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Docente de Derecho participó en Congreso Internacional de Educación Bimodal

La profesora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Laura García Juan, presentó la ponencia "Hibridación digital y grupos colaborativos de investigación. Innovación docente en las facultades de derecho colombianas", en el XXII Congreso Internacional sobre Educación Bimodal "Competencias Digitales, Innovación y Prospectiva" TELEDU 2016.

El evento tuvo lugar los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín y reunió a diferentes universidades y otros organismos públicos y privados de Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, España, Argentina y México.

El carácter internacional, académico y permanente del TELEDU ha permitido su posicionamiento desde la primera versión del Congreso en 1995, favoreciendo que sus participantes conozcan periódicamente las innovaciones educativas aplicables a los estilos de aprendizaje contemporáneos, así como servicios educativos de vanguardia y nuevas aplicaciones multimedia para el aprendizaje electrónico.

Columna del Decano: Cabildo abierto para la paz

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 4 de noviembre de 2016.

La Constitución de 1991 busca la realización de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esto quiere decir que la justicia se convierte en el núcleo del ordenamiento jurídico. Es la razón por la cual el concepto de ley se expande para abarcar no solo la norma que expide el Congreso, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y los principios rectores que son inherentes al hombre y que hacen parte de su naturaleza.

En este orden de ideas resulta contrario al orden constitucional, a la naturaleza del ser humano y a la esencia de las relaciones sociales, cualquier medida que desconozca el valor orientador del derecho, que es la justicia. Y la justicia se afecta gravemente, no solo porque se le ignore como razón de ser de la organización socio política, sino cuando se atenta contra alguno de sus principios rectores. Uno de ellos, que constituye el núcleo del concepto supremo de seguridad jurídica, es el de la cosa juzgada.

La cosa juzgada permite establecer límites temporales a la actividad judicial y a la controversia jurídica. Cualquier reforma "de fondo" de la justicia tiene que comenzar por el restablecimiento del respeto a esta institución.

No hay justicia cuando el proceso judicial nunca se termina o solo se termina en apariencia, pues en cualquier momento se puede reabrir. La justicia se desconoce, tanto cuando se interponen tutelas que buscan desconocer el valor de la cosa juzgada, como cuando se pretende instaurar un Tribunal con competencia para revisar fallos en firme de otros Tribunales.

Por ejemplo: Un servidor público declarado insubsistente, demanda la nulidad del acto de insubsistencia, con el argumento de que carece de motivación escrita. El juez competente no acepta el argumento y declara que el acto es válido. El demandante apela la sentencia ante el órgano superior, que la confirma.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, el afectado instaura acción de tutela contra los fallos anteriores. En sus dos instancias iniciales la tutela se le resuelve desfavorablemente, pero en revisión final, la Corte Constitucional encuentra que el acto es nulo y desconociendo la institución de la cosa juzgada, le ordena al juez que deje sin efecto una sentencia en firme y declare la nulidad del acto, a lo que éste se niega aduciendo que la Corte no tiene competencia para impartirle órdenes.

Igual ocurre con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Se trata de un órgano por fuera de la estructura de la Rama Judicial, con competencia para revivir y revisar procesos ya afectados por sentencias con fuerza de cosa juzgada.

Situaciones como las descritas llevan a concluir que es necesario repensar la actividad judicial, para lo cual es indispensable promover un gran proceso de reforma que comprenda, no solo el estudio de aspectos orgánicos, financieros y de poder, sino que a través de grandes acuerdos entre jueces, académicos y ciudadanos en general, elabore propuestas para la recuperación de los principios fundamentales del derecho y de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Derecho sin justicia

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 28 de octubre de 2016.

La Constitución de 1991 busca la realización de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esto quiere decir que la justicia se convierte en el núcleo del ordenamiento jurídico. Es la razón por la cual el concepto de ley se expande para abarcar no solo la norma que expide el Congreso, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y los principios rectores que son inherentes al hombre y que hacen parte de su naturaleza.

En este orden de ideas resulta contrario al orden constitucional, a la naturaleza del ser humano y a la esencia de las relaciones sociales, cualquier medida que desconozca el valor orientador del derecho, que es la justicia. Y la justicia se afecta gravemente, no solo porque se le ignore como razón de ser de la organización socio política, sino cuando se atenta contra alguno de sus principios rectores. Uno de ellos, que constituye el núcleo del concepto supremo de seguridad jurídica, es el de la cosa juzgada.

La cosa juzgada permite establecer límites temporales a la actividad judicial y a la controversia jurídica. Cualquier reforma "de fondo" de la justicia tiene que comenzar por el restablecimiento del respeto a esta institución.

No hay justicia cuando el proceso judicial nunca se termina o solo se termina en apariencia, pues en cualquier momento se puede reabrir. La justicia se desconoce, tanto cuando se interponen tutelas que buscan desconocer el valor de la cosa juzgada, como cuando se pretende instaurar un Tribunal con competencia para revisar fallos en firme de otros Tribunales.

Por ejemplo: Un servidor público declarado insubsistente, demanda la nulidad del acto de insubsistencia, con el argumento de que carece de motivación escrita. El juez competente no acepta el argumento y declara que el acto es válido. El demandante apela la sentencia ante el órgano superior, que la confirma.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, el afectado instaura acción de tutela contra los fallos anteriores. En sus dos instancias iniciales la tutela se le resuelve desfavorablemente, pero en revisión final, la Corte Constitucional encuentra que el acto es nulo y desconociendo la institución de la cosa juzgada, le ordena al juez que deje sin efecto una sentencia en firme y declare la nulidad del acto, a lo que éste se niega aduciendo que la Corte no tiene competencia para impartirle órdenes.

Igual ocurre con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Se trata de un órgano por fuera de la estructura de la Rama Judicial, con competencia para revivir y revisar procesos ya afectados por sentencias con fuerza de cosa juzgada.

Situaciones como las descritas llevan a concluir que es necesario repensar la actividad judicial, para lo cual es indispensable promover un gran proceso de reforma que comprenda, no solo el estudio de aspectos orgánicos, financieros y de poder, sino que a través de grandes acuerdos entre jueces, académicos y ciudadanos en general, elabore propuestas para la recuperación de los principios fundamentales del derecho y de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Cambridge University, international summer programmes

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The University's International Summer Programmes (9 July - 19 August 2017) offer a heady mixture of tradition and innovation, as hundreds of students absorb the atmosphere of this remarkable place, learning from some of the finest academics, and from each other. The programmes have a reputation for excellent teaching, fascinating courses and intriguing lectures.

Over 170 courses make up eight open-access programmes: Ancient and Classical Worlds, Creative Writing, History, Interdisciplinary, Literature, Medieval Studies, Science and Shakespeare. We also offer an English Legal Methods Programme designed primarily for lawyers and law students.

At the core of each programme are small, special study classes. These are complemented by a series of plenary lectures and evening talks, delivered by subject specialists from within the University and beyond.

The programmes are taught at undergraduate level and attract adults of all ages, from over 50 different countries. Around 50% of participants are current undergraduate or gradúate students, and around 40-45% of all participants are aged 30+.

Applications open in December; our website will have full information about the programmes, dates, accommodation options and fees, along with details of how to apply Online: www.ice.cam.ac.uk/intsummer.

Columna del Decano: El día D

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 21 de octubre de 2016.

El día D es una expresión militar para señalar el momento en que se debe iniciar una operación de combate. Sin embargo, en el lenguaje corriente suele tener diferentes significados. Puede entenderse como el día determinado, el día decisivo, el día definitivo, el día después, el día demandado... en fin, una serie de apelativos, algunos tomados como sinónimos; otros, con sentidos diferentes.

El 26 de septiembre de 2016 se suscribió entre el Presidente de la República y el jefe de las Farc el denominado Acuerdo Final, que por obra y gracia de algún delicado consejo de carácter político, el Jefe de Estado resolvió someter a ratificación de la ciudadanía mediante el plebiscito del 2 de octubre del presente año.

Entonces el día D ya no fue el día de la firma, sino el día en que los ciudadanos refrendarían los acuerdos a través del instrumento del plebiscito. Lamentable o afortunadamente para el Gobierno y para el país, así fuera por una diferencia de votos relativamente muy baja, la voluntad por el NO se impuso sobre el SÍ, y entonces el día D dejó de ser aquel en el cual se llevó a cabo el pronunciamiento popular, para convertirse en un día después, no sabemos cuándo.

Pero lo más curioso es que parece que la D del día D, ha pasado a identificar el "Día de la Democracia". Muchos analistas consideran que el principal efecto del NO fue haber fortalecido los mecanismos de participación propios de la democracia real.

En efecto, quienes votaron por el NO, que realmente no hacen parte de un solo partido político sino de muchas vertientes ciudadanas, han empezado a reflexionar y preparar verdaderas propuestas que permitan un real acuerdo nacional.

El Gobierno Nacional ha ofrecido disculpas a distintos sectores sociales por no haberles dado suficiente participación en las negociaciones, y a todos en general, por no haber efectuado la pedagogía adecuada.

Los partidarios del SÍ han descubierto que muchos de los temas del acuerdo requieren de un verdadero retoque y el propio Presidente señaló como fecha final para la presentación y recepción de observaciones, el jueves 20 de octubre. Es decir, identificó un nuevo día determinante.

Parece que la gran beneficiada con estos eventos es la cultura política ciudadana. Quienes por distintas causas engrosaron la gran masa abstencionista en el proceso electoral del 2 de octubre, han salido en multitudinarias manifestaciones a reclamar que se avance con rapidez en la reafirmación de los acuerdos. Sectores silenciosos de la política y el derecho se preguntan por el procedimiento a seguir para lograr un consenso ciudadano. Se habla de un nuevo acuerdo, de la posibilidad de otro plebiscito, de algún otro pronunciamiento de la Corte.

Por último, es menester afirmar que el gran logro del triunfo del NO, es haber servido como punto de partida para terminar la polarización del país y buscar acuerdos y procedimientos de comprensión y tolerancia que permitan determinar un nuevo día D, es decir, el día definitivo.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Congreso: Tendencias y realidades del derecho de daños

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