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Desde la Decanatura

Columna del Decano en El Colombiano: Propuesta para el juzgamiento de aforados

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2014

(1)

Esta primera parte se ocupará de describir las principales iniciativas presentadas, a partir de tres aspectos: origen, composición y competencias del denominado Tribunal de Aforados.

En su propuesta original, el Gobierno concibe el Tribunal de Aforados como un órgano encargado de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación. El Tribunal tendrá competencia para acusar y juzgar a los aforados, por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Estará integrado por 7 miembros elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de 8 años, sus calidades serán las mismas exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial. Sus integrantes serán investigados por la Cámara por causas disciplinarias, fiscales y penales, y si es del caso, acusados ante el Senado. De acuerdo con el proyecto, la organización y funcionamiento del Tribunal debe garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con todas las garantías procesales, incluida la segunda instancia.

Otra iniciativa, sustentada por el senador Roy Barreras, propone que las cinco mejores facultades de Derecho de Colombia, de acuerdo con los resultados del examen de Estado, elijan cinco magistrados independientes, autónomos y calificados, quienes investigarán y presentarán acusación, cuando haya lugar, a la plenaria de la Cámara, para que esta, a través de voto secreto, determine si la acepta o rechaza. Si la decisión es afirmativa, la acusación irá al Senado para el respectivo juicio político. El Senado, también en voto secreto, decidirá el retiro del cargo o la declaración de indignidad. Si la acusación se refiere a un delito y la decisión de la Cámara es afirmativa, el asunto irá a la Corte Suprema de Justicia, que mantendría su calidad de órgano de cierre.

La iniciativa de la senadora Claudia López considera un Tribunal de 9 miembros, elegidos: 6 por el Senado, de 3 ternas enviadas por el Presidente y 3 ternas enviadas por la Cámara. Estos 6 elegirán otros 3, en la forma que señale la ley. El periodo sería de 8 años, sin posibilidad de reelección. Investigará y juzgará a los funcionarios aforados, por conductas de las que se deriven responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. Cuando el Tribunal encuentre méritos, el Senado de la República debe autorizarlo para continuar con la etapa de juzgamiento. En este proyecto el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara contra los miembros del Tribunal de Aforados. Estos deben tener las mismas calidades que se requieren para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quien haya sido miembro del Tribunal no podrá ser Contralor, Procurador, Fiscal ni magistrado de Alta Corte ni aspirar a cargo de elección popular cuando termine su periodo.

(2)

Con fines pedagógicos, en nuestra anterior entrega describimos las iniciativas presentadas por el Gobierno y algunos congresistas, sobre el órgano competente para juzgar a altos dignatarios del Estado, haciendo una sucinta descripción del mismo, a partir de tres aspectos fundamentales: su origen, las calidades personales y profesionales de sus integrantes y las competencias que deben ser asumidas por aquel.

Bajo estos mismos parámetros, es necesario formular algunas observaciones y propuestas, para que en realidad la iniciativa contribuya al restablecimiento del equilibrio de poderes.

Precisamente, para garantizar un alto nivel de igualdad entre los poderes públicos involucrados en la institución, es necesario que el Tribunal tenga un origen independiente, con el fin de garantizar un trabajo autónomo. Por ejemplo, no es conveniente que en su integración intervengan el Congreso, el Gobierno o las Altas Cortes, ya que los jueces no deben ser designados por quienes pueden ser sujetos de su competencia. Ello generaría un inevitable conflicto de intereses. No debe olvidarse que el Consejo de Estado conoce los procesos sobre pérdida de investidura de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia juzga sus ilícitos penales y la Procuraduría General de la Nación, sus faltas disciplinarias, por lo que sería absurdo que estos órganos intervinieran en la designación de sus posibles futuros jueces. Desde este punto, es mejor que el Tribunal surja directamente de la academia o a través de un sistema de concurso.

En cuanto a las condiciones para ser miembro del mismo, no es de recibo que sus integrantes tengan las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación los pondría en igualdad de condiciones y simplemente los presentaría como una Corte más. Consideramos que debe tratarse de juristas del más alto reconocimiento en el campo del derecho. Sería preferible que para ser miembro del Tribunal se exigiera una edad no inferior a 55 o 60 años y se tratara de personas de altísimo nivel: expresidentes de Altas Cortes, antiguos o actuales decanos, catedráticos o abogados de reconocida trayectoria profesional y social. Personas que definitivamente por su edad y calidades tomen su función como un último y máximo compromiso, sin que puedan aspirar a ocupar ninguna otra investidura o cargo.

En cuanto a las competencias, el Tribunal debería tener la facultad para investigar y juzgar en caso de faltas penales, disciplinarias y fiscales, a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al procurador general de la nación, al contralor general de la república, al defensor del pueblo y al fiscal general de la nación. Si además el hecho amerita un proceso político, formularía acusación ante el Senado para el respectivo juicio político. Al interior el Tribunal, de acuerdo con la ley, se debe organizar su trabajo para garantizar la doble instancia, por ejemplo, que algunos de sus miembros investiguen y acusen y que la resolución de acusación tenga apelación ante los otros miembros

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: La otra reforma política (2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 24 de octubre de 2014

Decíamos en nuestra anterior entrega que la coherencia política, basada en los principios éticos de verdad y servicio, constituye el núcleo central de la democracia, el sustento de las instituciones y la razón de ser de los partidos políticos. Sin una unidad de criterio respecto a los asuntos que interesan a la ciudadanía, esta pierde la confianza en las instituciones y en la actividad de quienes como dirigentes orientan los destinos del Estado en sus distintos niveles.

Asimismo, afirmamos que la discusión de proyectos de reforma institucional, constituía un escenario propicio para medir esa unidad de pensamiento, que solo es posible cuando la clase dirigente actúa dentro del marco de partidos políticos con sólidas bases conceptuales y estructurales. Se dijo, por ejemplo, que no existe coherencia política en un partido que apoya la idea del voto obligatorio y al mismo tiempo patrocina la ausencia parlamentaria, o favorece la creación de un tribunal de aforados para investigar y juzgar altos servidores públicos y a la vez sostiene la necesidad de excluir algunos de ellos, sin una clara explicación para tales exclusiones. En fin, una serie de circunstancias y casos que demuestran la falta de unidad de criterio y de pensamiento frente a posturas políticas relacionadas con la dirección y manejo de la comunidad.

Lamentablemente, para mal de nuestra democracia, no cesan estos comportamientos contradictorios e inconsistentes. El pasado miércoles se aprobó en primer debate el proyecto de reforma constitucional por medio del cual se promueve la reelección de gobernadores y alcaldes. Se trata de un proyecto de Acto Legislativo presentado, promovido y sustentado por el Gobierno. Es decir, por la bancada de la Unidad Nacional, con el Ministro del Interior a la cabeza. Esto significa que quienes promovieron el proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado por el Senado, en virtud del cual se aprobó la supresión de la reelección presidencial, son los mismos actores políticos que ahora promueven y aprueban la reelección de mandatarios locales. En términos de coherencia política, no se entiende semejante contradicción. Los argumentos por los cuales se suprime la reelección presidencial, son similares a aquellos que deben exponerse para impedir que se apruebe la reelección territorial, incluso algunos pueden tener mayor incidencia en las elecciones locales. Por ejemplo, la supuesta utilización de recursos públicos en las campañas reeleccionistas, el ofrecimiento de beneficios u otra clase de promesas para garantizar la permanencia en el poder, poner la administración respectiva al servicio de un proceso electoral orientado a la reelección del gobernante de turno. Se trata de una serie de argumentos, que con mayor o menor sustentación fáctica, sirvieron para defender la necesidad de suprimir toda posibilidad de reelección presidencial y que son absolutamente válidos al momento de cuestionarse la reelección de mandatarios locales.

Así las cosas, al país hay que explicarle con mucha claridad las razones por las cuales quienes aprobaron la supresión de la reelección presidencial, ahora son los promotores principales de la reelección de gobernadores y alcaldes.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: La otra reforma política

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 26 de septiembre de 2014

La lectura del texto del decreto 1647 del 2 de septiembre de 2014 permite concluir que a través de ese acto administrativo el Gobierno está transformando nuestro sistema hacia una especie de modelo parlamentario.

El país ha iniciado un intenso debate en torno a la denominada reforma política que busca restablecer el equilibrio de poderes. Al respecto es menester anotar lo siguiente. No es exacto pensar que una reforma política consiste en suprimir la reelección para cargos de elección ciudadana, crear un ambiguo tribunal para aforados, restablecer la cooptación para la elección de magistrados en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por una gerencia judicial, así como quitarles a las Cortes la posibilidad de intervenir en la elección de altos dignatarios del Estado como procurador, contralor, fiscal o auditor.

Los temas que actualmente se debaten son simples propuestas encaminadas de alguna manera a concentrar aún más el poder que tiene el presidente de la República, dentro de un sistema presidencialista que hace mucho tiempo funciona con visos de exagerado presidencialismo. Pensar que esos tibios acuerdos burocráticos constituyen una reforma política, significa desconocer el verdadero sentido de lo que supone una reforma de este tipo.

Toda reforma política debe interesar los elementos estructurales del poder, no sus simples manifestaciones formales y burocráticas. Una verdadera reforma debe replantear la efectividad de los sistemas de participación ciudadana, los mecanismos de responsabilidad del servidor público, los factores teleológicos que guían el quehacer público y por último la estructura y funcionamiento de los órganos, agencias y oficinas en donde se expresan las distintas manifestaciones de poder.

Lo curioso es que mientras el Congreso, los partidos y el país se ocupan de discutir la denominada reforma para restablecer el equilibrio de poderes, el Gobierno de manera silenciosa, sin acudir a mayores discusiones, emprende una profunda modificación de las formas de acción y actuación en algunas instancias del Estado, en especial la Vicepresidencia de la República. Se trata, como se dijo en días pasados, de la implementación de hecho y en forma irregular de una especie de sistema parlamentario, en el que el presidente continúa actuando como jefe de Estado, mientras que el vicepresidente asume las responsabilidades políticas y administrativas propias de un primer ministro.

Al asumir el vicepresidente la coordinación interinstitucional e intersectorial para proyectos de vivienda, infraestructura, renovación urbana, desarrollo espacial y planes de atención especial en ciertas regiones, surgen importantes preguntas en materia de institucionalización política. Por ejemplo: ¿Cuál es la situación de los ministros del ramo? ¿Realmente, como en el sistema parlamentario, rinden cuentas al "primer ministro" y con este hacen gabinete? ¿Ya no será el presidente quien coordine su labor, sino el vicepresidente en su calidad de "primer ministro"? ¿Puede el Congreso aprobar una moción de censura contra el vicepresidente? ¿Puede el vicepresidente ser citado como si fuera un ministro? ¿Quién asume la responsabilidad política? ¿Es constitucional este cambio de esquema?.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Mensaje a los Egresados de Derecho y Ciencias Políticas

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Apreciados egresados:

En este mes de septiembre celebramos con júbilo como Universidad y Facultad nuestros 78 años de existencia. Desde 1936 poco más de tres mil estudiantes como ustedes han egresado de nuestras acogedoras aulas.

Aprovechando esta ocasión, y próximo a cumplir un año en la presente Decanatura, quisiera hacerles extensivo a todos ustedes un saludo muy especial, recordándoles que ésta es y será siempre su Facultad de Derecho, su casa, puesto que es una “Facultad para toda la vida”.

En este corto período como Decano hemos avanzado con el apoyo de todos los estamentos. Vale la pena rescatar, sólo a título de ejemplo, algunos logros importantes:

  • Se aprobó por parte de las autoridades de la Escuela y de la Universidad la transformación curricular del Pregrado en Derecho. Esperamos, de esta manera, implementar prontamente un currículo que responda con mayor pertinencia y actualidad a las exigencias de nuestro entorno.
  • Se avanza decididamente en el proceso de autoevaluación con la finalidad de que, nuevamente, el Ministerio de Educación reconozca nuestra formación de alta calidad.
  • Hemos ampliado nuestra oferta académica, no sólo en cursos de formación continua como diplomados, sino, también, en seminarios y foros que permanentemente se vienen realizando en la Facultad con el apoyo de un fortalecido Grupo de Investigaciones en Derecho (GRID) y del Sistema de Formación Avanzada (posgrados). A todos estos eventos, desde luego, están ustedes cordialmente invitados.
  • La experiencia del Consultorio Jurídico Pío XII se ha solidificado por vía de convenios interinstitucionales e intervenciones en distintos territorios de la ciudad, todo ello en clave de proyección social.
  • Nuestros estudiantes vienen desempeñándose con éxito en múltiples empresas y bufetes de abogados, más aún hoy que la experiencia de las prácticas profesionales se ha consolidado en nuestra Escuela.
  • Se han articulado acciones en el campo de Clínica Jurídica, con énfasis en derechos humanos, de manera tal que nuestra visión internacional se ha diversificado a través de convenios con universidades extranjeras.
  • El Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria", el Centro de Propiedad Intelectual y del Conocimiento,  el Consultorio Jurídico Pío XII, prestan a toda la comunidad importantes servicios de transferencia en cada uno de los ámbitos de su desempeño.
  • Es para mí motivo de orgullo contarles que ocho egresados nuestros se desempeñan actualmente como magistrados o consejeros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
  • Según el Sistema del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, para el período 2007 – 2012, nuestros egresados del Pregrado en Derecho reportaron en el ámbito local los más altos ingresos (promedio).

Compartirles estos logros es apenas una excusa para agradecerles por ser nuestros egresados y llevar siempre el nombre de la Universidad y de la Facultad en lo más alto. Es ésta también una oportunidad para invitarlos a que nos visiten, a que se pongan en contacto con nosotros, aprovechando la tecnología y las redes sociales.

Por último, en pocos días les estaremos solicitando, muy comedidamente, el apoyo de cada uno de ustedes como egresados en el diligenciamiento de una encuesta en el marco del proceso de autoevaluación con fines de reacreditación, el cual, dicho sea de paso, compromete el futuro de la Facultad.

Expresándoles mis sentimientos de gratitud,

LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO
Decano
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Pontificia Bolivariana

Columna del Decano en El Colombiano: Pérdida de legitimidad de las instituciones

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 5 de septiembre de 2014

El Estado Social de Derecho es ante todo un Estado garantista, en el que el respeto a la libertad y a la dignidad se convierten en el punto de partida para el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y económicos. La garantía no es más que la mirada del derecho a partir del deber del Estado de procurar su desarrollo integral.

En el Estado de derecho, la posibilidad de ser juzgado por un juez natural y neutral, preocupado por realizar el valor justicia, es un derecho que asiste al individuo y una garantía que debe ser respaldada por las autoridades legítimamente constituidas. El derecho de acceso a una justicia digna y oportuna, así como la obligación del Estado de garantizar su plena aplicación, son principios de tal envergadura, que su desconocimiento, total o parcial, no solo significa la negación de la institucionalidad, sino de la razón de ser del Estado.

Lo expuesto sirve para ilustrar la gravedad de lo que viene sucediendo en nuestro país. Altos servidores públicos, de distintos órganos y estructuras y de diferentes filiaciones políticas, asumen la sagrada tarea de cumplir la función pública que se les encomienda como administradores, como jueces o como titulares de órganos de control, y se supone que su labor se desarrolla con absoluto respeto por las garantías procesales y sustanciales a que tienen derecho quienes se encuentran sujetos a sus investigaciones y decisiones.

No se piensa igual cuando por distintas circunstancias esos mismos funcionarios pasan de investigadores a investigados, de juzgadores a juzgados. Cuando ello ocurre, inmediatamente cuestionan la integridad, objetividad e imparcialidad de las autoridades encargadas de adelantar dichos procesos. Entonces optan por abandonar el país, por solicitar asilo en Estados vecinos, por autodenominarse perseguidos políticos. Es decir, esas instituciones desde las cuales cumplían sus funciones como servidores públicos, de un momento a otro se desmoronan y resulta que el noble y defendido Estado Social de derecho se transforma en un régimen cuyos órganos judiciales carecen de legitimidad y de credibilidad, porque no administran justicia, sino que cumplen labores de venganza privada o de persecución política.

Lo lamentable es que esos servidores cuyas funciones se desarrollan de manera legítima, salvo cuando son ellos quienes deben responder, al desconocer las instituciones están dando un golpe mortal al orden jurídico-político y a los fundamentos de la convivencia social. Si un servidor o exfuncionario de alto rango reniega de los órganos judiciales o de control y opta por huir para no someterse a ellos, porque considera que son corruptos y están politizados, con qué criterio se le exige al ciudadano común y corriente, a quien hurta una gallina, a quien lesiona a otro, en fin, al "pequeño o al gran infractor", que crea y se someta a la justicia. Se supone que si la justicia es corrupta para algunos, lo es para todos y si ello es así, definitivamente se requiere una reforma muy profunda a las instituciones judiciales y de control.

 

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: Fuero presidencial y juzgamiento de congresistas

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 15 de agosto de 2014

En el gobierno parlamentario el jefe de Estado es un presidente o un monarca, mientras que el jefe de gobierno y de la administración es un primer ministro. Lo usual es que el primer ministro sea el director del partido mayoritario en el parlamento y el gabinete se integre con personas pertenecientes a su propio partido. Este esquema hace que el gobierno surja del parlamento y por ello está sujeto a un intenso control político por parte de este, de manera que si es derrotado en un proyecto importante, o se aprueba una moción de censura en su contra, debe renunciar y convocar a elecciones para conformar un nuevo gobierno.

En un sistema presidencialista como el nuestro, el Presidente de la República es jefe de Estado, de gobierno y de la administración. Ignorando que la triple jefatura le da un importante dominio político sobre el Congreso, la Carta de 1991 incorporó en nuestro sistema una figura propia del modelo parlamentario: la moción de censura sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. La institución así concebida es inocua, pues no afecta al presidente, quien además tiene el poder suficiente para impedir que opere.

A raíz de la elección del expresidente Uribe como senador, algún sector pretende adelantar una especie de control político para censurar sus actos y vínculos cuando era presidente. Nada más equivocado, por las siguientes razones: (I) Para el juzgamiento de sus actuaciones como presidente, el exmandatario goza de un fuero especial que obliga que toda investigación sobre su conducta deba adelantarse mediante un procedimiento que se surte ante la comisión de acusaciones de la Cámara, que en caso de encontrar mérito, formulará la correspondiente acusación ante el Senado, cuando se trate de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o de indignidad por mala conducta, o ante la Corte Suprema, cuando se le deba seguir un juicio criminal por tratarse de una causa penal. (II) Si lo que se pretende es adelantar un debate político, este solo puede desarrollarse mediante citación a ministros, jefes de departamento administrativo y superintendentes, sin que la Constitución autorice citar ni al presidente ni a expresidentes y versaría sobre asuntos relacionados con la acción de gobierno y no sobre temas penales, pues para ello está el procedimiento penal propio para un aforado. (III) Tampoco es posible utilizar el artículo 137 de la Constitución. Si bien la norma permite que cualquier comisión permanente pueda citar a toda persona para que rinda declaraciones, debe ser sobre hechos relacionados con indagaciones que adelante la comisión, sin que se pueda incluir dentro de los citables a los propios congresistas, ya que estos cuentan con un fuero especial de juzgamiento, y el control político no se desarrolla respecto cada uno de ellos, pues el Congreso opera como cuerpo y no es posible que pueda ejercer control político sobre sí mismo. El único control político sobre un senador es el que adelantan los ciudadanos a través de las urnas.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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