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El Papa y la Ley

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 15 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

Mucho se ha escrito sobre los mensajes que dejó el Papa como resultado de su gira por el país. Temas como involucrarse en los problemas nacionales y asumirlos con sentido de innovación y pertenencia; la necesidad de combatir todas las formas de corrupción a partir de una frase tan simple y significativa, como aquella de que "el diablo entra por el bolsillo"; el llamado a cultivar la humildad y participar de las necesidades de los demás, bajo el principio de que "todos somos vulnerables" y tenemos que dejar "la cara de estampita" que muchas veces ponemos para expresar nuestra perfección y superioridad sobre los demás.

Pero entre las múltiples enseñanzas de Su Santidad, es menester resaltar que en sus palabras, en forma explícita o implícita, subyace un pensamiento que ha pasado desapercibido. Se trata de las reflexiones del Pontífice sobre el papel que deben cumplir la ley y los responsables de su aplicación. Para el Papa la norma debe leerse, entenderse y aplicarse de acuerdo con el dinamismo de las relaciones sociales, para buscar actos de justicia e igualdad, en síntesis, de inclusión. Añade que la letra no puede estar por encima de los beneficios sociales que persigue el Derecho.

Este pensamiento, simple y complejo a la vez, se presta para múltiples lecturas. No se trata de efectuar una sofisticada reflexión sobre el mensaje Papal frente a la teoría del Derecho, sino de exponer las inquietudes que ideas de esta naturaleza, despiertan en el ciudadano corriente, con respecto a la situación actual del país, del Derecho y de la administración de justicia.

Hay una doble referencia: Por una parte, al significado de la norma; y por otra, al papel del operador judicial. Frente al primer tema, el Papa hace énfasis sobre el sentido de inclusión y la necesidad de una legislación que busque soluciones a lo que él denomina "la cultura del descarte", es decir, la ley debe ser el instrumento adecuado para construir caminos de igualdad y homogeneidad.

Pero el mensaje del Papa, en el lenguaje universal que magistralmente emplea, tiene como destinarios principales a los administradores de justicia, a quienes reclama sobre la necesidad de actuar, de involucrarse, de tener sentido de integración y de justicia en el difícil trabajo de lo jurídico.

No puede malinterpretarse tan bello mensaje, pensando que el Papa está proclamando una especie de desobediencia frente al orden establecido. El Pontífice hace énfasis en la necesidad de recuperar la credibilidad, honestidad y sabiduría del juez. Qué oportuno pensamiento, en un momento en que el país debate sobre las prácticas de corrupción que parecen estar afectando el trabajo de algunos jueces, en especial en ciertas instancias de las altas cortes. Bienvenida la palabra de Francisco, que en el campo de lo jurídico amerita un profundo debate por parte de los actores vinculados con la justicia, en especial las Facultades de Derecho, que no pueden permanecer en silencio ante los graves hechos que se vienen denunciando.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Brigada Jurídica en el Colegio la Inmaculada de Itagüí

brigadacolPor los crecientes conflictos que surgen de manera generalizada entre los miembros de las comunidades educativas y, ante la falta de mecanismos legales que afrontan las Instituciones Educativas para la solución de conflictos;  el Estado a través de la ley 1620/2013 , el decreto 1965/2013, y la guía 49 del Ministerio de Educación Nacional brinda los instrumentos que aportarán a la ejecución del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la  Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en Colombia. 

Estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico Pío XII de la facultad de Derecho, orientados por los docentes de las áreas de conciliación y de derecho Penal, trabajaron en el programa de mediación escolar, que busca extender la labor de resolución pacífica de conflictos en el contexto escolar. El día martes 5 de septiembre del corriente año se realizó una actividad formación jurídica básica en el Colegio La Inmaculada de Itagüí, donde se hizo trabajo con toda la comunidad educativa desde transición hasta el grado 11°.

La actividad formativa consistió en fomentar el reconocimiento del otro desde sus cualidades y virtudes, mediante la presentación de uno de los compañeros de manera aleatoria, destacando las cualidades, gustos, habilidades y virtudes del otro. Así mismo se quiso aportar elementos para que el estudiante considere la importancia de procurar formas adecuadas de tratar con los demás y de afrontar los conflictos a través de la cooperación, para la solución de problemas que se presentan en la vida diaria con el fin de contribuir a la convivencia pacífica en la escuela,  procurando  que  las  estudiantes establecieran  cuáles son los valores con los que ellos se auto-reconocen y aquellos que los identifican ante los demás, con la finalidad, de que tengan un acercamiento al mecanismo de la mediación como método de resolución de conflictos. 

Con las estudiantes de la secundaría se enfatizó en la responsabilidad penal para los adolescentes en temas de acoso escolar, queriéndoles concienciar en lo perjudicial que es para la sociedad toda clase de acoso dentro de las aulas de escolares, descubriendo la necesidad de resolver de la mejor manera los conflictos, minimizando, así, la violencia intra-escolar.

Docente del Consultorio Jurídico finalista X Congreso Internacional de Derecho Procesal.

ponenciaconEl X Congreso Internacional de Derecho Procesal que se llevó a cabo del 16 al 18 de agosto en el Teatro Gabriel Obregón Botero de la Universidad de Medellín, y que tuvo como objetivo fortalecer el desarrollo nacional e internacional del Derecho Procesal desde un punto de vista constructivo, incentivando la actualización de estudiantes y profesionales del Derecho. En el marco del Congreso cada año se lleva a cabo el concurso de ponencias en dos categorías: estudiantes y profesionales.

El profesor Eddison David  Castrillón García,  quien actualmente es docente interno del Consultorio Jurídico Pío XII como asesor en el  Centro de conciliación, pasó a la final del concurso en categoría profesionales, con la ponencia titulada: “Articulación entre reformas procesales y Políticas Públicas como desafío del Derecho Procesal Contemporáneo en Colombia”, en la cual sustentó que si bien el Derecho Procesal contemporáneo se enfrenta a desafíos normativos como superar la falta de reglamentación e implementación de: la prueba científica, la prueba electrónica, la notificación por medios electrónicos, la firma digital, la sustitución eventual de expedientes, entre otras; los mayores desafíos trascienden la esfera normativa, pues actualmente el mayor problema consiste en articular las reformas procesales con las políticas públicas de administración de justicia, para lo cual se hace necesario enfatizar en la materialización de las políticas públicas que se orientan al fortalecimiento de la infraestructura, la institucionalidad y el recurso humano. Para ello se requiere un proceso dialógico entre los redactores de las normas procesales y las políticas públicas de administración de justicia a fin de contextualizar las reformas procesales conforme a la realidad del país. Hay que resaltar, que el éxito en la implementación de las reformas procesales, depende del grado de correspondencia entre las reformas procesales y las políticas públicas de administración de justicia construidas dialógicamente considerando la realidad cultural, económica y política del país.

El profesor  Castrillón García  expresó  que :“Como finalista del concurso en la categoría profesionales y en mi calidad de docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, considero importante la participación de la Facultad en estos espacios para visualizar avances que desde la academia se están desarrollando en los grupos de estudio; adicionalmente estos escenarios de concurso incentivan la práctica de la oralidad y argumentación jurídica, que hoy por hoy son clave en el ejercicio profesional del abogado”.

Charla: “Cultura y globalización”

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La Coordinacion de la Maestría en Estudios Políticos de la UPB, se complace en invitar a sus estudiantes y graduados y estudiosos de la Política en general, a la intervención titulada “Cultura y globalización” que ofrecerá el Doctor Manuel Lucena Giraldo, del CCHS- CSIC, de Madrid.

Días: miércoles 27 de septiembre

Hora: 5:00- 9:00 pm

Aula: 511

Bloque: 15 ( Biblioteca central)

Este evento académico se realizará en el marco del XV Simposio Iberoamericano de Teoría Política y el V encuentro preparatorio para el Doctorado en Teoría Política y Ciencias Jurídicas. 

Boletin 5, Ciencias Políticas

Con agrado, estamos haciendo entrega del Boletín No. 5 de la Facultad de Ciencias Políticas. Allí encontrarán el día a día de lo que hacemos y nos identifica como comunidad académica. Cada vez más crecemos como disciplina y dejamos en alto el nombre de nuestra Facultad y de la Universidad. Los invitamos para que envíen sus registros de actividades académicas en las que han participado al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Boletin 5

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Click aquí en la imagen para descargar el boletin.

Estudiante de la Facultad finalista en el Concurso Internacional de Derecho Procesal

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El estudiante Alejandro Gómez Restrepo partició como ponente en el Concurso Internacional de Derecho Procesal organizado por la Universidad de Medellín en el marco del X Congreso Internacional de Derecho Procesal quedando entre los cinco finalistas.

 

Participó con la ponencia "El Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescencia: una mirada bajo la justicia restaurativa y la doctrina de protección integral", investigación dirigida por la docente investigadora del Grupo de Investigación en Derecho Lina Marcela Estrada Jaramillo.

Justicia, ética y constituyente (1 y 2)

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

El Estado Social de Derecho encuentra su principal punto de apoyo en la justicia. Es cierto que el concepto clásico de Estado liberal occidental se construyó sobre el principio de la división del poder. El esquema de controles mutuos, llevó a considerar que solo a partir de un equilibrado ejercicio del poder, dividido en tres estructuras que constituyeron las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, haría posible la permanencia de un sistema democrático participativo.

El surgimiento del modelo social, propio de la evolución del esquema intervencionista que se desarrolla con las posguerras mundiales, hizo que aquella concepción estructural clásica fuera insuficiente para explicar los nuevos desafíos que debía asumir el Estado, para atender las necesidades propias de una sociedad en evolución. Se hacía necesario reemplazar el esquema clásico de la "tridivisión" del poder, por un modelo funcional que permitiera que las nuevas tareas del Estado fueran desarrolladas por órganos autónomos e independientes, con competencias específicas para llenar los vacíos propiciados por el rígido esquema formal clásico.

Sin embargo, las prácticas excluyentes de los distintos centros de decisión, se presentan como una grave contradicción frente al concepto social que se exige del nuevo Estado. Las minorías étnicas, los desplazados, los informales, los campesinos y muchos otros sectores, sienten que las decisiones de poder, enmarcadas dentro del esquema neoliberal, los excluye de las posibilidades de desarrollo integral que ofrece la sociedad moderna.

Para corregir este desequilibrio, los jueces surgen como órganos de justicia e inclusión. La jurisprudencia de las distintas instancias judiciales, animada por la consagración constitucional de acciones para la protección de los derechos y el desarrollo de procesos de inclusión social, hace que para el común de la población los jueces se conviertan en la institución fundamental para la realización de los valores necesarios para la convivencia.

Esta nueva vocación de la justicia, descrita por algunos de manera despectiva, como el gobierno de los jueces, genera simpatías y rechazo. Lo primero, porque, como afirma el Papa Francisco, se convierte en esperanza para los "descartados". Lo segundo, porque de alguna manera implica una penetración en tareas antes reservadas de manera exclusiva a otros órganos del poder. Sea lo uno o lo otro, no cabe duda que esta nueva tarea requiere de jueces especialmente pulcros, con un altísimo sentido de la ética, dispuestos a no incurrir en prácticas de corrupción, de aquellas que según muchos sectores de la sociedad, han corroído el ejercicio de los demás poderes del Estado.

No basta un juez conocedor de la letra de la norma y de los procedimientos judiciales, se requiere de un juez que sea un humanista, que comprenda los fenómenos que rodean el comportamiento social, pero de manera fundamental, que tenga un alto sentido de la ética social, política y jurídica. Un juez con una gran formación en valores. Es un reto que hay que plantear desde nuestras facultades de Derecho, muchas veces más preocupadas por divulgar la técnica jurídica, que el valor de lo justo.

En el Estado Social de Derecho, frente a las decisiones de los distintos órganos de poder, caracterizadas por un alto grado de exclusión con respecto a los "descartados", el juez emerge como el órgano de la esperanza, único centro de decisión capaz de adoptar a través de sus sentencias, políticas sociales de inclusión y defensa de los derechos humanos y sociales.

Se requiere un juez nuevo y diferente, con una gran formación en los más altos valores de la convivencia, cuya honestidad se proyecte en la integridad de sus decisiones y en la humanidad de su actuación, alentado por un profundo sentimiento de pertenencia por lo social. Este juez no puede dejarse permear por sentimientos oscuros de parcialidad política o interés personal, mucho menos por cualquier tipo de prácticas propias de la corrupción.

Aunque el desconocimiento del orden moral interno, el desprecio por las reglas que rigen el comportamiento ético y la impunidad con respecto a los mandatos jurídicos, han permeado la conducta de importantes sectores sociales y de poder, incluyendo la justicia, el verdadero juez debe ser ajeno a este espíritu corrupto, actuar como un apóstol y no como un simple funcionario.

Por lo expuesto, hay que afirmar que la solución a los problemas que vienen planteándose sobre la justicia, no se logra con reformas instrumentales. Es probable que sean necesarios algunos ajustes funcionales, por ejemplo, revisar la participación de magistrados en los procesos electorales e insistir en la conformación de un tribunal para aforados, pero debe quedar en claro que los problemas que actualmente afronta esta función del Estado, se deben resolver fundamentalmente con planteamientos éticos, antes que técnicos.

La solución tampoco depende de la naturaleza del órgano competente para adelantar las reformas. Es absurdo pensar que a través de una asamblea constituyente se logrará el cambio en el comportamiento ético de las personas encargadas de administrar justicia. Los riesgos son mayores que las posibles soluciones.

El congreso por medio de una ley puede convocar una asamblea constituyente con el único propósito de reformar la justicia. Además de ser inútil, una propuesta de esta naturaleza es extremadamente peligrosa. El congreso, como órgano constituido, a través de un acto derivado como la ley, no puede limitar el poder soberano de una asamblea constituyente, que como su nombre lo indica, puede terminar ocupándose de cualquier tema, cambiar completamente la Constitución, como sucedió con la Constituyente de 1991 o aprobar propuestas orientadas a desconocer el arden económico, político y social.

Las circunstancias políticas y sociales del posacuerdo, hacen que el país no pueda darse el lujo de jugar a la aventura constituyente, con una asamblea cuya conformación política sería en este momento absolutamente impredecible. Mal hacen los miembros de la clase política, incluyendo ciertos precandidatos a la Presidencia, cuando plantean la posibilidad de realizar la reforma a la justicia por fuera de los órganos que conforman la institucionalidad, olvidando que el problema de la justicia es más ético que funcional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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