Lunes, May 22nd

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Desde la Decanatura

Mensaje del Decano sobre obras en la Facultad y cancelación reunión..

Estimados profesores y estudiantes

Quiero darles la bienvenida al año académico 2014, el cual espero sea muy provechoso para ustedes y sus familias.

Como se habrán dado cuenta, desde noviembre pasado se iniciaron unas obras de mejoramiento del bloque 12 que seguramente contribuirán a un mayor bienestar de toda la Comunidad Académica de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.

Aunque las obras se programaron para ser entregadas antes del lunes 20 de enero, es necesario hacer algunos ajustes y revisiones, razón por la cual les ruego tener paciencia con las molestias que puedan experimentar en estos primeros días. Esperamos que en una o dos semanas todos estos inconvenientes estén resueltos.

Debido a los inconvenientes surgidos con las obras que se adelantan en el bloque 12 correspondiente a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, me permito informarles que ha sido aplazada la reunión de profesores inicialmente programada para mañana jueves 23 de enero a las 7 A.M. En los próximos días les daremos a conocer la nueva fecha.

Agradezco su comprensión.

Atentamente.


LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO

Una institución perversa.

Luis-Fernando-AlvarezUna institución perversa.
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 6 de diciembre de 2013.

Conviene saber qué tan provechosa es la reelección para los cargos de período que tienen origen en un acto electoral, bien sea de carácter popular, o proveniente de algún órgano colegiado.

Teóricamente la continuidad en las políticas y en la ejecución de programas, aconsejarían que aquellos servidores públicos que han respondido favorablemente con sus acciones a las expectativas ciudadanas, tengan derecho a permanecer en sus funciones, bajo la premisa de que su estabilidad ha de redundar en beneficio de la colectividad.

A este argumento se contrapone el hecho de que quien tiene la opción de repetir en un cargo de período, en el que van implícitas facultades de poder, indefectiblemente sentirá la humana tentación de permanecer en su empleo, por considerar que lo hecho amerita su continuidad; y lo no logrado, justifica un término adicional para obtener los resultados prometidos. Ambas opciones están concebidas para estimular un comportamiento, por lo menos, moralmente inadecuado.

Como consecuencia de lo anterior, irremediablemente el deseo o la simple posibilidad de continuidad en un cargo de elección, harán que el empleado público aspirante a ella, experimente una especial preocupación por complacer a sus futuros electores. Si la reelección proviene de un órgano colegiado, existe una alta probabilidad de que se presenten los naturales acuerdos y componendas políticas, con promesas de asignación de favores, absolutamente necesarios en un proceso electoral. Si se trata de cargos de elección popular, el candidato termina por viciar su acción de gobierno, destinando de manera preferente los esfuerzos y recursos hacia actividades que de alguna manera originen una reacción favorable por parte del electorado.

Necesariamente las relaciones de poder se enrarecen, ya que el vínculo de servicio que debe existir entre el servidor público y los ciudadanos se ensombrece bajo la espesa niebla de la reelección.

Más grave es lo que ocurre luego de que efectivamente se presenta la nueva elección, bien sea del presidente de la República, del procurador general de la Nación o de cualquier otro funcionario que por Constitución Política o por ley sea reelegible. Es muy probable que quien haya sido reelecto se sienta obligado a responder por las promesas, los favores, los intercambios burocráticos y demás beneficios ofrecidos a cambio de los votos obtenidos. La acción de gobierno se envilece y el camino hacia las prácticas corruptas queda servido para el quehacer diario. Este mal es toda una epidemia que afecta el núcleo mismo de la gestión pública, pues necesariamente las prácticas reeleccionistas estimulan y propician la corrupción, el clientelismo y la falta de objetividad en las decisiones.

En definitiva ninguna reelección es buena, todas son inconvenientes por sus efectos nocivos en términos de moral administrativa, de manera que para una sociedad que pretende suprimir las fuentes de corrupción, la única opción es emprender las reformas necesarias para reemplazar esta institución por otras medidas, como por ejemplo, aumentar los períodos e implementar sistemas eficaces de evaluación sobre el cumplimiento de planes y programas de gobierno, administración y control.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Las razones del alcalde Petro

Luis-Fernando-AlvarezLas razones del alcalde Petro.
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de diciembre de 2013.

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Política y la ley, la actual Procuraduría ha sancionado cerca de 800 alcaldes y 23 gobernadores, además de un importante grupo de congresistas y funcionarios del Ejecutivo. Se destacan por su notoriedad política y social las siguientes sanciones, consistentes en destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años para el ejercicio de funciones públicas: (I) Exgobernadores: Cielo González, del Huila, 11 años de inhabilidad; Héctor Fabio Useche, del Valle, 10 años de inhabilidad; Juan Carlos Abadía, del Valle, 10 años; Nelson Mariño, del Casanare, 14 años; Óscar Barreto Quiroga, del Tolima, 11 años. (II) Excongresistas: Miguel Alfonso De la Espriella, Álvaro García, Luis Alberto Gil, Luis Eduardo Vives Lacouture, Alfonso Antonio Campo Escobar, Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge Luis Caballero Caballero, inhabilidad por 20 años para cada uno; Germán Olano e Iván Moreno, por 12 y 20 años respectivamente, Piedad Córdoba, inhabilitada por 18 años. (III) Exalcaldes: Alonso Salazar, inhabilitado por 12 años; Samuel Moreno Rojas, 12 meses; Jorge Iván Ospina, sancionado por 6 meses. (IV) Otros funcionarios: Andrés Felipe Arias Leiva, inhabilitado por 16 años; Guillermo Asprilla, secretario de gobierno del Distrito, por 12 años; Carlos Albornoz, exdirector nacional de Estupefacientes, por 14 años; Hipólito Moreno, inhabilitado por 11 años; el superintendente financiero Gerardo Hernández, 12 años, y ahora el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inhabilitado por 15 años.

Sin evaluar materialmente cada caso, lo cierto es que la forma como actúa la Procuraduría es resultado de un delicado problema institucional, ya que para combatir la corrupción, la evasión y otros males, en forma ligera se expiden leyes que otorgan poderes omnímodos a algunos órganos, -Procuraduría, Contraloría, DIAN, superintendencias-, olvidando que con esa asignación de "competencias salvadoras" se están violando principios rectores del Estado Social de Derecho.

Por ejemplo, el ejercicio del poder disciplinario por el Procurador muestra dos situaciones altamente cuestionables: (I) el desarrollo de un proceso en el que un mismo funcionario realiza la investigación, califica la infracción, impone la sanción y resuelve el recurso de reposición. Las normas internacionales sobre derechos y garantías disponen que hay violación al debido proceso, cuando no se concede al procesado la posibilidad real de acudir a una segunda instancia. Podría argumentarse que la decisión del Procurador puede controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Seamos claros, las decisiones administrativas o de control no pueden adoptarse pensando en la vía judicial. (II) Más grave es el caso del proceso disciplinario respecto de funcionarios de elección ciudadana, pues para respetar la voluntad del electorado, el control de su actuación sólo debería efectuarse por procedimientos democráticos.

En conclusión, sin pronunciarnos sobre los hechos que originaron la sanción para el Alcalde, puesto que no conocemos el expediente, consideramos que dentro del marco del Estado Social Constitucional, a este le asiste la razón cuando afirma que la sanción impuesta es resultado de un proceso adelantado sin las debidas garantías y con violación de derechos constitucionales.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Soluciones a la crisis (y 3)

Luis-Fernando-AlvarezJusticia y Paz
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 22 de noviembre.

La justicia atraviesa un período histórico, particularmente grave y vulnerable, por lo que su recuperación es un factor indispensable para que un proceso de paz se desarrolle en una sociedad en postconflicto.

Se necesitan jueces honestos, con experiencia y conocimiento, dignos para ejercer su sagrada función. Para ello, es necesario enfrentar las causas conceptuales, personales e institucionales que se encuentran al origen de los graves problemas que afectan una función esencial para la convivencia social.

Para solucionar esta delicada situación, el país no puede volver sobre reformas parciales y adjetivas, sino que es necesario asumir una profunda reflexión en lo que se denominaría el proceso de restablecimiento judicial, para lo cual es menester abordar como mínimo los siguientes temas y escenarios:

1. Reflexionar sobre el esquema conceptual y epistemológico que ha de servir de marco para la estructura y programación de los estudios de derecho. No se trata de afectar la autonomía universitaria, ni de imponer parámetros ideológicos indiscutibles, sino de lograr consensos sobre la clase de abogados que hay que formar para la sociedad que tenemos, en consideración a sus expectativas de convivencia en un momento de postconflicto. Se trata de acordar fundamentos teóricos y líneas de investigación y trabajo sobre lo que debe ser el derecho y sus conceptos fundamentales como la seguridad, la igualdad, la libertad y la dignidad.

2. Asimismo, hay que reconstruir en el tejido social un sistema de valores que permitan absoluta transparencia, lealtad y sinceridad en el quehacer jurídico. Estudiantes, y después jueces, asesores y litigantes deben ser educados para que en cada una de sus actuaciones apliquen principios de pulcritud, respeto y equidad, con el fin de brindar a los individuos y al grupo social un mensaje de firmeza y seguridad institucional y social.

3. Para lograr este espíritu de fortaleza moral es necesario que los futuros jueces de la República, se formen con la convicción de que ser juez es recibir una dignidad, no un simple empleo.

4. La realización institucional de los anteriores postulados de conducta, exige reformas estructurales del siguiente tenor:

a. Revisar los requisitos personales, académicos y profesionales para acceder a los distintos cargos de la judicatura. Supone replantear temas como la edad mínima de acceso, la edad de retiro, los procedimientos de elección y designación.

b. Analizar las funciones de los jueces, especialmente de las Altas Cortes, con el fin de evitar enfrentamientos inútiles que deslegitiman la justicia y crean inseguridad. Hacer que el juez se dedique única y exclusivamente a su sagrada función, excluyéndolo de la política electoral.

c. Revisar la estructura administrativa y el sistema de gestión, las relaciones de jerarquía funcional que se dan en el interior de la rama, los sistemas de control funcional, penal y disciplinario.

No es posible adelantar un proceso de reforma a la justicia hacia una sociedad en postconflicto, sin la participación seria y abierta de la academia y de los sectores particularmente comprometidos con el tema judicial.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Justicia y Paz (1, 2)

Luis-Fernando-AlvarezJusticia y Paz
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 8 y 15 de noviembre.

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia (1).

Presento disculpas al lector, pero lo que vamos a plantear hay que hacerlo con claridad, por su importancia para el país, para la democracia y especialmente para la efectividad de los acuerdos de paz. Ello aconseja que la reflexión se adelante en varias entregas.

La Auditora General investiga a la Contralora General de la República por supuesta malversación de fondos públicos por parte de quien es la máxima autoridad en materia de vigilancia del tesoro público. A su vez la Contralora acusa a la Auditora de actuar por fuera de sus competencias, ejerciendo una especie de persecución personal por animadversión.

La Fiscalía General de la Nación inspecciona las oficinas de la Contraloría, con el fin de desentrañar irregularidades en temas de contratación pública. La Contralora recusa y denuncia públicamente al Fiscal por considerar que aún después de haber asumido su cargo, continuó actuando como apoderado del grupo Salucoop.

El Procurador General de la Nación investiga y sanciona a funcionarios de elección ciudadana. Muchos de estos servidores públicos consideran que el jefe del Ministerio Público, responsable de la defensa de los derechos ciudadanos, con sus actuaciones incurre en graves violaciones de estos, por lo que consideran que deberían acudir ante instancias internacionales.

La Corte Constitucional produce una sentencia sobre pensiones, mediante un texto que parece desconocer importantes conceptos jurídicos, como el respeto a los derechos adquiridos. Atendiendo la decisión de la Corte, las autoridades de Colpensiones, sin mediar procedimiento administrativo alguno, recortan el monto de pensiones consolidadas con anterioridad al fallo, algunas de ellas reconocidas por sentencia judicial. Los afectados piensan acudir ante autoridades internacionales, aduciendo que no existe en Colombia instancia judicial alguna para sus requerimientos. No obstante, dos jueces a través de fallos de tutela desconocen lo decidido por la Corte y ordenan que a dos accionantes se les pague la pensión en sus montos iniciales.

La Corte Constitucional deja sin efecto una sentencia del Consejo de Estado. Este órgano discute sobre la posible nulidad de tal decisión y la opción de denunciar penalmente a los magistrados de la Corte. Ya un grupo de ciudadanos ha formulado denuncia penal, aduciendo que la Corte en ciertos fallos asume funciones constituyentes y legislativas.

Un magistrado del Consejo Superior es acusado de estar ejerciendo indebidamente su función. Las demás Cortes y la propia, solicitan a los órganos competentes la inmediata investigación, con las consecuencias a que haya lugar.

Once servidores de la justicia son objeto de medida de aseguramiento por un supuesto carrusel orientado a buscar acuerdos y favores con ciudadanos para el ejercicio de la función judicial. Y los casos podrían seguir. La congestión judicial, la mora en muchos procesos, el escándalo del proyecto de reforma a la justicia, la forma como las Cortes intervienen en procesos electorales propios y para otros cargos, etc. La pregunta: ¿En el postconflicto, es posible desarrollar acuerdos de paz con una justicia en estas condiciones?

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia ( y 2)

En la anterior entrega referimos algunos problemas que presenta la justicia en Colombia y advertimos que constituían un obstáculo en el camino hacia la paz. Pero, ¿dónde se encuentra el origen de esos males y qué hacer para lograr que la justicia se convierta en un factor que allane el camino hacia una convivencia pacífica?

Es común afirmar que la crisis de la justicia es de carácter institucional, es decir, que se debe a la forma como se estructuran las instituciones judiciales en la Constitución Política. Aunque ello pueda ser cierto, realmente el origen de la crisis es conceptual y moral. La Constitución Política incorporó un modelo normativo que de alguna manera entra en choque con el esquema romano-germánico que sirvió de fundamento a nuestro pensamiento jurídico. Se pasa del denominado Estado legal, en el que las relaciones se fundamentan en una estricta regulación normativa cuyo punto central es la ley, al llamado Estado constitucional, en el que la regulación de las relaciones sociales se basa en principios constitucionales abiertos y ambiguos.

Este cambio en las fuentes normativas exige modificaciones conceptuales y de comportamiento, que la sociedad no ha asimilado. No es lo mismo definir situaciones sociales con base en una regla de derecho, positiva, clara y precisa, a hacerlo con fundamento en una ponderación de principios, muchos de ellos en colisión y contradicción. Para que esta tarea sea posible se requieren jueces probos, con una gran formación en valores morales y sociales, desprovistos de todo propósito de poder político.

Lamentablemente los estudiantes de derecho se están educando en un extraño ambiente formado por una confusa mezcla de conceptos y valores, con grave peligro para la convivencia social. Las escuelas de derecho parecen ignorar la gravedad del problema. Algunas de ellas, quizás sin saberlo, persisten en un dogmatismo clásico, otras en una composición de sociología jurídica. Los estudiantes deambulan, los profesores van de escuela en escuela difundiendo mensajes contradictorios. Los principios de la ética se oscurecen detrás de un empirismo supuestamente proteccionista, y ello hace que finalmente el concepto objetivo de justicia se desvanezca.

En este universo, los jueces adquieren un protagonismo social que no descifran con claridad y que finalmente se traduce en la conformación, dentro y fuera de la organización judicial, de grupos de poder que buscan manejar una nueva estructura de mando en el interior del Estado, supuestamente con el objeto de llenar vacíos institucionales.

Mientras la academia, las instituciones y la comunidad no identifiquen y resuelvan este conflicto conceptual y de valores, continuará la congestión, las decisiones inexplicables, las elecciones incomprensibles y las luchas intestinas, con una sociedad al margen que opta por desconfiar e ignorar su justicia y buscar soluciones por fuera de ella. Un sistema judicial en conflicto conceptual y moral no permite pensar en un real marco jurídico para la paz, ni siquiera en una paz seria y duradera

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: ¿Ilegalidad institucional?

Luis-Fernando-Alvarez¿ILEGALIDAD INSTITUCIONAL?
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 10 de octubre de 2013

El artículo 2 de la Ley 4 de 1992 consagra el reconocimiento de las primas de salud y localización y de vivienda para los miembros del Congreso de la República, cuando las circunstancias lo justifiquen. Dichas primas se establecieron en el decreto 801 de 1992.

El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 2013 declaró la nulidad de los artículos 2 y 4 del decreto 801, porque el Ejecutivo no fijó las condiciones que justificaran el reconocimiento de dichas primas, en términos generales, porque no era posible determinar las condiciones objetivas que permitieran su reconocimiento,

Bajo el argumento de que era menester respetar los derechos adquiridos y no desmejorar los salarios y prestaciones legales de los servidores del Estado y que las normas de la Constitución imponen el deber de conservar el poder adquisitivo del salario y asegurar su incremento, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuyo artículo 1° dispone: "los miembros del Congreso de la República tendrán derecho a percibir mensualmente una prima especial de servicios equivalente a $ 7.898.445...". Más adelante agrega: "La prima especial de servicios sustituye para todos los efectos las primas de salud y de localización y vivienda (...) y constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad...".

Se presentan dos situaciones sucesivas. (I) el Consejo de Estado declara la nulidad de las primas de salud y de localización y vivienda. (II) inmediatamente el Gobierno expide un decreto estableciendo una prima especial para sustituir las declaradas nulas por el Consejo de Estado.

Surge una doble pregunta: (I) ¿Se están restableciendo por decreto, con otra denominación, las primas declaradas nulas por el Consejo de Estado? (II) ¿Se está violando la disposición legal que prohíbe la expedición de normas declaradas fuera del ordenamiento jurídico?

Dice textualmente el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia (...) hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión".

El propio Gobierno Nacional, en la parte motiva del decreto 2170 de 2013, afirma que este se expide para mantener el poder adquisitivo y las condiciones de remuneración de los servidores públicos. En otras palabras, que bajo una denominación diferente, se mantiene o revive la norma anulada. Hay que recordar que en derecho laboral las cosas son lo que son, independiente de su denominación. Todo parece indicar que con la expedición del nuevo decreto, el Ejecutivo incurre en ilegalidad por violación del artículo 237 mencionado.

Además, como por disposición constitucional y legal la asignación de los congresistas es la base para fijar la de los magistrados de Altas Cortes, Fiscal y Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y otros altos cargos, es evidente los altos costos de esta medida y los frutos políticos de la misma.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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