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Columna del Decano: Resistencia o desobediencia civiles

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 13 de mayo de 2016.

Se plantea la posibilidad de acudir a un movimiento de resistencia civil o de desobediencia civil, como mecanismos democráticos orientados al desconocimiento de algunos puntos de los acuerdos que se vienen formalizando en La Habana, como la desmovilización incondicional de los guerrilleros, la posibilidad de que estos puedan ingresar de manera directa al Congreso, la impunidad frente a delitos atroces y de lesa humanidad, las inconsistencias en el tema de la reparación a las víctimas. Otros, además, proponen que se busque la revocatoria del mandato al Presidente de la República.

Se afirma que no se trata de un movimiento violento, sino del ejercicio de un poder democrático a través de marchas, foros, conferencias, comunicados y otros eventos, orientados a revertir y desconocer la labor de las autoridades legalmente constituidas, por considerar que en las conversaciones con la guerrilla, sus iniciativas y decisiones les ha hecho perder la legitimidad necesaria para continuar orientando los destinos del país.

Pero, ¿Qué se entiende por desobediencia civil? y ¿Qué significa resistencia civil? Desde el punto de vista político, resistencia civil es un concepto genérico, que puede incluir el uso de la fuerza y comprender el derecho a la rebelión y a la revolución. En general es una reacción contra la opresión de un gobernante ilegítimo o que ha asumido decisiones ilegítimas.

En cambio, la desobediencia civil se presenta cuando un grupo de personas asumen una conducta no violenta para poner de manifiesto y dejar de acatar una ley, por considerarla injusta. El desobediente civil no se involucra en hechos violentos. Se afirma que su origen se remonta a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, quien sostuvo que la ley humana debe ser prolongación de la ley natural y participar de la ley eterna, razón por la cual deja de ser legítima cuando va en contra de los valores supremos de la ley natural como primera regla de la razón. Si se parte del principio de que la obediencia es una virtud, existirá una justificación iusnaturalista para la desobediencia a la ley injusta.

Como puede observarse, no es exacto que el Tomismo reconozca el principio político a la desobediencia, sino la virtud máxima de la obediencia a la ley humana, cuando refleja la ley natural.

Lo expuesto enseña que una propuesta de resistencia o de desobediencia, es muy delicada, pues con iniciativas de esta naturaleza se corre el riesgo de autorizar el desconocimiento a toda decisión de autoridad. No puede olvidarse que la desobediencia o resistencia civiles se sujetan a naturales inestabilidades emocionales, con consecuencias históricas incalculables.

Bajo los anteriores planteamientos, estar en desacuerdo, no con el significado de la paz, sino con los mecanismos e instrumentos que se requieren para lograr una paz sin impunidad y con la debida reparación, es un debate que debe darse en los escenarios institucionales, como el Congreso. Utilizar otras vías, conlleva un mensaje de desarticulación institucional y desconocimiento de la legitimidad, con serio peligro para la existencia del Estado.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Convocatoria a estudiantes para concursos.

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CONVOCATORIA A ESTUDIANTES: CONCURSO SEMILLEROS - CARTAGENA (2016)
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
FACULTAD DE DERECHO

El docente Néstor R. Londoño S., invita a todos los estudiantes interesados a pertenecer al semillero de Derecho Mercantil Internacional, con miras a participar en el concurso de semilleros del I Congreso Internacional de Estudios Jurídicos a realizarse en Cartagena del 24 al 25 de Agosto del 2016.

http://conferenciaderechoudc.weebly.com/

  1. Reglas: El semillero o persona interesada debe enviar un escrito entre 5000-8000 palabras confeccionado en equipo, en formato word o PDF con citación en Chicago/Turabian.
  2. Áreas: Área de investigación en Derecho Mercantil Internacional en particular en Lex Mercatoria.
  3. Información: Interesados escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., señalando nombre completo, cédula, ID y teléfono celular.
  4. Reunión informativa:  jueves 12 de mayo, 2.30 pm, salón 209.
CONVOCATORIA A ESTUDIANTES: CONCURSO DE MEDIACIÓN - PARIS (2017)
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
FACULTAD DE DERECHO

El docente Néstor R. Londoño S., invita a todos los estudiantes interesados a participar en el Concurso de Mediación en Comercio Internacional de la Cámara de Comercio Internacional – ICC , a celebrarse en Paris en febrero del año 2017.

  1. Reglas: Podrán participar estudiantes con un buen dominio del inglés en nivel conversacional (no se requiere conocimientos de inglés jurídico), que además cuenten con habilidades para debatir, negociar y seguir parámetros.  
  2. Condiciones adicionales: La participación de UPB depende de que seamos elegidos nuevamente por la CCI para el año 2017 y que contemos con fondos para financiar el viaje.
  3. Información: Interesados escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., señalando nombre completo, cédula, ID, numero de pasaporte, teléfono celular.
  4. Reunión informativa:  jueves 12 de mayo, 11.30 pm, salón 209.

Columna del Decano: Demanda contra los acuerdos de la Habana

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 6 de mayo de 2016.

El exfiscal Eduardo Montealegre presentó a consideración de la Corte Constitucional una demanda contra los acuerdos de paz que se suscribirán entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

El análisis inicial del escrito y de los cargos formulados, permite plantear las siguientes reflexiones: Independiente de la manera como la Corte Constitucional puede modular sus decisiones, no puede olvidarse que en principio su competencia es taxativa. El artículo 241 Superior, textualmente confía a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, "en los estrictos y precisos términos" de ese artículo. Quiere decir, que la Corte solo puede conocer de los asuntos allí mencionados, entre los cuales no se encuentran los acuerdos que eventualmente el Gobierno Nacional suscriba con los grupos internos alzados en armas.

Además, a título de discusión, previamente habría que precisar la naturaleza de dichos acuerdos. No pueden tener el carácter de actos constitucionales, tampoco se trata de leyes, ya que en el Estado Unitario Social de Derecho, estos actos y las funciones de donde se derivan, se asignan al Constituyente primario y al Congreso. Quedaría por debatir si eventualmente se trata de actos políticos y administrativos, en cuyo evento su control podría corresponder al Consejo de Estado, órgano titular de una cláusula general de competencia, que le permite conocer de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos cuyo estudio no corresponda a la Corte Constitucional. (art. 237 N° 2 C.P).

Por otra parte, es menester tener en cuenta que el control de constitucionalidad, salvo en los casos expresamente señalados como control previo, debe recaer sobre normas que son derecho positivo y vigente, no sobre textos que puedan adquirir en el futuro un carácter normativo, por sí mismos o por decisión o incorporación por parte de otras instancias. Es de anotar, además, que la acción judicial, es de inconstitucionalidad, no de constitucionalidad. Es decir, la norma ya existente se demanda para que la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, decretándola o negándola, pero por principio, no se acude a la Corte para que ratifique el juicio de constitucionalidad que el demandante tiene sobre la norma impugnada.

Los acuerdos de La Habana, si es que se suscriben, no tienen por esencia un carácter normativo vinculante, cuando más, adquieren el estatus de un texto político, a partir del cual los órganos constitucionalmente competentes, deben desarrollar las disposiciones constitucionales y legales necesarias para su implementación. Un pronunciamiento previo de la Corte o incluso del Consejo de Estado, porque consideren, por ejemplo, que se trata de acuerdos especiales internacionales, podría significar una grave vulneración del orden jurídico y político, pues equivaldría a concederle a la guerrilla el carácter de órgano estatal, sujeto de tratados o convenios internacionales.
Como puede observarse, son muchos los argumentos que pueden exponerse para advertir que es menester tener cuidado con la atrevida tesis del Dr. Montealegre, tanto por sus implicaciones jurídicas, como por sus consecuencias en el campo político e institucional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Seminario: insolvencia de persona naturales

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Inscripciones.

Vanguardia tecnológica para el Centro de Conciliación

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Foto: Beatriz María Arango Orozco, directora del Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria" de la UPB.

El Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria" junto con el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones C.T.I.C, crearon el software "Sistema para la gestión de expedientes-SGE", con el objetivo de realizar índices de gestión de calidad para la misma Universidad y específicamente para el Centro de Conciliación.

La solución de conflictos personales, empresariales o institucionales, hacen parte de la responsabilidad social universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde por medio del Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria", se ofrecen servicios de ayuda en el ejercicio de mecanismos alternativos de solución.

Esta entidad se ha encargado de dar respuesta y solución a separaciones, dificultades con la cuota alimentaria y diferentes problemáticas que necesitan conclusiones jurídicas.
Motivados por una actualización tecnológica y por la necesidad de llegar a una sistematización de la información, el Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria" y el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones C.T.I.C, crearon el software "Sistema para la gestión de expedientes-SGE", donde se ha trabajado para lograr obtener la trazabilidad de toda la documentación que ingresa al Centro de Conciliación, lo cual contribuye a la búsqueda de una solución a las problemáticas con las que se acercan las personas que desean recibir ayuda.
Hacer índices de gestión de calidad para la misma Universidad y específicamente para el Centro de Conciliación, los cuales consisten en saber de todas las personas que llegan a solicitar el servicio, cuántas llegan a un acuerdo, ya que no siempre que se sientan a conversar se arreglan las diferencias.

Los efectos legales en el no-cumplimiento de algunos deberes como la inasistencia a una audiencia o un no-acuerdo, tienen un gran valor frente a la ley, sirve como no-cumplimiento con un documento para poder demandar ya que no se logró conciliar, por lo que corresponde ir a un tribunal para entablar un proceso.

"Nosotros tenemos una tabla de seguimiento, un control, donde les preguntamos a las personas que realizan el proceso: cómo les pareció la actuación del Centro, si el abogado conocía el tema, si se propusieron fórmulas de arreglo, si fueron buenos los servicios del centro, si se cumplieron los horarios establecidos y si las personas fueron idóneas, para una posterior sistematización en el software", manifestó Beatriz María Arango Orozco, directora del Centro de Conciliación y Arbitraje "Darío Velásquez Gaviria" de la UPB.

Ese tipo de preguntas contribuyen al crecimiento y a la mejoría de los procesos y servicios allí ofrecidos, dando claridad a las nuevas acciones a ejecutar para que el Centro tenga un futuro con prontas renovaciones.

"Los abogados queremos estar a la vanguardia tecnológica y consideramos que esta herramienta puede ser de suma utilidad para poder ser innovadores porque este software es útil hasta para el mismo Ministerio de Justicia, que es quién realmente nos vigila, y de esta manera puede decirse si la conciliación tiene valor en Colombia o no; los métodos alternativos de solución de conflictos, como se le llama a la conciliación, arbitraje y a la mediación, son útiles para tener una mejor cultura de paz", agregó Beatriz María Arango.

Los métodos alternativos de solución de conflictos, como los son la conciliación y el arbitraje, contribuyen a crear cultura de paz en Colombia, a través de la mediación y amigable composición también pueden ser útiles para el postconflicto, cuando se llegue a una paz duradera, amigable, seria y sin impunidad; ese es el impacto social que pueden tener estos centros y por ende la Universidad Pontificia Bolivariana.

Autor: Manuela Alzate Pulgarín
Agencia de Noticias UPB

Columna del Decano: El juez y los medios

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | Publicado en El Colombiano el 29 de abril de 2016.

Mucho se especula sobre el papel de los medios en la sociedad, su influencia como elemento de poder y su injerencia en la labor de los jueces. Normalmente se piensa que dicha intervención puede ser inconveniente; no obstante, hay elementos de análisis que es bueno recordar.

En política se diferencia entre los denominados factores formales de poder y los reales. Los primeros, hacen relación a las instituciones consagradas por la Constitución Política, es decir, los órganos que integran las ramas del poder público y demás agencias del Estado. Los factores reales son aquellos sectores de la sociedad que ejercen una importante influencia en la organización y funcionamiento del poder. Estos factores reales pueden ser lícitos o ilícitos. Los primeros, se integran por diferentes instancias que representan diversos intereses sociales: La Iglesia, las universidades, los gremios, los sindicatos, los medios, las ONG, entre otros. Los segundos, son aquellas fuerzas al margen de la ley, quienes con diferentes maniobras, todas ellas propias de la corrupción, tratan de obtener beneficios de las estructuras del poder.

En una sociedad homogénea y desarrollada, debe haber un sano equilibro entre los factores reales de poder y las estructuras formales de dirección, con el fin de evitar influencias indebidas que atenten contra los principios de igualdad y equidad que deben orientar las relaciones sociopolíticas.

Al evaluar los distintos factores reales, sin lugar a dudas, en la época actual los medios de comunicación cumplen un papel destacado, tanto por la posibilidad de penetración en los diferentes sectores de la sociedad, como por la agilidad, recursos y disponibilidad de acceso a distintas clases de fuentes.

Este fenómeno ha venido adquiriendo especial importancia, respecto la administración de justicia. Se ha vuelto común que las decisiones judiciales se vean permeadas por los esfuerzos y las prácticas de los medios. A medida que aumentan las debilidades del aparato judicial, mayor importancia adquieren los medios.

No es cierto, como afirman algunos, que exista una indebida injerencia de los medios en la justicia, lo que sucede es que por su propia dinámica, los medios vienen asumiendo un valor especial en el análisis de los grandes problemas nacionales. La tutela de Fidupetrol, la licencia a Hupecol en una zona cercana a Caño Cristales, los costos contractuales vinculados a la Refinería de Cartagena, son algunos de los temas que no hubiesen tenido una rápida evolución judicial, de no ser por las indagaciones adelantadas por los medios.

Se argumenta que las afirmaciones de los medios se dan en un contexto diferente a las verdades judiciales y por ello la prensa puede actuar con más soltura. En general los jueces son excelentes, pero la rapidez y proyección de la indagación periodística, superan las exigencias procedimentales propias de la investigación judicial y constituyen un claro ejemplo de que cuando los factores formales de poder no actúan adecuada y oportunamente, deben intervenir los factores reales en defensa de los intereses sociales y ese papel de sustitución es el que vienen cumpliendo adecuadamente los medios.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

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