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Desde la Decanatura

Columna del Decano: Actitud de paz

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 16 de septiembre de 2016.

El anhelo de paz no puede sintetizarse en un documento denominado Acuerdo para la Paz. La paz es una actitud, la paz es un comportamiento de todos los días, la paz es una forma del pensamiento. Independiente de los puntos concretos plasmados en el texto final, lo importante es tener presente que el documento suscrito contiene elementos de transformación y de transacción, orientados a presentar una nueva forma de afrontar los conflictos socio-políticos. En esencia, el documento final pretende: (i) Enseñar a los colombianos una manera diferente para asumir y pensar los conflictos y (ii) mostrar que esa nueva forma, servirá de guía para solucionar otras violencias. Como lo dice el experto español Rafael Grasa, las paces son acuerdos que se suscriben conforme unas reglas, la paz es un contexto a largo plazo que exige un cambio de actitud por parte de todos los miembros del grupo social.

Bajo estos presupuestos debe quedar en claro que la paz no se logró con los acuerdos del 26 de agosto, ni se obtendrá con la ceremonia protocolaria del 26 de septiembre, ni con el plebiscito del 2 de octubre, estas fechas son momentos del procedimiento para las paces o acuerdos, que expresan el anhelo de un pueblo por adquirir una metodología diferente para la solución de sus conflictos. Pero para que este futuro sea firme, es necesario una actitud hacia la paz, que debe nacer desde el propio lenguaje.

Aunque para algunos implique un sacrificio, en adelante no debemos referirnos a la otra parte con palabras como bandidos, terroristas o similares. Mucho menos, aceptar que se siga utilizando un lenguaje de guerra para referirnos a las actuaciones de nuestras propias instituciones, como cuando un alto funcionario del Estado, inconforme con una decisión judicial, descalifica la ecuanimidad de un juez de la República, para afirmar en forma peyorativa que el fallo que declaró la nulidad de una elección o nombramiento se produjo, no por argumentos jurídicos, sino por presiones políticas de los actores del conflicto.

Tampoco contribuye a la paz, cuando se califica como persecución política, las sentencias que involucran importantes servidores públicos, o se descalifica con idénticos argumentos, la decisión de cualquier otro órgano que en cumplimiento de sus funciones declara indigno el comportamiento de un importante funcionario público. No es posible hablar, "en modo paz", si a través del lenguaje se identifican en forma peyorativa las decisiones judiciales, cuando se refieren a personas de nuestros afectos políticos o de otra índole.

La paz no es solo un cambio de actitud por parte de los actores del conflicto armado, frente a la forma de asumir el manejo de los desacuerdos sociales, sino, y con más veras, un cambio de actitud de la propia institucionalidad y de la ciudadanía, cuando se evalúan las decisiones que de acuerdo con la Constitución y la ley se adoptan por los distintos órganos del Estado.

Mientras no haya una verdadera actitud colectiva de paz, ningún acuerdo producirá los efectos buscados.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Pedagogía del plebiscito la pregunta (I) y la pregunta y la respuesta (II)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 2 y el 9 de septiembre de 2016.

PEDAGOGÍA PARA EL PLEBISCITO: LA PREGUNTA (I)

En esta columna hemos afirmado que desde el punto de vista jurídico, el denominado plebiscito para la paz no era necesario, porque el Presidente no tiene la obligación constitucional de acudir a la ciudadanía para reafirmar los acuerdos suscritos, y especialmente porque según la interpretación de la Corte Constitucional, con un umbral del 13 %, cualquiera sea la respuesta, finalmente se impondrá el SI.

Sin embargo, aprobada la idea del plebiscito, es nuestro deber como académicos, iniciar un proceso intenso de pedagogía ciudadana. En este orden de ideas, el primer punto de análisis debe ser el relacionado con la pregunta que se formula, para cuya comprensión es importante revisar el antecedente histórico contenido en el plebiscito de 1957.

La Junta Militar, atendiendo los acuerdos suscritos entre los partidos tradicionales, expidió el decreto legislativo 0247 del 4 de octubre de 1957 por medio del cual convocó a todos los varones y mujeres mayores de 21 años para que expresaran su "aprobación o improbación a un texto indivisible" integrado por un preámbulo y 14 artículos relacionados con temas tan importantes como los derechos políticos de las mujeres, elecciones populares paritarias para corporaciones públicas, la institucionalización de la carrera administrativa, la obligación para el Gobierno de invertir no menos del 10 % del presupuesto en educación y otros. El decreto legislativo 0251 del 9 de octubre, adicionó lo relacionado con la conformación paritaria de las Altas Cortes y su integración por cooptación.

El decreto legislativo 0252 de octubre 16 de 1957 dispuso que el plebiscito se efectuaría el 1 de diciembre de 1957 y en su artículo 8° estableció que "las papeletas que han de usarse en el plebiscito llevarán, a manera de título, la siguiente leyenda: "Voto sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno Nacional en los decretos 0247 y 0251 de 1957. El ciudadano en la misma papeleta dirá "SI" o "NO", como aprobación o negativa, respectivamente, del texto indivisible de la reforma".

Se trató de un enunciado demasiado técnico, pues remitió al ciudadano a otros textos normativos, todos ellos con contenidos técnico jurídicos bastante complejos. No obstante las críticas que originó, el plebiscito fue aprobado por abrumadora mayoría y sirvió de fundamento para las relaciones jurídico-políticas del siglo XX.

La pregunta que se formulará el 2 de octubre, dice: "¿Apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Aunque es más genérica y menos técnica en su enunciado, exige una mayor pedagogía respecto a su contenido y alcance.

En efecto, independiente de los análisis que se harán en futuras entregas, la pregunta permite exponer los siguientes interrogantes: (i) Qué efectos tiene que se hable de apoyar, no de aprobar. (ii) Qué alcance tiene, especialmente a nivel internacional, que se hable de acuerdo final sin mencionar que se suscribe entre el Gobierno y las FARC.

(iii) Para la historia y para las instancias nacionales e internacionales, qué significa hablar de terminación del conflicto.

PEDAGOGÍA PARA EL PLEBISCITO: LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA (II)

De los estudios y programas permanentes que viene desarrollando la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, pueden extractarse algunas claves para una adecuada comprensión del documento de La Habana:

1. La búsqueda por la paz no se discute, pero sí los medios para alcanzarla. El horizonte de sentido que ha ofrecido la cultura occidental para resolver conflictos, se ha centrado en la argumentación racional, el Derecho y la dignidad de la persona humana. Ésta última ha estado alejada en los acuerdos.

2. En términos lingüísticos, la pregunta por el plebiscito está bien construida, cumple con las exigencias de la sintaxis. El título del acuerdo está incluido en la pregunta y se ha elegido el verbo "apoyar" en lugar de "aprobar", que a la larga expresan lo mismo y no advierten ambigüedades. Faltó escribir entre comillas el título del acuerdo e incluir la referencia a los actores y al conflicto concreto, porque el conflicto, como genérico, es una condición normal de la política.

3. En 24 de agosto de 2016 es un día histórico porque permite recuperar la idea de que en el mundo de la razonabilidad política, el "otro" puede entenderse como un adversario y no como un enemigo. En Colombia hay una relación de la violencia política que necesariamente hay que romper desde la participación ciudadana y procesos deliberativos.

Se abre una ventana de oportunidades para cambiar la historia del país. Esta no es la fecha de la paz, sino una posibilidad para lograr una paz sin solución armada, pero su impacto será notorio porque motivará la desaparición de otras violencias.

Marca el fin de una etapa y el inicio de otra; pero, nada está resuelto, se inicia la posibilidad de escribir una historia diferente. Si gana el SI, vendrán años de reconstrucción de paz con un sentido distinto de la práctica política.

4. Una cosa es hacer las paces y otra construir la paz, hacer paces es solo una negociación para poner fin a una confrontación armada. Sería "cambiar botas por votos". Se requiere de otros mecanismos para reconstruir la paz.

5. Lo importante no es únicamente el acuerdo, sino también su contexto. Un acuerdo de paz es una negociación adelantada según unas reglas establecidas, con o sin ayuda de terceros, garantes, acompañantes u observadores. El acuerdo no es de un partido o gobernante, es de toda una sociedad. En consecuencia, votar por el Sí o por el NO, debe ser congruente con la esencia del acuerdo.

6. En efecto, en esencia el acuerdo es más un instrumento de transacción que de transformación. Ésta se plantea fundamentalmente para momentos futuros, como sucede con lo atinente al desarrollo rural. Pero en términos de transacción, la guerrilla, como condición para participar en la vida política, acepta su derrota en este campo, pues el documento no cuestiona el modelo de Estado, al establecer como marco de interpretación los artículos 22 y 95 de la Carta Magna.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Ambigüedades de un fallo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de julio de 2016.

El comunicado de prensa de lo que será la sentencia de la Corte Constitucional respecto el proyecto de ley estatutaria del denominado plebiscito por la paz, permite de todas maneras formular algunas observaciones de fondo, dignas de ser tenidas en cuenta al momento de reflexionar sobre el camino que viene.

La Corte afirma que para conocer la opinión ciudadana, efectivamente el instrumento adecuado es el plebiscito. No puede ser un referendo, puesto que a la ciudadanía se le solicitará que se pronuncie sobre una idea política, y no sobre un texto constitucional o legal. Una afirmación de esta naturaleza tiene un efecto inicial. Por tratarse de un plebiscito, el órgano competente sólo podrá formular a la ciudadanía una pregunta, que versará sobre sí se quiere o no la paz. Independiente del contexto de la pregunta, lo cierto es que sí se tratara de un referendo Constitucional o legal, se tendría la oportunidad de formular varias preguntas sobre los distintos temas cruciales que integren el acuerdo de La Habana.

La afirmación de la Corte, en el sentido que el Plebiscito es el instrumento adecuado, permite presentar dos observaciones: En primer término, es un absurdo pensar que es posible someter a consideración de la ciudadanía una pregunta de esta naturaleza. La paz no es un tema político, es un derecho y un deber consagrado por el artículo 22 de la Carta, de manera qué dentro de los límites del ordenamiento constitucional, no es posible formular una pregunta a la cual constitucionalmente se tiene la obligación de responder afirmativamente, porque quien no responde así, estaría violando el orden constitucional. En síntesis, no es una idea política y no es lícito someterla a consideración de la ciudadanía, puesto que no hay posibilidad de lograr alternativas.

Por otra parte, la Corte dice que el plebiscito sería obligatorio para el Presidente. No es claro que se quiere significar con ello. Parece que el asunto se relaciona con el tema del umbral. Según informaciones de medios, cuando se estaba discutiendo el proyecto de fallo, surgieron dos posiciones conceptuales: Una, sostuvo que cuando se supera el umbral y gana el NO, la decisión es vinculante sólo para el Presidente, quien no podría aplicar los acuerdos suscritos. Otra, decía que si no se alcanza el umbral pero gana el SI, el resultado es consultivo, y de todas maneras deben entrar en vigencia los acuerdos. Ojalá la Corte, a medida que reciba observaciones sobre el tema, establezca las modulaciones necesarias para aclarar el tema del denominado “umbral razonable” del 13% y su relación con el carácter vinculante o consultivo del plebiscito.

Finalmente se afirma que la decisión ciudadana en plebiscito, no es normativa, pero a partir de ella se adoptarán las medidas constitucionales y legales necesarias. Hay que precisar, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, cual es el significado normativo de los acuerdos que se firmen y la función que para su implementación tendrán los órganos constituidos, en especial el Congreso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Ranquin Y academia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 24 de junio de 2016.

EL principal objetivo de la educación es la formación integral de los estudiantes. Esto significa, educar hombres para el desarrollo, en un país, en un tiempo y en unas condiciones socioeconómicas determinadas. Este mensaje se ha ido desdibujando. En ocasiones la academia ha dejado de ser un medio para la formación, para convertirse en un fin en sí misma. Lo más importante no parece ser el desarrollo académico y personal de los estudiantes, sino el ranquin que una institución ocupa en una escala de clasificación, según ciertos índices, la mayor parte de las veces, copiados de modelos internacionales.

Este fenómeno, presente en todas las ramas del saber, genera una particular discusión en los estudios del Derecho. Estos se debaten entre los aportes de los denominados científicos del conocimiento, normalmente doctorandos o doctores, con una gran epistemología en la concepción social, dogmática o filosófica del Derecho. Por otra parte, encontramos los llamados “técnicos” del Derecho. Dominan las teorías jurídicas, no con fundamento en esquemas teoréticos artificiales, sino con base en elementos teórico-prácticos que les permiten asumir posturas concretas en la interpretación y solución de problemas jurídicos. No debería haber separación entre estas dos vertientes.

La vivencia nacional e internacional demuestra que las “mesas” de abogados en los Estados Unidos y Europa requieren excelentes estudiantes para su formación práctica. Su idea no es reclutar doctores, en términos de investigación científica, sino abogados (licenciados) con formación teórico-práctica. Igual sucede en Colombia. Las oficinas de abogados, las empresas privadas y el sector público, no están clamando por doctores, sino por profesionales –especializados-, con una formación integral y un gran conocimiento de los instrumentos indispensables para su quehacer jurídico.

Este divorcio tiene otros efectos. La remuneración de un doctor o de un magister es solo un poco mayor, y por veces mucho menor, que la de un profesional especializado.

Los órganos judiciales, las facultades de Derecho y la sociedad en general, prefieren los grandes “maestros del hacer”. Hace algunos años me matriculé en un programa de doctorado en Europa. Mis compañeros eran “tercermundistas”. No había uno solo de Europa. Cuando indagué, se me respondió que ser doctor solo interesaba a unos cuantos “gomosos” que querían trabajar en las universidades, en investigaciones útiles “solo para sí mismos”. ¿Estaremos llegando a esa situación, empujados por el reto que plantea un ranquin?

En los estudios de Derecho, los estudiantes y padres de familia prefieren el docente que domina los fundamentos teóricos de la práctica, en lugar de aquellos que se dedican a una investigación científica, cuyo norte no es claro y cuya razón de ser se pierde en un piélago de incertidumbres y divagaciones.

Las facultades de Derecho deben trabajar sobre un modelo en el cual la investigación teórica se convierta en una fuente real del hacer jurídico. De nada sirve investigar por investigar, si perdemos de vista que, realmente, de lo que se trata, para una formación integral, es enseñar e investigar para avanzar en el ejercicio profesional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: 130 años de un gran salto institucional

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 20 de mayo de 2016.

Ahora que el país vive un período de incertidumbre sobre su futuro social, político y jurídico, es absolutamente necesario recordar que la historia constitucional de Colombia se caracteriza por superar con éxito ciertos momentos, considerados neurálgicos para el tejido comunitario y la modernización de las relaciones sociales.

Aunque solo en el mes de agosto se conmemoran los 130 años de la Carta de 1886, por los eventos que vivimos en la actualidad, es indispensable recordar aquel período, cuando una asamblea constituyente hegemónicamente conservadora respondió al llamado de una comunidad, que como respuesta al éxito obtenido por el movimiento de regeneración nacional, había declarado que la Constitución Federal de 1863 dejaba de existir.

El desorden social y la violencia creada por la debilidad en las estructuras del poder, obra de los constituyentes del 63, reclamaba una reacción firme para recuperar la unidad nacional y el concepto de autoridad, y ello fue lo que se plasmó en la Carta del 86.

Si bien toda reacción institucional, política y militar puede llevar a excesos, no puede olvidarse que el país buscaba salir de aquella especie de anarquía creada o abonada por el Texto Constitucional del 63, que convirtió cada uno de los 9 estados en que se dividió el territorio, en especie de repúblicas independientes. Esta situación política, más la debilidad institucional de la Presidencia de la República, con un escaso periodo de dos años y poderes absolutamente recortados y una Constitución que solo podía ser reformada con el voto unánime de los denominados estados soberanos de los Estados Unidos de Colombia, originó un gran movimiento político cuya finalidad principal era recobrar la unidad perdida, restaurar el orden y restablecer el concepto de autoridad.

Es cierto que la consagración de un periodo presidencial de seis años, con un congreso nacional intermitente y unos artículos transitorios que revistieron al presidente de poderes casi omnímodos, prácticamente aplazaron la implementación del nuevo orden democrático constitucional hasta la reforma de 1910. Pero no puede olvidarse que el desajuste existente en las relaciones entre los poderes centrales y el gobierno de los estados, el desbarajuste monetario, la crisis de gobernabilidad y el exceso de libertades, incluso para producir armas, estaban llevando la sociedad al borde de la destrucción, con expresiones violentas como las demostradas en el periodo de la guerra de los mil días, que en el fondo es consecuencia en el siglo XX de las guerras vividas durante el siglo XIX.

Con la Constitución de 1886 se instala un nuevo orden social, se esquematiza el trabajo de los partidos, se da estabilidad a las relaciones políticas, se hace el reconocimiento de la influencia natural de la Iglesia católica en los procesos sociales. El momento constitucional vivido en 1886 con el paso del sistema federal instaurado por la Constitución de Rionegro a la república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, debe ser tenido como un modelo, nuevo en su momento, pero necesario para restablecer el orden social.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Resistencia o desobediencia civiles

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de mayo de 2016.

Se plantea la posibilidad de acudir a un movimiento de resistencia civil o de desobediencia civil, como mecanismos democráticos orientados al desconocimiento de algunos puntos de los acuerdos que se vienen formalizando en La Habana, como la desmovilización incondicional de los guerrilleros, la posibilidad de que estos puedan ingresar de manera directa al Congreso, la impunidad frente a delitos atroces y de lesa humanidad, las inconsistencias en el tema de la reparación a las víctimas. Otros, además, proponen que se busque la revocatoria del mandato al Presidente de la República.

Se afirma que no se trata de un movimiento violento, sino del ejercicio de un poder democrático a través de marchas, foros, conferencias, comunicados y otros eventos, orientados a revertir y desconocer la labor de las autoridades legalmente constituidas, por considerar que en las conversaciones con la guerrilla, sus iniciativas y decisiones les ha hecho perder la legitimidad necesaria para continuar orientando los destinos del país.

Pero, ¿Qué se entiende por desobediencia civil? y ¿Qué significa resistencia civil? Desde el punto de vista político, resistencia civil es un concepto genérico, que puede incluir el uso de la fuerza y comprender el derecho a la rebelión y a la revolución. En general es una reacción contra la opresión de un gobernante ilegítimo o que ha asumido decisiones ilegítimas.

En cambio, la desobediencia civil se presenta cuando un grupo de personas asumen una conducta no violenta para poner de manifiesto y dejar de acatar una ley, por considerarla injusta. El desobediente civil no se involucra en hechos violentos. Se afirma que su origen se remonta a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, quien sostuvo que la ley humana debe ser prolongación de la ley natural y participar de la ley eterna, razón por la cual deja de ser legítima cuando va en contra de los valores supremos de la ley natural como primera regla de la razón. Si se parte del principio de que la obediencia es una virtud, existirá una justificación iusnaturalista para la desobediencia a la ley injusta.

Como puede observarse, no es exacto que el Tomismo reconozca el principio político a la desobediencia, sino la virtud máxima de la obediencia a la ley humana, cuando refleja la ley natural.

Lo expuesto enseña que una propuesta de resistencia o de desobediencia, es muy delicada, pues con iniciativas de esta naturaleza se corre el riesgo de autorizar el desconocimiento a toda decisión de autoridad. No puede olvidarse que la desobediencia o resistencia civiles se sujetan a naturales inestabilidades emocionales, con consecuencias históricas incalculables.

Bajo los anteriores planteamientos, estar en desacuerdo, no con el significado de la paz, sino con los mecanismos e instrumentos que se requieren para lograr una paz sin impunidad y con la debida reparación, es un debate que debe darse en los escenarios institucionales, como el Congreso. Utilizar otras vías, conlleva un mensaje de desarticulación institucional y desconocimiento de la legitimidad, con serio peligro para la existencia del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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