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Recordando al profesor Carlos Jaramillo Restrepo

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El doctor Carlos Alberto Jaramillo Restrepo nació en Medellín el 27 de marzo de 1950. Estuvo vinculado durante la mayor parte de su vida a la Universidad Pontificia Bolivariana. Aquí estudió su carrera de Derecho (egresó en el año de 1974) y fue profesor, titular y emérito (1996), de derecho penal durante más de 40 años (1975-2017).

Dirigió el área de derecho penal de la Facultad de Derecho y el Consultorio Jurídico Pío XII, e hizo parte del Comité de Ética de la Universidad.
Fue miembro de la comisión redactora del Código Penal Tipo para Latinoamérica (1976), y, debido a su prestigio académico, fue profesor invitado de derecho penal especial, en cursos de pregrado y de postgrado, en distintas universidades del país. Fue, además, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Así lo recuerdan docentes, estudiantes y egresados

"El doctor Jaramillo fue un ser humano alegre, de suma inteligencia, honorable, bondadoso, gran orador, brillante y respetadísimo litigante, de impecables formas. Dejó profunda huella en sus estudiantes y una enorme sensación de ausencia entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo". Henry Solano, docente de la Facultad de Derecho.

"El doctor Jaramillo siempre nos hacía reír, pero no solo representaba esa parte jocosa, divertida y alegre de la vida; sino que además nos presentaba la imagen del abogado elegante, prestigioso, reconocido y serio con su trabajo. Todos sabemos que el Doctor era un litigante exitoso, comprometido y responsable con su profesión." Apartes del discurso del estudiante de Derecho Alejandro Gómez en la Eucaristía.

"Definitivamente naciste para ser un defensor, no te imagino ejerciendo la profesión en otro ámbito, defendías la libertada, la igualdad, defendías a todos y en todos los foros (...)". Apartes de las palabras de Andrés Úsuga, Representante de los Egresados de la Facultad de Derecho, en la Eucaristía.

Las exequias del doctor Carlos Jaramillo se realizaron el domingo a las 4:00 p.m. en el templo Universitario.

Columna del Decano: Código Departamental de Polícia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | 

Excelente y oportuna la idea del gobernador Luis Pérez Gutiérrez de proponer a la asamblea departamental la expedición de un nuevo código departamental de policía, normalmente identificado como el código de convivencia ciudadana en el departamento.

Hace algunos días inició la vigencia de la ley 1801 de 2016 o nuevo código nacional de policía, circunstancia que debe impulsar el estudio y expedición de nuevas disposiciones departamentales de convivencia, que concuerden con las nuevas orientaciones nacionales.

El lector se preguntará, por qué, si se ha expedido una nueva legislación en asuntos de policía, es importante que también se apruebe un nuevo código departamental. Muchos pensarán que se trata de una normatividad repetitiva e inútil, pues si se tiene en cuenta que las disposiciones nacionales se aplican en las instancias territoriales, no hay razón para expedir otro código en la materia. Para una adecuada inteligencia del tema, es menester recordar que la Constitución Política y a partir de allí, la legislación y la jurisprudencia, diferencian entre poder de policía, función de policía y actividad de policía.

Poder de policía es la facultad para expedir normas generales para la preservación de la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad ciudadanas. Dentro de este esquema y para estos fines, se expidió el código nacional de policía. La competencia para aprobar este tipo de normas corresponde inicialmente al legislador, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 numerales 2 y 25 de la Carta. También es titular del poder de policía el Presidente de la República en los casos de estados de excepción, para efectos de conjurar situaciones de grave perturbación del orden público.

Pero el poder de policía también corresponde de manera residual a las autoridades departamentales, específicamente a las asambleas por medio de ordenanza, pues el articulo 300 numeral 8 de la Carta así lo prescribe al disponer que corresponde a las asambleas dictar normas de policía en todo aquello que no haya sido objeto de regulación legal.

Con fundamento en esta competencia, las asambleas deben preocuparse por expedir normas de policía en aquellos asuntos, que de acuerdo con la Constitución, se requieran para la defensa del orden público, mediante la regulación de temas que no fueron abordados por la ley.

Para desarrollar la oportuna iniciativa del señor gobernador, es necesario estudiar con cuidado los diferentes temas asumidos por la ley 1801 de 2016, para que la asamblea se ocupe de asuntos relacionados con tranquilidad, salubridad, seguridad y moralidad, que no fueron objeto de aquella, especialmente los vinculados con la protección del denominado “status quo” en materia de derechos reales, linderos, amojonamiento, servidumbres.

Lo ideal sería que este desarrollo normativo también se complementara a nivel municipal, mediante la expedición de regulaciones relacionadas con asuntos que de acuerdo con el artículo 313 numerales 7 y 9 de la Constitución, deben ser objeto de regulación, como la vigilancia y control de actividades vinculadas con la construcción y la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El consultorio jurídico pío xii hizo pedagogía del derecho a los estudiantes del INEM “Jose Felix de Restrepo

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La proyección social del abogado no puede verse limitada por labores propias del litigio o de conciliación, por ello el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Pío XII de la Facultad de Derecho ha venido implementando con sus estudiantes adscritos, procesos de intervención formativa en las comunidades a través de jornadas de formación jurídica, en temas de interés para un grupo determinado.

Desarrollando está actividad, un equipo coordinado por la docente Ana Milena Monsalve Montoya; los monitores del área de derecho Penal: Alejandro Gómez, Nicolás Ortega, Estefania Márquez y Juan Pablo Monsalve , y 80 estudiantes de la práctica forense Penal I, se trasladaron el día viernes 3 de marzo a la I.E. INEM " José Félix de Restrepo" donde se brindó capacitación en torno a la violencia intrafamiliar, las rutas de atención y el delito de inasistencia alimentaria, aspectos que fueron diagnosticados por las autoridades de la institución como muy necesarias en esta comunidad educativa.

La actividad dejó como balance la capacitación a más de 600 estudiantes de los grados 9 a 11; en los abogados practicantes, la satisfacción de que se puso al servicio de la comunidad los conocimientos jurídicos adquiridos a lo largo de la carrera, en la búsqueda del acceso y ejercicio de los derechos fundamentales, humanos y ciudadanos a través de la educación y el servicio social, a fin de que la capacitación cumpla un papel protagónico en la solución y prevención de los conflictos.

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Los centros de conciliación de la UPB sede Medellín recibirán nuevamente la certificación de calidad por parte del Icontec

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Los días 13 y 14 y 27 de febrero de 2017, el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Pío XII y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la UPB Medellín, "Darío Velásquez Gaviria," recibieron la visita del ente certificador ICONTEC para realizar auditoría de la norma técnica de calidad NTC 5906 al proceso de conciliación que se lleva en ambos centros. La evaluación del proceso estuvo a cargo del auditor, Rodrigo Mejía G.

Como resultado de esta visita, los Centros de Conciliación, recibirán nuevamente la certificación de calidad en prestación del servicio de conciliación extrajudicial con cero no conformidades.

Destaca el auditor en su informe:

  1. La buena predisposición de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo, para atender el servicio de auditoría externa, porque permite crear un ambiente adecuado para la evaluación conjunta, lo que evidencia el compromiso con la mejora continua y con la calidad.
  2. La capacidad de gestión de los Centros, desde el cumplimiento y superación de las metas asociadas al número de servicios prestados por período, lo que demuestra el reconocimiento por parte de la comunidad objetivo en relación con la satisfacción de dichos servicios.
  3. El protagonismo ejercido por parte de la Universidad y sus Centros de Conciliación en los que respecta a las directrices establecidas por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el tema de medición de eficacia e impacto en los servicios en la comunidad objeto de atención.
  4. El desarrollo tecnológico para la administración de la información interna y externa, que integra de manera sistémica, los elementos: Expedientes, Personas, Eventos, Materias y Áreas, permite asegurar la trazabilidad y confiabilidad para cada uno de los servicios.
  5. La implementación del denominado "plan de negocios", por parte de los conciliadores profesionales y/o en proceso de formación, previo a la realización de la audiencia, actividad que ha permitido desarrollar un modelo de atención diferente, que se convierte en valor agregado para la comunidad atendida, lo que se traduce en efectividad y satisfacción.

Capacitación de violencia intrafamiliar en el sector de Villatina.

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En desarrollo de la función social que despliega el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Pío XII de la Facultad de Derecho de la UPB, un equipo de docentes y estudiantes brindaron en la comuna 8 de la ciudad de Medellín una capacitación en torno a la Violencia Intrafamiliar y sus implicaciones jurídicas y las rutas de atención cuando se presentan algún caso de esta índole.

Y es que “la Violencia Intrafamiliar es una problemática que afecta cada día a más familias en Colombia e imprime huellas imborrables en los afectados y que generan malestar y comportamientos inadecuados”, expresó el Director del Consultorio Jurídico Pío XII, abogado magister, Gustavo Adolfo Ortiz Cano, por eso desde la academia debemos aunar esfuerzos para prevenir este delito y saber orientar a las víctimas de este flagelo. .

La capacitación estuvo dirigida a las madres, padres y acudientes de los niños inscritos en el Hogar Infantil Marta Cecilia, que tiene sede el sector de Villatina de la ciudad de Medellín.

Al respecto, la coordinadora del área del Derecho Penal, Abogada Ana Milena Monsalve Montoya, quien lideró con los estudiantes Estefania Marquez y Juan Pablo Monsalve la capacitación realizada sobre Violencia Intrafamiliar, el día 22 de febrero de 2017, considera que “es necesario reiterar a las madres, padres y acudientes que el delito de Violencia Intrafamiliar, en virtud de la ley 1542 de 2012, dejó de ser un delito conciliable, desistible y querellable, es decir, pasó a ser un delito investigable de oficio, lo que conlleva a que una vez presentada una denuncia donde se indique la comisión de este delito, ya no puede el denunciante retirarla. El Estado, se apropia del caso y estará bajo la responsabilidad del respectivo Fiscal, al que le sea asignado el caso, presentar la respectiva acusación o proceder al archivo del caso”.

Columna del Decano: Misión y tribunal electorales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 17 de febrero de 2017

En desarrollo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, el pasado 17 de enero de 2017 el Gobierno Nacional instaló la Misión Electoral Especial que se encargará de entregar en un término no mayor a 4 meses, las recomendaciones sobre aspectos normativos e institucionales que es necesario tener en cuenta para introducir reformas al régimen y a la organización electoral, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.3.4. del texto suscrito en La Habana.

Las reformas que se propongan tendrán por objeto hacer más transparente y moderno el sistema electoral, garantizar una mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral o al organismo que haga sus veces, todo ello con el fin de otorgar garantías a los ciudadanos para su participación en los distintos procesos electorales, y proporcionar una mayor calidad a la democracia durante el período del posacuerdo.

Seis de los siete miembros de la Misión fueron designados por organizaciones independientes como el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, mientras que el séptimo miembro actuará en representación de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, encargada de velar por la realización de los principios democráticos a través de los procesos electorales.

Si bien uno de esos miembros es consejero de Estado, este actúa a título personal como asesor del presidente de la República, de manera que es lamentable la ausencia institucional de la justicia, cuya vocería oficial debería estar en cabeza del presidente del Consejo de Estado, Alta Corte experta en el control judicial de los actos electorales.
Las conclusiones y recomendaciones de la Misión se darán con fundamento en informaciones y propuestas de los partidos y movimientos políticos y autoridades electorales, con énfasis en la defensa de los derechos electorales de las mujeres. Así mismo, se incluirán propuestas para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.

Una de las propuestas de la Misión sería la creación de un Tribunal Electoral, inicialmente designado por el presidente de la República y posteriormente por el Congreso, que tendría por objeto asumir las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y las judiciales del Consejo de Estado, incluyendo los procesos sobre pérdida de investidura.

De concretarse esta iniciativa, el país perdería uno de los núcleos principales en materia de control de constitucionalidad y legalidad en asuntos electorales, olvidando que la jurisdicción contenciosa administrativa, encabezada por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, se ha caracterizado por su autonomía y transparencia en los procesos electorales y en los de pérdida de investidura. Trasladar esta función a un Tribunal de origen político, es dejar sin efecto el control judicial sobre el sistema electoral y sin aplicación práctica el trámite de pérdida de investidura.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Democracia, partidos y responsabilidad política

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 10 de febrero de 2017

Los partidos políticos son el soporte sobre el cual se construye la democracia occidental. La importancia de estos en la estructura y funcionamiento de las instituciones es de tal magnitud, que se ha llegado a afirmar que todo sistema democrático debe reposar en una sólida estructura de partidos.

Pero los partidos políticos perdieron su rumbo. Dejaron de ser fuente de conceptualización ideológica, se alejaron de las masas y se transformaron en círculos cerrados y aislados, preocupados por alcanzar el poder, no como medio para atender las necesidades sociales, sino como un fin en sí mismo, para mantener una hegemonía respecto de otros partidos o movimientos.

Las consecuencias en el mundo político electoral no se han dejado esperar: El Brexit en Inglaterra, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la crisis venezolana, entre otros, aparecen como resultado de procesos electorales desarrollados como reacción ante la desarticulación y pérdida de legitimidad de los partidos.

En Colombia la situación es aún más grave. Superados parcialmente los actos de violencia ocasionados por la guerrilla, las instituciones y los medios se están ocupando del otro gran flagelo: la corrupción; y como era de esperarse, los partidos políticos no escapan a este mal. No cabe duda que la crisis es enorme. La manera como el caso Odebrecht está afectando la imagen y proyección social de los partidos, amén de otras situaciones pasadas y presentes, no auguran un prometedor futuro a la democracia colombiana de partidos.

El Partido Conservador, después de haber renunciado a luchar por unos principios en la búsqueda del poder durante más de 20 años, aparece como un movimiento sin brújula, tratando de obtener migajas burocráticas de todos los gobiernos. El Partido Liberal continúa con la deuda de responsabilidad política que le dejó el proceso 8000, sin que hasta el momento haya podido saldar ese lastre que tiene frente a la sociedad.

El Centro Democrático se estremece en medio de acusaciones por corrupción en la pasada campaña presidencial, su pecado parece ser grave por donde se le enfoque. Si las directivas del partido sabían lo que estaba sucediendo, es gravísimo; si no lo sabían, es igualmente grave, pues demuestra su falta de solidez y cohesión. Igual puede predicarse del partido Cambio Radical, por ejemplo, con respecto al aval otorgado a los cuestionados gobernantes de La Guajira. Si se hizo a sabiendas, tremendo pecado; si no se sabía, mayor pecado.

Lo mismo puede decirse sobre las acusaciones en torno a la campaña reeleccionista del presidente Santos. Si las acusaciones son ciertas, el Presidente y su entorno serían responsable por acción, si conocían el hecho; por omisión, si no lo conocían. Además, el país no soportaría otro “eso se hizo a mis espaldas”. Estos casos y otros fenómenos sociales como la desmovilización de la guerrilla, plantean un mar de incertidumbre con respecto al proceso electoral que se avecina, el cual peligrosamente se definiría, no con fundamento en plataformas de partidos, sino por simples lealtades entre amigos.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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