Lunes, Feb 19th

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BRIGADA EN EL PATIO 16 DE LA CÁRCEL DE BELLAVISTA

brigada107Uno de los deberes principales del Estado Social de Derecho es mantener un equilibrio entre la forma en que el Estado ejerce poder sobre los ciudadanos, para garantizarle a la sociedad un mínimo de seguridad pública y respetar los derechos de dichos ciudadanos. En el caso en concreto estamos frente al poder que tiene el Estado para coartar a una persona de ejercer su derecho a la libertad, al imponerle el castigo de prisión por haber infringido una norma.

Sin embargo, la situación carcelaria en Colombia manifiesta la tasa más alta de hacinamiento, lo cual, además de ser violatoria de derechos, va en contravía de normas de carácter internacional como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solo eso, sino que el fin del tratamiento penitenciario radica en lograr la resocialización de los sentenciados, lo cual se ve truncado por las condiciones mismas en las que habitan las personas en las cárceles.

Como paliativo de esta  situación,  el área  Penal del Consultorio Jurídico Pío XII, realizó el pasado 3 de  agosto,  una  brigada  jurídica  donde 24 estudiantes, 3  monitores y  la  docente  Ana  Milena  Monsalve Montoya, se  asentaron en el  patio 16 de la cárcel de Bellavista, en donde elaboraron 71 solicitudes de Medidas sustitutas de la prisión intramural, beneficios administrativos y subrogados  penales,  y además  se atendieron a  más de un centenar de  reclusos que querían conocer la manera  en que  se desarrollan las etapas de su proceso penal y recibieron asesorías en su  caso concreto.

Ante la efectiva participación del Consultorio Jurídico en pro de la descongestión carcelaria, se acordó con el INPEC la realización de una nueva jornada de este tipo para el día 21 de septiembre de este mismo año. 

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LA UPB HIZO PRESENCIA EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURÍDICOS, CENTROS DE CONCILIACIÓN Y CLÍNICAS JURÍDICAS 2017

En el marco de la Red Colombiana de Consultorios Jurídicos, Centros de Conciliación y Clínicas jurídicas, la Red de Consultorios jurídicos y Centros de conciliación de Cartagena realizó el pasado 10 y 11 de agosto el VI encuentro nacional e internacional de Consultorios Jurídicos; un evento académico cuyo objetivo consiste en propiciar la cooperación interinstitucional para la realización de las actividades relacionadas con la extensión, la proyección social, la docencia, la investigación y la internacionalización.

El eje temático de esta jornada fueron los Derechos Humanos y Políticas de Género en las prácticas de los Consultorios Jurídicos y Clínicas Jurídicas, en donde, la Red de Consultorios Jurídicos de Antioquia y sus Centros de Conciliación, cuya secretaría ejecutiva la tiene la UPB, en cabeza del profesor Gustavo Adolfo Ortiz Cano, Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Pío XII, hicieron presentación de una ponencia construida en conjunto con las demás universidades de la región, que tenía como objeto develar si la atención a comunidades vulnerables y grupos desaventajados son escenarios de inclusión o de ficción.

En este evento participaron los directores, docentes, asesores y comunidad académica de los Consultorios en calidad de ponentes; los estudiantes en calidad de experiencias significativas y los invitados especiales, que compartieron temas de total y actual interés para los asistentes, bajo la modalidad de conferencistas.

Desde hace varios años los Consultorio Jurídicos del país han venido realizando ejercicios de articulación, con el fin de permitir el intercambio de experiencias, el fortalecimiento y evaluación de sus prácticas, el desarrollo de mayores iniciativas de investigación y de producción intelectual, y la construcción compartida, en aras de la optimización de los recursos con los que se cuenta y el aumento del impacto de su gestión.

 

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La UPB puesto 10 en Colombia según ranking QS

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Calendario Académico 2017-02

Captura

El partido político de las FARC

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 19 de mayo de 2017 en El Colombiano.

A estudio de la Corte Constitucional entró el Acto Legislativo que permite la transformación de las Farc en partido político y consagra algunas reglas transitorias para su participación en los procesos electorales que se adelanten en el 2018 y 2022. Algunos aspectos de este proyecto de reforma Constitucional, son los siguientes:

1. El nuevo partido o movimiento político sólo recibirá personería jurídica, cuando se levante el acta oficial de dejación de armas por parte de las Farc. Hecho esto, el movimiento debe inscribir ante el Consejo Nacional Electoral el acta de fundación, sus estatutos, la plataforma ideológica y la relación de sus directivos.

2. El nuevo partido tendrá derecho a elegir un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, quien podrá participar en las deliberaciones, pero no tendrá voto, conservando este estado hasta el 2026.

3. Podrá inscribir candidatos a la Presidencia de la República y listas para corporaciones públicas.

4. Para las elecciones del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026, además de las curules que pueda adquirir a través del voto ciudadano, tendrá derecho a cinco curules adicionales para la Cámara de Representantes. Si no alcanza a conseguir las cinco curules, el Consejo Nacional Electoral le asignará las que hagan falta para llegar a este número.

5. Con respecto a las elecciones para Senado, también se garantiza el mínimo de cinco curules, pero si en las votaciones para los periodos electorales mencionados no se obtiene este mínimo, se le asignarán por el CNE los cupos necesarios para completar las cinco curules, teniendo en cuenta que estas hacen parte de los 100 miembros con quienes se integra el pleno del Senado, que se eligen de acuerdo con las reglas ordinarias de circunscripción electoral a que se refiere la Constitución.

6. Desde el momento de su registro y hasta el 2026, el nuevo partido o movimiento político recibirá anualmente del presupuesto nacional, una suma equivalente al promedio de lo que durante ese mismo periodo reciben los partidos con personería jurídica reconocida.

7. Para la financiación de su centro de pensamiento y formación política y para la difusión de su plataforma ideológica y programática, recibirá el 7 % anual de la apropiación presupuestal aprobada para el funcionamiento de partidos políticos.

8. Además, recibirá financiación estatal para los procesos electorales que se desarrollen en los años 2018 y 2022, con el fin de atender las campañas de sus candidatos a la Presidencia de la República y al Senado, teniendo en cuenta, en el primer caso, que el candidato cumpla con los requisitos constitucionales y legales; y para el caso de los aspirantes al Senado, que estos recibirán una financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.

La discusión queda abierta. Principios como la igualdad de los partidos ante los procesos electorales, la posibilidad de que puedan surgir nuevos partidos o movimientos bajo la sombra del acuerdo final de paz, deben ser objeto de meditación y reflexión.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Evento: La relación entre política y derecho

doctorado

La revocatoria: ni proceso judicial, ni administrativo

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 12 de mayo de 2017 en El Colombiano.

La propuesta de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, ha originado diferentes reacciones de carácter político y otras de naturaleza jurídica. En efecto, quienes defienden la gestión del alcalde, plantean la necesidad de que antes de adoptar alguna decisión sobre la solicitud de revocatoria, la Registraduría debe adelantar una serie de diligencias orientadas a garantizarle la posibilidad de presentar una especie de descargos, para demostrar que en realidad sí ha cumplido con su mandato.

Entre otras cosas, solicitan la realización de una audiencia con intervención de quienes promueven la revocatoria y quienes de alguna manera actúan en favor del alcalde, incluyendo la intervención de este en defensa de su gestión. Se afirma que es un trámite que debe adelantar la Registraduría, no solo en este caso, sino antes de pronunciarse sobre unas 100 solicitudes de revocatoria presentadas con respecto a igual número de alcaldes. Lo anterior significa que se quiere judicializar una institución de naturaleza política, lo que contribuye a hacerla más inocua e inútil de lo que ha sido hasta el momento.

La revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes es una de las formas de participación democrática consagradas por el artículo 103 de la Constitución, con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su descontento con respecto a la gestión adelantada por el respectivo gobernante.

La ley que regula la materia excluye de esta posibilidad a los miembros de los cuerpos colegiados, pues la función es del órgano y no cabría la posibilidad de hacer responsable a un miembro determinado, porque ciertas decisiones no se adopten o se tomen en sentido opuesto al querer del electorado.

Asimismo, la revocatoria del mandato tiene límites políticos definidos. Así como no procede con respecto a miembros de corporaciones públicas, tampoco presenta posibilidades prácticas en relación con el Presidente de la República, quien representa la voluntad de la nación y no de un sector determinado, normalmente opositor, que esté descontento con su gestión.

En síntesis, la institución solo puede operar en contra de alcaldes o gobernadores, por incumplimiento del programa o por descontento mayoritario del electorado. A partir de estas causales; la primera vinculada al voto programático; la segunda, a un sentimiento político de descontento, se adelanta un trámite que debe apoyarse en unos esquemas formales de carácter político, como un promotor cuya solicitud sea apoyada por un número determinado de firmas, sin que se pueda sustentar en las exigencias propias de un procedimiento judicial, ni siquiera de un procedimiento administrativo, entre otras razones, porque en sentido estricto el principio constitucional del debido proceso solo opera para los trámites judiciales y se ha extendido a los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Constitución, el Código de Procedimiento Administrativo y otras normas especiales. Se trata de procedimientos diferentes al trámite de la revocatoria del mandato.

Este debe ajustarse estrictamente al artículo 103 de la Carta y las formalidades contenidas en la ley 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación democrática.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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