Domingo, Jun 25th

Actualizado09:00:00 AM

Desde la Decanatura

Columna del Decano: Democracia, derecho, respaldo y oposición

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 15 de abril de 2016.

No se trata de un juego de palabras, sino de establecer la relación de orden que pueda haber entre ellas y sus efectos respecto la situación de la sociedad y de la organización política que corresponde a ese grupo o conglomerado humano.

En efecto, para la convivencia socio-política, no es lo mismo un orden de preferencia o de precedencia en un determinado sentido que en otro. Es diferente, dentro de un esquema de prioridades, describir una sociedad cuyas prácticas en temas sociales y políticos se desarrollan manejando los cuatro conceptos en un orden donde priman conductas de respaldo y oposición política, sobre la defensa del orden jurídico y la democracia. Otra situación se presenta cuando se está frente un grupo social en el que los conceptos de democracia y derecho, priman sobre simples comportamientos de oposición y respaldo.

En el primer caso, se otorga preponderancia al factor político de carácter electoral, dejando en un segundo plano la defensa del orden jurídico, con consecuencias negativas sobre el concepto político superior de democracia. En el segundo, prima la participación ciudadana como fundamento de la democracia, para dar lugar a un sistema en el que el respeto al orden jurídico ocupa un lugar prevalente, de manera que a partir de allí, se desarrollan comportamientos legales de respaldo y oposición.

La historia ha mostrado diferentes resultados, de acuerdo con el esquema de preponderancia que se maneje en las relaciones sociales, jurídicas y políticas. Basta retomar el recordado caso del presidente Nixon en los Estados Unidos, en este evento la preponderancia del respeto por el orden jurídico y los derechos ciudadanos, hizo que el asunto terminara con la decisión política del mandatario de renunciar a su investidura, lo que a su vez fortaleció el sistema democrático vigente.

Algo similar parece estar ocurriendo en el Brasil, donde el respeto por la Constitución y las instituciones jurídicas, ha hecho que los órganos competentes consideren separar del gobierno y juzgar a la Presidenta de la República, independiente del respaldo u oposición política que tenga.

Situación diferente parece presentarse en Venezuela; allí la conducta de exclusión diseñada por el régimen, ha permeado las instituciones judiciales, al punto que en fecha reciente, el máximo órgano de justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, mediante una decisión que puede poner en peligro el respeto por el orden jurídico y el modelo democrático.

Planteamientos similares pueden formularse respecto casos recientes en el Perú, en Guatemala, en Panamá y otros países latinoamericanos.

Habría que reflexionar sobre el orden de prioridades que impera en Colombia. Los casos de responsabilidad jurídica en los cuales han estado involucrados altos servidores de las distintas esferas del poder, y las reacciones que se presentan respecto determinadas decisiones judiciales, llevan a pensar en una marcada tendencia por interpretar las conductas con base en sentimientos de apoyo u oposición, originando serias inquietudes respecto el futuro del sistema democrático y el respeto al ordenamiento jurídico que le sirve de base.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Nuevo código nacional de policía

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 1 de abril de 2016.

El derecho de policía se integra por el conjunto de normas orientadas a defender y mantener el buen orden, entendido como el conjunto de reglas que permiten desarrollar los valores de la seguridad, la salubridad, la tranquilidad y la moralidad sociales. Se trata de cuatro principios de la convivencia, que han de permanecer como elementos guías de la nueva legislación.

Ahora bien, las normas que protegen estos valores, tan queridos y necesarios para la convivencia social, provienen del Decreto Ley 1355 de 1970, que con algunas modificaciones adjetivas y procedimentales se mantiene vigente, no obstante haberse consagrado un nuevo orden constitucional y haber transcurrido más de cuarenta años, con los consiguientes cambios en el comportamiento social.

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, el poder de policía, es decir, la facultad para expedir normas generales de policía reside inicialmente en el Congreso, residualmente en las asambleas y excepcionalmente en los concejos. Aunque las asambleas han actualizado sus regulaciones mediante la expedición de Nuevos Códigos de Convivencia Ciudadana, no ha sucedido lo mismo a nivel nacional, por lo cual es necesario que la ley se actualice, no solo para ponerse a tono con la actual Carta, sino para estar acorde con los nuevos esquemas de convivencia social. Es necesario regular libertades y conductas que al amparo de la vieja normatividad no fue posible reglamentar.

Es que el Código de Policía, como conjunto normativo de carácter preventivo, debe responder de manera principal a los postulados de convivencia de cada época. No se trata simplemente de establecer nuevas contravenciones o de incrementar las sanciones por infracciones de policía. Como bien lo señaló este mismo diario en su edición del pasado martes 7 de octubre, un moderno Código Nacional de Policía debe constituirse en un gran instrumento de cultura para la convivencia ciudadana y contener regulaciones sobre temas como los habitantes de la calle, la venta y el consumo de alcohol, el comercio de materias peligrosas, el comportamiento respecto a los medios masivos de transporte y en los barrios y urbanizaciones, el transporte de animales, el manejo del internet, el cuidado de mascotas, el trato a mujeres y menores.

Debe recordarse que si bien el derecho de policía hace parte del esquema general del denominado derecho punitivo, lo mismo que el derecho penal, el derecho disciplinario y el derecho administrativo sancionatorio, las normas de policía no tienen un significado represivo sino preventivo y las infracciones se califican, no en consideración al sentido subjetivo de la conducta sino por el resultado objetivo del comportamiento. Por ello el nuevo Código también debe preocuparse por dignificar la labor de quienes ejercen la función de policía, especialmente a nivel local, como los inspectores, los comandantes y demás personal, tanto civil como uniformado: Policía cívica, de turismo, ambiental, aduanera, portuaria, de bosques, etc., cuyo deber principal consiste en velar por el cumplimiento de las reglas de convivencia consagradas en los códigos Nacional y Territoriales de Policía.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Defensa de la Constitución (2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 1 de abril de 2016.

Por solicitud de la Corte Constitucional, la Facultad de Derecho de la U.P.B. presentó un concepto técnico para el estudio de constitucionalidad de la ley por medio de la cual se convoca el denominado plebiscito para la paz. En general los argumentos a partir de los cuales se solicita la declaración de inconstitucionalidad, se sintetizan de la siguiente manera:

La ley dispone que el Gobierno podrá someter a consideración de la ciudadanía, el acuerdo final que se suscriba con las Farc. Aunque la Constitución prevé esta posibilidad, la Corte ha dicho que no se puede adelantar por cualquier medio, sino a través de “mecanismos de refrendación, que logren activar de manera efectiva los canales de deliberación democrática y participación de la ciudadanía”.

En este sentido, el plebiscito no es el mecanismo conducente, puesto que la paz es un valor que se expresa en la Constitución como una razón de ser del Estado (preámbulo y artículo 2) y un mandato perentorio para este y para los individuos (artículo 22), razón por la cual no puede estar supeditada al carácter vinculante de una votación minoritaria, como luego se explicará.

Si se entiende la paz, no como un mandato perentorio, sino como un mandato de optimización, habría que emplear un juicio de proporcionalidad, ponderando la consecución de la paz respecto el modelo democrático que rige nuestro Estado.

En este caso, es posible afirmar que “existe una relación de precedencia condicionada a favor de la paz sobre la democracia”, que hace que el plebiscito no sea un mecanismo necesario, ni pertinente, ni proporcional para refrendarla, por falta de idoneidad (La Constitución no permite decisión alguna que pueda afectar la consecución de la paz), falta de necesidad (el presidente se encuentra habilitado para suscribir y hacer cumplir lo acordado con la insurgencia), desproporcionalidad (comparando paz y democracia, es posible concluir que la medida del plebiscito resulta desproporcional), porque el grado de afectación del derecho a la paz es mucho mayor si se realiza el plebiscito, que el grado de afectación de la democracia, si aquel no se realiza. Mientras formalmente la democracia es una realidad, la paz es un anhelo no satisfecho en nuestra comunidad.

Además, si el Plebiscito es una especie de consulta a nivel Nacional, el artículo 104 de la Constitución establece que para su convocatoria debe obtenerse concepto previo y favorable del Senado. La ley es abiertamente inconstitucional, al disponer que si dentro del mes siguiente a la fecha en que el presidente de la república informe su decisión de realizar el plebiscito por la paz, ninguna de las dos Cámaras ha manifestado su rechazo, aquel podrá convocarlo.

También se exige, para la aprobación del plebiscito, un número de votos favorables superior al 13 % del censo electoral vigente. Aunque el legislador se encuentra legitimado para reglamentar lo concerniente a los mecanismos de participación ciudadana, se considera que un umbral tan bajo, viola los principios democráticos del Estado Social de Derecho.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Defensa de la Constitución

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 18 de marzo de 2016.

A solicitud de la Corte Constitucional, la Facultad de Derecho de la U.P.B. ha presentado algunas observaciones técnicas al proyecto de ley estatutaria que convoca al denominado plebiscito por la paz. No se trata de formular falsos sofismas constitucionales, como en algún momento lo afirmó un alto funcionario del Gobierno, ni de torpedear un proceso que es esperanza para el país. Se trata de ser firmes en la defensa de la Constitución Política.

Si en nuestra calidad de académicos no asumimos el deber y el valor de defender el orden institucional, no habrá esperanza futura, pues careceremos de autoridad moral para continuar formando juventudes en el campo del derecho, en nuestro empeño por construir una sociedad en la que el respeto por la normatividad se convierta en un postulado de vida para los asociados. Si así no obramos, seguiremos sumidos en la oscuridad de una sociedad que se enorgullece, ahí sí, falsamente, por no acatar los mandamientos legales, por estimular el desorden y por aplicar, también con un falso orgullo, aquel dicho que reza: "hecha la norma, hecha la trampa".

Pero el deber de acatamiento es mayor para los servidores públicos. Hay que recordar que el Estado de derecho se construye sobre el principio del sometimiento de particulares y servidores públicos al imperio de la ley, teniendo en cuenta que según el artículo 6° de la Constitución Política, el particular puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, mientras que el funcionario solo puede hacer lo que le esté permitido, asumiendo plena responsabilidad por excesos o defectos en su conducta. Además, no puede olvidarse que la democracia occidental, basada en el respeto a la ley, se fundamenta en la defensa de los valores inherentes al hombre y el respeto a sus derechos, enunciados necesarios para lograr el desarrollo integral de la persona.

Así las cosas, es deber de la academia y específicamente de las escuelas de derecho, llamar la atención y elevar su voz de alerta, cuando por acción u omisión, por extralimitación o negligencia, los servidores públicos, en ejercicio de supuestas competencias, se apartan de los fines que debe perseguir el Estado, de acuerdo con las reglas que señalan los artículos 2, 6, 122, 123 y demás disposiciones concordantes en el ordenamiento jurídico. Cuando ello ocurre, por ínfimo que sea el asunto, la sociedad se resiente y debe reaccionar, no en forma violenta, pero sí a través de sus diferentes sectores civiles, como el académico, y expresar su inconformidad, como expresión de su preocupación por mantener la convivencia social.

En este orden de ideas, toda decisión pública debe garantizar plenamente el respeto por las normas constitucionales, y si se aparta de los postulados de la Constitución Política, debe ser objeto de censura, independiente de las razones políticas o de conveniencia que la impulsaron.

Si se adoptan decisiones por fuera del orden institucional, la autoridad pierde legitimidad y la sociedad se sentirá autorizada para actuar por fuera del orden establecido.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: trimestralizar la universidad

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 4 de marzo de 2016.

Algunos medios académicos vienen planteando la posibilidad de establecer períodos trimestrales para el desarrollo de los programas de pregrado en las universidades. Se trata de discutir un tema que ha sufrido una amplia evolución a través de los últimos años. Durante el siglo veinte la mayor parte de los programas se desarrollaron por períodos anuales. Se consideró que la continuidad y amplitud del tiempo, permitía un mejor acceso a la información y por consiguiente, mayores posibilidades en el aprendizaje.

La evolución en las metodologías, además de los compromisos en costos, llevaron poco a poco a las universidades a optar por el modelo de la semestralización. Incluso desde el punto de vista de conveniencia para el alumno, es “mejor” reprobar una materia o un periodo semestral, que anual.

Actualmente los sistemas de enseñanza virtual, la creciente flexibilidad académica y la necesidad de democratizar el acceso y permanencia en la universidad, parecen recomendar la implementación de periodos trimestrales, como ocurre en prestigiosas universidades como la Oxford University o el California Institute of Technology, que ocupan los puestos 4° y 5° en el ranquin Q.S.

Por fuera de los argumentos que puedan esgrimirse en favor o en contra de las distintas formas de medida de los periodos académicos, lo importante es tener claridad sobre cuál es la mejor propuesta en términos de calidad académica.

Para una adecuada respuesta, hay que partir del actual sistema de medida de la educación. Según el Ministerio de Educación, un crédito (unidad de medida académica) equivale a 48 horas de trabajo semestre. Normalmente en un semestre académico de 16 semanas, es decir, 80 días hábiles (sin contar fines de semana) o 1.920 horas, un alumno toma cursos en promedio por 18 créditos, para un total de 864 horas de trabajo semestre, que equivalen a 10,8 horas de trabajo académico por día. Si en general cada estudiante asume entre 7 y 8 cursos por semestre, ello significa que solo puede dedicar algo más de 1 hora de trabajo/día por curso, lo que en términos reales hace que sea imposible aplicar el principio según el cual un crédito día equivale a una hora presencial por dos horas fuera de clase.

En síntesis, la anualidad, y con más veras la semestralización, implican una ocupación exagerada, una saturación en el número de materias, poca flexibilidad y movilidad, y fundamentalmente afecta el nivel académico, al encontrar el estudiante que las 10 horas/día de trabajo, las debe repartir entre un promedio de 7 u 8 cursos.

La programación por trimestres reduce el número de cursos simultáneos a 3 o 4, de manera que el estudiante puede, durante las 10 semanas que comprende cada trimestre, concentrarse con mayor espacio de tiempo en las actividades propias de cada curso, incluyendo la labor de investigación para innovación y aplicación, pues en la práctica, el trabajo día por curso, así como la flexibilidad, la movilidad y el acceso, se duplican. La discusión queda abierta y corresponde a la comunidad académica pronunciarse al respecto.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: plebiscito o respaldo político

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 26 de febrero de 2016.

En entregas anteriores hemos argumentado que de acuerdo con los principios y postulados de la Constitución, la paz no se vota, por tratarse de un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento al que no es posible responder negativamente, porque quien así lo hace incurre en una grave violación jurídica y ética del orden constitucional.

Pero hay un problema mayor. Es cierto que la Constitución Política, con el fin de impulsar el modelo de democracia participativa, consagra en el artículo 103 aquellas instituciones que en el derecho comparado hacen realidad formal este sistema: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Las leyes encargadas de su reglamentación, procuran establecer elementos que posibiliten la identificación y diferenciación de cada una de ellas.

Sin embargo, las regulaciones legales no impiden que histórica y doctrinariamente siempre se haya experimentado una especie de desviación conceptual entre el significado teórico de estas instituciones y el sentido práctico de las mismas. En efecto, aunque no cabe duda que el referendo busca acudir al electorado para obtener la aprobación o rechazo de un texto constitucional o legal, y el plebiscito permite a las autoridades dirigirse al cuerpo primario para que se pronuncie favorable o desfavorablemente sobre una idea o proyecto político, en la práctica ambos instrumentos se han utilizado para medir el apoyo político al gobernante de turno.

Pues bien, como ya se ha dicho, independiente de que no es técnico utilizar el referendo o el plebiscito para referirse a la paz, lo curioso es que en ambos casos el pronunciamiento popular termina siendo una especie de encuesta política en favor o en contra de quien convoca, es decir, el Presidente de la República. No puede olvidarse, por ejemplo, que en Francia, el general De Gaulle optó por ignorar la Asamblea Nacional y someter al electorado en referendo, sus principales proyectos de reforma, convirtiendo el sentido del voto en una especie de encuesta política en favor o en contra del gobierno y de su persona.

Es un riesgo que siempre se corre cuando se acude a los mecanismos de consulta ciudadana, dentro del esquema de la democracia participativa. En igual forma, el referendo de 1986 en España, sobre la entrada de ese país a la Comunidad Europea, también se transformó en una encuesta en favor o en contra del gobierno.

Es lo que va a ocurrir en Colombia con el proyectado plebiscito por la paz. En última instancia, como la paz no se vota sino que es un valor inherente a la persona, la votación se convertirá en una expresión de respaldo u objeción a la forma y fondo del proceso que el Gobierno adelanta con la guerrilla, incluso a la gestión total del Presidente Santos como Jefe de Estado, lo que hace presagiar que habrá un amplio voto favorable de sus partidarios, y desfavorable, por parte de sus contradictores. Es decir, se desviarán los objetivos del plebiscito.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Radio Bolivariana

Imagen Radio Bolivariana NUEVA

Portal Laboral UPB

bg-banner.jpgInscribir tú Hoja de Vida - HV en el portal de Oportunidades Laborales de la Institución es un paso importante en tú futuro profesional.

UPB

logoUPBvertical
Medellín

IPv6

2012 bnnr ipv6 renata programa 1

Con apoyo de RENATA, UPB de Medellín implementó IPv6. Más información.

Siguenos

 

FaceBook-icon Twitter-icon
wikipedia-logo Youtube-icon
rssicon