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Capacitación de violencia intrafamiliar en el sector de Villatina.

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En desarrollo de la función social que despliega el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Pío XII de la Facultad de Derecho de la UPB, un equipo de docentes y estudiantes brindaron en la comuna 8 de la ciudad de Medellín una capacitación en torno a la Violencia Intrafamiliar y sus implicaciones jurídicas y las rutas de atención cuando se presentan algún caso de esta índole.

Y es que “la Violencia Intrafamiliar es una problemática que afecta cada día a más familias en Colombia e imprime huellas imborrables en los afectados y que generan malestar y comportamientos inadecuados”, expresó el Director del Consultorio Jurídico Pío XII, abogado magister, Gustavo Adolfo Ortiz Cano, por eso desde la academia debemos aunar esfuerzos para prevenir este delito y saber orientar a las víctimas de este flagelo. .

La capacitación estuvo dirigida a las madres, padres y acudientes de los niños inscritos en el Hogar Infantil Marta Cecilia, que tiene sede el sector de Villatina de la ciudad de Medellín.

Al respecto, la coordinadora del área del Derecho Penal, Abogada Ana Milena Monsalve Montoya, quien lideró con los estudiantes Estefania Marquez y Juan Pablo Monsalve la capacitación realizada sobre Violencia Intrafamiliar, el día 22 de febrero de 2017, considera que “es necesario reiterar a las madres, padres y acudientes que el delito de Violencia Intrafamiliar, en virtud de la ley 1542 de 2012, dejó de ser un delito conciliable, desistible y querellable, es decir, pasó a ser un delito investigable de oficio, lo que conlleva a que una vez presentada una denuncia donde se indique la comisión de este delito, ya no puede el denunciante retirarla. El Estado, se apropia del caso y estará bajo la responsabilidad del respectivo Fiscal, al que le sea asignado el caso, presentar la respectiva acusación o proceder al archivo del caso”.

Columna del Decano: Misión y tribunal electorales

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 17 de febrero de 2017

En desarrollo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, el pasado 17 de enero de 2017 el Gobierno Nacional instaló la Misión Electoral Especial que se encargará de entregar en un término no mayor a 4 meses, las recomendaciones sobre aspectos normativos e institucionales que es necesario tener en cuenta para introducir reformas al régimen y a la organización electoral, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.3.4. del texto suscrito en La Habana.

Las reformas que se propongan tendrán por objeto hacer más transparente y moderno el sistema electoral, garantizar una mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral o al organismo que haga sus veces, todo ello con el fin de otorgar garantías a los ciudadanos para su participación en los distintos procesos electorales, y proporcionar una mayor calidad a la democracia durante el período del posacuerdo.

Seis de los siete miembros de la Misión fueron designados por organizaciones independientes como el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, mientras que el séptimo miembro actuará en representación de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, encargada de velar por la realización de los principios democráticos a través de los procesos electorales.

Si bien uno de esos miembros es consejero de Estado, este actúa a título personal como asesor del presidente de la República, de manera que es lamentable la ausencia institucional de la justicia, cuya vocería oficial debería estar en cabeza del presidente del Consejo de Estado, Alta Corte experta en el control judicial de los actos electorales.
Las conclusiones y recomendaciones de la Misión se darán con fundamento en informaciones y propuestas de los partidos y movimientos políticos y autoridades electorales, con énfasis en la defensa de los derechos electorales de las mujeres. Así mismo, se incluirán propuestas para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.

Una de las propuestas de la Misión sería la creación de un Tribunal Electoral, inicialmente designado por el presidente de la República y posteriormente por el Congreso, que tendría por objeto asumir las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y las judiciales del Consejo de Estado, incluyendo los procesos sobre pérdida de investidura.

De concretarse esta iniciativa, el país perdería uno de los núcleos principales en materia de control de constitucionalidad y legalidad en asuntos electorales, olvidando que la jurisdicción contenciosa administrativa, encabezada por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, se ha caracterizado por su autonomía y transparencia en los procesos electorales y en los de pérdida de investidura. Trasladar esta función a un Tribunal de origen político, es dejar sin efecto el control judicial sobre el sistema electoral y sin aplicación práctica el trámite de pérdida de investidura.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Democracia, partidos y responsabilidad política

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 10 de febrero de 2017

Los partidos políticos son el soporte sobre el cual se construye la democracia occidental. La importancia de estos en la estructura y funcionamiento de las instituciones es de tal magnitud, que se ha llegado a afirmar que todo sistema democrático debe reposar en una sólida estructura de partidos.

Pero los partidos políticos perdieron su rumbo. Dejaron de ser fuente de conceptualización ideológica, se alejaron de las masas y se transformaron en círculos cerrados y aislados, preocupados por alcanzar el poder, no como medio para atender las necesidades sociales, sino como un fin en sí mismo, para mantener una hegemonía respecto de otros partidos o movimientos.

Las consecuencias en el mundo político electoral no se han dejado esperar: El Brexit en Inglaterra, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la crisis venezolana, entre otros, aparecen como resultado de procesos electorales desarrollados como reacción ante la desarticulación y pérdida de legitimidad de los partidos.

En Colombia la situación es aún más grave. Superados parcialmente los actos de violencia ocasionados por la guerrilla, las instituciones y los medios se están ocupando del otro gran flagelo: la corrupción; y como era de esperarse, los partidos políticos no escapan a este mal. No cabe duda que la crisis es enorme. La manera como el caso Odebrecht está afectando la imagen y proyección social de los partidos, amén de otras situaciones pasadas y presentes, no auguran un prometedor futuro a la democracia colombiana de partidos.

El Partido Conservador, después de haber renunciado a luchar por unos principios en la búsqueda del poder durante más de 20 años, aparece como un movimiento sin brújula, tratando de obtener migajas burocráticas de todos los gobiernos. El Partido Liberal continúa con la deuda de responsabilidad política que le dejó el proceso 8000, sin que hasta el momento haya podido saldar ese lastre que tiene frente a la sociedad.

El Centro Democrático se estremece en medio de acusaciones por corrupción en la pasada campaña presidencial, su pecado parece ser grave por donde se le enfoque. Si las directivas del partido sabían lo que estaba sucediendo, es gravísimo; si no lo sabían, es igualmente grave, pues demuestra su falta de solidez y cohesión. Igual puede predicarse del partido Cambio Radical, por ejemplo, con respecto al aval otorgado a los cuestionados gobernantes de La Guajira. Si se hizo a sabiendas, tremendo pecado; si no se sabía, mayor pecado.

Lo mismo puede decirse sobre las acusaciones en torno a la campaña reeleccionista del presidente Santos. Si las acusaciones son ciertas, el Presidente y su entorno serían responsable por acción, si conocían el hecho; por omisión, si no lo conocían. Además, el país no soportaría otro “eso se hizo a mis espaldas”. Estos casos y otros fenómenos sociales como la desmovilización de la guerrilla, plantean un mar de incertidumbre con respecto al proceso electoral que se avecina, el cual peligrosamente se definiría, no con fundamento en plataformas de partidos, sino por simples lealtades entre amigos.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Facultad de Derecho, los mejores promedios 2016-2

Las siguientes estidiantes obtuvieron los mejores promedios en el semestre 2016-02, felicitaciones por un desempeño destacado: 

MARIA CAMILA CADAVID: 4.92

DIANA POSADA: 4.86

MARIA CATALINA MUNERA: 4.85

Calendario académico 2017-01

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Columna del Decano: El abuso enemigo de la democracia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de enero de 2017

En esta columna, el observador puso de presente que la institución de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes, en la forma en que está concebida en nuestra Constitución y en la legislación vigente, es un procedimiento inútil, como se ha demostrado en más de 150 oportunidades en que se ha intentado su utilización.

Ahora, en ejercicio del principio de la democracia participativa o directa, se pretende impulsar la revocatoria del mandato al Presidente de la República, la derogatoria de disposiciones legales vigentes en materia tributaria y la aprobación de reformas constitucionales relacionadas con la cadena perpetua para quienes cometan delitos en menores.

Respecto la revocatoria del mandato del Presidente de la República, el hecho de que personas de prestancia en el campo social y jurídico estén lanzando este tipo de iniciativas, genera una especial preocupación sobre el respaldo y fortaleza social de las instituciones.

Por otra parte, no puede olvidarse que la Carta, para bien del Estado Social de Derecho, establece dos mojones absolutamente inquebrantables, para efectos de garantizar su estabilidad: (i) Por una parte, el sistema de pesos y contrapesos entre poderes, que permite, en casos de comportamientos inconstitucionales del Presidente, que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia puedan adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con el orden institucional. (ii) Desde el punto de vista constitucional y político, el órgano electoral carece de competencia para aceptar la solicitud de revocatoria, porque el supuesto material relacionado con el incumplimiento del mandato, no se lograría configurar en el caso del Presidente, especialmente por cuanto la realización del programa de gobierno, no depende única y exclusivamente de Él, y además, porque la Carta Política es categórica en determinar que el Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Con respecto a la iniciativa ciudadana para buscar la eliminación de disposiciones tributarias, es importante recordar que esta facultad no es ilimitada, pues por orden del mismo constituyente primario, el artículo 170 de la Constitución dispone que este procedimiento solo se puede utilizar para derogar leyes, no para aprobar otras, y que a través del mismo instrumento no es posible derogar leyes aprobatorias de tratados, la del presupuesto, ni las referentes a materias fiscales o tributarias.

En cuanto a acudir a la ciudadanía para aprobar una reforma constitucional que establezca la cadena perpetua, es importante tener en cuenta que si bien el artículo 378 Superior consagra esta posibilidad, dicho referendo debe ser convocado por ley del Congreso, lo que significa que de todas maneras el tema requiere de un pronunciamiento previo del Legislativo.

En síntesis, las instituciones de participación ciudadana son un importante logro de la democracia directa moderna, pero hay que tener especial cuidado, pues el abuso de ellas puede hacer inocuo su uso.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Sobre la fundación de la UPB - Julio González Villa - Tertulias Festivas

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El docente de la Facultad de Derecho Julio González Villa habla para el programa Tertulias Festivas sobre la Fundación de la UPB en sus 80 años. 

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