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Las pruebas Saber Pro

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 20 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Se aproxima la fecha para la realización de las pruebas de Estado, denominadas saber pro. Todos los estudiantes universitarios que van a egresar, deberían presentarse a dicha evaluación. Sin embargo, como siempre sucede, sin que se haga nada al respecto, surgen importantes inquietudes sobre la naturaleza, pertinencia y oportunidad de las pruebas.

El primer tema de reflexión tiene que ver con la utilidad práctica de las mismas. Habría que preguntarse si los resultados de las pruebas se tienen en cuenta en la asignación o escogencia de profesionales recién egresados, para ocupar cargos en asuntos relacionados con las competencias aplicadas a la prueba.

En general, en los sectores público y privado, la experiencia y las recomendaciones siguen siendo una fuente de información privilegiada, al momento de tener que designar un recién egresado para una vinculación laboral. La tendencia incluso se presenta en el sector académico laboral. Los docentes y futuros investigadores se escogen, más por su nivel de posgrado, y en cierto sentido, por sus resultados generales en el pregrado, que por sus logros en las pruebas saber pro, entre otras razones, porque en el imaginario de la academia existe una especie de convicción acerca de que, en ocasiones, los resultados dependen principalmente del ejercicio de habilidades.

Pero el punto más delicado y que merece una mayor reflexión, es el relacionado con el conocimiento. Las pruebas están concebidas para medir contenidos, de manera que parece existir una importante brecha entre la evaluación formativa en capacidades y competencias, que busca la academia, y la evaluación sumativa que persiguen las pruebas, que principalmente se realizan para cuantificar la información que se tiene sobre ciertos temas.

Pero no es del todo claro que ese propósito coincida con los afanes cognitivos en muchas disciplinas. Por ejemplo, en el ámbito del Derecho, por una ruta van los propósitos de competencias y valores de la enseñanza, y por otro, los lineamientos de las pruebas. Mientras el Estado, a través de las diferentes regulaciones procesales quiere implementar y desarrollar el principio de la oralidad en los procesos judiciales, las pruebas omiten por completo este sentido y prefieren incentivar un principio cuantitativo, producto de la escogencia múltiple y los señalamientos de cierto y falso. Esta dicotomía no es solo un problema de pruebas, sino que se convierte en un asunto que afecta la identificación de metodologías y sistemas de evaluación. El Estado quiere un abogado, que con fundamento en principios éticos y científicos, a partir de los postulados de la oralidad, utilice un discurso abierto y argumentativo, espontáneo y con habilidades de exposición, que las pruebas omiten, con graves consecuencias respecto a los alcances de la enseñanza del Derecho.

Las pruebas saber pro no pueden convertirse únicamente en un instrumento para identificar, figurar y agrupar las universidades, sino un sistema que realmente mida las competencias para la actividad profesional. En caso contrario, puede ocurrir que simplemente estemos buscando un instrumento de medición y comparación, que nada aporta al desarrollo nacional.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

IIII Encuentro Internacional de Estrategia Política "Marketing Político para triunfar"

El próximo 25 de octubre se celebrará en el hotel Dann Carlton de Medellín el IIII Encuentro Internacional de Estrategia Política "Marketing Político para triunfar", organizado por la fundación alemana Konrad Adenauer, el CAEP y las universidades UPB y UCC.

El evento es de entrada libre con previa inscripción. La UPB cuenta con 100 cupos disponibles para sus estudiantes. Los interesados por favor inscribirse en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al teléfono 311 0775, indicar en la comunicación nombre, documento de identidad y su pertenencia a la comunidad UPB.

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Corrupción y credibilidad

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 13 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Los numerosos casos de corrupción denunciados por autoridades internacionales y nacionales, más todos aquellos que por distintas razones permanecen en silencio, constituyen una terrible muestra del grave mal que se vive en las distintas esferas de la actividad social, política, económica y jurídica. Este fenómeno arroja graves efectos sobre la sociedad. El primero, con peligrosas implicaciones éticas, tiene que ver con la representatividad de quienes incurren en tales conductas y su ejemplo para los demás miembros del grupo social.

En efecto, cuando los ciudadanos corrientes, inmersos en su diaria lucha por adquirir el sustento para sus familias, observan que grandes protagonistas de la sociedad desconocen las más elementales normas del comportamiento ético y jurídico, con el fin de hacerse a jugosas prebendas de distinta índole, la moral de aquellos se va relajando y el mal ejemplo comienza a invadir todas sus acciones sociales. El estudiante sentirá que hacer "trampa" en sus exámenes implica actuar con despierta vivacidad. El trabajador estimará que fingir estar enfermo para hacerse a una incapacidad que no requiere, con el fin de no asistir al trabajo, no es más que un gesto de atrevimiento. El conductor considerará que incumplir las normas que regulan el tránsito, es una muestra de agilidad y destreza. Y así ocurrirá con todos los actores sociales, cualesquiera sean los campos de actividad en que actúen.

Una segunda consecuencia, igual o más grave que la anterior, consiste en la pérdida de legitimidad y credibilidad en las instituciones. El ciudadano se convence que cualquiera sea la persona que elija para presidente, congresista, diputado, gobernador, concejal o alcalde, por no mencionar sino los niveles superiores de las ramas Ejecutiva y Legislativa, tarde o temprano terminará absorbido por la enfermedad de la corrupción, las malas prácticas, las artimañas de manejo y el ofrecimiento indebido.

Para colmo, la institución que por excelencia ha representado la independencia, autonomía, pulcritud, honestidad y dignidad, que es la justicia, comienza a verse salpicada por la misma grave enfermedad, con consecuencias peores, en términos de subsistencia social e institucional. Si no se cree en la honestidad de los jueces, las personas tendrán la sensación de que para la defensa de sus derechos deben entrar en la tónica de la corrupción, o lo que es peor, hacerse justicia por su propia mano.

No se trata de una mera elucubración teórica, ni del panorama de un pesimista crónico. La última encuesta sobre credibilidad en las instituciones, demuestra que el 48 % de los encuestados considera que el Congreso es corrupto. Más del 40 % encuentra que los diferentes órganos de la Rama Ejecutiva, a nivel nacional y territorial, incluyendo los concejales, son corruptos. Pero lo más preocupante es que el 37 % de los ciudadanos cree que los jueces y magistrados son corruptos.

Estos niveles de corrupción conllevan un preocupante sentimiento de frustración frente a la actuación de las instituciones, con graves consecuencias para una sociedad que se dice actuar bajo los parámetros del Estado Social de Derecho.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

El cartel de la toga: no

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 6 de octubre de 2017 en El Colombiano.

Desviar el significado de las palabras, buscando calificativos inadecuados, que en lugar de enaltecer una figura, pretendan darle un tratamiento peyorativo a un símbolo de alto significado ético y social, no es conveniente y conlleva un grave irrespeto hacia las personas y la institucionalidad.

Desde los albores de la civilización occidental, específicamente en la antigua Roma, la toga fue considerada un símbolo de grandeza; sólo podía ser utilizada por los ciudadanos que no hubiesen sido condenados por causas criminales y llevaban distintos diseños y colores de acuerdo con su estratificación. Desde aquel entonces se consideró que la toga encarnaba la pulcritud, la lealtad, la honestidad y los valores supremos de igualdad y libertad.

El origen de la toga negra en la justicia, parece encontrarse en Inglaterra. Allí la justicia operaba a nombre del rey, cuyo poder venía de Dios, razón por la cual los jueces se vestían como pequeños monarcas. En España surgió en el siglo XIV en el Consejo de Castilla, órgano asesor del rey, que cumplía funciones de primitivo alto tribunal.

En el lenguaje técnico jurídico, cartel es un término que describe un acuerdo informal suscrito entre empresas del mismo sector, para reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. También se ha utilizado para identificar organizaciones ilícitas. En la política criminal de la DEA, se usa como sinónimo de mafia.

Estos términos han sido sacados de su contexto y se han utilizado para identificar cualquier tipo de conducta ilícita plural. Quizás esa es la razón por la cual, de manera inapropiada, los medios de comunicación y algunas autoridades, vienen hablando del "cartel de las togas", para señalar a quienes en forma organizada utilizan su dignidad de jueces y magistrados para obtener beneficios indebidos, a cambio de proferir decisiones contrarias a la ley y la ética.

Se trata de un mensaje equivocado, con graves efectos, pues a partir de estos calificativos, la sociedad termina por tratar peyorativamente a quienes ejercen la sagrada función de administrar justicia, olvidando que las sociedades modernas no pueden existir sin la presencia del juez encargado de dirimir los conflictos de derecho.

El lenguaje que se viene utilizando, hace que el ciudadano corriente termine por considerar que el juez en su actuación con toga, en lugar de representar una dignidad objeto de respeto, sea sujeto de burla y desconfianza, no obstante tratarse de una exigencia consagrada por las leyes procesales.

Por el contrario, los jueces o magistrados que con sus actuaciones vienen mancillando el buen nombre del Derecho y la judicatura, deben ser descalificados por su grave ofensa hacia la majestad de la justicia, uno de cuyos símbolos es la toga. No es sano producir confusión, por eso en lugar de tratar de ridiculizar el significado de la toga, los medios y los distintos órganos del Estado, tienen el deber de orientar todos los esfuerzos institucionales, sociales y académicos para devolverle el alto significado y elevado nivel a un símbolo universal de la justicia.

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

La academia tiene la palabra

Luis-Fernando-AlvarezPor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 29 de septiembre de 2017 en El Colombiano.

Algo muy grave está sucediendo. Es cierto que el virus de la corrupción ha sacudido los cimientos de las sociedades durante largos momentos de la historia, con nefastas manifestaciones en los distintos órganos de poder. Es cierto también, qué de alguna manera, con grandes y dolorosos sacrificios, las comunidades han sobrevivido a semejante mal. Se trata de un fenómeno del comportamiento humano, íntimamente ligado con periodos en los cuales el sentido de la dignidad y el respeto por los valores que constituyen la esencia del comportamiento ético, se han relajado o perdido.

Sin embargo, en las distintas épocas, el "juzgador" permaneció como un faro, guía de la integridad, honestidad y dignidad. Las sociedades, desde las primitivas hasta las modernas, siempre han querido tener en el juez, el bastión último y más preciado en su lucha por la ética, la inclusión y el respeto para todos los actores sociales. Como ya ha sucedido, una sociedad es capaz de resistir un Ejecutivo corrupto, que aunque se mantenga en el poder por periodos más o menos largos, termina por ceder, en forma violenta o pacífica, ante los embates de los principios morales y éticos inherentes al grupo social. Un cuerpo legislativo, por corrupto que sea, termina atrapado en sus propias contradicciones y escándalos y finalmente denunciado y hasta despreciado por el núcleo comunitario. Pero, es inaceptable que el cáncer de la corrupción llegue a las entrañas del poder judicial y contamine los más altos estratos de la judicatura.

Perder la fe en la justicia, es perder la confianza en el Derecho y por tanto, la esperanza en el futuro social. No se trata de presentar un juicio anticipado de condena sobre las acusaciones por actos de corrupción que se vienen formulando, especialmente contra magistrados y otros dignatarios de la justicia, pero sí de promover una profunda reflexión sobre las implicaciones sociales y éticas que un fenómeno de esta naturaleza, tiene para las generaciones futuras. En este punto debe intervenir la academia, en especial las facultades de Derecho. Es inconcebible, por decir lo menos, que haya silencio en el centro mismo de la enseñanza del Derecho. Es como si la Universidad, columna vertebral en la formación de nuevas generaciones, no tuviese nada que decir ante una situación que puede calificarse de horrorosa.

No es posible que los futuros abogados se formen en medio de un silencio, que para ellos puede significar una especie de complicidad de los mayores con este tipo de prácticas. La universidad no puede limitarse a la instrucción, sino que debe preocuparse por elevar los niveles éticos y morales en la sociedad, de manera que debe estar en capacidad de reorientar el trabajo de sus estudiantes. En otras palabras, el reto consiste en inculcar en los estudiantes, a través del hacer y del discurso, una nueva cultura orientada hacia la construcción de un individuo con una alta formación en valores, la necesaria para participar en la construcción de nuevos caminos éticos y morales..

* Expresidente del Consejo de Estado y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Foto: El Colombiano.

Brigada Jurídica en el CERINI

ceriniEl pasado 8 y 22 de septiembre , las áreas civil y penal del Consultorio Jurídico Pío XII realizaron a una brigada de formación jurídica básica en el Colegio Madre Antonia Cerini de la ciudad de Medellín, con el fin de integrarnos a los planes de educación sexual y orientación vocacional para estudiantes de séptimo a undécimo grado y brindar a los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico Pío XII de la Facultad de Derecho, un espacio para brindar asesoría y capacitación en derecho de familia y derecho penal , especialmente, en temas como la patria potestad, las obligaciones entre padres e hijos, la regulación de alimentos, custodia y visitas y los mecanismos para el reconocimiento de dichos derechos; e l acoso escolar y justicia penal para adolescentes.

"Los estudiantes y la comunidad pedagógica del Colegio Madre Antonia Cerini estuvieron muy atentos y participativos ; de la misma manera abogados practicantes de Derecho asumieron su rol de manera muy profesional, presentando una exposición amena de los temas planteados, generando interés en el auditorio y resolviendo todas las inquietudes surgidas en la charla", así lo expresó la Profesora Catalina Uribe Martínez, una de las docentes asesoras encargadas de esta actividad.

El consultorio seguirá buscando espacios de participación y practica del derecho, que permita impactar a la comunidad y motivar a nuestros practicantes en la labor social que caracteriza a nuestro Consultorio Jurídico.

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