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Desde la Decanatura

Justicia y Paz (1, 2)

Luis-Fernando-AlvarezJusticia y Paz
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 8 y 15 de noviembre.

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia (1).

Presento disculpas al lector, pero lo que vamos a plantear hay que hacerlo con claridad, por su importancia para el país, para la democracia y especialmente para la efectividad de los acuerdos de paz. Ello aconseja que la reflexión se adelante en varias entregas.

La Auditora General investiga a la Contralora General de la República por supuesta malversación de fondos públicos por parte de quien es la máxima autoridad en materia de vigilancia del tesoro público. A su vez la Contralora acusa a la Auditora de actuar por fuera de sus competencias, ejerciendo una especie de persecución personal por animadversión.

La Fiscalía General de la Nación inspecciona las oficinas de la Contraloría, con el fin de desentrañar irregularidades en temas de contratación pública. La Contralora recusa y denuncia públicamente al Fiscal por considerar que aún después de haber asumido su cargo, continuó actuando como apoderado del grupo Salucoop.

El Procurador General de la Nación investiga y sanciona a funcionarios de elección ciudadana. Muchos de estos servidores públicos consideran que el jefe del Ministerio Público, responsable de la defensa de los derechos ciudadanos, con sus actuaciones incurre en graves violaciones de estos, por lo que consideran que deberían acudir ante instancias internacionales.

La Corte Constitucional produce una sentencia sobre pensiones, mediante un texto que parece desconocer importantes conceptos jurídicos, como el respeto a los derechos adquiridos. Atendiendo la decisión de la Corte, las autoridades de Colpensiones, sin mediar procedimiento administrativo alguno, recortan el monto de pensiones consolidadas con anterioridad al fallo, algunas de ellas reconocidas por sentencia judicial. Los afectados piensan acudir ante autoridades internacionales, aduciendo que no existe en Colombia instancia judicial alguna para sus requerimientos. No obstante, dos jueces a través de fallos de tutela desconocen lo decidido por la Corte y ordenan que a dos accionantes se les pague la pensión en sus montos iniciales.

La Corte Constitucional deja sin efecto una sentencia del Consejo de Estado. Este órgano discute sobre la posible nulidad de tal decisión y la opción de denunciar penalmente a los magistrados de la Corte. Ya un grupo de ciudadanos ha formulado denuncia penal, aduciendo que la Corte en ciertos fallos asume funciones constituyentes y legislativas.

Un magistrado del Consejo Superior es acusado de estar ejerciendo indebidamente su función. Las demás Cortes y la propia, solicitan a los órganos competentes la inmediata investigación, con las consecuencias a que haya lugar.

Once servidores de la justicia son objeto de medida de aseguramiento por un supuesto carrusel orientado a buscar acuerdos y favores con ciudadanos para el ejercicio de la función judicial. Y los casos podrían seguir. La congestión judicial, la mora en muchos procesos, el escándalo del proyecto de reforma a la justicia, la forma como las Cortes intervienen en procesos electorales propios y para otros cargos, etc. La pregunta: ¿En el postconflicto, es posible desarrollar acuerdos de paz con una justicia en estas condiciones?

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia ( y 2)

En la anterior entrega referimos algunos problemas que presenta la justicia en Colombia y advertimos que constituían un obstáculo en el camino hacia la paz. Pero, ¿dónde se encuentra el origen de esos males y qué hacer para lograr que la justicia se convierta en un factor que allane el camino hacia una convivencia pacífica?

Es común afirmar que la crisis de la justicia es de carácter institucional, es decir, que se debe a la forma como se estructuran las instituciones judiciales en la Constitución Política. Aunque ello pueda ser cierto, realmente el origen de la crisis es conceptual y moral. La Constitución Política incorporó un modelo normativo que de alguna manera entra en choque con el esquema romano-germánico que sirvió de fundamento a nuestro pensamiento jurídico. Se pasa del denominado Estado legal, en el que las relaciones se fundamentan en una estricta regulación normativa cuyo punto central es la ley, al llamado Estado constitucional, en el que la regulación de las relaciones sociales se basa en principios constitucionales abiertos y ambiguos.

Este cambio en las fuentes normativas exige modificaciones conceptuales y de comportamiento, que la sociedad no ha asimilado. No es lo mismo definir situaciones sociales con base en una regla de derecho, positiva, clara y precisa, a hacerlo con fundamento en una ponderación de principios, muchos de ellos en colisión y contradicción. Para que esta tarea sea posible se requieren jueces probos, con una gran formación en valores morales y sociales, desprovistos de todo propósito de poder político.

Lamentablemente los estudiantes de derecho se están educando en un extraño ambiente formado por una confusa mezcla de conceptos y valores, con grave peligro para la convivencia social. Las escuelas de derecho parecen ignorar la gravedad del problema. Algunas de ellas, quizás sin saberlo, persisten en un dogmatismo clásico, otras en una composición de sociología jurídica. Los estudiantes deambulan, los profesores van de escuela en escuela difundiendo mensajes contradictorios. Los principios de la ética se oscurecen detrás de un empirismo supuestamente proteccionista, y ello hace que finalmente el concepto objetivo de justicia se desvanezca.

En este universo, los jueces adquieren un protagonismo social que no descifran con claridad y que finalmente se traduce en la conformación, dentro y fuera de la organización judicial, de grupos de poder que buscan manejar una nueva estructura de mando en el interior del Estado, supuestamente con el objeto de llenar vacíos institucionales.

Mientras la academia, las instituciones y la comunidad no identifiquen y resuelvan este conflicto conceptual y de valores, continuará la congestión, las decisiones inexplicables, las elecciones incomprensibles y las luchas intestinas, con una sociedad al margen que opta por desconfiar e ignorar su justicia y buscar soluciones por fuera de ella. Un sistema judicial en conflicto conceptual y moral no permite pensar en un real marco jurídico para la paz, ni siquiera en una paz seria y duradera

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: ¿Ilegalidad institucional?

Luis-Fernando-Alvarez¿ILEGALIDAD INSTITUCIONAL?
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 10 de octubre de 2013

El artículo 2 de la Ley 4 de 1992 consagra el reconocimiento de las primas de salud y localización y de vivienda para los miembros del Congreso de la República, cuando las circunstancias lo justifiquen. Dichas primas se establecieron en el decreto 801 de 1992.

El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 2013 declaró la nulidad de los artículos 2 y 4 del decreto 801, porque el Ejecutivo no fijó las condiciones que justificaran el reconocimiento de dichas primas, en términos generales, porque no era posible determinar las condiciones objetivas que permitieran su reconocimiento,

Bajo el argumento de que era menester respetar los derechos adquiridos y no desmejorar los salarios y prestaciones legales de los servidores del Estado y que las normas de la Constitución imponen el deber de conservar el poder adquisitivo del salario y asegurar su incremento, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuyo artículo 1° dispone: "los miembros del Congreso de la República tendrán derecho a percibir mensualmente una prima especial de servicios equivalente a $ 7.898.445...". Más adelante agrega: "La prima especial de servicios sustituye para todos los efectos las primas de salud y de localización y vivienda (...) y constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad...".

Se presentan dos situaciones sucesivas. (I) el Consejo de Estado declara la nulidad de las primas de salud y de localización y vivienda. (II) inmediatamente el Gobierno expide un decreto estableciendo una prima especial para sustituir las declaradas nulas por el Consejo de Estado.

Surge una doble pregunta: (I) ¿Se están restableciendo por decreto, con otra denominación, las primas declaradas nulas por el Consejo de Estado? (II) ¿Se está violando la disposición legal que prohíbe la expedición de normas declaradas fuera del ordenamiento jurídico?

Dice textualmente el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia (...) hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión".

El propio Gobierno Nacional, en la parte motiva del decreto 2170 de 2013, afirma que este se expide para mantener el poder adquisitivo y las condiciones de remuneración de los servidores públicos. En otras palabras, que bajo una denominación diferente, se mantiene o revive la norma anulada. Hay que recordar que en derecho laboral las cosas son lo que son, independiente de su denominación. Todo parece indicar que con la expedición del nuevo decreto, el Ejecutivo incurre en ilegalidad por violación del artículo 237 mencionado.

Además, como por disposición constitucional y legal la asignación de los congresistas es la base para fijar la de los magistrados de Altas Cortes, Fiscal y Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y otros altos cargos, es evidente los altos costos de esta medida y los frutos políticos de la misma.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano en El Colombiano: Las reflexiones de David Bojanini sobre la justicia.

Luis-Fernando-AlvarezLAS REFLEXIONES DE DAVID BOJANINI SOBRE LA JUSTICIA
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 14 de febrero de 2014

En el interesante reportaje del domingo, el Dr. David Bojanini formuló inteligentes reflexiones acerca de su vivencia como Director de este diario por un día. En particular, he de referirme a sus observaciones sobre la justicia. Destaca que respecto a las preocupaciones del país sobre el sistema de justicia, en la publicación por él dirigida, aparecen dos puntos de vista: "el de Carlos Gaviria, un hombre optimista, pero aterrizado a las debilidades de nuestro sistema, y el de Hernando Yepes, que muestra muchas debilidades en nuestro sistema y explica muy bien las razones por las cuales él piensa que muchas cosas se deben cambiar ".

En nuestro artículo de noviembre titulado "La crisis de la justicia ", expresamos: "Es común afirmar que la crisis de la justicia es de carácter institucional, es decir, que se debe a la forma como se estructuran las instituciones judiciales en la Constitución Política. Aunque ello pueda ser cierto, realmente el origen de la crisis es conceptual y moral. La Constitución incorporó un modelo normativo que de alguna manera entra en choque con el esquema romano-germánico que sirvió de fundamento a nuestro pensamiento jurídico. Se pasa del denominado Estado legal, en el que las relaciones se fundamentan en una estricta regulación normativa cuyo punto central es la ley, al llamado Estado constitucional, en el que la regulación de las relaciones sociales se basa en principios constitucionales abiertos y ambiguos ".

Los dos exmagistrados entrevistados, representan la diferencia conceptual entre el Estado legal y el Estado constitucional. El Dr. Yepes sostiene que nuestra cultura jurídica tradicional fue suplantada por una concepción del derecho que desprecia la norma en beneficio del poder creador del juez. Y agrega: "no puede ser justa la exigencia de conducta que se me plantea a posteriori, después de que yo actúe ". Por su parte el Dr. Gaviria, haciendo expresa referencia al denominado nuevo constitucionalismo, defiende la facultad del juez como creador del derecho y el valor normativo de la Constitución, para concluir que "todo juez en Colombia es juez de constitucionalidad ", y anota que ello no constituye un fenómeno perverso, sino una expresión de las nuevas responsabilidades del juez.

Mientras para Carlos Gaviria la constitucionalización directa de todas las áreas del derecho origina un mayor nivel de seguridad jurídica, para Hernando Yepes este principio exige que deba existir una regla de derecho como parámetro previo para evaluar la conducta. El problema es crucial, pues mientras no haya unidad de criterio acerca del alcance conceptual de lo constitucional y lo legal y el papel del juez como operador judicial, los aspectos instrumentales y orgánicos que afectan el sistema judicial, son secundarios. La profundidad del tema y su significado frente a la crisis de la justicia, permite recomendar a las directivas de este prestigioso diario, la realización de un debate abierto con los dos juristas, que tendría un gran moderador en el Dr. Bojanini. Nuestra Escuela de Derecho estaría dispuesta a prestar toda la colaboración necesaria.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Suspensión de clases HOY 29 de agosto de 2013

Respetados Estudiantes.

Cordial saludo.

Dada la situación de orden público que se vive el día de hoy en la ciudad, les informo que las clases de hoy quedan suspendidas a partir de las 4:00 p.m. Si Usted tiene dificultades antes de las 4 p.m. cuenta con todo el apoyo de la Universidad para no asistir.

Atentamente.

Juan Guillermo Jaramillo Díaz
Decano |Escuela de Derecho y Ciencias Políticas | Director Facultad de Derecho
Universidad Pontificia Bolivariana |Circular 1 No. 70-01, Bloque 12| Medellín, Colombia |Tel: +57(4)3544534 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.| www.upb.edu.co | http://derechoypolitica.medellin.upb.edu.co/

 

Inscripciones: La guía de recomendación para la investigación eficaz del crímen de feminicidio en América Latina

Respetados estudiantes.

La Escuela de Derecho y Ciencias Política que el 30 y 31 de agosto de 2013 se realizará el taller sobre La guía de recomendaciones para la investigación eficaz del crimen de feminicidio en América Latina, en el auditorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Secretaría de las Mujeres del municipio de Medellín y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos extienden la invitación para que estudiantes de las facultades de derecho de todas las universidades del área Metropolitana se vinculen a esta actividad.

Las inscripciones deben realizarse hasta hoy 29 de agosto, en secretaria de la Escuela.

Grado Póstumo: Andrés Felipe Márquez Rodriguez

La Escuela de Derecho y Ciencias Políticas en ceremonia realizada el día de hoy, martes 20 de agosto de 2013, le hizo entrega del grado póstumo a la familia del estudiante fallecido ANDRÉS FELIPE MÁRQUEZ RODRÍGUEZ.

La comunidad educativa, ACNUR y la Unidad de Atención a Víctimas de la Ciudad de Medellín, participaron en el evento.

Sus compañeros, amigos y familiares recibieron con gran agrado este diploma como parte de la memoria que la Facultad de Derecho quiere dejar.

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