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Conclusiones del Foro sobre Reforma a la Justicia.

PANEL DE CIERRRE
GRAN FORO REFORMA A LA JUSTICIA
Mayo 11 de 2012
decanoderechojus

¿Las reformas constitucionales responden a las necesidades de Colombia u obedecen a otro tipo de intereses?

Ponencia inaugural a cargo del Doctor Iván Darío Escobar Rendón Decano de la Escuela Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Salazar y Herrera.

El Dr. Iván al referirse a las reformas constitucionales afirma que estas obedecen a diferentes intereses más que a las necesidades del país.

En el contexto mundial presentó como hitos la segunda guerra mundial, el neoliberalismo, la globalización, la financiación de la Economía por multinacionales y la agenda Latinoamericana, entre otros fenómenos. Desde el punto de vista jurídico se refirió a la reforma y expedición de nuevas constituciones políticas en el mundo.

En Colombia contamos con 9 constituciones desde 1821, la penúltima, la de 1886, tuvo 9 reformas, la última de 1991 presenta 34 reformas aprobadas por el congreso, de las cuales 3 fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Del número total de reformas, 5 se han referido a temas judiciales.

En los dos últimos gobiernos han cursado las siguientes reformas: En el gobierno de Álvaro Uribe 14 actos legislativos y en lo que va corrido del gobierno Santos se radicaron 20 actos legislativos de los cuales 16 fueron aprobados.

Sus conclusiones fueron:

El derecho corre el riesgo de convertirse en herramienta auxiliar de la economía, a menos que lo impidamos.

Los grupos de interés han encontrado en las reformas constitucionales la manera de satisfacer sus propios intereses.

La constitución de 1991 es fruto de un ajuste a la gobernabilidad económica del mundo.

No todos los problemas se solucionan con reformas constitucionales.

La Doctora Maria del Pilar Arango Hernandez. Presidenta del Observatorio Nacional de la Administración de Justicia y de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. En su ponencia Independencia, autonomía y jurisdicción Comienza solicitando sea retirado el proyecto de reforma constitucional a la Rama Judicial. Toda vez que no se le permitió a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, a la Rama Judicial y en general a la sociedad, una participación real en el trámite y en las discusiones.

En cuanto a la privatización, se busca reformar el artículo 116 en el sentido de asignar a los empleados judiciales, funciones jurisdiccionales, al igual que a los abogados en ejercicio, a estos últimos de manera excepcional pero con el riesgo de que sea permanente. A los notarios también se les puede transferir función judicial, lo cual es problemático, por no corresponder a la naturaleza de sus funciones y porque además no cuentan con formación e independencia para cumplir tal tarea. Todo esto se les ha encomendado con el pretexto de la descongestión judicial.

Se refirió al documento oficial de la "Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial" de marzo de 2012, según el cual realmente lo congestionado son 509 mil procesos de los cuales el 78% corresponden al último año.

Finalmente hace un relato general de como está la reforma a propósito del sexto debate por el que atraviesa:

1- Se establece la retención administrativa hasta por 36 horas a juicio de la policía, a quien pueda causar daño a si mismo o a un tercero, siempre que presente perturbaciones mentales y esté bajo los efectos de alucinógenos.

2- Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Administrativa será remplazada por el Consejo Judicial de disciplina, en el que aún persistirá su origen político. En cuanto al autogobierno de la Sala Administrativa se van a crear unos niveles: Sala de Gobierno Judicial, Sala Ejecutiva y Director Ejecutivo. Se prevé también un parágrafo transitorio que dispone que el gobierno presentará un año después, el decreto para la reclasificación de los empleados judiciales.

De su ponencia se resaltan las siguientes afirmaciones: "Esta es una reforma política disfrazada de reforma a la justicia", porque lo que se pretende es que los congresistas logren disminuir el equilibrio de pesos y contrapesos.

Esta reforma en el fondo entraña problemas de ética y desequilibrios.

El Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo Magistrado del Consejo de Estado. Al presentar su ponencia denominada " estructura y presupuesto" dice que todo proyecto de reforma a la justicia debe garantizar el acceso, la prontitud, la descongestión, así como el equilibrio y el gobierno de la justicia, de cara a la independencia y autonomía de la misma, aspectos desde los cuales analiza la reforma.

1- Administrar justicia es algo más que resolver conflictos porque hay que enmarcarlos en la estructura del Estado.

2- La supresión del Consejo Superior de la Judicatura vulnera el "Principio de regresión" resultado por ello inconstitucional.

Seguidamente se pregunta ¿cuáles son las principales causas de causas de congestión? y responde, hay causas exógenas como la multiplicidad de leyes, otras causas atribuibles a la administración pública y también a la oferta y la demanda, dado que cada día hay mas conflictos y menos jueces, todo lo cual exige tomar medidas de descongestión tales como:

1- Implantar una política de Estado para que la administración pública decida

2- Formular una política de Estado en materia legislativa. Y

3- Darle cumplimiento al presupuesto asignado a la rama.

En síntesis la reforma a la justicia no incluyó los problemas cruciales como acceso, descongestión y congestión, mas si se ocupa un poco del gobierno a la justicia.

Concluye diciendo que lo que se busca no es una reforma a la justicia, sino una peligrosa reforma política que aniquila el equilibrio de poderes y favorece una concreta re - elección presidencial.

En la última ponencia: Aspectos no contemplados en la propuesta de reforma, el Dr. Juan Guillermo Jaramillo Díaz Decano Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas de la UPB

Dejó planteado que:

1.- Si el concurso de méritos tiene hoy posicionados a los mejores en la Judicatura y aún en la fiscalía, ¿Por qué no se hace lo propio con quienes aspiran a servirle al país y a la sociedad desde las altas cortes?

2.- En lugar de intentar siquiera PRIVATIZAR lo que constitucionalmente es una función pública, de lo que debiera ocuparse el proyecto es precisamente de dejarle claro a la comunidad quienes constitucionalmente cumplen esa trascendental función de administrar justicia, esto es, quienes han de fungir como órganos jurisdiccionales. La FISCALIA no lo es y por lo tanto debe desaparecer de la lista del artículo 116 de la Constitución política.

3.- No es tanto por la histórica comprobación de la absoluta inutilidad de la extensión de esas potestades, por lo que se quiere la puntual eliminación de juzgamientos en manos de miembros de la fuerza pública y de congresistas, sino en honor a la importancia y trascendencia de la función jurisdiccional de cara a los sentimientos de convivencia y paz que exigen que sea abordada por personas estrictamente preparadas para ello, obviamente con fortaleza jurídica.

4.- Ante el inminente fracaso del defensor de oficio de ayer, y del apoderado oficioso de la víctima de hoy, debe crearse la Procuraduría delegada para la defensa de las víctimas. La Legitimidad suya para el ejercicio de la acción indemnizatoria en favor de las víctimas, ha de ser constitucional.

5.- Debe crearse la jurisdicción constitucional para que jueces en primera instancia asuman la competencia en materia de acciones constitucionales, de Habeas Corpus y cumplan funciones de control de garantías.

6.- Cuanto antes debe comenzar a funcionar el paralelo jurisdiccional Indígena.

Las entidades organizadoras de este gran foro "Reforma a la Justicia", - no obstante no estar presentes los congresistas convocados - , con base en las intervenciones y reflexiones presentadas por los ponentes, solicitamos sea abortado el proyecto analizado, toda vez que no contó con la participación de la sociedad civil, la Rama Judicial y los demás estamentos; no incluyó las problemáticas medulares del sistema judicial y en últimas favorece intereses de grupos económicos y de sectores políticos.

Relatoría elaborada por: Dra. Julia Victoria Montaño Bedoya.

Decana Facultad de Derecho Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín.

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