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Desde la Decanatura

Columna del Decano: Un ejemplo en calidad académica

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 16 de enero de 2015.

Presento disculpas a los lectores por referirme a un asunto particular, pero que responde a los nuevos retos que plantea el Gobierno Nacional, al otorgar 10.000 becas a estudiantes de escasos recursos, para estudiar en universidades acreditadas en altos niveles de calidad académica. Para que este programa sea exitoso, es necesario un modelo de educación que integre la investigación científica, la interpretación racional y la formación en valores. Que considere el ser del estudiante, no solo en su futuro profesional, sino como ciudadano para la convivencia en un mundo en constante evolución. Este propósito hace parte de la misión de la Universidad Pontificia Bolivariana, por su compromiso en formación, investigación e innovación.

Dentro de este esquema, es menester destacar los antecedentes que respaldan la labor que ha de adelantar la Facultad de Derecho, a cuyas aulas ingresarán alrededor de medio centenar de becados. Sin sobresaltos doctrinarios, pero con un gran respeto por el debate y la renovación académica, la Facultad ha venido dando muestras del significado que en términos de calidad tiene conjugar la tradición con la innovación, el orden con el desarrollo, la estabilidad con la dinámica, lo social con lo normativo, el respeto con la tolerancia. Como sucede en cualquier grupo pensante, ha habido momentos de inquietud, pero los mismos han servido para reafirmar su misión en la formación de futuros abogados para el país.

El impulso de la innovación y la investigación, dentro de un clima de respeto por los principios y valores, ha arrojado magníficos resultados en materia de excelencia académica, como lo muestran las pruebas de Estado. En el año 2002 surgen las Pruebas Ecaes que buscan medir los niveles de calidad académica, en estudiantes y en Universidades. Aunque en las 10 versiones realizadas los estudiantes de derecho de la UPB tuvieron importante participación, lo más destacable es que en cuatro de ellas, la Facultad obtuvo el primer puesto a nivel nacional: 2002, 2004, 2008 y 2013.

A partir del 2011 se cambió el sistema Ecaes por las pruebas denominadas Saber Pro, con importantes modificaciones en los criterios de evaluación, pues se suprimió el reconocimiento público de los 10 mejores puntajes a nivel nacional, para hacer una especie de calificación de competencias por rangos llamados quintiles, teniendo como mayor, el denominado quintil V. Se destaca que en este máximo rango han quedado ubicados varios estudiantes egresados de la Facultad de Derecho de la UPB (10 en el 2011, 11 en el 2012 y 11 en el 2013). Además, hay que anotar que en los últimos resultados, la estudiante Amalia Escobar Restrepo fue distinguida por el Ministerio de Educación Nacional por obtener el mejor puntaje a nivel nacional en los exámenes de Estado de calidad para la educación superior para egresados de facultades de Derecho.

Con esta carta de presentación, el país puede estar tranquilo respecto a la calidad académica de la formación que recibirán los estudiantes beneficiarios de becas públicas que ingresen a facultades como Derecho de la UPB.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: La ciencia para colciencias

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 16 de octubre de 2015.

189 programas de doctorado concursaron en la denominada "convocatoria 727", abierta por Colciencias para otorgar becas, con el fin de financiar investigadores colombianos y extranjeros, a través de programas de alto nivel ofrecidos por universidades públicas o privadas en Colombia, y soportados en grupos de investigación clasificados por Colciencias en categorías A1, A y B. De acuerdo con la evaluación realizada por 23 académicos internacionales, solo 40 programas correspondientes a áreas como matemáticas, química, ingenierías, ciencias biomédicas y ciencias biológicas, pasaron la evaluación preliminar. Ningún doctorado relacionado con ciencias humanas logró obtener los mínimos de evaluación exigidos.

Los resultados obtenidos permiten formular los siguientes interrogantes: (i) ¿Existe un desfase entre los parámetros de evaluación utilizados por Colciencias y la orientación de las universidades, en especial en materia de investigación social? (ii) ¿Es deficiente la calidad académica y los procesos de investigación en los programas de doctorado correspondientes a las áreas de humanidades? (iii) ¿No hay claridad sobre el rumbo que en el modelo de educación superior en Colombia se está dando a los programas de posgrado, en particular los de maestría en investigación y los de doctorado? (iv) ¿Será que desde el punto de vista político no existe el suficiente reconocimiento al trabajo científico en temas relacionados con las humanidades? (v) ¿Podría pensarse que el resultado de la convocatoria, en la que no clasificó ningún doctorado en humanidades, se debe a que en términos políticos el país y su modelo educativo se ha inscrito en un sistema dominado por la globalización de las sociedades de mercado, que solo considera de carácter científico, aquellas disciplinas con resultados tangibles y cuantificables en términos de producción? (vi)¿El pensamiento filosófico y social, absolutamente necesarios para la reflexión científica, aún en ciencias duras y exactas, se mira como un mero insumo dentro del proceso científico y no como un fin en sí mismo?

Independiente de las respuestas propias a cada interrogante formulado, lo cierto es que cuando se analizan los factores de evaluación, se observa que en general los programas presentan deficiencias en los sistemas de proyección internacional, en los niveles de innovación, no solo técnica sino de pensamiento, en los aportes al desarrollo societario y fundamentalmente en términos del uso del lenguaje y de los sistemas de comunicación. Esto significa que es necesario, desde el punto de vista político, sociológico y de la propia ciencia, que entre todos los actores involucrados en la investigación científica, Estado, universidades e investigadores, se adelante un esfuerzo de autocrítica y autoevaluación, con el fin de lograr que nuestro aparato de educación en lugar de mostrar una permanente preocupación por el cumplimiento de requisitos formales, se oriente hacia la presentación de productos de carácter científico.

Los resultados de la convocatoria 727, en lugar de merecer descalificadoras afirmaciones por parte de miembros de la comunidad académica, tildándola de querer desconocer el valor científico de las humanidades, obliga a una profunda revisión de los modelos de investigación que el Estado y las universidades están desarrollando.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: Propuesta para el juzgamiento de aforados

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2014

(1)

Esta primera parte se ocupará de describir las principales iniciativas presentadas, a partir de tres aspectos: origen, composición y competencias del denominado Tribunal de Aforados.

En su propuesta original, el Gobierno concibe el Tribunal de Aforados como un órgano encargado de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación. El Tribunal tendrá competencia para acusar y juzgar a los aforados, por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Estará integrado por 7 miembros elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de 8 años, sus calidades serán las mismas exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial. Sus integrantes serán investigados por la Cámara por causas disciplinarias, fiscales y penales, y si es del caso, acusados ante el Senado. De acuerdo con el proyecto, la organización y funcionamiento del Tribunal debe garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con todas las garantías procesales, incluida la segunda instancia.

Otra iniciativa, sustentada por el senador Roy Barreras, propone que las cinco mejores facultades de Derecho de Colombia, de acuerdo con los resultados del examen de Estado, elijan cinco magistrados independientes, autónomos y calificados, quienes investigarán y presentarán acusación, cuando haya lugar, a la plenaria de la Cámara, para que esta, a través de voto secreto, determine si la acepta o rechaza. Si la decisión es afirmativa, la acusación irá al Senado para el respectivo juicio político. El Senado, también en voto secreto, decidirá el retiro del cargo o la declaración de indignidad. Si la acusación se refiere a un delito y la decisión de la Cámara es afirmativa, el asunto irá a la Corte Suprema de Justicia, que mantendría su calidad de órgano de cierre.

La iniciativa de la senadora Claudia López considera un Tribunal de 9 miembros, elegidos: 6 por el Senado, de 3 ternas enviadas por el Presidente y 3 ternas enviadas por la Cámara. Estos 6 elegirán otros 3, en la forma que señale la ley. El periodo sería de 8 años, sin posibilidad de reelección. Investigará y juzgará a los funcionarios aforados, por conductas de las que se deriven responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. Cuando el Tribunal encuentre méritos, el Senado de la República debe autorizarlo para continuar con la etapa de juzgamiento. En este proyecto el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara contra los miembros del Tribunal de Aforados. Estos deben tener las mismas calidades que se requieren para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quien haya sido miembro del Tribunal no podrá ser Contralor, Procurador, Fiscal ni magistrado de Alta Corte ni aspirar a cargo de elección popular cuando termine su periodo.

(2)

Con fines pedagógicos, en nuestra anterior entrega describimos las iniciativas presentadas por el Gobierno y algunos congresistas, sobre el órgano competente para juzgar a altos dignatarios del Estado, haciendo una sucinta descripción del mismo, a partir de tres aspectos fundamentales: su origen, las calidades personales y profesionales de sus integrantes y las competencias que deben ser asumidas por aquel.

Bajo estos mismos parámetros, es necesario formular algunas observaciones y propuestas, para que en realidad la iniciativa contribuya al restablecimiento del equilibrio de poderes.

Precisamente, para garantizar un alto nivel de igualdad entre los poderes públicos involucrados en la institución, es necesario que el Tribunal tenga un origen independiente, con el fin de garantizar un trabajo autónomo. Por ejemplo, no es conveniente que en su integración intervengan el Congreso, el Gobierno o las Altas Cortes, ya que los jueces no deben ser designados por quienes pueden ser sujetos de su competencia. Ello generaría un inevitable conflicto de intereses. No debe olvidarse que el Consejo de Estado conoce los procesos sobre pérdida de investidura de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia juzga sus ilícitos penales y la Procuraduría General de la Nación, sus faltas disciplinarias, por lo que sería absurdo que estos órganos intervinieran en la designación de sus posibles futuros jueces. Desde este punto, es mejor que el Tribunal surja directamente de la academia o a través de un sistema de concurso.

En cuanto a las condiciones para ser miembro del mismo, no es de recibo que sus integrantes tengan las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación los pondría en igualdad de condiciones y simplemente los presentaría como una Corte más. Consideramos que debe tratarse de juristas del más alto reconocimiento en el campo del derecho. Sería preferible que para ser miembro del Tribunal se exigiera una edad no inferior a 55 o 60 años y se tratara de personas de altísimo nivel: expresidentes de Altas Cortes, antiguos o actuales decanos, catedráticos o abogados de reconocida trayectoria profesional y social. Personas que definitivamente por su edad y calidades tomen su función como un último y máximo compromiso, sin que puedan aspirar a ocupar ninguna otra investidura o cargo.

En cuanto a las competencias, el Tribunal debería tener la facultad para investigar y juzgar en caso de faltas penales, disciplinarias y fiscales, a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al procurador general de la nación, al contralor general de la república, al defensor del pueblo y al fiscal general de la nación. Si además el hecho amerita un proceso político, formularía acusación ante el Senado para el respectivo juicio político. Al interior el Tribunal, de acuerdo con la ley, se debe organizar su trabajo para garantizar la doble instancia, por ejemplo, que algunos de sus miembros investiguen y acusen y que la resolución de acusación tenga apelación ante los otros miembros

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: La otra reforma política (2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 24 de octubre de 2014

Decíamos en nuestra anterior entrega que la coherencia política, basada en los principios éticos de verdad y servicio, constituye el núcleo central de la democracia, el sustento de las instituciones y la razón de ser de los partidos políticos. Sin una unidad de criterio respecto a los asuntos que interesan a la ciudadanía, esta pierde la confianza en las instituciones y en la actividad de quienes como dirigentes orientan los destinos del Estado en sus distintos niveles.

Asimismo, afirmamos que la discusión de proyectos de reforma institucional, constituía un escenario propicio para medir esa unidad de pensamiento, que solo es posible cuando la clase dirigente actúa dentro del marco de partidos políticos con sólidas bases conceptuales y estructurales. Se dijo, por ejemplo, que no existe coherencia política en un partido que apoya la idea del voto obligatorio y al mismo tiempo patrocina la ausencia parlamentaria, o favorece la creación de un tribunal de aforados para investigar y juzgar altos servidores públicos y a la vez sostiene la necesidad de excluir algunos de ellos, sin una clara explicación para tales exclusiones. En fin, una serie de circunstancias y casos que demuestran la falta de unidad de criterio y de pensamiento frente a posturas políticas relacionadas con la dirección y manejo de la comunidad.

Lamentablemente, para mal de nuestra democracia, no cesan estos comportamientos contradictorios e inconsistentes. El pasado miércoles se aprobó en primer debate el proyecto de reforma constitucional por medio del cual se promueve la reelección de gobernadores y alcaldes. Se trata de un proyecto de Acto Legislativo presentado, promovido y sustentado por el Gobierno. Es decir, por la bancada de la Unidad Nacional, con el Ministro del Interior a la cabeza. Esto significa que quienes promovieron el proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado por el Senado, en virtud del cual se aprobó la supresión de la reelección presidencial, son los mismos actores políticos que ahora promueven y aprueban la reelección de mandatarios locales. En términos de coherencia política, no se entiende semejante contradicción. Los argumentos por los cuales se suprime la reelección presidencial, son similares a aquellos que deben exponerse para impedir que se apruebe la reelección territorial, incluso algunos pueden tener mayor incidencia en las elecciones locales. Por ejemplo, la supuesta utilización de recursos públicos en las campañas reeleccionistas, el ofrecimiento de beneficios u otra clase de promesas para garantizar la permanencia en el poder, poner la administración respectiva al servicio de un proceso electoral orientado a la reelección del gobernante de turno. Se trata de una serie de argumentos, que con mayor o menor sustentación fáctica, sirvieron para defender la necesidad de suprimir toda posibilidad de reelección presidencial y que son absolutamente válidos al momento de cuestionarse la reelección de mandatarios locales.

Así las cosas, al país hay que explicarle con mucha claridad las razones por las cuales quienes aprobaron la supresión de la reelección presidencial, ahora son los promotores principales de la reelección de gobernadores y alcaldes.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: La otra reforma política

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 26 de septiembre de 2014

La lectura del texto del decreto 1647 del 2 de septiembre de 2014 permite concluir que a través de ese acto administrativo el Gobierno está transformando nuestro sistema hacia una especie de modelo parlamentario.

El país ha iniciado un intenso debate en torno a la denominada reforma política que busca restablecer el equilibrio de poderes. Al respecto es menester anotar lo siguiente. No es exacto pensar que una reforma política consiste en suprimir la reelección para cargos de elección ciudadana, crear un ambiguo tribunal para aforados, restablecer la cooptación para la elección de magistrados en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por una gerencia judicial, así como quitarles a las Cortes la posibilidad de intervenir en la elección de altos dignatarios del Estado como procurador, contralor, fiscal o auditor.

Los temas que actualmente se debaten son simples propuestas encaminadas de alguna manera a concentrar aún más el poder que tiene el presidente de la República, dentro de un sistema presidencialista que hace mucho tiempo funciona con visos de exagerado presidencialismo. Pensar que esos tibios acuerdos burocráticos constituyen una reforma política, significa desconocer el verdadero sentido de lo que supone una reforma de este tipo.

Toda reforma política debe interesar los elementos estructurales del poder, no sus simples manifestaciones formales y burocráticas. Una verdadera reforma debe replantear la efectividad de los sistemas de participación ciudadana, los mecanismos de responsabilidad del servidor público, los factores teleológicos que guían el quehacer público y por último la estructura y funcionamiento de los órganos, agencias y oficinas en donde se expresan las distintas manifestaciones de poder.

Lo curioso es que mientras el Congreso, los partidos y el país se ocupan de discutir la denominada reforma para restablecer el equilibrio de poderes, el Gobierno de manera silenciosa, sin acudir a mayores discusiones, emprende una profunda modificación de las formas de acción y actuación en algunas instancias del Estado, en especial la Vicepresidencia de la República. Se trata, como se dijo en días pasados, de la implementación de hecho y en forma irregular de una especie de sistema parlamentario, en el que el presidente continúa actuando como jefe de Estado, mientras que el vicepresidente asume las responsabilidades políticas y administrativas propias de un primer ministro.

Al asumir el vicepresidente la coordinación interinstitucional e intersectorial para proyectos de vivienda, infraestructura, renovación urbana, desarrollo espacial y planes de atención especial en ciertas regiones, surgen importantes preguntas en materia de institucionalización política. Por ejemplo: ¿Cuál es la situación de los ministros del ramo? ¿Realmente, como en el sistema parlamentario, rinden cuentas al "primer ministro" y con este hacen gabinete? ¿Ya no será el presidente quien coordine su labor, sino el vicepresidente en su calidad de "primer ministro"? ¿Puede el Congreso aprobar una moción de censura contra el vicepresidente? ¿Puede el vicepresidente ser citado como si fuera un ministro? ¿Quién asume la responsabilidad política? ¿Es constitucional este cambio de esquema?.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Mensaje a los Egresados de Derecho y Ciencias Políticas

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Apreciados egresados:

En este mes de septiembre celebramos con júbilo como Universidad y Facultad nuestros 78 años de existencia. Desde 1936 poco más de tres mil estudiantes como ustedes han egresado de nuestras acogedoras aulas.

Aprovechando esta ocasión, y próximo a cumplir un año en la presente Decanatura, quisiera hacerles extensivo a todos ustedes un saludo muy especial, recordándoles que ésta es y será siempre su Facultad de Derecho, su casa, puesto que es una “Facultad para toda la vida”.

En este corto período como Decano hemos avanzado con el apoyo de todos los estamentos. Vale la pena rescatar, sólo a título de ejemplo, algunos logros importantes:

  • Se aprobó por parte de las autoridades de la Escuela y de la Universidad la transformación curricular del Pregrado en Derecho. Esperamos, de esta manera, implementar prontamente un currículo que responda con mayor pertinencia y actualidad a las exigencias de nuestro entorno.
  • Se avanza decididamente en el proceso de autoevaluación con la finalidad de que, nuevamente, el Ministerio de Educación reconozca nuestra formación de alta calidad.
  • Hemos ampliado nuestra oferta académica, no sólo en cursos de formación continua como diplomados, sino, también, en seminarios y foros que permanentemente se vienen realizando en la Facultad con el apoyo de un fortalecido Grupo de Investigaciones en Derecho (GRID) y del Sistema de Formación Avanzada (posgrados). A todos estos eventos, desde luego, están ustedes cordialmente invitados.
  • La experiencia del Consultorio Jurídico Pío XII se ha solidificado por vía de convenios interinstitucionales e intervenciones en distintos territorios de la ciudad, todo ello en clave de proyección social.
  • Nuestros estudiantes vienen desempeñándose con éxito en múltiples empresas y bufetes de abogados, más aún hoy que la experiencia de las prácticas profesionales se ha consolidado en nuestra Escuela.
  • Se han articulado acciones en el campo de Clínica Jurídica, con énfasis en derechos humanos, de manera tal que nuestra visión internacional se ha diversificado a través de convenios con universidades extranjeras.
  • El Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria", el Centro de Propiedad Intelectual y del Conocimiento,  el Consultorio Jurídico Pío XII, prestan a toda la comunidad importantes servicios de transferencia en cada uno de los ámbitos de su desempeño.
  • Es para mí motivo de orgullo contarles que ocho egresados nuestros se desempeñan actualmente como magistrados o consejeros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
  • Según el Sistema del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, para el período 2007 – 2012, nuestros egresados del Pregrado en Derecho reportaron en el ámbito local los más altos ingresos (promedio).

Compartirles estos logros es apenas una excusa para agradecerles por ser nuestros egresados y llevar siempre el nombre de la Universidad y de la Facultad en lo más alto. Es ésta también una oportunidad para invitarlos a que nos visiten, a que se pongan en contacto con nosotros, aprovechando la tecnología y las redes sociales.

Por último, en pocos días les estaremos solicitando, muy comedidamente, el apoyo de cada uno de ustedes como egresados en el diligenciamiento de una encuesta en el marco del proceso de autoevaluación con fines de reacreditación, el cual, dicho sea de paso, compromete el futuro de la Facultad.

Expresándoles mis sentimientos de gratitud,

LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO
Decano
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Pontificia Bolivariana

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