Domingo, Mar 26th

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Facultad de Derecho, los mejores promedios 2016-2

Las siguientes estidiantes obtuvieron los mejores promedios en el semestre 2016-02, felicitaciones por un desempeño destacado: 

MARIA CAMILA CADAVID: 4.92

DIANA POSADA: 4.86

MARIA CATALINA MUNERA: 4.85

Calendario académico 2017-01

calen2017

Columna del Decano: El abuso enemigo de la democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de enero de 2017

En esta columna, el observador puso de presente que la institución de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes, en la forma en que está concebida en nuestra Constitución y en la legislación vigente, es un procedimiento inútil, como se ha demostrado en más de 150 oportunidades en que se ha intentado su utilización.

Ahora, en ejercicio del principio de la democracia participativa o directa, se pretende impulsar la revocatoria del mandato al Presidente de la República, la derogatoria de disposiciones legales vigentes en materia tributaria y la aprobación de reformas constitucionales relacionadas con la cadena perpetua para quienes cometan delitos en menores.

Respecto la revocatoria del mandato del Presidente de la República, el hecho de que personas de prestancia en el campo social y jurídico estén lanzando este tipo de iniciativas, genera una especial preocupación sobre el respaldo y fortaleza social de las instituciones.

Por otra parte, no puede olvidarse que la Carta, para bien del Estado Social de Derecho, establece dos mojones absolutamente inquebrantables, para efectos de garantizar su estabilidad: (i) Por una parte, el sistema de pesos y contrapesos entre poderes, que permite, en casos de comportamientos inconstitucionales del Presidente, que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia puedan adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con el orden institucional. (ii) Desde el punto de vista constitucional y político, el órgano electoral carece de competencia para aceptar la solicitud de revocatoria, porque el supuesto material relacionado con el incumplimiento del mandato, no se lograría configurar en el caso del Presidente, especialmente por cuanto la realización del programa de gobierno, no depende única y exclusivamente de Él, y además, porque la Carta Política es categórica en determinar que el Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Con respecto a la iniciativa ciudadana para buscar la eliminación de disposiciones tributarias, es importante recordar que esta facultad no es ilimitada, pues por orden del mismo constituyente primario, el artículo 170 de la Constitución dispone que este procedimiento solo se puede utilizar para derogar leyes, no para aprobar otras, y que a través del mismo instrumento no es posible derogar leyes aprobatorias de tratados, la del presupuesto, ni las referentes a materias fiscales o tributarias.

En cuanto a acudir a la ciudadanía para aprobar una reforma constitucional que establezca la cadena perpetua, es importante tener en cuenta que si bien el artículo 378 Superior consagra esta posibilidad, dicho referendo debe ser convocado por ley del Congreso, lo que significa que de todas maneras el tema requiere de un pronunciamiento previo del Legislativo.

En síntesis, las instituciones de participación ciudadana son un importante logro de la democracia directa moderna, pero hay que tener especial cuidado, pues el abuso de ellas puede hacer inocuo su uso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Sobre la fundación de la UPB - Julio González Villa - Tertulias Festivas

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El docente de la Facultad de Derecho Julio González Villa habla para el programa Tertulias Festivas sobre la Fundación de la UPB en sus 80 años. 

Docente de Derecho participó en Congreso Internacional de Educación Bimodal

La profesora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Laura García Juan, presentó la ponencia "Hibridación digital y grupos colaborativos de investigación. Innovación docente en las facultades de derecho colombianas", en el XXII Congreso Internacional sobre Educación Bimodal "Competencias Digitales, Innovación y Prospectiva" TELEDU 2016.

El evento tuvo lugar los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín y reunió a diferentes universidades y otros organismos públicos y privados de Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, España, Argentina y México.

El carácter internacional, académico y permanente del TELEDU ha permitido su posicionamiento desde la primera versión del Congreso en 1995, favoreciendo que sus participantes conozcan periódicamente las innovaciones educativas aplicables a los estilos de aprendizaje contemporáneos, así como servicios educativos de vanguardia y nuevas aplicaciones multimedia para el aprendizaje electrónico.

Columna del Decano: Cabildo abierto para la paz

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 4 de noviembre de 2016.

La Constitución de 1991 busca la realización de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esto quiere decir que la justicia se convierte en el núcleo del ordenamiento jurídico. Es la razón por la cual el concepto de ley se expande para abarcar no solo la norma que expide el Congreso, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y los principios rectores que son inherentes al hombre y que hacen parte de su naturaleza.

En este orden de ideas resulta contrario al orden constitucional, a la naturaleza del ser humano y a la esencia de las relaciones sociales, cualquier medida que desconozca el valor orientador del derecho, que es la justicia. Y la justicia se afecta gravemente, no solo porque se le ignore como razón de ser de la organización socio política, sino cuando se atenta contra alguno de sus principios rectores. Uno de ellos, que constituye el núcleo del concepto supremo de seguridad jurídica, es el de la cosa juzgada.

La cosa juzgada permite establecer límites temporales a la actividad judicial y a la controversia jurídica. Cualquier reforma "de fondo" de la justicia tiene que comenzar por el restablecimiento del respeto a esta institución.

No hay justicia cuando el proceso judicial nunca se termina o solo se termina en apariencia, pues en cualquier momento se puede reabrir. La justicia se desconoce, tanto cuando se interponen tutelas que buscan desconocer el valor de la cosa juzgada, como cuando se pretende instaurar un Tribunal con competencia para revisar fallos en firme de otros Tribunales.

Por ejemplo: Un servidor público declarado insubsistente, demanda la nulidad del acto de insubsistencia, con el argumento de que carece de motivación escrita. El juez competente no acepta el argumento y declara que el acto es válido. El demandante apela la sentencia ante el órgano superior, que la confirma.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, el afectado instaura acción de tutela contra los fallos anteriores. En sus dos instancias iniciales la tutela se le resuelve desfavorablemente, pero en revisión final, la Corte Constitucional encuentra que el acto es nulo y desconociendo la institución de la cosa juzgada, le ordena al juez que deje sin efecto una sentencia en firme y declare la nulidad del acto, a lo que éste se niega aduciendo que la Corte no tiene competencia para impartirle órdenes.

Igual ocurre con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Se trata de un órgano por fuera de la estructura de la Rama Judicial, con competencia para revivir y revisar procesos ya afectados por sentencias con fuerza de cosa juzgada.

Situaciones como las descritas llevan a concluir que es necesario repensar la actividad judicial, para lo cual es indispensable promover un gran proceso de reforma que comprenda, no solo el estudio de aspectos orgánicos, financieros y de poder, sino que a través de grandes acuerdos entre jueces, académicos y ciudadanos en general, elabore propuestas para la recuperación de los principios fundamentales del derecho y de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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