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Estudiantes de Semillero de investigación en Estudios Críticos participan en XVIII Foro Nacional de Filosofía

SmartSelectImage 2017-11-28-05-38-31Los estudiantes del Semillero de investigación sobre Estudios Críticos, adscritos a la Facultad de Derecho y bajo la dirección de la Dra. Adriana María Ruíz, atendieron a la convocatoria de la Universidad de Caldas para participar en el XVIII Foro Nacional de Filosofía y presentaron sus aportes en representación de nuestra Universidad.

El Foro se llevó acabo en la ciudad de Manizales los días el 31 octubre al 3 de noviembre de este año, en el marco de la celebración de los 20 años de la Maestría en Filosofía de la Universidad de Caldas.

En la Mesa FILOSOFÍA POLÍTICA, participaron los estudiantes Pablo Adolfo Hoyos González, con conferencia titulada La crisis de la libertad en el mundo contemporáneo: una mirada crítica desde la lectura de Byung-Chul Han; David Simón Mercado Arango, con su ponencia Albert Camus y la rebeldía histórica: análisis de la contradicción revolucionaria; Ana González Salazar, El hombre “miserable” de Víctor Hugo: propuesta de una nueva categorización; Valentina Valderrama Taborda, Sujetos constructores de verdad: análisis del pensamiento de Jean-Luc Nancy sobre la democracia; Marlon Vargas Patiño, De la vida sin forma a una forma-de- vida: una mirada desde Giorgio Agamben a una política de lo ingobernable. En Mesa FILOSOFÍA MORAL, la egresada Cristina Jaramillo Montoya presentó Responsabilidad social empresarial: el camino hacia la libertad del trabajador. Una mirada desde Adela Cortina.

Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a la Maestría en Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas

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Comprometidos con elevar el nivel académico e investigativo, nos complace compartir la Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a la Maestría en Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas. Es oportuno anotar que es la segunda acreditación en el país de Alta Calidad dada a un programa de posgrado en ciencias políticas, siendo la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, la primera en recibir este reconocimiento en instituciones privadas.

Cabe resaltar que los pares académicos designados provenían de los posgrados en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y de la Universidad de los Andes, quienes destacaron en el informe la calidad académica, la cualificación de sus docentes, la capacidad investigativa con un grupo clasificado en Colciencias en A1, las redes y convenios, la movilidad nacional e internacional, alta producción académica, entre otros. Esto muestra la solidez y la seriedad con la que estamos emprendiendo cada proyecto.

Este es el resultado de un trabajo colaborativo de toda la comunidad académica que deja en lo más alto el nombre de nuestra Facultad y de la Institución.

Sintámonos orgullosos por este reconocimiento y por hacer parte activa de esta familia.

Agradecemos el apoyo y el respaldo de toda la comunidad académica de la UPB.

Dr. Porfirio Cardona
Director de Ciencias Políticas. 

Jurisdicción especial de paz y conmoción interior

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 10 de noviembre de 2017 en El Colombiano.

En las historias que narran los hechos del bajo mundo, se afirma que el momento más complicado es aquel en el cual se infringe la ley por primera vez; a partir de allí se puede desarrollar una cadena de violaciones cuya meta es difícil de identificar.

Algo similar parece afirmarse con respecto a nuestro orden Constitucional. Como dice el aforismo: lo que mal empieza, mal continúa y mal termina. La Constitución de 1991 se originó con un acto de violación de la Constitución de 1886. En efecto, el artículo 218 de la vieja Carta, disponía que la misma sólo podría modificarse a través de un Acto Legislativo aprobado por el Congreso de la República. El nacimiento, formalmente inconstitucional, del nuevo orden constitucional, puede explicarse y aún justificarse con distintos argumentos sobre la legitimidad del poder constituyente primario, pero lo cierto es que surgió con pleno desconocimiento del orden vigente en aquel momento.

A partir de entonces, se han repetido de manera sucesiva y con distintos efectos, los actos de irrespeto a la Carta Política, no sólo por desconocimiento de sus propias regulaciones, sino por interpretaciones, no siempre afortunadas, de sus principios y dogmas. Las últimas manifestaciones de desconocimiento y si se quiere, de irrespeto por el orden constitucional, se encuentran en el asombroso sistema del fast track, ideado para la expedición de normas por fuera de los procedimientos constitucionales ordinarios; en la declaratoria de constitucionalidad del acto Legislativo 02 de 2017, que reconoce el carácter constitucional de los acuerdos suscritos entre el Estado y la guerrilla; y finalmente, en el papel de constituyente que implícitamente se otorga a los negociadores de La Habana, al reconocer la jurisprudencia que el acuerdo final constituye fuente de interpretación, orientación y validez de las normas que para su desarrollo se expidan, que no es otra cosa, a reconocer que entre los negociadores se adelantó un proceso constituyente.

Como si no fuera suficiente, ha surgido y cobrado fuerza la idea de que el Gobierno regule la JEP, mediante la expedición de un decreto de excepción por conmoción interior. Las dificultades presentadas para que el Congreso, a través del cuestionado procedimiento del fast track, apruebe la ley estatutaria sobre la JEP, ha llevado a algunos sectores políticos a considerar la posibilidad de que el Gobierno decrete un extraño estado de conmoción, para expedir un más extraño decreto estatutario para regular esta jurisdicción. Quien así piense, no sólo desconoce la Constitución, sino los fundamentos del estado de conmoción interior. Este, sólo puede ser declarado, “en caso de grave perturbación del orden público... que no pueda ser conjurada mediante las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía...”. Ni la renuencia del Congreso a aprobar la ley estatutaria sobre la JEP, constituye un tema que incumba a las facultades normales de policía, ni la falta de acuerdos políticos para expedir dicha ley, puede tomarse como una circunstancia de perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

30 años de la Especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

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I Jornada móvil de conciliación en Armenia "Mantequilla"

armenia17El pasado sábado 4 de noviembre se realizó en el municipio de Armenia (Antioquia) la primera de las dos jornadas móviles de conciliación que realizará el Ministerio de Justicia y que, en el caso de este municipio, cuenta con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana y sus centros de conciliación. Las jornadas que no tienen ningún costo para las personas que acuden a ellas, pretenden ayudar a la solución de conflictos mediante el diálogo y garantizar la accesibilidad geográfica al acceso a la justicia de personas que residen en zonas rurales o apartadas

Conflictos entre vecinos, el no pago de cuotas alimentarias, el incumplimiento de obligaciones contractuales, conflicto de servidumbres fueron atendidos en esta primera jornada que se desarrolló en la Institución Educativa "Rosa Mesa de Mejía" y que extendió desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. por los docentes y conciliadores del Consultorio Jurídico Pío XII de la Facultad de Derecho.

La conciliación es un mecanismo corto y eficiente de resolución de conflictos y en caso de incumplimiento de lo acordado, se puede acudir a un juez con el acta de conciliación para que realice el procedimiento pertinente.

El próximo 25 de noviembre se llevará a cabo la segunda jornada, en la que se espera realizar varias audiencias de conciliación que se recibieron en esta primera visita.

Constitucionalización por objeto ajeno y ética

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 3 de noviembre de 2017 en El Colombiano.

La eficacia real de la norma consiste en que su contenido coincida plenamente con el mandato de conducta que ella pretende. Cuando ello ocurre, se afirma que existe una coincidencia entre el mensaje literal y la realidad que la disposición quiere regular, es decir, entre lo que la norma dice y lo que quiere decir. Pero circunstancias de distinta índole, normalmente de naturaleza política, hacen que en ocasiones se presente un marcado desajuste entre el mensaje y su significado.

En el ámbito de la Constitución, también se presentan casos en los que la letra de la disposición no corresponde exactamente con su significado. El lenguaje no coincide con el metalenguaje. La norma esconde un mensaje implícito diferente al que expresa la letra. Dos ejemplos: Cuando el artículo 214 de la Carta dice que en los estados de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, realmente lo que quiere decir es que los derechos se pueden limitar y reglamentar. O cuando la Constitución impulsa el pluripartidismo a través de una serie de disposiciones que literalmente se refieren a otros temas, como la elección del Presidente de la República mediante fórmula con el Vicepresidente.

Aunque este tipo de normas se repiten a lo largo del ordenamiento, lo cierto es que la expedición de disposiciones constitucionales, legales o administrativas cuyo significado real se esconde detrás de mensajes referidos a otros asuntos, plantea un problema de ética legislativa y política. Ocultarle a la ciudadanía la realidad de los mensajes colectivos contenidos en ciertas disposiciones, encierra una alta dosis de engaño, similar a lo que sucede cuando el legislador introduce en el texto de una ley, los denominados “micos”, que no son otra cosa, que temas ajenos a la materia que regula.

Pero el asunto es más delicado cuando el juez constitucional profiere un fallo para que tenga efecto sobre un objeto diferente a aquel al cual se refiere literalmente. No se trata de una simple modulación de la sentencia, sino de un pronunciamiento que conlleva un mensaje ético bastante cuestionable. El caso concreto se presenta con la reciente sentencia de la Corte Constitucional, que declaró exequible el Acto legislativo 02 de 2017.

En efecto, de acuerdo con el comunicado proferido por la Corte, no cabe duda que el propósito real de esta sentencia fue otorgarle fuerza constitucional al denominado Acuerdo Final. La lectura de algunos apartes del artículo 1° del Acto Legislativo declarado exequible, permite llegar a esta conclusión. Dice la mencionada disposición: “... los contenidos del Acuerdo Final que corresponden a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación del Acuerdo Final...”. Más adelante agrega la norma: “las actuaciones de todas las autoridades deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final...”.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Constitucionalidad simbólica

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 27 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Los acuerdos de paz no son tratados internacionales. Dos ejemplos: La Corte Internacional de Justicia, al analizar el acuerdo de paz suscrito entre el Congo y Uganda, para poner fin a las acciones de insurgentes ugandeses en el territorio del Congo, decidió que no era un tratado sino un modus operandi.

En igual sentido se pronunció la Corte Especial de Justicia de Sierra Leona, al estudiar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario.

Los convenios de Ginebra disponen que los acuerdos especiales contienen reglas para humanizar el combate entre un Estado y un grupo al margen de la ley, son una especie de reglamento para adelantar la guerra "con humanidad". Es decir, no son tratados, razón por la cual no tienen revisión de constitucionalidad, hacen parte del derecho internacional humanitario e integran el bloque de constitucionalidad.

Al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte Constitucional, implícitamente califica el acuerdo de paz como un acuerdo de carácter especial y determina que las normas del derecho internacional humanitario que en él se incluyen, serán parámetro para la expedición e interpretación de las disposiciones necesarias para su implementación.

Surgen dos puntos de reflexión: El primero es que según los convenios de Ginebra, en atención a la diversidad de temas que se incluyen, el acuerdo final no es un acuerdo especial. El segundo consiste en que, aún en caso de tomarse como un acuerdo especial, solo entraría al bloque de constitucionalidad lo relacionado con el derecho internacional humanitario.

En forma equivocada, la Cruz Roja Internacional afirma que efectivamente se trata de un acuerdo especial, por ocuparse de un conflicto entre partes, en el que se incluyen compromisos propios del derecho internacional humanitario, pero olvida que hay muchos otros puntos, como entrega de activos por parte de la guerrilla, uso de testaferros para ocultar bienes y la JEP, que no son derecho internacional humanitario.

Identificar el acuerdo final como un acuerdo especial, permite ingresarlo al bloque de constitucionalidad, evitar su revisión constitucional y aumentar la exigibilidad de las obligaciones para el Estado, pues, aunque en teoría es fuente de obligaciones para ambas partes, como las Farc no son un Estado, en la práctica solo origina obligaciones para el Estado.

Se trataría de un documento internacional sui generis, puesto que solo puede crear efectos internos, pero no obligaciones autónomas bajo el derecho internacional. Es decir, el acuerdo final no puede obligar a un tercero en el ámbito internacional, mientras que al Estado Colombiano y a la guerrilla de las Farc solo puede imponerles obligaciones a nivel interno.

Reconocer al acuerdo final un cierto nivel dentro del derecho internacional humanitario, lo integra al bloque de constitucionalidad y les garantiza a las Farc que el Estado debe cumplirlo, so pena de actuar al margen de la Constitución.

Conclusión: Al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte en forma simbólica reconoce que el acuerdo final integra el bloque constitucional..

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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