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El cartel de la toga: no

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 6 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Desviar el significado de las palabras, buscando calificativos inadecuados, que en lugar de enaltecer una figura, pretendan darle un tratamiento peyorativo a un símbolo de alto significado ético y social, no es conveniente y conlleva un grave irrespeto hacia las personas y la institucionalidad.

Desde los albores de la civilización occidental, específicamente en la antigua Roma, la toga fue considerada un símbolo de grandeza; sólo podía ser utilizada por los ciudadanos que no hubiesen sido condenados por causas criminales y llevaban distintos diseños y colores de acuerdo con su estratificación. Desde aquel entonces se consideró que la toga encarnaba la pulcritud, la lealtad, la honestidad y los valores supremos de igualdad y libertad.

El origen de la toga negra en la justicia, parece encontrarse en Inglaterra. Allí la justicia operaba a nombre del rey, cuyo poder venía de Dios, razón por la cual los jueces se vestían como pequeños monarcas. En España surgió en el siglo XIV en el Consejo de Castilla, órgano asesor del rey, que cumplía funciones de primitivo alto tribunal.

En el lenguaje técnico jurídico, cartel es un término que describe un acuerdo informal suscrito entre empresas del mismo sector, para reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. También se ha utilizado para identificar organizaciones ilícitas. En la política criminal de la DEA, se usa como sinónimo de mafia.

Estos términos han sido sacados de su contexto y se han utilizado para identificar cualquier tipo de conducta ilícita plural. Quizás esa es la razón por la cual, de manera inapropiada, los medios de comunicación y algunas autoridades, vienen hablando del "cartel de las togas", para señalar a quienes en forma organizada utilizan su dignidad de jueces y magistrados para obtener beneficios indebidos, a cambio de proferir decisiones contrarias a la ley y la ética.

Se trata de un mensaje equivocado, con graves efectos, pues a partir de estos calificativos, la sociedad termina por tratar peyorativamente a quienes ejercen la sagrada función de administrar justicia, olvidando que las sociedades modernas no pueden existir sin la presencia del juez encargado de dirimir los conflictos de derecho.

El lenguaje que se viene utilizando, hace que el ciudadano corriente termine por considerar que el juez en su actuación con toga, en lugar de representar una dignidad objeto de respeto, sea sujeto de burla y desconfianza, no obstante tratarse de una exigencia consagrada por las leyes procesales.

Por el contrario, los jueces o magistrados que con sus actuaciones vienen mancillando el buen nombre del Derecho y la judicatura, deben ser descalificados por su grave ofensa hacia la majestad de la justicia, uno de cuyos símbolos es la toga. No es sano producir confusión, por eso en lugar de tratar de ridiculizar el significado de la toga, los medios y los distintos órganos del Estado, tienen el deber de orientar todos los esfuerzos institucionales, sociales y académicos para devolverle el alto significado y elevado nivel a un símbolo universal de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

La academia tiene la palabra

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 29 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

Algo muy grave está sucediendo. Es cierto que el virus de la corrupción ha sacudido los cimientos de las sociedades durante largos momentos de la historia, con nefastas manifestaciones en los distintos órganos de poder. Es cierto también, qué de alguna manera, con grandes y dolorosos sacrificios, las comunidades han sobrevivido a semejante mal. Se trata de un fenómeno del comportamiento humano, íntimamente ligado con periodos en los cuales el sentido de la dignidad y el respeto por los valores que constituyen la esencia del comportamiento ético, se han relajado o perdido.

Sin embargo, en las distintas épocas, el "juzgador" permaneció como un faro, guía de la integridad, honestidad y dignidad. Las sociedades, desde las primitivas hasta las modernas, siempre han querido tener en el juez, el bastión último y más preciado en su lucha por la ética, la inclusión y el respeto para todos los actores sociales. Como ya ha sucedido, una sociedad es capaz de resistir un Ejecutivo corrupto, que aunque se mantenga en el poder por periodos más o menos largos, termina por ceder, en forma violenta o pacífica, ante los embates de los principios morales y éticos inherentes al grupo social. Un cuerpo legislativo, por corrupto que sea, termina atrapado en sus propias contradicciones y escándalos y finalmente denunciado y hasta despreciado por el núcleo comunitario. Pero, es inaceptable que el cáncer de la corrupción llegue a las entrañas del poder judicial y contamine los más altos estratos de la judicatura.

Perder la fe en la justicia, es perder la confianza en el Derecho y por tanto, la esperanza en el futuro social. No se trata de presentar un juicio anticipado de condena sobre las acusaciones por actos de corrupción que se vienen formulando, especialmente contra magistrados y otros dignatarios de la justicia, pero sí de promover una profunda reflexión sobre las implicaciones sociales y éticas que un fenómeno de esta naturaleza, tiene para las generaciones futuras. En este punto debe intervenir la academia, en especial las facultades de Derecho. Es inconcebible, por decir lo menos, que haya silencio en el centro mismo de la enseñanza del Derecho. Es como si la Universidad, columna vertebral en la formación de nuevas generaciones, no tuviese nada que decir ante una situación que puede calificarse de horrorosa.

No es posible que los futuros abogados se formen en medio de un silencio, que para ellos puede significar una especie de complicidad de los mayores con este tipo de prácticas. La universidad no puede limitarse a la instrucción, sino que debe preocuparse por elevar los niveles éticos y morales en la sociedad, de manera que debe estar en capacidad de reorientar el trabajo de sus estudiantes. En otras palabras, el reto consiste en inculcar en los estudiantes, a través del hacer y del discurso, una nueva cultura orientada hacia la construcción de un individuo con una alta formación en valores, la necesaria para participar en la construcción de nuevos caminos éticos y morales..

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Brigada Jurídica en el CERINI

ceriniEl pasado 8 y 22 de septiembre , las áreas civil y penal del Consultorio Jurídico Pío XII realizaron a una brigada de formación jurídica básica en el Colegio Madre Antonia Cerini de la ciudad de Medellín, con el fin de integrarnos a los planes de educación sexual y orientación vocacional para estudiantes de séptimo a undécimo grado y brindar a los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico Pío XII de la Facultad de Derecho, un espacio para brindar asesoría y capacitación en derecho de familia y derecho penal , especialmente, en temas como la patria potestad, las obligaciones entre padres e hijos, la regulación de alimentos, custodia y visitas y los mecanismos para el reconocimiento de dichos derechos; e l acoso escolar y justicia penal para adolescentes.

"Los estudiantes y la comunidad pedagógica del Colegio Madre Antonia Cerini estuvieron muy atentos y participativos ; de la misma manera abogados practicantes de Derecho asumieron su rol de manera muy profesional, presentando una exposición amena de los temas planteados, generando interés en el auditorio y resolviendo todas las inquietudes surgidas en la charla", así lo expresó la Profesora Catalina Uribe Martínez, una de las docentes asesoras encargadas de esta actividad.

El consultorio seguirá buscando espacios de participación y practica del derecho, que permita impactar a la comunidad y motivar a nuestros practicantes en la labor social que caracteriza a nuestro Consultorio Jurídico.

Seminario Internacional Paz y Justicia Transicional

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XV Simposio Iberoamericano de Filosofía Política

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La Maestría en Estudios Políticos se complace en cursar invitación especial a todos los estudiosos de la Teoría Política para que participen en el XV Simposio Iberoamericano de Filosofía Política. El Simposio se realizará en el campus de la UPB, los días 26, 27 y 28 de septiembre.

La programación se encuentra disponible en www.upb.edu.co. Invitación muy especial a los estudiantes y graduados de la Maestría en Estudios Políticos de la UPB.

El Papa y la Ley

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 15 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

Mucho se ha escrito sobre los mensajes que dejó el Papa como resultado de su gira por el país. Temas como involucrarse en los problemas nacionales y asumirlos con sentido de innovación y pertenencia; la necesidad de combatir todas las formas de corrupción a partir de una frase tan simple y significativa, como aquella de que "el diablo entra por el bolsillo"; el llamado a cultivar la humildad y participar de las necesidades de los demás, bajo el principio de que "todos somos vulnerables" y tenemos que dejar "la cara de estampita" que muchas veces ponemos para expresar nuestra perfección y superioridad sobre los demás.

Pero entre las múltiples enseñanzas de Su Santidad, es menester resaltar que en sus palabras, en forma explícita o implícita, subyace un pensamiento que ha pasado desapercibido. Se trata de las reflexiones del Pontífice sobre el papel que deben cumplir la ley y los responsables de su aplicación. Para el Papa la norma debe leerse, entenderse y aplicarse de acuerdo con el dinamismo de las relaciones sociales, para buscar actos de justicia e igualdad, en síntesis, de inclusión. Añade que la letra no puede estar por encima de los beneficios sociales que persigue el Derecho.

Este pensamiento, simple y complejo a la vez, se presta para múltiples lecturas. No se trata de efectuar una sofisticada reflexión sobre el mensaje Papal frente a la teoría del Derecho, sino de exponer las inquietudes que ideas de esta naturaleza, despiertan en el ciudadano corriente, con respecto a la situación actual del país, del Derecho y de la administración de justicia.

Hay una doble referencia: Por una parte, al significado de la norma; y por otra, al papel del operador judicial. Frente al primer tema, el Papa hace énfasis sobre el sentido de inclusión y la necesidad de una legislación que busque soluciones a lo que él denomina "la cultura del descarte", es decir, la ley debe ser el instrumento adecuado para construir caminos de igualdad y homogeneidad.

Pero el mensaje del Papa, en el lenguaje universal que magistralmente emplea, tiene como destinarios principales a los administradores de justicia, a quienes reclama sobre la necesidad de actuar, de involucrarse, de tener sentido de integración y de justicia en el difícil trabajo de lo jurídico.

No puede malinterpretarse tan bello mensaje, pensando que el Papa está proclamando una especie de desobediencia frente al orden establecido. El Pontífice hace énfasis en la necesidad de recuperar la credibilidad, honestidad y sabiduría del juez. Qué oportuno pensamiento, en un momento en que el país debate sobre las prácticas de corrupción que parecen estar afectando el trabajo de algunos jueces, en especial en ciertas instancias de las altas cortes. Bienvenida la palabra de Francisco, que en el campo de lo jurídico amerita un profundo debate por parte de los actores vinculados con la justicia, en especial las Facultades de Derecho, que no pueden permanecer en silencio ante los graves hechos que se vienen denunciando.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Brigada Jurídica en el Colegio la Inmaculada de Itagüí

brigadacolPor los crecientes conflictos que surgen de manera generalizada entre los miembros de las comunidades educativas y, ante la falta de mecanismos legales que afrontan las Instituciones Educativas para la solución de conflictos;  el Estado a través de la ley 1620/2013 , el decreto 1965/2013, y la guía 49 del Ministerio de Educación Nacional brinda los instrumentos que aportarán a la ejecución del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la  Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en Colombia. 

Estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico Pío XII de la facultad de Derecho, orientados por los docentes de las áreas de conciliación y de derecho Penal, trabajaron en el programa de mediación escolar, que busca extender la labor de resolución pacífica de conflictos en el contexto escolar. El día martes 5 de septiembre del corriente año se realizó una actividad formación jurídica básica en el Colegio La Inmaculada de Itagüí, donde se hizo trabajo con toda la comunidad educativa desde transición hasta el grado 11°.

La actividad formativa consistió en fomentar el reconocimiento del otro desde sus cualidades y virtudes, mediante la presentación de uno de los compañeros de manera aleatoria, destacando las cualidades, gustos, habilidades y virtudes del otro. Así mismo se quiso aportar elementos para que el estudiante considere la importancia de procurar formas adecuadas de tratar con los demás y de afrontar los conflictos a través de la cooperación, para la solución de problemas que se presentan en la vida diaria con el fin de contribuir a la convivencia pacífica en la escuela,  procurando  que  las  estudiantes establecieran  cuáles son los valores con los que ellos se auto-reconocen y aquellos que los identifican ante los demás, con la finalidad, de que tengan un acercamiento al mecanismo de la mediación como método de resolución de conflictos. 

Con las estudiantes de la secundaría se enfatizó en la responsabilidad penal para los adolescentes en temas de acoso escolar, queriéndoles concienciar en lo perjudicial que es para la sociedad toda clase de acoso dentro de las aulas de escolares, descubriendo la necesidad de resolver de la mejor manera los conflictos, minimizando, así, la violencia intra-escolar.

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