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Desde la Decanatura

La academia tiene la palabra

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 29 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

Algo muy grave está sucediendo. Es cierto que el virus de la corrupción ha sacudido los cimientos de las sociedades durante largos momentos de la historia, con nefastas manifestaciones en los distintos órganos de poder. Es cierto también, qué de alguna manera, con grandes y dolorosos sacrificios, las comunidades han sobrevivido a semejante mal. Se trata de un fenómeno del comportamiento humano, íntimamente ligado con periodos en los cuales el sentido de la dignidad y el respeto por los valores que constituyen la esencia del comportamiento ético, se han relajado o perdido.

Sin embargo, en las distintas épocas, el "juzgador" permaneció como un faro, guía de la integridad, honestidad y dignidad. Las sociedades, desde las primitivas hasta las modernas, siempre han querido tener en el juez, el bastión último y más preciado en su lucha por la ética, la inclusión y el respeto para todos los actores sociales. Como ya ha sucedido, una sociedad es capaz de resistir un Ejecutivo corrupto, que aunque se mantenga en el poder por periodos más o menos largos, termina por ceder, en forma violenta o pacífica, ante los embates de los principios morales y éticos inherentes al grupo social. Un cuerpo legislativo, por corrupto que sea, termina atrapado en sus propias contradicciones y escándalos y finalmente denunciado y hasta despreciado por el núcleo comunitario. Pero, es inaceptable que el cáncer de la corrupción llegue a las entrañas del poder judicial y contamine los más altos estratos de la judicatura.

Perder la fe en la justicia, es perder la confianza en el Derecho y por tanto, la esperanza en el futuro social. No se trata de presentar un juicio anticipado de condena sobre las acusaciones por actos de corrupción que se vienen formulando, especialmente contra magistrados y otros dignatarios de la justicia, pero sí de promover una profunda reflexión sobre las implicaciones sociales y éticas que un fenómeno de esta naturaleza, tiene para las generaciones futuras. En este punto debe intervenir la academia, en especial las facultades de Derecho. Es inconcebible, por decir lo menos, que haya silencio en el centro mismo de la enseñanza del Derecho. Es como si la Universidad, columna vertebral en la formación de nuevas generaciones, no tuviese nada que decir ante una situación que puede calificarse de horrorosa.

No es posible que los futuros abogados se formen en medio de un silencio, que para ellos puede significar una especie de complicidad de los mayores con este tipo de prácticas. La universidad no puede limitarse a la instrucción, sino que debe preocuparse por elevar los niveles éticos y morales en la sociedad, de manera que debe estar en capacidad de reorientar el trabajo de sus estudiantes. En otras palabras, el reto consiste en inculcar en los estudiantes, a través del hacer y del discurso, una nueva cultura orientada hacia la construcción de un individuo con una alta formación en valores, la necesaria para participar en la construcción de nuevos caminos éticos y morales..

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El Papa y la Ley

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 15 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

Mucho se ha escrito sobre los mensajes que dejó el Papa como resultado de su gira por el país. Temas como involucrarse en los problemas nacionales y asumirlos con sentido de innovación y pertenencia; la necesidad de combatir todas las formas de corrupción a partir de una frase tan simple y significativa, como aquella de que "el diablo entra por el bolsillo"; el llamado a cultivar la humildad y participar de las necesidades de los demás, bajo el principio de que "todos somos vulnerables" y tenemos que dejar "la cara de estampita" que muchas veces ponemos para expresar nuestra perfección y superioridad sobre los demás.

Pero entre las múltiples enseñanzas de Su Santidad, es menester resaltar que en sus palabras, en forma explícita o implícita, subyace un pensamiento que ha pasado desapercibido. Se trata de las reflexiones del Pontífice sobre el papel que deben cumplir la ley y los responsables de su aplicación. Para el Papa la norma debe leerse, entenderse y aplicarse de acuerdo con el dinamismo de las relaciones sociales, para buscar actos de justicia e igualdad, en síntesis, de inclusión. Añade que la letra no puede estar por encima de los beneficios sociales que persigue el Derecho.

Este pensamiento, simple y complejo a la vez, se presta para múltiples lecturas. No se trata de efectuar una sofisticada reflexión sobre el mensaje Papal frente a la teoría del Derecho, sino de exponer las inquietudes que ideas de esta naturaleza, despiertan en el ciudadano corriente, con respecto a la situación actual del país, del Derecho y de la administración de justicia.

Hay una doble referencia: Por una parte, al significado de la norma; y por otra, al papel del operador judicial. Frente al primer tema, el Papa hace énfasis sobre el sentido de inclusión y la necesidad de una legislación que busque soluciones a lo que él denomina "la cultura del descarte", es decir, la ley debe ser el instrumento adecuado para construir caminos de igualdad y homogeneidad.

Pero el mensaje del Papa, en el lenguaje universal que magistralmente emplea, tiene como destinarios principales a los administradores de justicia, a quienes reclama sobre la necesidad de actuar, de involucrarse, de tener sentido de integración y de justicia en el difícil trabajo de lo jurídico.

No puede malinterpretarse tan bello mensaje, pensando que el Papa está proclamando una especie de desobediencia frente al orden establecido. El Pontífice hace énfasis en la necesidad de recuperar la credibilidad, honestidad y sabiduría del juez. Qué oportuno pensamiento, en un momento en que el país debate sobre las prácticas de corrupción que parecen estar afectando el trabajo de algunos jueces, en especial en ciertas instancias de las altas cortes. Bienvenida la palabra de Francisco, que en el campo de lo jurídico amerita un profundo debate por parte de los actores vinculados con la justicia, en especial las Facultades de Derecho, que no pueden permanecer en silencio ante los graves hechos que se vienen denunciando.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Justicia, ética y constituyente (1 y 2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

El Estado Social de Derecho encuentra su principal punto de apoyo en la justicia. Es cierto que el concepto clásico de Estado liberal occidental se construyó sobre el principio de la división del poder. El esquema de controles mutuos, llevó a considerar que solo a partir de un equilibrado ejercicio del poder, dividido en tres estructuras que constituyeron las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, haría posible la permanencia de un sistema democrático participativo.

El surgimiento del modelo social, propio de la evolución del esquema intervencionista que se desarrolla con las posguerras mundiales, hizo que aquella concepción estructural clásica fuera insuficiente para explicar los nuevos desafíos que debía asumir el Estado, para atender las necesidades propias de una sociedad en evolución. Se hacía necesario reemplazar el esquema clásico de la "tridivisión" del poder, por un modelo funcional que permitiera que las nuevas tareas del Estado fueran desarrolladas por órganos autónomos e independientes, con competencias específicas para llenar los vacíos propiciados por el rígido esquema formal clásico.

Sin embargo, las prácticas excluyentes de los distintos centros de decisión, se presentan como una grave contradicción frente al concepto social que se exige del nuevo Estado. Las minorías étnicas, los desplazados, los informales, los campesinos y muchos otros sectores, sienten que las decisiones de poder, enmarcadas dentro del esquema neoliberal, los excluye de las posibilidades de desarrollo integral que ofrece la sociedad moderna.

Para corregir este desequilibrio, los jueces surgen como órganos de justicia e inclusión. La jurisprudencia de las distintas instancias judiciales, animada por la consagración constitucional de acciones para la protección de los derechos y el desarrollo de procesos de inclusión social, hace que para el común de la población los jueces se conviertan en la institución fundamental para la realización de los valores necesarios para la convivencia.

Esta nueva vocación de la justicia, descrita por algunos de manera despectiva, como el gobierno de los jueces, genera simpatías y rechazo. Lo primero, porque, como afirma el Papa Francisco, se convierte en esperanza para los "descartados". Lo segundo, porque de alguna manera implica una penetración en tareas antes reservadas de manera exclusiva a otros órganos del poder. Sea lo uno o lo otro, no cabe duda que esta nueva tarea requiere de jueces especialmente pulcros, con un altísimo sentido de la ética, dispuestos a no incurrir en prácticas de corrupción, de aquellas que según muchos sectores de la sociedad, han corroído el ejercicio de los demás poderes del Estado.

No basta un juez conocedor de la letra de la norma y de los procedimientos judiciales, se requiere de un juez que sea un humanista, que comprenda los fenómenos que rodean el comportamiento social, pero de manera fundamental, que tenga un alto sentido de la ética social, política y jurídica. Un juez con una gran formación en valores. Es un reto que hay que plantear desde nuestras facultades de Derecho, muchas veces más preocupadas por divulgar la técnica jurídica, que el valor de lo justo.

En el Estado Social de Derecho, frente a las decisiones de los distintos órganos de poder, caracterizadas por un alto grado de exclusión con respecto a los "descartados", el juez emerge como el órgano de la esperanza, único centro de decisión capaz de adoptar a través de sus sentencias, políticas sociales de inclusión y defensa de los derechos humanos y sociales.

Se requiere un juez nuevo y diferente, con una gran formación en los más altos valores de la convivencia, cuya honestidad se proyecte en la integridad de sus decisiones y en la humanidad de su actuación, alentado por un profundo sentimiento de pertenencia por lo social. Este juez no puede dejarse permear por sentimientos oscuros de parcialidad política o interés personal, mucho menos por cualquier tipo de prácticas propias de la corrupción.

Aunque el desconocimiento del orden moral interno, el desprecio por las reglas que rigen el comportamiento ético y la impunidad con respecto a los mandatos jurídicos, han permeado la conducta de importantes sectores sociales y de poder, incluyendo la justicia, el verdadero juez debe ser ajeno a este espíritu corrupto, actuar como un apóstol y no como un simple funcionario.

Por lo expuesto, hay que afirmar que la solución a los problemas que vienen planteándose sobre la justicia, no se logra con reformas instrumentales. Es probable que sean necesarios algunos ajustes funcionales, por ejemplo, revisar la participación de magistrados en los procesos electorales e insistir en la conformación de un tribunal para aforados, pero debe quedar en claro que los problemas que actualmente afronta esta función del Estado, se deben resolver fundamentalmente con planteamientos éticos, antes que técnicos.

La solución tampoco depende de la naturaleza del órgano competente para adelantar las reformas. Es absurdo pensar que a través de una asamblea constituyente se logrará el cambio en el comportamiento ético de las personas encargadas de administrar justicia. Los riesgos son mayores que las posibles soluciones.

El congreso por medio de una ley puede convocar una asamblea constituyente con el único propósito de reformar la justicia. Además de ser inútil, una propuesta de esta naturaleza es extremadamente peligrosa. El congreso, como órgano constituido, a través de un acto derivado como la ley, no puede limitar el poder soberano de una asamblea constituyente, que como su nombre lo indica, puede terminar ocupándose de cualquier tema, cambiar completamente la Constitución, como sucedió con la Constituyente de 1991 o aprobar propuestas orientadas a desconocer el arden económico, político y social.

Las circunstancias políticas y sociales del posacuerdo, hacen que el país no pueda darse el lujo de jugar a la aventura constituyente, con una asamblea cuya conformación política sería en este momento absolutamente impredecible. Mal hacen los miembros de la clase política, incluyendo ciertos precandidatos a la Presidencia, cuando plantean la posibilidad de realizar la reforma a la justicia por fuera de los órganos que conforman la institucionalidad, olvidando que el problema de la justicia es más ético que funcional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

De Colombia para Venezuela

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 18 de agosto de 2017 en El Colombiano.

Es curioso. No son iguales, pero tampoco diferentes. El proceso de la asamblea constituyente en Venezuela, independiente del contexto político y social que la rodea a nivel nacional e internacional, parece haber sido copiada, al menos formalmente, del movimiento constituyente que se vivió en Colombia en los años 90.

En cuanto a su origen, mientras el gobierno venezolano aduce que acudieron a las urnas 8 millones de personas, otras fuentes afirman que solo 2.400.000 personas participaron en la elección. En Colombia, no puede olvidarse que si bien la constituyente fue inicialmente solicitada por 4.991.887 votantes, finalmente para su integración solo hubo 2.988.963 votos, con un abstencionismo que llegó al 75 %, cifras que sirvieron de argumento a sectores opuestos al proceso constituyente, para cuestionar la legalidad y legitimidad de la asamblea, más aún, si se tiene en cuenta que el artículo 218 de la anterior constitución, no contemplaba este tipo de procedimientos.

Como sucedió en Colombia hace 27 años, tampoco en Venezuela es posible determinar los alcances de la asamblea constituyente. En nuestro país se convocó para introducir reformas a la Constitución de 1886 y terminó expidiendo una nueva Constitución.

Uno de los primeros actos de la constituyente en Venezuela, ha sido confirmar su absoluto apoyo al gobierno del presidente Maduro, desconociendo la existencia y funcionalidad del órgano legislativo. En Colombia, desde el punto de vista técnico, la situación no fue diferente.

La asamblea constituyente inició sus sesiones en forma paralela al trabajo que continuó desarrollando el Congreso de la República. No obstante, por varias razones políticamente preestablecidas, entre ellas, la posibilidad de que el Congreso adelantara una especie de “contrarreforma”, con peligrosas consecuencias políticas y sociales, por el conflicto irreconciliable que se originaría entre ambos órganos en ejercicio de funciones constituyentes, la asamblea decidió aceptar la recomendación del Gobierno y revocar el mandato de los congresistas. Es decir, se configuró una especie de golpe de Estado contra el orden institucional, del cual poco se ha comentado.

Para suplir la falta del órgano legislativo, la constituyente aprobó la creación de una comisión especial (denominada “congresito”), con competencia para improbar por mayoría los proyectos de decretos que el Presidente de la República expidiera, de conformidad con las amplias facultades que se le otorgaron por los artículos transitorios de la nueva Carta.

Como puede observarse, en técnica constitucional se trata de dos procesos con importantes similitudes. Por suerte para nuestra institucionalidad, superada la forma como la constituyente en Colombia desconoció el principio de equilibrio y separación de poderes y creó mecanismos para permitir al gobierno intervenir en los demás órganos de poder, la tradición republicana impidió que hubiese un gobernante con deseos de utilizar la asamblea constituyente para legitimar su anhelo de perpetuarse en el poder o su deseo de acabar con la oposición.

Es decir, al menos formalmente, la asamblea constituyente de Colombia, no obstante la injerencia de peligrosos actores ilegales, no se utilizó como instrumento para legitimar alguna forma de ejercicio ilegal del poder.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El partido político de las FARC

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 19 de mayo de 2017 en El Colombiano.

A estudio de la Corte Constitucional entró el Acto Legislativo que permite la transformación de las Farc en partido político y consagra algunas reglas transitorias para su participación en los procesos electorales que se adelanten en el 2018 y 2022. Algunos aspectos de este proyecto de reforma Constitucional, son los siguientes:

1. El nuevo partido o movimiento político sólo recibirá personería jurídica, cuando se levante el acta oficial de dejación de armas por parte de las Farc. Hecho esto, el movimiento debe inscribir ante el Consejo Nacional Electoral el acta de fundación, sus estatutos, la plataforma ideológica y la relación de sus directivos.

2. El nuevo partido tendrá derecho a elegir un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, quien podrá participar en las deliberaciones, pero no tendrá voto, conservando este estado hasta el 2026.

3. Podrá inscribir candidatos a la Presidencia de la República y listas para corporaciones públicas.

4. Para las elecciones del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026, además de las curules que pueda adquirir a través del voto ciudadano, tendrá derecho a cinco curules adicionales para la Cámara de Representantes. Si no alcanza a conseguir las cinco curules, el Consejo Nacional Electoral le asignará las que hagan falta para llegar a este número.

5. Con respecto a las elecciones para Senado, también se garantiza el mínimo de cinco curules, pero si en las votaciones para los periodos electorales mencionados no se obtiene este mínimo, se le asignarán por el CNE los cupos necesarios para completar las cinco curules, teniendo en cuenta que estas hacen parte de los 100 miembros con quienes se integra el pleno del Senado, que se eligen de acuerdo con las reglas ordinarias de circunscripción electoral a que se refiere la Constitución.

6. Desde el momento de su registro y hasta el 2026, el nuevo partido o movimiento político recibirá anualmente del presupuesto nacional, una suma equivalente al promedio de lo que durante ese mismo periodo reciben los partidos con personería jurídica reconocida.

7. Para la financiación de su centro de pensamiento y formación política y para la difusión de su plataforma ideológica y programática, recibirá el 7 % anual de la apropiación presupuestal aprobada para el funcionamiento de partidos políticos.

8. Además, recibirá financiación estatal para los procesos electorales que se desarrollen en los años 2018 y 2022, con el fin de atender las campañas de sus candidatos a la Presidencia de la República y al Senado, teniendo en cuenta, en el primer caso, que el candidato cumpla con los requisitos constitucionales y legales; y para el caso de los aspirantes al Senado, que estos recibirán una financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.

La discusión queda abierta. Principios como la igualdad de los partidos ante los procesos electorales, la posibilidad de que puedan surgir nuevos partidos o movimientos bajo la sombra del acuerdo final de paz, deben ser objeto de meditación y reflexión.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

La revocatoria: ni proceso judicial, ni administrativo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 12 de mayo de 2017 en El Colombiano.

La propuesta de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, ha originado diferentes reacciones de carácter político y otras de naturaleza jurídica. En efecto, quienes defienden la gestión del alcalde, plantean la necesidad de que antes de adoptar alguna decisión sobre la solicitud de revocatoria, la Registraduría debe adelantar una serie de diligencias orientadas a garantizarle la posibilidad de presentar una especie de descargos, para demostrar que en realidad sí ha cumplido con su mandato.

Entre otras cosas, solicitan la realización de una audiencia con intervención de quienes promueven la revocatoria y quienes de alguna manera actúan en favor del alcalde, incluyendo la intervención de este en defensa de su gestión. Se afirma que es un trámite que debe adelantar la Registraduría, no solo en este caso, sino antes de pronunciarse sobre unas 100 solicitudes de revocatoria presentadas con respecto a igual número de alcaldes. Lo anterior significa que se quiere judicializar una institución de naturaleza política, lo que contribuye a hacerla más inocua e inútil de lo que ha sido hasta el momento.

La revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes es una de las formas de participación democrática consagradas por el artículo 103 de la Constitución, con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su descontento con respecto a la gestión adelantada por el respectivo gobernante.

La ley que regula la materia excluye de esta posibilidad a los miembros de los cuerpos colegiados, pues la función es del órgano y no cabría la posibilidad de hacer responsable a un miembro determinado, porque ciertas decisiones no se adopten o se tomen en sentido opuesto al querer del electorado.

Asimismo, la revocatoria del mandato tiene límites políticos definidos. Así como no procede con respecto a miembros de corporaciones públicas, tampoco presenta posibilidades prácticas en relación con el Presidente de la República, quien representa la voluntad de la nación y no de un sector determinado, normalmente opositor, que esté descontento con su gestión.

En síntesis, la institución solo puede operar en contra de alcaldes o gobernadores, por incumplimiento del programa o por descontento mayoritario del electorado. A partir de estas causales; la primera vinculada al voto programático; la segunda, a un sentimiento político de descontento, se adelanta un trámite que debe apoyarse en unos esquemas formales de carácter político, como un promotor cuya solicitud sea apoyada por un número determinado de firmas, sin que se pueda sustentar en las exigencias propias de un procedimiento judicial, ni siquiera de un procedimiento administrativo, entre otras razones, porque en sentido estricto el principio constitucional del debido proceso solo opera para los trámites judiciales y se ha extendido a los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Constitución, el Código de Procedimiento Administrativo y otras normas especiales. Se trata de procedimientos diferentes al trámite de la revocatoria del mandato.

Este debe ajustarse estrictamente al artículo 103 de la Carta y las formalidades contenidas en la ley 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación democrática.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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