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Justicia, ética y constituyente (1 y 2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

El Estado Social de Derecho encuentra su principal punto de apoyo en la justicia. Es cierto que el concepto clásico de Estado liberal occidental se construyó sobre el principio de la división del poder. El esquema de controles mutuos, llevó a considerar que solo a partir de un equilibrado ejercicio del poder, dividido en tres estructuras que constituyeron las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, haría posible la permanencia de un sistema democrático participativo.

El surgimiento del modelo social, propio de la evolución del esquema intervencionista que se desarrolla con las posguerras mundiales, hizo que aquella concepción estructural clásica fuera insuficiente para explicar los nuevos desafíos que debía asumir el Estado, para atender las necesidades propias de una sociedad en evolución. Se hacía necesario reemplazar el esquema clásico de la "tridivisión" del poder, por un modelo funcional que permitiera que las nuevas tareas del Estado fueran desarrolladas por órganos autónomos e independientes, con competencias específicas para llenar los vacíos propiciados por el rígido esquema formal clásico.

Sin embargo, las prácticas excluyentes de los distintos centros de decisión, se presentan como una grave contradicción frente al concepto social que se exige del nuevo Estado. Las minorías étnicas, los desplazados, los informales, los campesinos y muchos otros sectores, sienten que las decisiones de poder, enmarcadas dentro del esquema neoliberal, los excluye de las posibilidades de desarrollo integral que ofrece la sociedad moderna.

Para corregir este desequilibrio, los jueces surgen como órganos de justicia e inclusión. La jurisprudencia de las distintas instancias judiciales, animada por la consagración constitucional de acciones para la protección de los derechos y el desarrollo de procesos de inclusión social, hace que para el común de la población los jueces se conviertan en la institución fundamental para la realización de los valores necesarios para la convivencia.

Esta nueva vocación de la justicia, descrita por algunos de manera despectiva, como el gobierno de los jueces, genera simpatías y rechazo. Lo primero, porque, como afirma el Papa Francisco, se convierte en esperanza para los "descartados". Lo segundo, porque de alguna manera implica una penetración en tareas antes reservadas de manera exclusiva a otros órganos del poder. Sea lo uno o lo otro, no cabe duda que esta nueva tarea requiere de jueces especialmente pulcros, con un altísimo sentido de la ética, dispuestos a no incurrir en prácticas de corrupción, de aquellas que según muchos sectores de la sociedad, han corroído el ejercicio de los demás poderes del Estado.

No basta un juez conocedor de la letra de la norma y de los procedimientos judiciales, se requiere de un juez que sea un humanista, que comprenda los fenómenos que rodean el comportamiento social, pero de manera fundamental, que tenga un alto sentido de la ética social, política y jurídica. Un juez con una gran formación en valores. Es un reto que hay que plantear desde nuestras facultades de Derecho, muchas veces más preocupadas por divulgar la técnica jurídica, que el valor de lo justo.

En el Estado Social de Derecho, frente a las decisiones de los distintos órganos de poder, caracterizadas por un alto grado de exclusión con respecto a los "descartados", el juez emerge como el órgano de la esperanza, único centro de decisión capaz de adoptar a través de sus sentencias, políticas sociales de inclusión y defensa de los derechos humanos y sociales.

Se requiere un juez nuevo y diferente, con una gran formación en los más altos valores de la convivencia, cuya honestidad se proyecte en la integridad de sus decisiones y en la humanidad de su actuación, alentado por un profundo sentimiento de pertenencia por lo social. Este juez no puede dejarse permear por sentimientos oscuros de parcialidad política o interés personal, mucho menos por cualquier tipo de prácticas propias de la corrupción.

Aunque el desconocimiento del orden moral interno, el desprecio por las reglas que rigen el comportamiento ético y la impunidad con respecto a los mandatos jurídicos, han permeado la conducta de importantes sectores sociales y de poder, incluyendo la justicia, el verdadero juez debe ser ajeno a este espíritu corrupto, actuar como un apóstol y no como un simple funcionario.

Por lo expuesto, hay que afirmar que la solución a los problemas que vienen planteándose sobre la justicia, no se logra con reformas instrumentales. Es probable que sean necesarios algunos ajustes funcionales, por ejemplo, revisar la participación de magistrados en los procesos electorales e insistir en la conformación de un tribunal para aforados, pero debe quedar en claro que los problemas que actualmente afronta esta función del Estado, se deben resolver fundamentalmente con planteamientos éticos, antes que técnicos.

La solución tampoco depende de la naturaleza del órgano competente para adelantar las reformas. Es absurdo pensar que a través de una asamblea constituyente se logrará el cambio en el comportamiento ético de las personas encargadas de administrar justicia. Los riesgos son mayores que las posibles soluciones.

El congreso por medio de una ley puede convocar una asamblea constituyente con el único propósito de reformar la justicia. Además de ser inútil, una propuesta de esta naturaleza es extremadamente peligrosa. El congreso, como órgano constituido, a través de un acto derivado como la ley, no puede limitar el poder soberano de una asamblea constituyente, que como su nombre lo indica, puede terminar ocupándose de cualquier tema, cambiar completamente la Constitución, como sucedió con la Constituyente de 1991 o aprobar propuestas orientadas a desconocer el arden económico, político y social.

Las circunstancias políticas y sociales del posacuerdo, hacen que el país no pueda darse el lujo de jugar a la aventura constituyente, con una asamblea cuya conformación política sería en este momento absolutamente impredecible. Mal hacen los miembros de la clase política, incluyendo ciertos precandidatos a la Presidencia, cuando plantean la posibilidad de realizar la reforma a la justicia por fuera de los órganos que conforman la institucionalidad, olvidando que el problema de la justicia es más ético que funcional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

IV Seminario en Sistema y Control Penal

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https://www.upb.edu.co/es/eventos/seminario-derecho-penal-y-psicologia

UPB recuerda a su egresado Hernando Londoño Jiménez

hernando-londono-j 1La Universidad Pontificia Bolivariana lamenta el fallecimiento de Hernando Londoño Jiménez, egresado de la Facultad de Derecho.

El abogado Hernado Londoño Jiménez nació en Abejorral, Antioquia, en 1924. Egresó de la UPB en 1949 y estudió una especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma.

Fue fiscal cuarto superior, director de la Sección Penal de la Dirección Departamental de Tránsito, juez de instrucción criminal, alcalde de Itagüí, diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, presidente del Colegio de Abogados de Medellín, presidente Honorario del Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia y conjuez del Tribunal Superior Judicial de Medellín. Fue además miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta Política del año 1991.

Hernando Londoño Jiménez fue autor de obras jurídicas y literarias, entre ellas:

De la captura a la excarcelación (1974)
El homicidio ante el jurado (1976)
Confesiones de un Penalista ( t. 1) (1979)
Derecho Procesal Penal (1982)
La justicia penal y los derechos humanos (1988)
Tratado de Derecho Procesal Penal t. I (1989)
Tratado de derecho procesal penal t. II (1993)
La Fiscalía General y el sistema acusatorio (1995)
Yo acuso (1996)
Defensas penales (1996)
Los inmortales (1998)
Las rutas del dolor humano (1999)
Confesiones de un penalista (t. II) (1999)
Grandezas y miserias del proceso penal (2003)
Los caminos del amor (2003) (Prosa)
Los celos y el amor (2005)
Los inocentes (2008)
Memorias de un penalista (2011)
Cuentos y estampas costumbristas (2013)
La justicia penal (2014)
Práctica forense penal (2014)
La defensa penal (En prensa)
Trovas (2014)
Sala de jurados (En proceso de publicación)
Las andanzas de un escritor (En proceso de publicación)
Hizo parte de las comisiones redactoras de: Código Penal de 1980, varios códigos de procedimiento penal y el Código Penal Tipo para América Latina. Asímismo, fue director de las revistas Temas de derecho Penal yTribuna Penal

Distinciones otorgadas
Entre las distinciones que recibió en su traycetoria profesionales se destacan:

Medalla de oro al mérito jurídico otorgada por la Asociación Internacional de escritores y periodistas con sede en la ciudad de México (Aiepac).
Medalla de oro Excelencia Universitaria "Buho" otorgada por la Universidad Santiago de Cali por su condición de "Reconocido jurista a nivel nacional e internacional y en reconocimiento a su lucha por la defensa de los Derechos Humanos".
Homenaje y condecoración del Colegio Nacional de Abogados (Conalbos), como "jurista sobresaliente en el Foro Antioqueño".
Homenaje público de la Universidad Pontificia Bolivariana como "padre y maestro de la ciencia del derecho penal en Colombia".

IV Foro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales

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Descargue la programación.

Celebración Bicentenario Consejo de Estado

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De Colombia para Venezuela

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 18 de agosto de 2017 en El Colombiano.

Es curioso. No son iguales, pero tampoco diferentes. El proceso de la asamblea constituyente en Venezuela, independiente del contexto político y social que la rodea a nivel nacional e internacional, parece haber sido copiada, al menos formalmente, del movimiento constituyente que se vivió en Colombia en los años 90.

En cuanto a su origen, mientras el gobierno venezolano aduce que acudieron a las urnas 8 millones de personas, otras fuentes afirman que solo 2.400.000 personas participaron en la elección. En Colombia, no puede olvidarse que si bien la constituyente fue inicialmente solicitada por 4.991.887 votantes, finalmente para su integración solo hubo 2.988.963 votos, con un abstencionismo que llegó al 75 %, cifras que sirvieron de argumento a sectores opuestos al proceso constituyente, para cuestionar la legalidad y legitimidad de la asamblea, más aún, si se tiene en cuenta que el artículo 218 de la anterior constitución, no contemplaba este tipo de procedimientos.

Como sucedió en Colombia hace 27 años, tampoco en Venezuela es posible determinar los alcances de la asamblea constituyente. En nuestro país se convocó para introducir reformas a la Constitución de 1886 y terminó expidiendo una nueva Constitución.

Uno de los primeros actos de la constituyente en Venezuela, ha sido confirmar su absoluto apoyo al gobierno del presidente Maduro, desconociendo la existencia y funcionalidad del órgano legislativo. En Colombia, desde el punto de vista técnico, la situación no fue diferente.

La asamblea constituyente inició sus sesiones en forma paralela al trabajo que continuó desarrollando el Congreso de la República. No obstante, por varias razones políticamente preestablecidas, entre ellas, la posibilidad de que el Congreso adelantara una especie de “contrarreforma”, con peligrosas consecuencias políticas y sociales, por el conflicto irreconciliable que se originaría entre ambos órganos en ejercicio de funciones constituyentes, la asamblea decidió aceptar la recomendación del Gobierno y revocar el mandato de los congresistas. Es decir, se configuró una especie de golpe de Estado contra el orden institucional, del cual poco se ha comentado.

Para suplir la falta del órgano legislativo, la constituyente aprobó la creación de una comisión especial (denominada “congresito”), con competencia para improbar por mayoría los proyectos de decretos que el Presidente de la República expidiera, de conformidad con las amplias facultades que se le otorgaron por los artículos transitorios de la nueva Carta.

Como puede observarse, en técnica constitucional se trata de dos procesos con importantes similitudes. Por suerte para nuestra institucionalidad, superada la forma como la constituyente en Colombia desconoció el principio de equilibrio y separación de poderes y creó mecanismos para permitir al gobierno intervenir en los demás órganos de poder, la tradición republicana impidió que hubiese un gobernante con deseos de utilizar la asamblea constituyente para legitimar su anhelo de perpetuarse en el poder o su deseo de acabar con la oposición.

Es decir, al menos formalmente, la asamblea constituyente de Colombia, no obstante la injerencia de peligrosos actores ilegales, no se utilizó como instrumento para legitimar alguna forma de ejercicio ilegal del poder.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

BRIGADA EN EL PATIO 16 DE LA CÁRCEL DE BELLAVISTA

brigada107Uno de los deberes principales del Estado Social de Derecho es mantener un equilibrio entre la forma en que el Estado ejerce poder sobre los ciudadanos, para garantizarle a la sociedad un mínimo de seguridad pública y respetar los derechos de dichos ciudadanos. En el caso en concreto estamos frente al poder que tiene el Estado para coartar a una persona de ejercer su derecho a la libertad, al imponerle el castigo de prisión por haber infringido una norma.

Sin embargo, la situación carcelaria en Colombia manifiesta la tasa más alta de hacinamiento, lo cual, además de ser violatoria de derechos, va en contravía de normas de carácter internacional como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solo eso, sino que el fin del tratamiento penitenciario radica en lograr la resocialización de los sentenciados, lo cual se ve truncado por las condiciones mismas en las que habitan las personas en las cárceles.

Como paliativo de esta  situación,  el área  Penal del Consultorio Jurídico Pío XII, realizó el pasado 3 de  agosto,  una  brigada  jurídica  donde 24 estudiantes, 3  monitores y  la  docente  Ana  Milena  Monsalve Montoya, se  asentaron en el  patio 16 de la cárcel de Bellavista, en donde elaboraron 71 solicitudes de Medidas sustitutas de la prisión intramural, beneficios administrativos y subrogados  penales,  y además  se atendieron a  más de un centenar de  reclusos que querían conocer la manera  en que  se desarrollan las etapas de su proceso penal y recibieron asesorías en su  caso concreto.

Ante la efectiva participación del Consultorio Jurídico en pro de la descongestión carcelaria, se acordó con el INPEC la realización de una nueva jornada de este tipo para el día 21 de septiembre de este mismo año. 

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