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Desde la Decanatura

Columna del Decano en El Colombiano: Pérdida de legitimidad de las instituciones

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 5 de septiembre de 2014

El Estado Social de Derecho es ante todo un Estado garantista, en el que el respeto a la libertad y a la dignidad se convierten en el punto de partida para el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y económicos. La garantía no es más que la mirada del derecho a partir del deber del Estado de procurar su desarrollo integral.

En el Estado de derecho, la posibilidad de ser juzgado por un juez natural y neutral, preocupado por realizar el valor justicia, es un derecho que asiste al individuo y una garantía que debe ser respaldada por las autoridades legítimamente constituidas. El derecho de acceso a una justicia digna y oportuna, así como la obligación del Estado de garantizar su plena aplicación, son principios de tal envergadura, que su desconocimiento, total o parcial, no solo significa la negación de la institucionalidad, sino de la razón de ser del Estado.

Lo expuesto sirve para ilustrar la gravedad de lo que viene sucediendo en nuestro país. Altos servidores públicos, de distintos órganos y estructuras y de diferentes filiaciones políticas, asumen la sagrada tarea de cumplir la función pública que se les encomienda como administradores, como jueces o como titulares de órganos de control, y se supone que su labor se desarrolla con absoluto respeto por las garantías procesales y sustanciales a que tienen derecho quienes se encuentran sujetos a sus investigaciones y decisiones.

No se piensa igual cuando por distintas circunstancias esos mismos funcionarios pasan de investigadores a investigados, de juzgadores a juzgados. Cuando ello ocurre, inmediatamente cuestionan la integridad, objetividad e imparcialidad de las autoridades encargadas de adelantar dichos procesos. Entonces optan por abandonar el país, por solicitar asilo en Estados vecinos, por autodenominarse perseguidos políticos. Es decir, esas instituciones desde las cuales cumplían sus funciones como servidores públicos, de un momento a otro se desmoronan y resulta que el noble y defendido Estado Social de derecho se transforma en un régimen cuyos órganos judiciales carecen de legitimidad y de credibilidad, porque no administran justicia, sino que cumplen labores de venganza privada o de persecución política.

Lo lamentable es que esos servidores cuyas funciones se desarrollan de manera legítima, salvo cuando son ellos quienes deben responder, al desconocer las instituciones están dando un golpe mortal al orden jurídico-político y a los fundamentos de la convivencia social. Si un servidor o exfuncionario de alto rango reniega de los órganos judiciales o de control y opta por huir para no someterse a ellos, porque considera que son corruptos y están politizados, con qué criterio se le exige al ciudadano común y corriente, a quien hurta una gallina, a quien lesiona a otro, en fin, al "pequeño o al gran infractor", que crea y se someta a la justicia. Se supone que si la justicia es corrupta para algunos, lo es para todos y si ello es así, definitivamente se requiere una reforma muy profunda a las instituciones judiciales y de control.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: Fuero presidencial y juzgamiento de congresistas

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 15 de agosto de 2014

En el gobierno parlamentario el jefe de Estado es un presidente o un monarca, mientras que el jefe de gobierno y de la administración es un primer ministro. Lo usual es que el primer ministro sea el director del partido mayoritario en el parlamento y el gabinete se integre con personas pertenecientes a su propio partido. Este esquema hace que el gobierno surja del parlamento y por ello está sujeto a un intenso control político por parte de este, de manera que si es derrotado en un proyecto importante, o se aprueba una moción de censura en su contra, debe renunciar y convocar a elecciones para conformar un nuevo gobierno.

En un sistema presidencialista como el nuestro, el Presidente de la República es jefe de Estado, de gobierno y de la administración. Ignorando que la triple jefatura le da un importante dominio político sobre el Congreso, la Carta de 1991 incorporó en nuestro sistema una figura propia del modelo parlamentario: la moción de censura sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. La institución así concebida es inocua, pues no afecta al presidente, quien además tiene el poder suficiente para impedir que opere.

A raíz de la elección del expresidente Uribe como senador, algún sector pretende adelantar una especie de control político para censurar sus actos y vínculos cuando era presidente. Nada más equivocado, por las siguientes razones: (I) Para el juzgamiento de sus actuaciones como presidente, el exmandatario goza de un fuero especial que obliga que toda investigación sobre su conducta deba adelantarse mediante un procedimiento que se surte ante la comisión de acusaciones de la Cámara, que en caso de encontrar mérito, formulará la correspondiente acusación ante el Senado, cuando se trate de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o de indignidad por mala conducta, o ante la Corte Suprema, cuando se le deba seguir un juicio criminal por tratarse de una causa penal. (II) Si lo que se pretende es adelantar un debate político, este solo puede desarrollarse mediante citación a ministros, jefes de departamento administrativo y superintendentes, sin que la Constitución autorice citar ni al presidente ni a expresidentes y versaría sobre asuntos relacionados con la acción de gobierno y no sobre temas penales, pues para ello está el procedimiento penal propio para un aforado. (III) Tampoco es posible utilizar el artículo 137 de la Constitución. Si bien la norma permite que cualquier comisión permanente pueda citar a toda persona para que rinda declaraciones, debe ser sobre hechos relacionados con indagaciones que adelante la comisión, sin que se pueda incluir dentro de los citables a los propios congresistas, ya que estos cuentan con un fuero especial de juzgamiento, y el control político no se desarrolla respecto cada uno de ellos, pues el Congreso opera como cuerpo y no es posible que pueda ejercer control político sobre sí mismo. El único control político sobre un senador es el que adelantan los ciudadanos a través de las urnas.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: La institución de la vicepresidencia (primera parte)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 18 de julio de 2014

A pocos días de la posesión del doctor Germán Vargas Lleras como nuevo Vicepresidente de la República, vale la pena reflexionar sobre los orígenes y naturaleza de esta dignidad.

Desde el nacimiento de la República la figura del Vicepresidente se encuentra estrechamente vinculada a la evolución de nuestro orden constitucional. Las Constituciones de 1821, 1830, 1832 y 1843, en términos generales caracterizadas por la importancia que conceden al concepto de autoridad, la incluyeron. Curiosamente las constituciones de orientación federal, como las de 1858 y 1863, que recortan las facultades de autoridad del Ejecutivo, no consideraron la figura del Vicepresidente, lo que hace pensar que históricamente hay una estrecha relación entre la fuerza del poder presidencial y la institución de la Vicepresidencia.

La Constitución Política de 1886, en su propósito por recuperar la unidad nacional y el concepto de autoridad, consideró conveniente restablecer la figura del Vicepresidente, la cual se mantuvo inicialmente hasta 1905 cuando el gobierno del general Rafael Reyes la suprimió por considerarla inútil y peligrosa para la estabilidad del régimen. En esto tuvo razón, pues el general Ramón González Valencia, quien inicialmente fungió como vicepresidente, finalmente estuvo en el golpe de Estado que llevó al derrocamiento de Reyes en 1910.

Desde entonces se abrió la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de reemplazar la Vicepresidencia por la institución del Designado, lo que efectivamente se hizo en algunas reformas constitucionales como las de 1910 y 1945. Incluso en el Acto Legislativo N° 1 de 1977 no solo se mantuvo la figura del Designado sino que se combinó con la del Ministro Delegatario. Ambas instituciones, Vicepresidente y Designado, presentan argumentos en pro y en contra. Hubo vicepresidentes que no fueron leales al gobierno. José Manuel Marroquín a través de un golpe de Estado le quitó la Presidencia a Miguel Antonio Sanclemente. Un hecho similar sucedió con Ramón González Valencia con respecto al General Rafael Reyes. Pero también hubo Vicepresidentes leales con el gobierno de turno como José María Obando y Miguel Antonio Caro.

Asimismo, en la historia de Colombia hubo grandes designados, como también aquellos que carecieron de representación y reconocimiento ciudadano. Algunos de ellos al ocupar la Presidencia lo hicieron con brillo y trascendencia histórica, como Alberto Lleras Camargo y el Maestro Darío Echandía.

Dentro de este contexto histórico se adelantó la discusión sobre el tema en la Asamblea Constituyente de 1991. Respecto a la propuesta de restablecer la Vicepresidencia, quienes se pronunciaron a favor, fundamentalmente defendieron su origen popular, su capacidad para limitar los excesos del liderazgo del presidente y sus posibilidades para lograr un trabajo en equipo en la cabeza del poder. Los enemigos de la institución consideraron que se trataba de un cargo sin funciones, sin oficio cierto y con los costos propios de una alta dignidad. Aunque en un principio, en la Comisión Tercera de la Asamblea se presentó un empate entre partidarios y enemigos de la institución, finalmente la Constituyente aprobó la Vicepresidencia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: El papel del Estado

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 11 de julio de 2014

La principal característica del gobierno presidencialista consiste en concentrar en la persona del Presidente de la República la triple jefatura del poder. En efecto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 115 y 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.

La triple jefatura es una de las notas constitucionales que diferencian el sistema presidencialista respecto del modelo parlamentario europeo. Este se identifica porque el Jefe de Estado es un Monarca o en algunas ocasiones un Presidente, mientras que el Jefe del Gobierno y de la Administración es un Primer Ministro, normalmente designado por el Jefe de Estado, quien en la tradición inglesa acostumbra nombrar para dicho cargo al director del partido mayoritario en el Parlamento.

El origen del gobierno y la administración en el Parlamento origina una especie de preeminencia del órgano Legislativo sobre el Primer Ministro y esta es la razón por la cual en el sistema parlamentario opera la moción de censura y la convocatoria a elecciones, cada vez que se debilita o se pierde el apoyo político al gobierno.

No sucede lo mismo en el sistema presidencialista, pues el hecho de que en el Presidente se concentren las tres jefaturas del poder, hace que su acción prevalezca sobre el órgano Legislativo y ello explica por qué desde el punto de vista político, un partido o movimiento político sin posibilidades reales de llegar a la presidencia, termina por desdibujarse y desaparecer; y es también la razón por la cual instituciones como la moción de censura, el control político y la oposición, no operan con la misma fuerza que tienen en los gobiernos parlamentarios.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 122 y 123 de la Carta, el Presidente en su calidad de Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa sólo puede desarrollar las funciones específicamente asignadas por Constitución y ley. Pero, ¿cuál es el alcance de sus atribuciones como Jefe de Estado? Se trata de un tema de mayor amplitud. En principio podría afirmarse que le corresponde llevar la representación interna y externa del Estado, es decir, encarna en forma íntegra los intereses de la ciudadanía y de las instituciones. Ello significa que como Jefe de Estado, el Presidente debe adelantar aquellas iniciativas necesarias para la preservación de la institucionalidad.

El Primer Mandatario no es un simple administrador, debe ser un estadista y como tal debe actuar como centro de poder para la solución de los conflictos institucionales. No irrespeta la autonomía de funciones ni la asignación de competencias, el hecho de que el Presidente de la República intervenga en las discusiones que se presentan entre diferentes órganos y funcionarios, sobre asuntos que causan cuestionamientos a la institucionalidad. Entre Contralora y Auditora. Entre Fiscal y Procurador. Entre Altas Cortes.

La sociedad y el orden institucional echan de menos un Presidente que además de ser administrador, sea estadista en el sentido supremo de la palabra.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: No más reelección.

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 20 de junio de 2014

El propósito de este escrito no es compartir o discutir el hecho de que el presidente Santos hubiese obtenido la reelección, ni retomar argumentos en favor o en contra de la reelección alcanzada en su momento por el presidente Uribe ni hacer referencia al controvertido proceso de reforma constitucional que posibilitó esa reelección ni a la intención fallida de introducir reformas constitucionales que permitieran una segunda reelección. Simplemente se quiere mostrar que de acuerdo con la Constitución Política de 1991 toda reelección, en especial la del Presidente de la República, es ética y políticamente inconveniente.

La Carta del 91 consagra un sistema de Estado unitario, con un modelo de gobierno presidencialista, dentro de un esquema funcional caracterizado por la centralización política y la descentralización administrativa. Esto significa que existe una gran concentración de las altas competencias del Estado en una serie de órganos centrales, a la cabeza de los cuales se encuentra el Presidente de la República, quien además mantiene un importante control de tutela respecto de las entidades que integran la denominada descentralización administrativa. Este esquema hace que las estructuras de poder y la relación que debe existir entre ellas, encuentran su punto de convergencia en la figura del Presidente, quien como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, tiene el encargo constitucional de garantizar el equilibrio político entre esas distintas instancias.

La reelección presidencial no solo incrementa de manera exagerada el poder jerárquico del Presidente sobre los órganos centrales, sino que afecta de manera grave la autonomía de entidades y órganos como la Junta Directiva del Banco de la República, la dirección de entidades descentralizadas funcionalmente y la integración de consejos y juntas que cuentan con representación personal y funcional del Presidente. Como si fuera poco, el poder que otorga puede tener incidencia en la elección de magistrados de Altas Cortes, en especial de la Corte Constitucional, incluso en la elección de Contralor, Auditor, Procurador y Fiscal. Así las cosas, el principio constitucional de pesos y contrapesos entre órganos de poder se pierde, pues prácticamente todos quedan subordinados al Presidente de la República.

Estas condiciones dan paso a un tiránico presidencialismo, especie de degradación del sistema presidencialista, en el que los controles y la responsabilidad política se diluyen, el autoritarismo se incrementa y en general las estructuras de poder se degradan.

Pero la reelección, además del desgaste institucional, hace que la acción de gobierno se pierda, pues quien aspira a ser reelegido, muy pronto reemplaza su tarea objetiva de administración, por una serie de promesas y compromisos para lograr el apoyo reeleccionista, con altas posibilidades de incurrir en conductas corruptas.

Lo expuesto lleva a concluir que la reelección es constitucionalmente inconveniente y, por los peligros que representa, es necesario que dentro de las muchas reformas institucionales que el país requiere, en definitiva se proyecte la eliminación de todo tipo de reelección, en especial la del Presidente de la República, así sea incrementando su período en uno o dos años.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Bipartidismo o pluripartidismo.

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 30 de mayo de 2014

Existe una estrecha relación entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos. La doctrina política afirma que un sistema electoral mayoritario (gana quien más votos obtiene), unipersonal (se vota para un solo cargo) y a una vuelta (el ganador se impone sin importar su porcentaje frente al total de votos), favorece el unipartidismo o el bipartidismo, porque está concebido para estimular la formación y permanencia de grandes partidos.

Por el contrario, un sistema electoral pluripersonal o por listas (se vota para cuerpos colegiados), proporcional (incluye fórmulas para que los partidos minoritarios obtengan algunas curules) y a dos vueltas (si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos, los dos con más alta votación se enfrentan en una segunda vuelta), favorece el pluripartidismo, porque permite que los pequeños partidos o por lo menos los partidos perdedores en la primera vuelta, recobren importancia para efectos de las alianzas que se propongan por parte de los candidatos mayoritarios que van a participar en la segunda vuelta.

El procedimiento electoral consagrado por la Constitución Política de 1886, indudablemente consolidó el sistema bipartidista, pues la forma para elegir presidente de la República (unipersonal, mayoritario y a una vuelta) favoreció la presencia de dos grandes partidos. Aunque reformas posteriores permitieron que el Congreso se eligiera por listas, con la aplicación de fórmulas para permitir la escogencia de candidatos minoritarios, es decir, un procedimiento que favorece el esquema pluripartidista, el modelo de gobierno presidencialista hizo que históricamente la subsistencia de un partido o movimiento político dependiera de su posibilidad de alcanzar la Presidencia, que en la práctica solo la tenían los dos grandes partidos tradicionales (Liberal y Conservador). La imposibilidad de obtener la Presidencia de la República marcó el debilitamiento definitivo de agrupaciones políticas como la Anapo, el MRL, la UP, el M19, el Movimiento de Salvación Nacional y muchos otros.

Para cumplir con el propósito de instaurar un sistema pluripartidista, el Constituyente de 1991 sabía que era necesario introducir algunas modificaciones al procedimiento para elegir presidente. Para ello adoptó dos importantes reformas: (I) Cambiar la elección de presidente a partir de un candidato único, por una fórmula plural que incluyera presidente y vicepresidente, (II) incluir el método de las dos vueltas para la elección de Presidente. Con este esquema se buscó estimular la creación y protagonismo de partidos diferentes a los de los candidatos triunfadores en la primera vuelta.

Curiosamente, el surgimiento de movimientos caudillistas o grupos que se originan para seguir temporalmente el pensamiento de un personaje, no permiten concluir que la implementación del nuevo sistema electoral haya realmente favorecido el resurgimiento del pluripartidismo en Colombia. Para que ello sea posible, es necesario, por ejemplo, que las alianzas que se van a precipitar para la segunda vuelta del actual proceso electoral, se acuerden por las directivas estatutarias de los partidos, con fundamento en sus esquemas dogmáticos y programáticos, no por los candidatos derrotados en la primera vuelta, a partir de sus aspiraciones políticas presentes y futuras.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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