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Desde la Decanatura

Columna del Decano: La Paz no se vota

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 12 de febrero de 2016.

En medios políticos, académicos y cívicos, se discute sobre la propuesta del Gobierno de acudir a la ciudadanía para ratificar los acuerdos de paz que se suscriban en La Habana. El análisis se repite. Con argumentos diferentes, los distintos actores tratan de identificar el mecanismo adecuado para validar los temas centrales convenidos con la guerrilla.

Se habla de la posibilidad de acudir a un referendo. Ello no es posible, por cuanto según la Constitución Política, el referendo es un mecanismo de participación ciudadana cuyo objetivo es la aprobación, ratificación o derogación de un texto legal o constitucional, que no de un acuerdo político.

El presidente Santos y su Gobierno se empeñan en acudir a la ciudadanía a través de un plebiscito. Doctrinaria y jurisprudencialmente el plebiscito consiste en la posibilidad de preguntar al constituyente primario, para obtener la aprobación o negación de una idea o un cuestionario político. Esto significa, que en términos estrictos, tampoco es de recibo el mecanismo del plebiscito, porque la paz no es un postulado político, sino un principio filosófico de convivencia, concebido por el artículo 22 de la Carta como "un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", por tanto no susceptible de votación, ya que los principios no se votan, se aceptan como factores inherentes al ser humano, pues hacen parte de su esencia y su existencia.

Entonces ha surgido una nueva idea: acudir a la consulta popular. De acuerdo con los artículos 104 y 105 Constitucionales, la consulta es un instrumento nacional o local, a través del cual se pregunta al electorado para adoptar decisiones de trascendencia nacional o respecto asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. Cuando se habla de temas de trascendencia nacional, necesariamente se hace referencia a eventos administrativos o de gobierno que hay que incorporar en una agenda de política, con el fin de garantizar el desarrollo de la Nación.

La Paz no es un tema de agenda, es un principio de convivencia sobre el cual no es posible referirse en forma negativa, puesto que una respuesta en contra de la paz, supone una clara violación de los principios y postulados de la Constitución y del Estado. Toda consulta sobre la paz se tiene que contestar afirmativamente, so pena de asumir responsabilidad jurídica, política y social, lo que hace inútil cualquier tipo de pregunta, frente a un asunto que no admite alternativa legal de respuesta.

También se prevé convocar una Asamblea Constituyente, órgano concebido para introducir reformas sustanciales a la Constitución o para expedir una nueva Carta, situación que solo tendría cabida en un futuro, cuando estén plenamente determinados los elementos fundamentales de los acuerdos suscritos entre el jefe de Estado y la guerrilla.

En síntesis, la paz no se vota, lo pactado no puede ser sometido a ningún tipo de ratificación ciudadana, de manera que lo único válido sería el juicio político futuro que la sociedad pueda impartir sobre la forma y fondo de lo firmado en Cuba.

* Exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado.

En medios políticos, académicos y cívicos, se discute sobre la propuesta del Gobierno de acudir a la ciudadanía para ratificar los acuerdos de paz que se suscriban en la Habana. El análisis se repite. Con argumentos diferentes, los distintos actores tratan de identificar el mecanismo adecuado para validar los temas centrales convenidos con la guerrilla.
Se habla de la posibilidad de acudir a un referendo. Ello no es posible, por cuanto según la Constitución Política, el referendo es un mecanismo de participación ciudadana cuyo objetivo es la aprobación, ratificación o derogación de un texto legal o constitucional, que no de un acuerdo político.

El Presidente Santos y su Gobierno se empeñan en acudir a la ciudadanía a través de un plebiscito. Doctrinaria y jurisprudencialmente el plebiscito consiste en la posibilidad de preguntar al constituyente primario, para obtener la aprobación o negación de una idea o un cuestionario político. Esto significa, que en términos estrictos, tampoco es de recibo el mecanismo del plebiscito, porque la paz no es un postulado político, sino un principio filosófico de convivencia, concebido por el artículo 22 de la Carta como "un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", por tanto no susceptible de votación, ya que los principios no se votan, se aceptan como factores inherentes al ser humano, pues hacen parte de su esencia y su existencia.

Entonces ha surgido una nueva idea: acudir a la consulta popular. De acuerdo con los artículos 104 y 105 Constitucionales, la consulta es un instrumento nacional o local, a través del cual se pregunta al electorado para adoptar decisiones de trascendencia nacional o respecto asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. Cuando se habla de temas de trascendencia nacional, necesariamente se hace referencia a eventos administrativos o de gobierno que hay que incorporar en una agenda de política, con el fin de garantizar el desarrollo de la Nación.

La Paz no es un tema de agenda, es un principio de convivencia sobre el cual no es posible referirse en forma negativa, puesto que una respuesta en contra de la paz, supone una clara violación de los principios y postulados de la Constitución y del Estado. Toda consulta sobre la paz, se tiene que contestar afirmativamente, so pena de asumir responsabilidad jurídica, política y social, lo que hace inútil cualquier tipo de pregunta, frente a un asunto que no admite alternativa legal de respuesta.

También se prevé convocar una Asamblea Constituyente, órgano concebido para introducir reformas sustanciales a la Constitución o para expedir una nueva Carta, situación que solo tendría cabida en un futuro, cuando estén plenamente determinados los elementos fundamentales de los acuerdos suscritos entre el Jefe de Estado y la guerrilla.

En síntesis, la paz no se vota, lo pactado no puede ser sometido a ningún tipo de ratificación ciudadana, de manera que lo único válido sería el juicio político futuro que la sociedad pueda impartir sobre la forma y fondo de lo firmado en Cuba.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Democracia imperfecta para dos Colombias

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 30 de octubre de 2015.

La democracia es un sistema de gobierno que se caracteriza por la sana competencia entre ideas y oportunidades para llegar al poder en nombre y representación de la voluntad popular. Quiere decir, que dentro de un esquema real de competición, debe haber triunfadores y derrotados, sin que ello signifique que estos últimos deban ser tratados como parias o enemigos, sino que por el contrario, deben ser considerados como una fuerza de oposición crítica, necesaria para el manejo adecuado de lo público por parte de los ganadores.

Bajo estos postulados, un proceso electoral en el que todos los actores políticos reclaman la victoria, es posible que deje de ser expresión de democracia, para convertirse en negación de la libre expresión de la voluntad ciudadana.

En las elecciones del 25 de octubre sucedió algo, que por ser recurrente en Colombia, no deja de ser preocupante. Con distintos argumentos y justificaciones, todos los grupos, partidos y movimientos políticos han proclamado oficialmente su victoria. Es decir, todos ganaron, y ello significa que la contienda se llevó a cabo total o parcialmente en escenarios impropios para el desarrollo de la democracia.

Lo curioso es que las distintas corrientes políticas encuentran argumentos, que de manera real o aparente, explican su triunfo. El Partido Liberal reclama la victoria, afirmando que se ha convertido en la primera fuerza política del país; el Partido Conservador sostiene que con sus elegidos se ha convertido en la primera fuerza regional de Colombia. Partidos como la U y Cambio Radical argumentan que por los candidatos electos y su participación en coaliciones, continúan ascendiendo como fuerzas de poder; el Centro Democrático afirma que es el ganador, puesto que por primera vez alcanzó curules en los cuerpos colegiados locales y regionales; incluso el Polo Democrático dice ser el gran ganador, porque su votación, especialmente en Bogotá, lo muestra como el grupo político que más ha recuperado espacio electoral.

Pero el análisis también debe hacerse teniendo en cuenta que en las elecciones, como en tantos aspectos de la vida nacional, nos encontramos frente a dos países. La Colombia de los grandes centros urbanos, en los que triunfa el voto de opinión, apoyando a candidatos independientes, muchos de ellos con origen en recolección de firmas. Sucedió, por ejemplo, en Medellín, Bucaramanga, Cali y en cierto sentido, en Bogotá y Barranquilla.

Al otro extremo está la otra Colombia, la rural, la de menor desarrollo, en donde las maquinarias políticas y los recursos, algunos de dudoso origen, siguen siendo determinantes en la conformación de la voluntad electoral. Por ello, en varios municipios y en algunos departamentos, la elección obedeció a prácticas clientelistas tradicionales, sin que se observe evolución alguna.

La razón por la cual todos los partidos y movimientos reclaman la victoria, se debe principalmente a la falta de partidos políticos despersonalizados, con una fuerte estructura ideológica y filosófica, capaces de recoger de manera permanente amplios sectores de la sociedad, sin importar sus diferentes niveles sociales, económicos y culturales.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Un ejemplo en calidad académica

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 16 de enero de 2015.

Presento disculpas a los lectores por referirme a un asunto particular, pero que responde a los nuevos retos que plantea el Gobierno Nacional, al otorgar 10.000 becas a estudiantes de escasos recursos, para estudiar en universidades acreditadas en altos niveles de calidad académica. Para que este programa sea exitoso, es necesario un modelo de educación que integre la investigación científica, la interpretación racional y la formación en valores. Que considere el ser del estudiante, no solo en su futuro profesional, sino como ciudadano para la convivencia en un mundo en constante evolución. Este propósito hace parte de la misión de la Universidad Pontificia Bolivariana, por su compromiso en formación, investigación e innovación.

Dentro de este esquema, es menester destacar los antecedentes que respaldan la labor que ha de adelantar la Facultad de Derecho, a cuyas aulas ingresarán alrededor de medio centenar de becados. Sin sobresaltos doctrinarios, pero con un gran respeto por el debate y la renovación académica, la Facultad ha venido dando muestras del significado que en términos de calidad tiene conjugar la tradición con la innovación, el orden con el desarrollo, la estabilidad con la dinámica, lo social con lo normativo, el respeto con la tolerancia. Como sucede en cualquier grupo pensante, ha habido momentos de inquietud, pero los mismos han servido para reafirmar su misión en la formación de futuros abogados para el país.

El impulso de la innovación y la investigación, dentro de un clima de respeto por los principios y valores, ha arrojado magníficos resultados en materia de excelencia académica, como lo muestran las pruebas de Estado. En el año 2002 surgen las Pruebas Ecaes que buscan medir los niveles de calidad académica, en estudiantes y en Universidades. Aunque en las 10 versiones realizadas los estudiantes de derecho de la UPB tuvieron importante participación, lo más destacable es que en cuatro de ellas, la Facultad obtuvo el primer puesto a nivel nacional: 2002, 2004, 2008 y 2013.

A partir del 2011 se cambió el sistema Ecaes por las pruebas denominadas Saber Pro, con importantes modificaciones en los criterios de evaluación, pues se suprimió el reconocimiento público de los 10 mejores puntajes a nivel nacional, para hacer una especie de calificación de competencias por rangos llamados quintiles, teniendo como mayor, el denominado quintil V. Se destaca que en este máximo rango han quedado ubicados varios estudiantes egresados de la Facultad de Derecho de la UPB (10 en el 2011, 11 en el 2012 y 11 en el 2013). Además, hay que anotar que en los últimos resultados, la estudiante Amalia Escobar Restrepo fue distinguida por el Ministerio de Educación Nacional por obtener el mejor puntaje a nivel nacional en los exámenes de Estado de calidad para la educación superior para egresados de facultades de Derecho.

Con esta carta de presentación, el país puede estar tranquilo respecto a la calidad académica de la formación que recibirán los estudiantes beneficiarios de becas públicas que ingresen a facultades como Derecho de la UPB.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: La ciencia para colciencias

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 16 de octubre de 2015.

189 programas de doctorado concursaron en la denominada "convocatoria 727", abierta por Colciencias para otorgar becas, con el fin de financiar investigadores colombianos y extranjeros, a través de programas de alto nivel ofrecidos por universidades públicas o privadas en Colombia, y soportados en grupos de investigación clasificados por Colciencias en categorías A1, A y B. De acuerdo con la evaluación realizada por 23 académicos internacionales, solo 40 programas correspondientes a áreas como matemáticas, química, ingenierías, ciencias biomédicas y ciencias biológicas, pasaron la evaluación preliminar. Ningún doctorado relacionado con ciencias humanas logró obtener los mínimos de evaluación exigidos.

Los resultados obtenidos permiten formular los siguientes interrogantes: (i) ¿Existe un desfase entre los parámetros de evaluación utilizados por Colciencias y la orientación de las universidades, en especial en materia de investigación social? (ii) ¿Es deficiente la calidad académica y los procesos de investigación en los programas de doctorado correspondientes a las áreas de humanidades? (iii) ¿No hay claridad sobre el rumbo que en el modelo de educación superior en Colombia se está dando a los programas de posgrado, en particular los de maestría en investigación y los de doctorado? (iv) ¿Será que desde el punto de vista político no existe el suficiente reconocimiento al trabajo científico en temas relacionados con las humanidades? (v) ¿Podría pensarse que el resultado de la convocatoria, en la que no clasificó ningún doctorado en humanidades, se debe a que en términos políticos el país y su modelo educativo se ha inscrito en un sistema dominado por la globalización de las sociedades de mercado, que solo considera de carácter científico, aquellas disciplinas con resultados tangibles y cuantificables en términos de producción? (vi)¿El pensamiento filosófico y social, absolutamente necesarios para la reflexión científica, aún en ciencias duras y exactas, se mira como un mero insumo dentro del proceso científico y no como un fin en sí mismo?

Independiente de las respuestas propias a cada interrogante formulado, lo cierto es que cuando se analizan los factores de evaluación, se observa que en general los programas presentan deficiencias en los sistemas de proyección internacional, en los niveles de innovación, no solo técnica sino de pensamiento, en los aportes al desarrollo societario y fundamentalmente en términos del uso del lenguaje y de los sistemas de comunicación. Esto significa que es necesario, desde el punto de vista político, sociológico y de la propia ciencia, que entre todos los actores involucrados en la investigación científica, Estado, universidades e investigadores, se adelante un esfuerzo de autocrítica y autoevaluación, con el fin de lograr que nuestro aparato de educación en lugar de mostrar una permanente preocupación por el cumplimiento de requisitos formales, se oriente hacia la presentación de productos de carácter científico.

Los resultados de la convocatoria 727, en lugar de merecer descalificadoras afirmaciones por parte de miembros de la comunidad académica, tildándola de querer desconocer el valor científico de las humanidades, obliga a una profunda revisión de los modelos de investigación que el Estado y las universidades están desarrollando.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: Propuesta para el juzgamiento de aforados

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2014

(1)

Esta primera parte se ocupará de describir las principales iniciativas presentadas, a partir de tres aspectos: origen, composición y competencias del denominado Tribunal de Aforados.

En su propuesta original, el Gobierno concibe el Tribunal de Aforados como un órgano encargado de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación. El Tribunal tendrá competencia para acusar y juzgar a los aforados, por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Estará integrado por 7 miembros elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de 8 años, sus calidades serán las mismas exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial. Sus integrantes serán investigados por la Cámara por causas disciplinarias, fiscales y penales, y si es del caso, acusados ante el Senado. De acuerdo con el proyecto, la organización y funcionamiento del Tribunal debe garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con todas las garantías procesales, incluida la segunda instancia.

Otra iniciativa, sustentada por el senador Roy Barreras, propone que las cinco mejores facultades de Derecho de Colombia, de acuerdo con los resultados del examen de Estado, elijan cinco magistrados independientes, autónomos y calificados, quienes investigarán y presentarán acusación, cuando haya lugar, a la plenaria de la Cámara, para que esta, a través de voto secreto, determine si la acepta o rechaza. Si la decisión es afirmativa, la acusación irá al Senado para el respectivo juicio político. El Senado, también en voto secreto, decidirá el retiro del cargo o la declaración de indignidad. Si la acusación se refiere a un delito y la decisión de la Cámara es afirmativa, el asunto irá a la Corte Suprema de Justicia, que mantendría su calidad de órgano de cierre.

La iniciativa de la senadora Claudia López considera un Tribunal de 9 miembros, elegidos: 6 por el Senado, de 3 ternas enviadas por el Presidente y 3 ternas enviadas por la Cámara. Estos 6 elegirán otros 3, en la forma que señale la ley. El periodo sería de 8 años, sin posibilidad de reelección. Investigará y juzgará a los funcionarios aforados, por conductas de las que se deriven responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. Cuando el Tribunal encuentre méritos, el Senado de la República debe autorizarlo para continuar con la etapa de juzgamiento. En este proyecto el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara contra los miembros del Tribunal de Aforados. Estos deben tener las mismas calidades que se requieren para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quien haya sido miembro del Tribunal no podrá ser Contralor, Procurador, Fiscal ni magistrado de Alta Corte ni aspirar a cargo de elección popular cuando termine su periodo.

(2)

Con fines pedagógicos, en nuestra anterior entrega describimos las iniciativas presentadas por el Gobierno y algunos congresistas, sobre el órgano competente para juzgar a altos dignatarios del Estado, haciendo una sucinta descripción del mismo, a partir de tres aspectos fundamentales: su origen, las calidades personales y profesionales de sus integrantes y las competencias que deben ser asumidas por aquel.

Bajo estos mismos parámetros, es necesario formular algunas observaciones y propuestas, para que en realidad la iniciativa contribuya al restablecimiento del equilibrio de poderes.

Precisamente, para garantizar un alto nivel de igualdad entre los poderes públicos involucrados en la institución, es necesario que el Tribunal tenga un origen independiente, con el fin de garantizar un trabajo autónomo. Por ejemplo, no es conveniente que en su integración intervengan el Congreso, el Gobierno o las Altas Cortes, ya que los jueces no deben ser designados por quienes pueden ser sujetos de su competencia. Ello generaría un inevitable conflicto de intereses. No debe olvidarse que el Consejo de Estado conoce los procesos sobre pérdida de investidura de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia juzga sus ilícitos penales y la Procuraduría General de la Nación, sus faltas disciplinarias, por lo que sería absurdo que estos órganos intervinieran en la designación de sus posibles futuros jueces. Desde este punto, es mejor que el Tribunal surja directamente de la academia o a través de un sistema de concurso.

En cuanto a las condiciones para ser miembro del mismo, no es de recibo que sus integrantes tengan las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación los pondría en igualdad de condiciones y simplemente los presentaría como una Corte más. Consideramos que debe tratarse de juristas del más alto reconocimiento en el campo del derecho. Sería preferible que para ser miembro del Tribunal se exigiera una edad no inferior a 55 o 60 años y se tratara de personas de altísimo nivel: expresidentes de Altas Cortes, antiguos o actuales decanos, catedráticos o abogados de reconocida trayectoria profesional y social. Personas que definitivamente por su edad y calidades tomen su función como un último y máximo compromiso, sin que puedan aspirar a ocupar ninguna otra investidura o cargo.

En cuanto a las competencias, el Tribunal debería tener la facultad para investigar y juzgar en caso de faltas penales, disciplinarias y fiscales, a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al procurador general de la nación, al contralor general de la república, al defensor del pueblo y al fiscal general de la nación. Si además el hecho amerita un proceso político, formularía acusación ante el Senado para el respectivo juicio político. Al interior el Tribunal, de acuerdo con la ley, se debe organizar su trabajo para garantizar la doble instancia, por ejemplo, que algunos de sus miembros investiguen y acusen y que la resolución de acusación tenga apelación ante los otros miembros

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: La otra reforma política (2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 24 de octubre de 2014

Decíamos en nuestra anterior entrega que la coherencia política, basada en los principios éticos de verdad y servicio, constituye el núcleo central de la democracia, el sustento de las instituciones y la razón de ser de los partidos políticos. Sin una unidad de criterio respecto a los asuntos que interesan a la ciudadanía, esta pierde la confianza en las instituciones y en la actividad de quienes como dirigentes orientan los destinos del Estado en sus distintos niveles.

Asimismo, afirmamos que la discusión de proyectos de reforma institucional, constituía un escenario propicio para medir esa unidad de pensamiento, que solo es posible cuando la clase dirigente actúa dentro del marco de partidos políticos con sólidas bases conceptuales y estructurales. Se dijo, por ejemplo, que no existe coherencia política en un partido que apoya la idea del voto obligatorio y al mismo tiempo patrocina la ausencia parlamentaria, o favorece la creación de un tribunal de aforados para investigar y juzgar altos servidores públicos y a la vez sostiene la necesidad de excluir algunos de ellos, sin una clara explicación para tales exclusiones. En fin, una serie de circunstancias y casos que demuestran la falta de unidad de criterio y de pensamiento frente a posturas políticas relacionadas con la dirección y manejo de la comunidad.

Lamentablemente, para mal de nuestra democracia, no cesan estos comportamientos contradictorios e inconsistentes. El pasado miércoles se aprobó en primer debate el proyecto de reforma constitucional por medio del cual se promueve la reelección de gobernadores y alcaldes. Se trata de un proyecto de Acto Legislativo presentado, promovido y sustentado por el Gobierno. Es decir, por la bancada de la Unidad Nacional, con el Ministro del Interior a la cabeza. Esto significa que quienes promovieron el proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado por el Senado, en virtud del cual se aprobó la supresión de la reelección presidencial, son los mismos actores políticos que ahora promueven y aprueban la reelección de mandatarios locales. En términos de coherencia política, no se entiende semejante contradicción. Los argumentos por los cuales se suprime la reelección presidencial, son similares a aquellos que deben exponerse para impedir que se apruebe la reelección territorial, incluso algunos pueden tener mayor incidencia en las elecciones locales. Por ejemplo, la supuesta utilización de recursos públicos en las campañas reeleccionistas, el ofrecimiento de beneficios u otra clase de promesas para garantizar la permanencia en el poder, poner la administración respectiva al servicio de un proceso electoral orientado a la reelección del gobernante de turno. Se trata de una serie de argumentos, que con mayor o menor sustentación fáctica, sirvieron para defender la necesidad de suprimir toda posibilidad de reelección presidencial y que son absolutamente válidos al momento de cuestionarse la reelección de mandatarios locales.

Así las cosas, al país hay que explicarle con mucha claridad las razones por las cuales quienes aprobaron la supresión de la reelección presidencial, ahora son los promotores principales de la reelección de gobernadores y alcaldes.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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