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Consultorio Jurídico UPB realiza brigada en Belén Altavista

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El equipo de trabajo del Consultorio Jurídico Pío XII de la Facultad de Derecho de la UPB realizó una brigada jurídica en el sector de Belén AltaVista, comuna 16 de la ciudad de Medellín.

Un total de 17 participantes entre docentes, monitores y estudiantes, brindaron a la comunidad del sector asesoría en las áreas de Derecho civil y de Familia, Penal, conciliación, Público y laboral.

El lugar del evento fue la I.E. Ramón Giraldo Ceballos, donde para empezar se les dio a conocer los servicios que ofrece el Consultorio Jurídico y su Centro de Conciliación y se les brindó a los más de 50 asistentes una charla taller sobre los derechos fundamentales y mecanismos de protección.

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El Consultorio jurídico en la Comuna 3

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La Red de Primera Infancia donde la UPB hace parte, participó en una actividad que realizada el pasado 19 de mayo en la UVA la Armonía que queda localizada en el sector de Manrique, evento que está proyectado para unas 300 personas.

Para esta intervención en la comuna 3, la facultad de Derecho a través del Consultorio Jurídico y su Centro de Conciliación Pío XII, realizó su programa "consultorio al barrio" cuyo propósito fue brindar asesoría legal en las áreas civil, familia, laboral, publico, penal y conciliación a las personas que asistan a la movilización.

En dicho ejercicio participaron 14 miembros del consultorio jurídico entre docentes, monitores, estudiantes y personal administrativo, que brindaron asesoría en temas tales como: sucesiones, custodia y cuidados personales de hijos menores de edad, disolución y liquidación de sociedad patrimonial, responsabilidad civil médica, responsabilidad civil por accidente de tránsito; pensiones, pérdida de la capacidad laboral por accidente; inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, ayuda humanitaria, reparación de víctimas y derechos de petición.

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Invitación al IX Concurso de Ensayos Universitarios en MASC

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El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali y el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, desde hace nueve años llevamos a cabo un concurso nacional de ensayos, el cual tiene como objetivo promocionar y motivar el estudio y la investigación de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC - en el ámbito universitario.

Conscientes de la importancia que tiene para los estudiantes de pregrado la oportunidad de lograr un acercamiento temprano a temáticas de gran trascendencia para su crecimiento académico y profesional, este Centro de Arbitraje desea compartir esta información con ustedes, para pedirles su apoyo y colaboración en este proyecto, invitando a sus alumnos de pregrado o empleados que aún estén en pregrado a participar en este concurso.

La metodología del concurso consiste en la elaboración de un ensayo sobre en un tema relevante o polémico sobre los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, a nivel nacional o internacional, en el cual existan criterios de innovación e investigación, cumpliendo con los requisitos exigidos en el reglamento del concurso y diligenciar el formato de inscripción.

Los premios del concurso, el reglamento de participación y el formato de inscripción se encuentran en el siguiente link: http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/Noticias-y-novedades/2016/Noveno-Concurso-de-Ensayos-Universitarios-en-MASC

Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de septiembre de 2016.

Estamos muy interesados en que haya una participación representativa de la ciudad de Medellín para que el ganador se quede en nuestra región, por eso les pedimos el favor de incentivar a los estudiantes con los que tengan contacto a participar en el concurso.

Columna del Decano: 130 años de un gran salto institucional

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 20 de mayo de 2016.

Ahora que el país vive un período de incertidumbre sobre su futuro social, político y jurídico, es absolutamente necesario recordar que la historia constitucional de Colombia se caracteriza por superar con éxito ciertos momentos, considerados neurálgicos para el tejido comunitario y la modernización de las relaciones sociales.

Aunque solo en el mes de agosto se conmemoran los 130 años de la Carta de 1886, por los eventos que vivimos en la actualidad, es indispensable recordar aquel período, cuando una asamblea constituyente hegemónicamente conservadora respondió al llamado de una comunidad, que como respuesta al éxito obtenido por el movimiento de regeneración nacional, había declarado que la Constitución Federal de 1863 dejaba de existir.

El desorden social y la violencia creada por la debilidad en las estructuras del poder, obra de los constituyentes del 63, reclamaba una reacción firme para recuperar la unidad nacional y el concepto de autoridad, y ello fue lo que se plasmó en la Carta del 86.

Si bien toda reacción institucional, política y militar puede llevar a excesos, no puede olvidarse que el país buscaba salir de aquella especie de anarquía creada o abonada por el Texto Constitucional del 63, que convirtió cada uno de los 9 estados en que se dividió el territorio, en especie de repúblicas independientes. Esta situación política, más la debilidad institucional de la Presidencia de la República, con un escaso periodo de dos años y poderes absolutamente recortados y una Constitución que solo podía ser reformada con el voto unánime de los denominados estados soberanos de los Estados Unidos de Colombia, originó un gran movimiento político cuya finalidad principal era recobrar la unidad perdida, restaurar el orden y restablecer el concepto de autoridad.

Es cierto que la consagración de un periodo presidencial de seis años, con un congreso nacional intermitente y unos artículos transitorios que revistieron al presidente de poderes casi omnímodos, prácticamente aplazaron la implementación del nuevo orden democrático constitucional hasta la reforma de 1910. Pero no puede olvidarse que el desajuste existente en las relaciones entre los poderes centrales y el gobierno de los estados, el desbarajuste monetario, la crisis de gobernabilidad y el exceso de libertades, incluso para producir armas, estaban llevando la sociedad al borde de la destrucción, con expresiones violentas como las demostradas en el periodo de la guerra de los mil días, que en el fondo es consecuencia en el siglo XX de las guerras vividas durante el siglo XIX.

Con la Constitución de 1886 se instala un nuevo orden social, se esquematiza el trabajo de los partidos, se da estabilidad a las relaciones políticas, se hace el reconocimiento de la influencia natural de la Iglesia católica en los procesos sociales. El momento constitucional vivido en 1886 con el paso del sistema federal instaurado por la Constitución de Rionegro a la república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, debe ser tenido como un modelo, nuevo en su momento, pero necesario para restablecer el orden social.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Columna del Decano: Resistencia o desobediencia civiles

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de mayo de 2016.

Se plantea la posibilidad de acudir a un movimiento de resistencia civil o de desobediencia civil, como mecanismos democráticos orientados al desconocimiento de algunos puntos de los acuerdos que se vienen formalizando en La Habana, como la desmovilización incondicional de los guerrilleros, la posibilidad de que estos puedan ingresar de manera directa al Congreso, la impunidad frente a delitos atroces y de lesa humanidad, las inconsistencias en el tema de la reparación a las víctimas. Otros, además, proponen que se busque la revocatoria del mandato al Presidente de la República.

Se afirma que no se trata de un movimiento violento, sino del ejercicio de un poder democrático a través de marchas, foros, conferencias, comunicados y otros eventos, orientados a revertir y desconocer la labor de las autoridades legalmente constituidas, por considerar que en las conversaciones con la guerrilla, sus iniciativas y decisiones les ha hecho perder la legitimidad necesaria para continuar orientando los destinos del país.

Pero, ¿Qué se entiende por desobediencia civil? y ¿Qué significa resistencia civil? Desde el punto de vista político, resistencia civil es un concepto genérico, que puede incluir el uso de la fuerza y comprender el derecho a la rebelión y a la revolución. En general es una reacción contra la opresión de un gobernante ilegítimo o que ha asumido decisiones ilegítimas.

En cambio, la desobediencia civil se presenta cuando un grupo de personas asumen una conducta no violenta para poner de manifiesto y dejar de acatar una ley, por considerarla injusta. El desobediente civil no se involucra en hechos violentos. Se afirma que su origen se remonta a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, quien sostuvo que la ley humana debe ser prolongación de la ley natural y participar de la ley eterna, razón por la cual deja de ser legítima cuando va en contra de los valores supremos de la ley natural como primera regla de la razón. Si se parte del principio de que la obediencia es una virtud, existirá una justificación iusnaturalista para la desobediencia a la ley injusta.

Como puede observarse, no es exacto que el Tomismo reconozca el principio político a la desobediencia, sino la virtud máxima de la obediencia a la ley humana, cuando refleja la ley natural.

Lo expuesto enseña que una propuesta de resistencia o de desobediencia, es muy delicada, pues con iniciativas de esta naturaleza se corre el riesgo de autorizar el desconocimiento a toda decisión de autoridad. No puede olvidarse que la desobediencia o resistencia civiles se sujetan a naturales inestabilidades emocionales, con consecuencias históricas incalculables.

Bajo los anteriores planteamientos, estar en desacuerdo, no con el significado de la paz, sino con los mecanismos e instrumentos que se requieren para lograr una paz sin impunidad y con la debida reparación, es un debate que debe darse en los escenarios institucionales, como el Congreso. Utilizar otras vías, conlleva un mensaje de desarticulación institucional y desconocimiento de la legitimidad, con serio peligro para la existencia del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Convocatoria a estudiantes para concursos.

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CONVOCATORIA A ESTUDIANTES: CONCURSO SEMILLEROS - CARTAGENA (2016)
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
FACULTAD DE DERECHO

El docente Néstor R. Londoño S., invita a todos los estudiantes interesados a pertenecer al semillero de Derecho Mercantil Internacional, con miras a participar en el concurso de semilleros del I Congreso Internacional de Estudios Jurídicos a realizarse en Cartagena del 24 al 25 de Agosto del 2016.

http://conferenciaderechoudc.weebly.com/

  1. Reglas: El semillero o persona interesada debe enviar un escrito entre 5000-8000 palabras confeccionado en equipo, en formato word o PDF con citación en Chicago/Turabian.
  2. Áreas: Área de investigación en Derecho Mercantil Internacional en particular en Lex Mercatoria.
  3. Información: Interesados escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., señalando nombre completo, cédula, ID y teléfono celular.
  4. Reunión informativa:  jueves 12 de mayo, 2.30 pm, salón 209.
CONVOCATORIA A ESTUDIANTES: CONCURSO DE MEDIACIÓN - PARIS (2017)
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
FACULTAD DE DERECHO

El docente Néstor R. Londoño S., invita a todos los estudiantes interesados a participar en el Concurso de Mediación en Comercio Internacional de la Cámara de Comercio Internacional – ICC , a celebrarse en Paris en febrero del año 2017.

  1. Reglas: Podrán participar estudiantes con un buen dominio del inglés en nivel conversacional (no se requiere conocimientos de inglés jurídico), que además cuenten con habilidades para debatir, negociar y seguir parámetros.  
  2. Condiciones adicionales: La participación de UPB depende de que seamos elegidos nuevamente por la CCI para el año 2017 y que contemos con fondos para financiar el viaje.
  3. Información: Interesados escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., señalando nombre completo, cédula, ID, numero de pasaporte, teléfono celular.
  4. Reunión informativa:  jueves 12 de mayo, 11.30 pm, salón 209.

Columna del Decano: Demanda contra los acuerdos de la Habana

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 6 de mayo de 2016.

El exfiscal Eduardo Montealegre presentó a consideración de la Corte Constitucional una demanda contra los acuerdos de paz que se suscribirán entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

El análisis inicial del escrito y de los cargos formulados, permite plantear las siguientes reflexiones: Independiente de la manera como la Corte Constitucional puede modular sus decisiones, no puede olvidarse que en principio su competencia es taxativa. El artículo 241 Superior, textualmente confía a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, "en los estrictos y precisos términos" de ese artículo. Quiere decir, que la Corte solo puede conocer de los asuntos allí mencionados, entre los cuales no se encuentran los acuerdos que eventualmente el Gobierno Nacional suscriba con los grupos internos alzados en armas.

Además, a título de discusión, previamente habría que precisar la naturaleza de dichos acuerdos. No pueden tener el carácter de actos constitucionales, tampoco se trata de leyes, ya que en el Estado Unitario Social de Derecho, estos actos y las funciones de donde se derivan, se asignan al Constituyente primario y al Congreso. Quedaría por debatir si eventualmente se trata de actos políticos y administrativos, en cuyo evento su control podría corresponder al Consejo de Estado, órgano titular de una cláusula general de competencia, que le permite conocer de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos cuyo estudio no corresponda a la Corte Constitucional. (art. 237 N° 2 C.P).

Por otra parte, es menester tener en cuenta que el control de constitucionalidad, salvo en los casos expresamente señalados como control previo, debe recaer sobre normas que son derecho positivo y vigente, no sobre textos que puedan adquirir en el futuro un carácter normativo, por sí mismos o por decisión o incorporación por parte de otras instancias. Es de anotar, además, que la acción judicial, es de inconstitucionalidad, no de constitucionalidad. Es decir, la norma ya existente se demanda para que la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, decretándola o negándola, pero por principio, no se acude a la Corte para que ratifique el juicio de constitucionalidad que el demandante tiene sobre la norma impugnada.

Los acuerdos de La Habana, si es que se suscriben, no tienen por esencia un carácter normativo vinculante, cuando más, adquieren el estatus de un texto político, a partir del cual los órganos constitucionalmente competentes, deben desarrollar las disposiciones constitucionales y legales necesarias para su implementación. Un pronunciamiento previo de la Corte o incluso del Consejo de Estado, porque consideren, por ejemplo, que se trata de acuerdos especiales internacionales, podría significar una grave vulneración del orden jurídico y político, pues equivaldría a concederle a la guerrilla el carácter de órgano estatal, sujeto de tratados o convenios internacionales.
Como puede observarse, son muchos los argumentos que pueden exponerse para advertir que es menester tener cuidado con la atrevida tesis del Dr. Montealegre, tanto por sus implicaciones jurídicas, como por sus consecuencias en el campo político e institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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