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Desde la Decanatura

Columna del Decano en El Colombiano: La junta del Metro

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 28 de febrero de 2014

De acuerdo con sus estatutos, la junta del Metro está conformada por nueve miembros, así: el gobernador de Antioquia, el director de Planeación departamental, el alcalde metropolitano, el director de Planeación de Medellín y cinco particulares con sus respectivos suplentes nombrados por el Presidente de la República. Atendiendo la exégesis de la disposición, el Presidente siempre había designado ciudadanos provenientes del sector privado, empresarial o académico, sin vínculo alguno con el sector público.

No sucede lo mismo con los nuevos miembros de junta, pues el primer mandatario no mantuvo la práctica precedente, sino que designó tres prestantes ciudadanos particulares, pertenecientes, como es apenas lógico, al sector privado, empresarial y académico; a la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa y al ministro de vivienda Luis Felipe Henao.

La pregunta consiste en determinar si al nombrar dos ministros violó la disposición estatutaria que determina que los representantes del gobierno deben ser particulares, que no servidores públicos.

El artículo 123 de la Constitución Política y las disposiciones legales concernientes a la función pública, identifican al servidor público, llámese empleado, trabajador o miembro de corporación pública, como aquella persona que está vinculada con el Estado, en cualquier nivel, mediante una relación estatutaria y legal o un contrato. El vínculo del servidor con el sector público hace que aquel adquiera competencia para representar a la administración, situación aún más clara en tratándose de funcionarios que ostentan la calidad de autoridad política, civil o militar.

Cosa diferente sucede con el particular. La legislación y la jurisprudencia identifican al particular como una categoría diferente al servidor público, por eso el artículo 6° de la Carta significa que el particular puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, en tanto que el servidor público solo puede hacer lo que le esté permitido. Así las cosas, cuando los estatutos del Metro disponen que los representantes del Presidente deben ser particulares, es apenas natural entender que no pueden ser servidores públicos y mucho menos de los que ostentan la categoría superior de autoridad, como sucede con los ministros.

Pero además de objetar jurídicamente que el Presidente, violando las normas estatutarias, haya nombrado como miembros de la junta del Metro a quienes no son particulares, el problema más grave es de responsabilidad y de validez. Responsabilidad administrativa de quien es competente para la designación y de quien deba proceder a la posesión de dichos miembros, pues según las normas legales, ambos tienen la obligación de verificar las calidades legales o estatutarias de los designados. Por otra parte, también surge un gran interrogante respecto la validez de los actos de la junta, la conformación de su quórum, la determinación de las mayorías y la fijación de sus decisiones, cuando estas se toman con la participación de miembros cuya presencia genera dudas jurídicas.

Por todo lo expuesto, por la dignidad de la junta de una entidad tan querida por los antioqueños, ojalá se reflexione sobre el tema y se adopten los correctivos necesarios.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: Origen de la Corrupción

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 21 de febrero de 2014

Para garantizar la transparencia y combatir la corrupción en la contratación estatal, se expidieron, entre otras, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y últimamente la Ley 1474 de 2011. No obstante en esta y otras materias, los casos de corrupción que con frecuencia se denuncian en los medios de comunicación, en los despachos judiciales y en otras instancias, obligan a reflexionar sobre el origen que en nuestra sociedad puede tener este flagelo.

La respuesta hay que encontrarla en los fundamentos mismos del comportamiento social. El entorno familiar y social hace que desde su más temprana infancia se estimule en el niño comportamientos tramposos que en lugar de ser objeto de censura, son alabados como formas superiores de conducta. El héroe de la cuadra, del barrio, del salón de clase, del grupo de amigos, es aquel que se distingue por "vivo", o como decían nuestras abuelas, por "avispado". Y sobresale entre compañeros, amigos y familiares porque engaña al tendero, (paga un pan y se lleva dos), o sale a hurtadillas de la casa violando las reglas establecidas por sus padres, o en el colegio contesta a lista y luego se "vuela"; en fin, el personaje de la escuela es quien hace "pastel" en los exámenes o copia la tarea del compañero durante el trayecto del bus escolar.

Un informe de la Gobernación de Antioquia señala que el 80 % de los estudiantes universitarios de Antioquia dijo haber dejado que un compañero le copiara en un examen y el 11 % afirma haber presentado como propio un trabajo que bajó del internet. Se sustraen ocultamente los temas de exámenes. Se falsifican certificados para acreditar idoneidad en una lengua extranjera, se venden cupos para ingresar cursos, se paga a quienes manejan los sistemas de notas, para afectar asignaturas reprobadas y convertirlas en cursos aprobados. Se trata de comportamientos que poco a poco construyen la cultura de la corrupción.

Esa desfiguración cultural hace ineficaces las normas sobre control. Abogados y jueces acuerdan otorgar pensiones ficticias, médicos y otros profesionales desvían los dineros de la salud, altos funcionarios de la Rama Judicial obtienen pensiones a través de maniobras poco éticas, funcionarios y particulares de alto rango social se involucran en fraudes contractuales, miembros de las Fuerzas Militares asumen conductas censurables. En fin, lo lamentable es que los casos de corrupción sancionados o en investigación, parecen no tener fin. Esa corrupción que pone a nuestro país en un triste puesto de vanguardia en el contexto mundial.

Lo expuesto, que es apenas una muestra, lleva a concluir que en Colombia la corrupción no se limita a unas cuantas manifestaciones aisladas de conducta, sino que se trata de una enfermedad que impregna nuestra sociedad. Nacemos en medio de ella, nos movemos en la misma y llegamos a creer que es un comportamiento normal, no censurable. Mientras no se remedie la enfermedad, replanteando un esquema societario de valores y principios, podemos seguir expidiendo estatutos anticorrupción, pero el mal seguirá creciendo.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Mensaje del Decano sobre obras en la Facultad y cancelación reunión..

Estimados profesores y estudiantes

Quiero darles la bienvenida al año académico 2014, el cual espero sea muy provechoso para ustedes y sus familias.

Como se habrán dado cuenta, desde noviembre pasado se iniciaron unas obras de mejoramiento del bloque 12 que seguramente contribuirán a un mayor bienestar de toda la Comunidad Académica de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.

Aunque las obras se programaron para ser entregadas antes del lunes 20 de enero, es necesario hacer algunos ajustes y revisiones, razón por la cual les ruego tener paciencia con las molestias que puedan experimentar en estos primeros días. Esperamos que en una o dos semanas todos estos inconvenientes estén resueltos.

Debido a los inconvenientes surgidos con las obras que se adelantan en el bloque 12 correspondiente a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, me permito informarles que ha sido aplazada la reunión de profesores inicialmente programada para mañana jueves 23 de enero a las 7 A.M. En los próximos días les daremos a conocer la nueva fecha.

Agradezco su comprensión.

Atentamente.


LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO

Una institución perversa.

Luis-Fernando-AlvarezUna institución perversa.
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 6 de diciembre de 2013.

Conviene saber qué tan provechosa es la reelección para los cargos de período que tienen origen en un acto electoral, bien sea de carácter popular, o proveniente de algún órgano colegiado.

Teóricamente la continuidad en las políticas y en la ejecución de programas, aconsejarían que aquellos servidores públicos que han respondido favorablemente con sus acciones a las expectativas ciudadanas, tengan derecho a permanecer en sus funciones, bajo la premisa de que su estabilidad ha de redundar en beneficio de la colectividad.

A este argumento se contrapone el hecho de que quien tiene la opción de repetir en un cargo de período, en el que van implícitas facultades de poder, indefectiblemente sentirá la humana tentación de permanecer en su empleo, por considerar que lo hecho amerita su continuidad; y lo no logrado, justifica un término adicional para obtener los resultados prometidos. Ambas opciones están concebidas para estimular un comportamiento, por lo menos, moralmente inadecuado.

Como consecuencia de lo anterior, irremediablemente el deseo o la simple posibilidad de continuidad en un cargo de elección, harán que el empleado público aspirante a ella, experimente una especial preocupación por complacer a sus futuros electores. Si la reelección proviene de un órgano colegiado, existe una alta probabilidad de que se presenten los naturales acuerdos y componendas políticas, con promesas de asignación de favores, absolutamente necesarios en un proceso electoral. Si se trata de cargos de elección popular, el candidato termina por viciar su acción de gobierno, destinando de manera preferente los esfuerzos y recursos hacia actividades que de alguna manera originen una reacción favorable por parte del electorado.

Necesariamente las relaciones de poder se enrarecen, ya que el vínculo de servicio que debe existir entre el servidor público y los ciudadanos se ensombrece bajo la espesa niebla de la reelección.

Más grave es lo que ocurre luego de que efectivamente se presenta la nueva elección, bien sea del presidente de la República, del procurador general de la Nación o de cualquier otro funcionario que por Constitución Política o por ley sea reelegible. Es muy probable que quien haya sido reelecto se sienta obligado a responder por las promesas, los favores, los intercambios burocráticos y demás beneficios ofrecidos a cambio de los votos obtenidos. La acción de gobierno se envilece y el camino hacia las prácticas corruptas queda servido para el quehacer diario. Este mal es toda una epidemia que afecta el núcleo mismo de la gestión pública, pues necesariamente las prácticas reeleccionistas estimulan y propician la corrupción, el clientelismo y la falta de objetividad en las decisiones.

En definitiva ninguna reelección es buena, todas son inconvenientes por sus efectos nocivos en términos de moral administrativa, de manera que para una sociedad que pretende suprimir las fuentes de corrupción, la única opción es emprender las reformas necesarias para reemplazar esta institución por otras medidas, como por ejemplo, aumentar los períodos e implementar sistemas eficaces de evaluación sobre el cumplimiento de planes y programas de gobierno, administración y control.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Las razones del alcalde Petro

Luis-Fernando-AlvarezLas razones del alcalde Petro.
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de diciembre de 2013.

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Política y la ley, la actual Procuraduría ha sancionado cerca de 800 alcaldes y 23 gobernadores, además de un importante grupo de congresistas y funcionarios del Ejecutivo. Se destacan por su notoriedad política y social las siguientes sanciones, consistentes en destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años para el ejercicio de funciones públicas: (I) Exgobernadores: Cielo González, del Huila, 11 años de inhabilidad; Héctor Fabio Useche, del Valle, 10 años de inhabilidad; Juan Carlos Abadía, del Valle, 10 años; Nelson Mariño, del Casanare, 14 años; Óscar Barreto Quiroga, del Tolima, 11 años. (II) Excongresistas: Miguel Alfonso De la Espriella, Álvaro García, Luis Alberto Gil, Luis Eduardo Vives Lacouture, Alfonso Antonio Campo Escobar, Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge Luis Caballero Caballero, inhabilidad por 20 años para cada uno; Germán Olano e Iván Moreno, por 12 y 20 años respectivamente, Piedad Córdoba, inhabilitada por 18 años. (III) Exalcaldes: Alonso Salazar, inhabilitado por 12 años; Samuel Moreno Rojas, 12 meses; Jorge Iván Ospina, sancionado por 6 meses. (IV) Otros funcionarios: Andrés Felipe Arias Leiva, inhabilitado por 16 años; Guillermo Asprilla, secretario de gobierno del Distrito, por 12 años; Carlos Albornoz, exdirector nacional de Estupefacientes, por 14 años; Hipólito Moreno, inhabilitado por 11 años; el superintendente financiero Gerardo Hernández, 12 años, y ahora el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inhabilitado por 15 años.

Sin evaluar materialmente cada caso, lo cierto es que la forma como actúa la Procuraduría es resultado de un delicado problema institucional, ya que para combatir la corrupción, la evasión y otros males, en forma ligera se expiden leyes que otorgan poderes omnímodos a algunos órganos, -Procuraduría, Contraloría, DIAN, superintendencias-, olvidando que con esa asignación de "competencias salvadoras" se están violando principios rectores del Estado Social de Derecho.

Por ejemplo, el ejercicio del poder disciplinario por el Procurador muestra dos situaciones altamente cuestionables: (I) el desarrollo de un proceso en el que un mismo funcionario realiza la investigación, califica la infracción, impone la sanción y resuelve el recurso de reposición. Las normas internacionales sobre derechos y garantías disponen que hay violación al debido proceso, cuando no se concede al procesado la posibilidad real de acudir a una segunda instancia. Podría argumentarse que la decisión del Procurador puede controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Seamos claros, las decisiones administrativas o de control no pueden adoptarse pensando en la vía judicial. (II) Más grave es el caso del proceso disciplinario respecto de funcionarios de elección ciudadana, pues para respetar la voluntad del electorado, el control de su actuación sólo debería efectuarse por procedimientos democráticos.

En conclusión, sin pronunciarnos sobre los hechos que originaron la sanción para el Alcalde, puesto que no conocemos el expediente, consideramos que dentro del marco del Estado Social Constitucional, a este le asiste la razón cuando afirma que la sanción impuesta es resultado de un proceso adelantado sin las debidas garantías y con violación de derechos constitucionales.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Soluciones a la crisis (y 3)

Luis-Fernando-AlvarezJusticia y Paz
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de noviembre.

La justicia atraviesa un período histórico, particularmente grave y vulnerable, por lo que su recuperación es un factor indispensable para que un proceso de paz se desarrolle en una sociedad en postconflicto.

Se necesitan jueces honestos, con experiencia y conocimiento, dignos para ejercer su sagrada función. Para ello, es necesario enfrentar las causas conceptuales, personales e institucionales que se encuentran al origen de los graves problemas que afectan una función esencial para la convivencia social.

Para solucionar esta delicada situación, el país no puede volver sobre reformas parciales y adjetivas, sino que es necesario asumir una profunda reflexión en lo que se denominaría el proceso de restablecimiento judicial, para lo cual es menester abordar como mínimo los siguientes temas y escenarios:

1. Reflexionar sobre el esquema conceptual y epistemológico que ha de servir de marco para la estructura y programación de los estudios de derecho. No se trata de afectar la autonomía universitaria, ni de imponer parámetros ideológicos indiscutibles, sino de lograr consensos sobre la clase de abogados que hay que formar para la sociedad que tenemos, en consideración a sus expectativas de convivencia en un momento de postconflicto. Se trata de acordar fundamentos teóricos y líneas de investigación y trabajo sobre lo que debe ser el derecho y sus conceptos fundamentales como la seguridad, la igualdad, la libertad y la dignidad.

2. Asimismo, hay que reconstruir en el tejido social un sistema de valores que permitan absoluta transparencia, lealtad y sinceridad en el quehacer jurídico. Estudiantes, y después jueces, asesores y litigantes deben ser educados para que en cada una de sus actuaciones apliquen principios de pulcritud, respeto y equidad, con el fin de brindar a los individuos y al grupo social un mensaje de firmeza y seguridad institucional y social.

3. Para lograr este espíritu de fortaleza moral es necesario que los futuros jueces de la República, se formen con la convicción de que ser juez es recibir una dignidad, no un simple empleo.

4. La realización institucional de los anteriores postulados de conducta, exige reformas estructurales del siguiente tenor:

a. Revisar los requisitos personales, académicos y profesionales para acceder a los distintos cargos de la judicatura. Supone replantear temas como la edad mínima de acceso, la edad de retiro, los procedimientos de elección y designación.

b. Analizar las funciones de los jueces, especialmente de las Altas Cortes, con el fin de evitar enfrentamientos inútiles que deslegitiman la justicia y crean inseguridad. Hacer que el juez se dedique única y exclusivamente a su sagrada función, excluyéndolo de la política electoral.

c. Revisar la estructura administrativa y el sistema de gestión, las relaciones de jerarquía funcional que se dan en el interior de la rama, los sistemas de control funcional, penal y disciplinario.

No es posible adelantar un proceso de reforma a la justicia hacia una sociedad en postconflicto, sin la participación seria y abierta de la academia y de los sectores particularmente comprometidos con el tema judicial.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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