Viernes, Oct 15th

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Clínica Jurídica solicita que se declare inconstitucional el matrimonio infantil

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En respuesta a la invitación formulada por la Corte Constitucional (Exp. D-14321), profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho rindieron concepto técnico ante el Alto Tribunal solicitando que se declare inconstitucional la autorización legislativa para contraer matrimonio a partir de los 14 años.  

 

El concepto técnico señala que el matrimonio infantil va en contravía de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, el concepto técnico sugiere que la autorización del matrimonio infantil, si bien desarrolla las libertades civiles de los menores de edad, no es una medida legislativa constitucionalmente admisible a la luz de los juicios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la jurisprudencia constitucional. 

 

Consulte aquí el concepto técnico de la Clínica Jurídica: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=33255 

Clínica Jurídica participa en el debate constitucional sobre el debido proceso probatorio

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En respuesta a la invitación formulada por la Corte Constitucional, los profesores Enán Arrieta Burgos, César Augusto Molina Saldarriaga, Andrés Felipe Duque Pedroza, Lina Marcela Estrada Jaramillo, Katherine Gómez Hernández, al igual que los estudiantes Samuel Velásquez Corrales y María Valentina Cardona Sánchez, rindieron concepto técnico ante el Alto Tribunal solicitando que se declare condicionalmente exequible el numeral del 10 del artículo 78 del Código General del Proceso, e inexequibles los artículos 85 (numeral 1, parcial) y 173 (parcial) de la Ley 1564 de 2012.

El concepto técnico señala que las restricciones impuestas por las normas demandadas sobre la actividad probatoria del juez y de las partes son incompatibles con los artículos 29 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El concepto técnico concluye que, si bien los deberes de abstención previstos en las disposiciones acusadas persiguen una finalidad constitucionalmente importante —como lo es la economía procesal—, también es cierto que establecen limitaciones desproporcionadas, sobre todo desde el punto de vista de la potestad judicial para decretar y practicar pruebas de oficio, así como desde la perspectiva de las partes y sujetos de especial protección constitucional que actúan ante la administración de justicia en aquellos procesos que no requieren derecho de postulación.

De esta manera, bajo el liderazgo del Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Decano de la Escuela, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho ha venido participando de forma constante, en términos de incidencia, en la rendición de conceptos técnicos ante el Congreso de la República, la Corte Constitucional y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, entre otras entidades.

Consulte aquí el concepto técnico de la Clínica Jurídica: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=30992

Renovación del certificado NTC 5906, garantiza estándares de calidad en la prestación de los servicios de los centros de conciliación

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Demostrando una vez más el fortalecimiento en los diferentes servicios que ofrece la Universidad Pontificia Bolivariana, el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Pío XII y el centro de Conciliación y Arbitraje “Darío Velásquez Gaviria” recibieron el informe por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, sobre la renovación del certificado NTC 5906, la cual garantiza estándares de calidad en Centros de Conciliación y Arbitraje del país. La auditoría se hizo entre el23 y 26 de marzo, en forma remota por la profesional María Natalia Giraldo Palacio.

“Esto es muestra que los procesos realizados aquí con todos los usuarios son de calidad y se hacen con la mejor voluntad para que se puedan garantizar los derechos de las personas, pero también, resolver de forma pacífica los conflictos que se presentan”, aseguró el abogado José Felipe Palacio Mesa, Director del Centro de Conciliación y Arbitraje “ Darío Velásquez Gaviria”

Según el ente regulador ICONTEC, el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Pío XII y el centro de Conciliación Privado de la Universidad “Darío Velásquez Gaviria” vienen realizando esfuerzos importantes para continuar cumpliendo con los requisitos y sus servicios, especialmente en tiempos de pandemia. “En los criterios que revisamos se evidencia ese crecimiento y avances que se denota no solo en la certificación sino en cada uno de los procesos que son respaldados por toda la comunidad”, indicó María Natalia Giraldo Palacio, auditora del Icontec.

“La aplicación de la norma denota que desde la Universidad Pontificia Bolivariana todo lo que se viene adelantando desde el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Pío XII y del Centro de Conciliación y Arbitraje Darío Velásquez Gaviria, son servicios de excelente calidad, y estamos diciéndoles que somos garantes de derechos y que aquí van encontrar una solución a sus problemáticas a través de los estudiantes y docentes y abogados conciliadores, que interaccionan con los usuarios”, manifestó el director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Pío XII de la Facultad de Derecho, Magister Gustavo Adolfo Ortiz Cano.

Durante los últimos años los Centros de Conciliación de la Universidad se han preparado voluntariamente para la implementación de la norma colombiana 5906; no solo para la certificación, también para la recertificación que se da cada año por parte del ente evaluador. Para esto, la Institución debe cumplir con varias condiciones, entre las que se cuentan: infraestructura física; manejo y gestión de procesos (talento humano, medición y estudio de las hojas de vida y los perfiles de las personas que prestan el servicio en el Centro de Conciliación); infraestructura tecnológica (inversión, adecuación y mantenimiento de los equipos y la tecnología para la prestación del servicio); comunicaciones (plan de medios estratégico que le permita la difusión a la comunidad); la operación del Centro de Conciliación en la parte legal (reglamento, régimen disciplinario, deber ético de los profesionales y conciliadores); archivo; capacitaciones (ARL, plan de emergencia, y el área de talento humano de la Universidad).

Lección inaugural para los estudiantes adscritos al consultorio jurídico “Desaprender para aprender – habilidades para los abogados del siglo XXI”

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La Red de Consultorios Jurídicos de Antioquia y sus centros de conciliación, de la que hace parte el Consultorio jurídico y Centro de conciliación Pío XII de la Facultad de Derecho, realizó el pasado miércoles 17 de marzo, la lección inaugural del primer semestre del año en curso en la que, cuyo eje temático fue: “Desaprender para aprender – Habilidades para los abogados del siglo XXI”

El evento se realizó en la sede de la Universidad Católica de Oriente y se transmitió de manera virtual a estudiantes, docentes y administrativos de todas las facultades de derecho que hacen parte de la Red. Con el objetivo fundamental de generar un espacio de reflexión en torno a temas de interés,

El director del Consultorio Jurídico y centro de conciliación Pío XII, magister Gustavo Adolfo Ortiz Cano fue junto co-moderador de este evento.

Para este evento se tuvo como invitados a:

MARÍA CLARA OCAMPO CORREA. Juez trece (13) civil circuito de Medellín, aspirante a magistrada de la sal Civil y de familia de la convocatoria No. 22. Abogada de la Universidad de Medellín, Especialista en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en derecho de los seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Privado de la UPB, Magister en derecho de la UPB y candidata a doctora de la Universidad de Salamanca. ¡9 años de experiencia al servicio de la Rama Judicial. Nombre de la Ponencia: “Desafíos de la justicia virtual”.

JUAN JAIME ARROYAVE RESTREPO - Abogado egresado de la Universidad CES, magíster en Relaciones Internacionales, y cuenta con estudios complementarios en internacionalización de la educación superior, emprendimiento e innovación. Actualmente es Jefe de la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES e investigador del Grupo de Investigación en Globalización GEOCES y está cursando estudios de Doctorado en Economía en la Universidad de Castilla - La Mancha. Su ponencia: "Lawyers outside the box"

ESTEBAN AGUIRRE HENAO
Abogado litigante de Aguirre y Llano Abogados. Especialista en Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana. Magister en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Derecho Procesal Civil Universidad Externado de Colombia. Docente de pregrado y postgrado de diversas Universidad del país. Miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado – IARCE. Arbitro De la Cámara de Comercio de Medellín. Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje Darío Velásquez Gaviria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Conjuez Tribunal Superior de Medellín – Sala Civil. Periodo 2021. Su conferencia "perspectivas de los litigantes en la nueva era".

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Facultad de Derecho participa en el debate constitucional sobre la pena de prisión perpetua revisable

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En respuesta a la invitación formulada por la Corte Constitucional, los profesores Enán Arrieta Burgos, Andrés Felipe Duque Pedroza y Miguel Díez Rugeles, adscritos al Grupo de Investigaciones en Sistema y Control Penal de la Facultad de Derecho (GISCOPE), rindieron concepto técnico ante el Alto Tribunal solicitando que se declare inconstitucional el Acto Legislativo 01 de 2020, mediante el cual se estableció la pena de prisión perpetua revisable para quienes cometan delitos de acceso carnal violento u homicidio en contra de niños, niñas y adolescentes.

El concepto técnico señala que la pena de prisión perpetua revisable es problemática desde el punto de vista político criminal, criminológico y dogmático. A juicio de los profesores, el Acto Legislativo 01 de 2020 no representa una modificación sustancial del panorama normativo existente, caracterizado por penas de hasta 60 años. De este modo, la reforma constitucional va en contravía de la protección especial, progresiva, prevalente, superior y constitucional de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Así, por considerar que el Acto Legislativo 01 de 2020 comporta, paradójicamente, una medida regresiva y de desprotección de los derechos de los menores de edad, se solicitó a la Corte Constitucional su declaratoria de inexequibilidad.

En el debate constitucional participaron, además de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Libre, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Todos los investigadores adscritos a estas instituciones solicitaron la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2020.

De esta manera, bajo el liderazgo del Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Decano de la Escuela, el Grupo de Investigaciones en Sistema y Control Penal (GISCOPE) ha venido participando de forma consistente, en términos de incidencia, en la rendición de conceptos técnicos ante el Congreso de la República, la Corte Constitucional y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Consulte aquí el concepto técnico: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=26244

Nuevas directrices para otorgar el reconocimiento BECA DE HONOR a los estudiantes de pregrado

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Mediante Acuerdo CDG No. 18/2020 el Consejo Directivo General de la Universidad Pontificia Bolivariana estableció los lineamientos para obtener la Beca de Honor para los estudiantes de Pregrado, puede conocer su texto aquí. 

Con más de 1.300 usuarios atendidos en el 2020 el Consultorio Jurídico Pío XII, se destaca en la ciudad por brindar asesoría jurídica virtual en las diferentes áreas del derecho.

pexels-caio-67112El 2020 trajo nuevos retos y desafíos para el ejercicio del derecho; todo ello con ocasión de la pandemia del COVID-19, ante la cual el Gobierno Nacional se vio obligado a declarar la emergencia social, económica y sanitaria, con lo cual tuvo que establecer medidas de cuarentena y de distanciamiento social obligatorio, que no solo han traído grandes cambios en la enseñanza del derecho, de la mano de la telepresencialidad y la virtualidad; sino también, grandes cambios en la forma de administrar justicia en Colombia, y con ello transformaciones en las prácticas de los Consultorios Jurídicos del país.

Ante estos cambios, en el Consultorio Jurídico Pío XII se propiciaron avances importantes para hacer frente a las nuevas dinámicas: no solo implementó su software virtual, que durante meses atrás se venía desarrollando de la mano de programadores del CTIC de la UPB, sino que también, fortaleció los canales de atención virtual para los usuarios del Consultorio Jurídico Pío XII; a tal punto que, aunque durante el año estuvieron cerrados los juzgados mientras se implementaba el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones juridiciales, por el contrario el Consultorio Virtual del Consultorio Jurídico Pío XII, se ha mantenido muy activo durante todo el transcurso del 2020, llegando a atender, en lo que va corrido del año, 1300 usuarios, quienes han podido acceder a los servicios jurídicos que prestan el Consultorio desde cualquier parte del país, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; con lo cual del Consultorio Jurídico Pío XII se destaca en la ciudad por brindar asesoría jurídica virtual en las diferentes áreas del derecho.

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