las autoridades legalmente constituidas, por considerar que en las conversaciones con la guerrilla, sus iniciativas y decisiones les ha hecho perder la legitimidad necesaria para continuar orientando los destinos del país.

Pero, ¿Qué se entiende por desobediencia civil? y ¿Qué significa resistencia civil? Desde el punto de vista político, resistencia civil es un concepto genérico, que puede incluir el uso de la fuerza y comprender el derecho a la rebelión y a la revolución. En general es una reacción contra la opresión de un gobernante ilegítimo o que ha asumido decisiones ilegítimas.

En cambio, la desobediencia civil se presenta cuando un grupo de personas asumen una conducta no violenta para poner de manifiesto y dejar de acatar una ley, por considerarla injusta. El desobediente civil no se involucra en hechos violentos. Se afirma que su origen se remonta a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, quien sostuvo que la ley humana debe ser prolongación de la ley natural y participar de la ley eterna, razón por la cual deja de ser legítima cuando va en contra de los valores supremos de la ley natural como primera regla de la razón. Si se parte del principio de que la obediencia es una virtud, existirá una justificación iusnaturalista para la desobediencia a la ley injusta.

Como puede observarse, no es exacto que el Tomismo reconozca el principio político a la desobediencia, sino la virtud máxima de la obediencia a la ley humana, cuando refleja la ley natural.

Lo expuesto enseña que una propuesta de resistencia o de desobediencia, es muy delicada, pues con iniciativas de esta naturaleza se corre el riesgo de autorizar el desconocimiento a toda decisión de autoridad. No puede olvidarse que la desobediencia o resistencia civiles se sujetan a naturales inestabilidades emocionales, con consecuencias históricas incalculables.

Bajo los anteriores planteamientos, estar en desacuerdo, no con el significado de la paz, sino con los mecanismos e instrumentos que se requieren para lograr una paz sin impunidad y con la debida reparación, es un debate que debe darse en los escenarios institucionales, como el Congreso. Utilizar otras vías, conlleva un mensaje de desarticulación institucional y desconocimiento de la legitimidad, con serio peligro para la existencia del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Demanda contra los acuerdos de la Habana

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 6 de mayo de 2016.

El exfiscal Eduardo Montealegre presentó a consideración de la Corte Constitucional una demanda contra los acuerdos de paz que se suscribirán entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

El análisis inicial del escrito y de los cargos formulados, permite plantear las siguientes reflexiones: Independiente de la manera como la Corte Constitucional puede modular sus decisiones, no puede olvidarse que en principio su competencia es taxativa. El artículo 241 Superior, textualmente confía a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, "en los estrictos y precisos términos" de ese artículo. Quiere decir, que la Corte solo puede conocer de los asuntos allí mencionados, entre los cuales no se encuentran los acuerdos que eventualmente el Gobierno Nacional suscriba con los grupos internos alzados en armas.

Además, a título de discusión, previamente habría que precisar la naturaleza de dichos acuerdos. No pueden tener el carácter de actos constitucionales, tampoco se trata de leyes, ya que en el Estado Unitario Social de Derecho, estos actos y las funciones de donde se derivan, se asignan al Constituyente primario y al Congreso. Quedaría por debatir si eventualmente se trata de actos políticos y administrativos, en cuyo evento su control podría corresponder al Consejo de Estado, órgano titular de una cláusula general de competencia, que le permite conocer de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos cuyo estudio no corresponda a la Corte Constitucional. (art. 237 N° 2 C.P).

Por otra parte, es menester tener en cuenta que el control de constitucionalidad, salvo en los casos expresamente señalados como control previo, debe recaer sobre normas que son derecho positivo y vigente, no sobre textos que puedan adquirir en el futuro un carácter normativo, por sí mismos o por decisión o incorporación por parte de otras instancias. Es de anotar, además, que la acción judicial, es de inconstitucionalidad, no de constitucionalidad. Es decir, la norma ya existente se demanda para que la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, decretándola o negándola, pero por principio, no se acude a la Corte para que ratifique el juicio de constitucionalidad que el demandante tiene sobre la norma impugnada.

Los acuerdos de La Habana, si es que se suscriben, no tienen por esencia un carácter normativo vinculante, cuando más, adquieren el estatus de un texto político, a partir del cual los órganos constitucionalmente competentes, deben desarrollar las disposiciones constitucionales y legales necesarias para su implementación. Un pronunciamiento previo de la Corte o incluso del Consejo de Estado, porque consideren, por ejemplo, que se trata de acuerdos especiales internacionales, podría significar una grave vulneración del orden jurídico y político, pues equivaldría a concederle a la guerrilla el carácter de órgano estatal, sujeto de tratados o convenios internacionales.
Como puede observarse, son muchos los argumentos que pueden exponerse para advertir que es menester tener cuidado con la atrevida tesis del Dr. Montealegre, tanto por sus implicaciones jurídicas, como por sus consecuencias en el campo político e institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: El juez y los medios

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 29 de abril de 2016.

Mucho se especula sobre el papel de los medios en la sociedad, su influencia como elemento de poder y su injerencia en la labor de los jueces. Normalmente se piensa que dicha intervención puede ser inconveniente; no obstante, hay elementos de análisis que es bueno recordar.

En política se diferencia entre los denominados factores formales de poder y los reales. Los primeros, hacen relación a las instituciones consagradas por la Constitución Política, es decir, los órganos que integran las ramas del poder público y demás agencias del Estado. Los factores reales son aquellos sectores de la sociedad que ejercen una importante influencia en la organización y funcionamiento del poder. Estos factores reales pueden ser lícitos o ilícitos. Los primeros, se integran por diferentes instancias que representan diversos intereses sociales: La Iglesia, las universidades, los gremios, los sindicatos, los medios, las ONG, entre otros. Los segundos, son aquellas fuerzas al margen de la ley, quienes con diferentes maniobras, todas ellas propias de la corrupción, tratan de obtener beneficios de las estructuras del poder.

En una sociedad homogénea y desarrollada, debe haber un sano equilibro entre los factores reales de poder y las estructuras formales de dirección, con el fin de evitar influencias indebidas que atenten contra los principios de igualdad y equidad que deben orientar las relaciones sociopolíticas.

Al evaluar los distintos factores reales, sin lugar a dudas, en la época actual los medios de comunicación cumplen un papel destacado, tanto por la posibilidad de penetración en los diferentes sectores de la sociedad, como por la agilidad, recursos y disponibilidad de acceso a distintas clases de fuentes.

Este fenómeno ha venido adquiriendo especial importancia, respecto la administración de justicia. Se ha vuelto común que las decisiones judiciales se vean permeadas por los esfuerzos y las prácticas de los medios. A medida que aumentan las debilidades del aparato judicial, mayor importancia adquieren los medios.

No es cierto, como afirman algunos, que exista una indebida injerencia de los medios en la justicia, lo que sucede es que por su propia dinámica, los medios vienen asumiendo un valor especial en el análisis de los grandes problemas nacionales. La tutela de Fidupetrol, la licencia a Hupecol en una zona cercana a Caño Cristales, los costos contractuales vinculados a la Refinería de Cartagena, son algunos de los temas que no hubiesen tenido una rápida evolución judicial, de no ser por las indagaciones adelantadas por los medios.

Se argumenta que las afirmaciones de los medios se dan en un contexto diferente a las verdades judiciales y por ello la prensa puede actuar con más soltura. En general los jueces son excelentes, pero la rapidez y proyección de la indagación periodística, superan las exigencias procedimentales propias de la investigación judicial y constituyen un claro ejemplo de que cuando los factores formales de poder no actúan adecuada y oportunamente, deben intervenir los factores reales en defensa de los intereses sociales y ese papel de sustitución es el que vienen cumpliendo adecuadamente los medios.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Fiscalía, política y derecho

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de abril de 2016.

En anterior entrega se resalta la indebida relación existente en Colombia entre respaldo político, derecho y democracia, debido a que las decisiones de Gobierno se suelen adoptar con base en factores de apoyo u oposición, sin consideración al respeto que se debe por las instituciones jurídicas y los principios democráticos de sana participación.

Lamentablemente, todo parece indicar que este tipo de conductas se están presentando en el proceso de escogencia del próximo Fiscal General de la Nación. El Presidente de la República formuló una convocatoria pública para escoger, con base en parámetros objetivos de selección, los candidatos con mejor formación en ciencias penales y afines y mayor independencia respecto las demás estructuras del poder.

Hay que decirlo. Finalmente todo parece indicar que se trató de un procedimiento inocuo, sin ningún efecto ni trascendencia y con visos de irrespeto hacia quienes, con justificadas expectativas, se presentaron, pues desde antes de la apertura del proceso de selección de la terna y con más veras en la actualidad, se presumía quiénes serían los candidatos que el Presidente de la República tendría en cuenta al momento de integrar la terna.

En estas circunstancias, vale la pena preguntarse, para qué se adelanta un proceso electoral, engorroso y demorado, por lo menos para los candidatos, si finalmente todo indica que la terna se conocía desde un principio. Podría pensarse que el procedimiento plural de escogencia se llevó a cabo por un especial respeto hacia el modelo democrático basado en méritos, al considerar que la decisión presidencial buscaba identificar a los más capaces para ejercer la alta investidura, con total respeto por la integridad del orden jurídico. Los más pesimistas, dirán que se trató de una burla para los demás candidatos y para el país.

Lo cierto es que desde la consagración constitucional de la Fiscalía y observando los acontecimientos de los últimos tiempos, no cabe duda que se presenta una marcada influencia de fuerzas políticas en su origen, así como en el de otros órganos superiores de la administración de justicia, con peligrosas consecuencias sobre su funcionamiento, a tal punto que en la actualidad el debate sobre los candidatos a Fiscal no se centra en las cualidades académicas de los profesionales que están en la terna, sino en su orientación político-partidista.

En los medios se hace énfasis en el apoyo político que pueda tener cada uno de los candidatos finales. Esto significa que en la práctica, el respaldo político prima sobre las capacidades jurídicas. Mientras así ocurra, no es posible pretender una justicia despolitizada, pues la lógica del compromiso político, hace que para el elegido sea muy difícil mantener autonomía en el ejercicio de las funciones y en la toma de decisiones.

Hoy lo más importante es preguntarse si la Corte Suprema podrá superar los efectos de ese acto inicial de naturaleza política, para elegir con fundamento en argumentos eminentemente jurídicos, a sabiendas que se trata de la dirección de un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Democracia, derecho, respaldo y oposición

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 15 de abril de 2016.

No se trata de un juego de palabras, sino de establecer la relación de orden que pueda haber entre ellas y sus efectos respecto la situación de la sociedad y de la organización política que corresponde a ese grupo o conglomerado humano.

En efecto, para la convivencia socio-política, no es lo mismo un orden de preferencia o de precedencia en un determinado sentido que en otro. Es diferente, dentro de un esquema de prioridades, describir una sociedad cuyas prácticas en temas sociales y políticos se desarrollan manejando los cuatro conceptos en un orden donde priman conductas de respaldo y oposición política, sobre la defensa del orden jurídico y la democracia. Otra situación se presenta cuando se está frente un grupo social en el que los conceptos de democracia y derecho, priman sobre simples comportamientos de oposición y respaldo.

En el primer caso, se otorga preponderancia al factor político de carácter electoral, dejando en un segundo plano la defensa del orden jurídico, con consecuencias negativas sobre el concepto político superior de democracia. En el segundo, prima la participación ciudadana como fundamento de la democracia, para dar lugar a un sistema en el que el respeto al orden jurídico ocupa un lugar prevalente, de manera que a partir de allí, se desarrollan comportamientos legales de respaldo y oposición.

La historia ha mostrado diferentes resultados, de acuerdo con el esquema de preponderancia que se maneje en las relaciones sociales, jurídicas y políticas. Basta retomar el recordado caso del presidente Nixon en los Estados Unidos, en este evento la preponderancia del respeto por el orden jurídico y los derechos ciudadanos, hizo que el asunto terminara con la decisión política del mandatario de renunciar a su investidura, lo que a su vez fortaleció el sistema democrático vigente.

Algo similar parece estar ocurriendo en el Brasil, donde el respeto por la Constitución y las instituciones jurídicas, ha hecho que los órganos competentes consideren separar del gobierno y juzgar a la Presidenta de la República, independiente del respaldo u oposición política que tenga.

Situación diferente parece presentarse en Venezuela; allí la conducta de exclusión diseñada por el régimen, ha permeado las instituciones judiciales, al punto que en fecha reciente, el máximo órgano de justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, mediante una decisión que puede poner en peligro el respeto por el orden jurídico y el modelo democrático.

Planteamientos similares pueden formularse respecto casos recientes en el Perú, en Guatemala, en Panamá y otros países latinoamericanos.

Habría que reflexionar sobre el orden de prioridades que impera en Colombia. Los casos de responsabilidad jurídica en los cuales han estado involucrados altos servidores de las distintas esferas del poder, y las reacciones que se presentan respecto determinadas decisiones judiciales, llevan a pensar en una marcada tendencia por interpretar las conductas con base en sentimientos de apoyo u oposición, originando serias inquietudes respecto el futuro del sistema democrático y el respeto al ordenamiento jurídico que le sirve de base.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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