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De Colombia para Venezuela

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 18 de agosto de 2017 en El Colombiano.

Es curioso. No son iguales, pero tampoco diferentes. El proceso de la asamblea constituyente en Venezuela, independiente del contexto político y social que la rodea a nivel nacional e internacional, parece haber sido copiada, al menos formalmente, del movimiento constituyente que se vivió en Colombia en los años 90.

En cuanto a su origen, mientras el gobierno venezolano aduce que acudieron a las urnas 8 millones de personas, otras fuentes afirman que solo 2.400.000 personas participaron en la elección. En Colombia, no puede olvidarse que si bien la constituyente fue inicialmente solicitada por 4.991.887 votantes, finalmente para su integración solo hubo 2.988.963 votos, con un abstencionismo que llegó al 75 %, cifras que sirvieron de argumento a sectores opuestos al proceso constituyente, para cuestionar la legalidad y legitimidad de la asamblea, más aún, si se tiene en cuenta que el artículo 218 de la anterior constitución, no contemplaba este tipo de procedimientos.

Como sucedió en Colombia hace 27 años, tampoco en Venezuela es posible determinar los alcances de la asamblea constituyente. En nuestro país se convocó para introducir reformas a la Constitución de 1886 y terminó expidiendo una nueva Constitución.

Uno de los primeros actos de la constituyente en Venezuela, ha sido confirmar su absoluto apoyo al gobierno del presidente Maduro, desconociendo la existencia y funcionalidad del órgano legislativo. En Colombia, desde el punto de vista técnico, la situación no fue diferente.

La asamblea constituyente inició sus sesiones en forma paralela al trabajo que continuó desarrollando el Congreso de la República. No obstante, por varias razones políticamente preestablecidas, entre ellas, la posibilidad de que el Congreso adelantara una especie de “contrarreforma”, con peligrosas consecuencias políticas y sociales, por el conflicto irreconciliable que se originaría entre ambos órganos en ejercicio de funciones constituyentes, la asamblea decidió aceptar la recomendación del Gobierno y revocar el mandato de los congresistas. Es decir, se configuró una especie de golpe de Estado contra el orden institucional, del cual poco se ha comentado.

Para suplir la falta del órgano legislativo, la constituyente aprobó la creación de una comisión especial (denominada “congresito”), con competencia para improbar por mayoría los proyectos de decretos que el Presidente de la República expidiera, de conformidad con las amplias facultades que se le otorgaron por los artículos transitorios de la nueva Carta.

Como puede observarse, en técnica constitucional se trata de dos procesos con importantes similitudes. Por suerte para nuestra institucionalidad, superada la forma como la constituyente en Colombia desconoció el principio de equilibrio y separación de poderes y creó mecanismos para permitir al gobierno intervenir en los demás órganos de poder, la tradición republicana impidió que hubiese un gobernante con deseos de utilizar la asamblea constituyente para legitimar su anhelo de perpetuarse en el poder o su deseo de acabar con la oposición.

Es decir, al menos formalmente, la asamblea constituyente de Colombia, no obstante la injerencia de peligrosos actores ilegales, no se utilizó como instrumento para legitimar alguna forma de ejercicio ilegal del poder.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

BRIGADA EN EL PATIO 16 DE LA CÁRCEL DE BELLAVISTA

brigada107Uno de los deberes principales del Estado Social de Derecho es mantener un equilibrio entre la forma en que el Estado ejerce poder sobre los ciudadanos, para garantizarle a la sociedad un mínimo de seguridad pública y respetar los derechos de dichos ciudadanos. En el caso en concreto estamos frente al poder que tiene el Estado para coartar a una persona de ejercer su derecho a la libertad, al imponerle el castigo de prisión por haber infringido una norma.

Sin embargo, la situación carcelaria en Colombia manifiesta la tasa más alta de hacinamiento, lo cual, además de ser violatoria de derechos, va en contravía de normas de carácter internacional como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solo eso, sino que el fin del tratamiento penitenciario radica en lograr la resocialización de los sentenciados, lo cual se ve truncado por las condiciones mismas en las que habitan las personas en las cárceles.

Como paliativo de esta  situación,  el área  Penal del Consultorio Jurídico Pío XII, realizó el pasado 3 de  agosto,  una  brigada  jurídica  donde 24 estudiantes, 3  monitores y  la  docente  Ana  Milena  Monsalve Montoya, se  asentaron en el  patio 16 de la cárcel de Bellavista, en donde elaboraron 71 solicitudes de Medidas sustitutas de la prisión intramural, beneficios administrativos y subrogados  penales,  y además  se atendieron a  más de un centenar de  reclusos que querían conocer la manera  en que  se desarrollan las etapas de su proceso penal y recibieron asesorías en su  caso concreto.

Ante la efectiva participación del Consultorio Jurídico en pro de la descongestión carcelaria, se acordó con el INPEC la realización de una nueva jornada de este tipo para el día 21 de septiembre de este mismo año. 

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LA UPB HIZO PRESENCIA EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURÍDICOS, CENTROS DE CONCILIACIÓN Y CLÍNICAS JURÍDICAS 2017

En el marco de la Red Colombiana de Consultorios Jurídicos, Centros de Conciliación y Clínicas jurídicas, la Red de Consultorios jurídicos y Centros de conciliación de Cartagena realizó el pasado 10 y 11 de agosto el VI encuentro nacional e internacional de Consultorios Jurídicos; un evento académico cuyo objetivo consiste en propiciar la cooperación interinstitucional para la realización de las actividades relacionadas con la extensión, la proyección social, la docencia, la investigación y la internacionalización.

El eje temático de esta jornada fueron los Derechos Humanos y Políticas de Género en las prácticas de los Consultorios Jurídicos y Clínicas Jurídicas, en donde, la Red de Consultorios Jurídicos de Antioquia y sus Centros de Conciliación, cuya secretaría ejecutiva la tiene la UPB, en cabeza del profesor Gustavo Adolfo Ortiz Cano, Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Pío XII, hicieron presentación de una ponencia construida en conjunto con las demás universidades de la región, que tenía como objeto develar si la atención a comunidades vulnerables y grupos desaventajados son escenarios de inclusión o de ficción.

En este evento participaron los directores, docentes, asesores y comunidad académica de los Consultorios en calidad de ponentes; los estudiantes en calidad de experiencias significativas y los invitados especiales, que compartieron temas de total y actual interés para los asistentes, bajo la modalidad de conferencistas.

Desde hace varios años los Consultorio Jurídicos del país han venido realizando ejercicios de articulación, con el fin de permitir el intercambio de experiencias, el fortalecimiento y evaluación de sus prácticas, el desarrollo de mayores iniciativas de investigación y de producción intelectual, y la construcción compartida, en aras de la optimización de los recursos con los que se cuenta y el aumento del impacto de su gestión.

 

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La UPB puesto 10 en Colombia según ranking QS

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Calendario Académico 2017-02

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El partido político de las FARC

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 19 de mayo de 2017 en El Colombiano.

A estudio de la Corte Constitucional entró el Acto Legislativo que permite la transformación de las Farc en partido político y consagra algunas reglas transitorias para su participación en los procesos electorales que se adelanten en el 2018 y 2022. Algunos aspectos de este proyecto de reforma Constitucional, son los siguientes:

1. El nuevo partido o movimiento político sólo recibirá personería jurídica, cuando se levante el acta oficial de dejación de armas por parte de las Farc. Hecho esto, el movimiento debe inscribir ante el Consejo Nacional Electoral el acta de fundación, sus estatutos, la plataforma ideológica y la relación de sus directivos.

2. El nuevo partido tendrá derecho a elegir un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, quien podrá participar en las deliberaciones, pero no tendrá voto, conservando este estado hasta el 2026.

3. Podrá inscribir candidatos a la Presidencia de la República y listas para corporaciones públicas.

4. Para las elecciones del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026, además de las curules que pueda adquirir a través del voto ciudadano, tendrá derecho a cinco curules adicionales para la Cámara de Representantes. Si no alcanza a conseguir las cinco curules, el Consejo Nacional Electoral le asignará las que hagan falta para llegar a este número.

5. Con respecto a las elecciones para Senado, también se garantiza el mínimo de cinco curules, pero si en las votaciones para los periodos electorales mencionados no se obtiene este mínimo, se le asignarán por el CNE los cupos necesarios para completar las cinco curules, teniendo en cuenta que estas hacen parte de los 100 miembros con quienes se integra el pleno del Senado, que se eligen de acuerdo con las reglas ordinarias de circunscripción electoral a que se refiere la Constitución.

6. Desde el momento de su registro y hasta el 2026, el nuevo partido o movimiento político recibirá anualmente del presupuesto nacional, una suma equivalente al promedio de lo que durante ese mismo periodo reciben los partidos con personería jurídica reconocida.

7. Para la financiación de su centro de pensamiento y formación política y para la difusión de su plataforma ideológica y programática, recibirá el 7 % anual de la apropiación presupuestal aprobada para el funcionamiento de partidos políticos.

8. Además, recibirá financiación estatal para los procesos electorales que se desarrollen en los años 2018 y 2022, con el fin de atender las campañas de sus candidatos a la Presidencia de la República y al Senado, teniendo en cuenta, en el primer caso, que el candidato cumpla con los requisitos constitucionales y legales; y para el caso de los aspirantes al Senado, que estos recibirán una financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.

La discusión queda abierta. Principios como la igualdad de los partidos ante los procesos electorales, la posibilidad de que puedan surgir nuevos partidos o movimientos bajo la sombra del acuerdo final de paz, deben ser objeto de meditación y reflexión.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Evento: La relación entre política y derecho

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