Lunes, Sep 28th

Actualizado10:34:50 AM

Artículo del Decano: ¿Corte Constitucional o catástrofe?

ambito-juridico 701-11

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Expresidente del Consejo de Estado

Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín

Publicado en Ámbito Jurídico: https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo-y-contratacion/corte-constitucional-o-catastrofe

A través de una serie de decretos, el Gobierno Nacional implantó, modificó o amplió el aislamiento preventivo obligatorio de los habitantes del territorio nacional. Dos aspectos se discuten fundamentalmente sobre este tema. (i) ¿Los decretos pueden calificarse como materialmente legislativos, para efectos de definir su control por parte de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado? (ii) ¿Cuál es la vía o medio idóneo para tal efecto?

Esta discusión se genera por dos razones. La primera, pues se trata de decretos que limitan derechos fundamentales, materia de reserva de ley. Por eso, deben ser expedidos por el Congreso o por el Gobierno en ejercicio de las potestades excepcionales propias del estado de emergencia económica y social.

La segunda, ante la suspensión de términos judiciales no es posible incoar acciones judiciales como las de nulidad por inconstitucionalidad y pública de nulidad.

En esas condiciones dichos decretos deben reputarse como materialmente legislativos y la Corte Constitucional, de oficio, ejercerá su control, según los artículos 215 superior y 55 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción (L. 134/94).

La preocupación, entendemos, tiene su causa en una razón muy valedera. Ningún acto de una autoridad pública puede quedarse sin control en un Estado de derecho y con mayor razón en estados de excepción, como es el caso de la emergencia económica, social y ecológica.

Pero dentro de esa misma línea de pensamiento las preguntas debían ser otras: ¿Pueden suspenderse durante los estados de excepción la presentación de acciones judiciales? ¿Pueden suspenderse las acciones públicas donde están involucrados derechos fundamentales, como el de la participación ciudadana y el de tutela judicial efectiva? ¿Qué autoridad y en ejercicio de que competencias puede suspender, limitar o suprimir esos derechos?

Pero la discusión no se ha abordado desde esa perspectiva. Por eso, dos interpretaciones pueden hacerse sobre el particular. La primera ya fue expuesta. Estos decretos, por limitar derechos fundamentales, lo que es de reserva de ley, pueden reputarse, materialmente, como decretos legislativos[1].

La segunda, permite afirmar que son actos administrativos, no decretos legislativos, cuyo control corresponde al Consejo de Estado por vía del control inmediato de legalidad[2].

La reserva de ley

(i) La voluntad del constituyente, en punto al control de los actos expedidos por el Gobierno adoptó un criterio que podríamos llamar "normativo".

Es normativo porque conforme a los artículos 237 y 241 constitucionales corresponde a la Corte el control de las leyes y los decretos que les son equiparables, tales como decretos leyes, decretos con fuerza de ley y decretos legislativos.

Al Consejo de Estado le competen los decretos del Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. La competencia de aquella es expresa y la del Consejo es residual [3].

(ii) La doctrina ha acudido a diversos criterios para distinguir si un acto puede reputarse ley o acto administrativo para efectos del control.

Así, se distinguen los siguientes: (i) orgánico, según el autor del acto (Congreso o Presidente); (ii) formal, según las atribuciones o fundamentos jurídicos invocados en el acto, Corte o Consejo de Estado, y (iii) material: "la naturaleza del decreto o acto determina la autoridad competente para asumir el juicio constitucional"[4]. Este último es, tal vez, el más problemático. La naturaleza del acto se define en función de su vocación de generalidad, de permanencia o del sentido o efecto de la norma.

Y, por supuesto, puede generar imprecisiones. Ejemplo, decretos del Gobierno, como los reglamentarios o los expedidos para desarrollar leyes marco, serían de control de la Corte Constitucional, pues, por su naturaleza o contenido, serían materialmente leyes.

Esto permite entender por qué el criterio material debe ser el último recurso, cuando los orgánico y formal no sean suficientes para determinar si es ley o acto administrativo y prever, en consecuencia, cuál es el juez natural para ejercer el control[5].

(iii) El concepto de reserva de ley, si se utiliza para definir la naturaleza de la norma -materialmente ley o acto administrativo- y, como consecuencia lógica, el juez que la controla, suscita más problemas que el criterio material clásico.

- Desquiciaría la estructura del control prevista en nuestra Constitución, elemento esencial de nuestro sistema. Cualquier acto administrativo, sin consideración a su autor o fundamentos, que, en su objeto o contenido, tratara materia que son de reserva legal, podría reputarse como materialmente ley y su control sería de la Corte Constitucional.

- Vaciaría la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Tanto en épocas de normalidad o de estados de excepción puede infringirse por las autoridades la reserva legal.

- Esta tesis implicaría un despojo de las competencias propias de uno de los dos jueces constitucionales supremos (Consejo de Estado) a favor del otro (Corte Constitucional) y, en el fondo, deroga la bifurcación estructural de la Jurisdicción Constitucional, como componente esencial de nuestro constitucionalismo. Aceptarla equivaldría a una mutación constitucional de nuestro modelo de control constitucional hacia uno totalmente concentrado de tipo kelseniano o austriaco.

- La tesis parte de un supuesto que no se ajusta a la realidad: que no existe control jurisdiccional de ese tipo de actos administrativos. Y sí los hay: las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, la pública de nulidad y el control inmediato de legalidad.

- La violación o infracción de la reserva de ley no es desconocida en el control de los actos administrativos por parte de su juez natural: el contencioso administrativo. Son innumerables las sentencias anulatorias de decretos del Gobierno y de actos de otras autoridades administrativas por violación, precisamente, de ese principio, en materia impositiva, en materia sancionatoria o de derechos fundamentales.

- La aplicación del criterio material como prevalente para definir la competencia en materia de control, que supondría su definición con base en la reserva de ley, paradójicamente, conduciría a que el control jurisdiccional, en vez de brindar certeza y seguridad, llevara a confusión e ineficacia en una materia tan importante en un estado de derecho.

(iv) Los decretos 457, 531, 536, 593 y 636 fueron expedidos por el Presidente de la República –orgánicamente actos administrativos-, invocando las "facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4º del artículo 189, los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016"- criterio formal: típico acto administrativo.

No hay, entonces, necesidad de acudir al criterio material, para definir si el acto es administrativo o materialmente decreto legislativo, toda vez que el orgánico y el formal son suficientes para solucionar el caso. La Sentencia C 400 del 2013 es clara: "Sin embargo, puede acontecer que el decreto o acto gubernamental no señale las facultades que le sirven como soporte, o sea impreciso, ambiguo o contenga varios fundamentos jurídicos, de modo que dificulte determinar la autoridad judicial a la cual le corresponde adelantar el control de constitucionalidad".

"En tales circunstancias, por resultar insuficiente el criterio formal, debe acudirse al criterio material, según el cual la naturaleza del decreto o acto determina la autoridad competente para asumir el juicio constitucional. De manera que si es una norma con fuerza o contenido material de ley, encuadrada en el artículo 241 superior, conocerá la Corte Constitucional, pero si concierne a una disposición que carece de magnitud legislativa, su examen atañera al Consejo de Estado con fundamento en el artículo 237-2 ib" [6].

(v) La Sentencia C-410 del 2013 trató una cuestión de constitucionalidad, no de legalidad.

El inciso segundo del artículo 135 del CPACA, se refiere al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad para "actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional", no de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, supuesto previsto en el inciso primero de la misma disposición.

La Corte declaró exequible ese inciso segundo "bajo el entendido de que a la Corte Constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, con contenido material de ley"[7]. Esta cuestión es un verdadero problema de constitucionalidad, porque está referido a ese control difuso que ejercen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Pero en el caso concreto la situación es distinta. Es un asunto de legalidad: la Jurisdicción Contenciosa conoce decretos de Gobierno expedidos en ejercicio de función administrativa invocando, formalmente, potestades ordinarias. Cosa distinta es que pueda considerarse que dichos decretos sean nulos porque infringen la reserva de ley o porque no podían invocarse esas facultades para imponer medidas de esa naturaleza o porque no hay competencia. Pero en ningún momento para desconocer su juez natural.

Alcance del control inmediato de legalidad

La jurisprudencia reciente del Consejo de Estado amplía el alcance del control inmediato de legalidad previsto en el artículo 136 del CPACA[8].

Partiendo de la suspensión de términos y, por esa situación, la imposibilidad de ejercer control, fundamentalmente por los medios de control ordinarios, presentar acciones ordinarias –nulidad por inconstitucionalidad o publica de nulidad– considera que es posible por vía del control inmediato de legalidad examinar la validez de actos expedidos por las autoridades administrativas, en ejercicio de sus potestades ordinarias.

Sobre la base de que el Consejo de Estado, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es el juez natural de la Administración; del texto del artículo 136 del CPACA, referido a todos los actos administrativos de carácter general que se dicten "como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción" y de la tutela judicial efectiva, concluyó que el control inmediato de legalidad procedía contra todos aquellos actos expedidos con ocasión de los estados de excepción, sin que fuera relevantes si se trataba del ejercicio de facultades con base en decretos legislativos o de competencias ordinarias.

Todos los actos generales emanados de las autoridades administrativas "que tuvieran relación directa o indirecta con las medidas necesarias para superar el estado de emergencia" podían estudiarse de manera oficiosa e inmediata por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En virtud de esa interpretación sistemática y teleológica, fundada en el control, que es consustancial al Estado social de derecho, y, la tutela judicial efectiva decretos como los que venimos comentando u otros actos administrativos semejantes, serían controlables de manera inmediata y oficiosa por el Consejo de Estado o los tribunales, según el caso, con la posibilidad, como lo dice esa misma corporación, de ser suspendidos de oficio, en virtud de las medidas cautelares de emergencia aplicables, conforme a los artículos 229 y 234 del CPACA, aplicables en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción[9].

La tesis también es susceptible de críticas y explica que no sea una tesis mayoritaria en el Consejo de Estado[10]. En este apartado se concluye:

(i) La lectura del artículo 136 impone afirmar que el medio de control inmediato de legalidad solo comprende los actos dictados como desarrollo de los decretos legislativos.

(ii) Desconoce que el control inmediato de legalidad apunta al ejercicio de potestades excepcionales que deban adoptar las autoridades en virtud de los decretos legislativos.

La anormalidad o los estados de excepción no enervan el ejercicio de las competencias ordinarias que coexisten con las excepcionales, propias de aquellos.

(iii) La impugnación de los actos administrativos expedidos en ejercicio de competencias ordinarias son demandables por los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad o por la pública de nulidad.

(iv) La tesis fue morigerada por la misma Sala que la expuso, con el argumento de que el Consejo Superior de la Judicatura[11] había levantado la suspensión de términos respecto de las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, en especial el control inmediato de legalidad, la nulidad por inconstitucionalidad y la pública de nulidad [12].

(v) Muestra esto que en el momento actual los medios de control que contempla el ordenamiento son idóneos y suficientes para ejercer control de los decretos del Gobierno y, en general, sobre los actos administrativos, preservándose así la estructura constitucional de control jurisdiccional.

Sin embargo, no puede ignorarse que hay una gran diferencia entre los medios de control ordinario -nulidad por inconstitucionalidad y pública de nulidad- y el extraordinario de control de legalidad. Aquellos operan a petición de parte, este oficiosamente.

Por eso, la interpretación sistemática y teleológica, que incluye los decretos y actos administrativos expedidos con ocasión de la emergencia económica y social, declarada por razón de la pandemia, como competencia del Consejo de Estado, es más razonable y eficaz.

En el fondo esta hermenéutica toma en cuenta no la relación puramente formal -de invocación externa del fundamento normativo- entre el acto administrativo con el decreto legislativo que dice desarrollar, sino la relación entre el nexo real y fáctico de las medidas administrativas con la causa de la perturbación del orden que se afronta; es decir, constata el nexo causal que vincula a los actos administrativos con la finalidad de conjurarlo o impedir la extensión de sus efectos.

Si la preocupación es la falta de control, no hay duda de que esta última solución se aviene más a nuestra estructura constitucional, a nuestra tradición jurídica y limitaría la discusión al medio procesal idóneo para ejercer el control de los actos de las autoridades públicas y no a su juez natural.

Columna Alfredo Tamayo J.: Solo le pido a Dios

FotoAlfredobnPor ALFREDO TAMAYO J.* | Publicado en El Colombiano el 1 de septiembre de 2016.

En 1978, luego de dos años de un gobierno militar conocido como Proceso de Reorganización Nacional, una atmósfera de uniformes y sables hacía presagiar un futuro doloroso para la República Argentina. Fue entonces cuando León Gieco lanzó una bella canción en la que pedía a Dios que ni el dolor, ni lo injusto, ni la guerra, ni el engaño, ni el futuro le fueran indiferentes, pues no quería una muerte repentina, una nueva bofetada, el pisotón de un monstruo gigante, el poder de una traición o el exilio hacia una cultura diferente.

Desde entonces en Colombia la canción "Solo le pido a Dios", bien en su versión original, bien en la versión de Mercedes Sosa, es uno de esos secretos que, según el formato fonográfico de la época, se guarda en mochilas artesanales o es parte de la colección musical de quienes se autoproclaman sensibles sociales; ella ameniza protestas estudiantiles, paros de maestros, manifestaciones sindicales, marchas campesinas, mingas indígenas y huelgas laborales.

Pero, más allá de lo extraño de tal apoderamiento, uno se pregunta por qué quienes en 1978 volvieron un canto personal la canción de Gieco, no elevaron 14 años atrás todas esas súplicas a Dios, cuando una atmósfera de pasamontañas y escopetas hacía presagiar un futuro doloroso para la República de Colombia.

Tampoco es explicable por qué continúan los fanáticos de la canción pidiéndole a Dios lo que ellos no hicieron posible, pues con su silencio y su complacencia se hicieron realidad todas las pesadillas de Gieco, y llegó la reseca muerte dejándonos vacíos y solos sin haber hecho lo suficiente; la garra que nos había arañado la suerte nos abofeteó la otra mejilla; el monstruo grande pisó fuerte toda la pobre inocencia de la gente; desahuciados quedaron muchos colombianos que tuvieron que marchar a vivir una cultura diferente y unos cuantos olvidaron que un traidor podía más que ellos.

Si se nos prometiera la institucionalización de un tribunal de responsabilidades históricas durante el postconflicto, para enjuiciar a una cantidad de intelectuales, políticos de turno, profesores universitarios y generadores de opinión que con su silencio y sus sonrisas complacientes para con el hermano calavera, permitieron que naciera, se desarrollara y luego se marchitara lo que ellos mismos denominan una guerra de 50 años, habría un buen aliciente para decir "Sí" en una consulta. El país está en mora de censurar la conducta de muchos personajes de la vida colombiana, autodenominados progresistas, en Francia llamados "La Gauche Caviar", que pasaron agachados y, cínicamente, siguen pidiendo a Dios que la guerra no les sea indiferente.

Como lo que pedimos no se cumplirá, por lo menos quedaríamos satisfechos si, luego de la firma de los pactos de La Habana, aquellos que al parecer nunca pusieron atención a su letra, dejan tranquila, entre muchas otras que sufrieron la misma suerte, a la canción "Solo le pido a Dios", la liberan de etiquetas proselitistas y no se arrogan más el derecho exclusivo a cantarla.

* Abogado, docente y exdecano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Profesor de la Facultad de Derecho publica artículo sobre la CISG en la revista International Law de la Pontificia Universidad Javeriana

El Profesor de la Facultad de Derecho Juan Antonio Gaviria publicó en la revista International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, de la Universidad Javeriana, ubicada en la categoría A2 de Colciencias, el paper “El enigma de la ausencia de casos sobre CISG en Colombia.” el cual analiza las razones por las cuales, si bien la CISG es ampliamente conocida en Colombia por abogados y empresarios, no hay casos decididos por jueces o árbitros colombianos, o que se hayan decidido en el exterior pero en los que al menos una parte sea colombiana y en los que la ley aplicable sea la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías.  

El artículo, que puede ser consultado en este enlace http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/issue/view/961 tanto en inglés como en españo. 

El futuro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela

Autora: Laura Garcia Juan, Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).

Foto: radio.uchile.cl

La crisis diplomática desatada entre Venezuela y Colombia por la decisión unilateral adoptada por Nicolás Maduro de cerrar las fronteras entre ambos países suscitó un sinfín de especulaciones en torno al futuro inmediato de las relaciones entre sus respectivos gobiernos. Sin embargo, el encuentro producido el lunes entre los presidentes Maduro y Santos en el Palacio de Carondelet de Quito parece haber contribuido a frenar la escalada de agravios. Mientras tanto, y a pesar de una nueva reunión bilateral entre las cancilleres y otros ministros de los gabinetes respectivos, el presidente venezolano sigue decretando nuevos cierres fronterizos.

Del encuentro presidencial del pasado 21 de septiembre resultó una especie de pre-compromiso consistente en siete puntos, entre los que no encontramos la reapertura de la frontera ni el retorno a Venezuela de las colombianas y colombianos ilegalmente deportados ni el establecimiento de políticas públicas conjuntas que contemplen la reparación o la indemnización por las millonarias pérdidas económicas sufridas por los comerciantes a uno y otro lado de la frontera.

Por el contrario, los acuerdos se han centrado más bien en la recuperación y mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pues recordemos que el primer punto es el retorno inmediato de los respectivos embajadores, mientras que el tercero consiste en reunir a los equipos de ministros para tratar los temas sensibles de la frontera. Precisamente, esta reunión tuvo lugar el miércoles 23 de octubre en Caracas, sin que de ella haya trascendido información alguna. Los acuerdos sexto y séptimo redundan en el asunto de las relaciones diplomáticas, pues en ellos únicamente se hace un llamado al espíritu de hermandad y a seguir trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.

A partir de ahí, los puntos sobre los que ha habido coincidencia de opiniones versan sobre cuestiones tan amplias e indeterminadas como realizar una investigación de la situación de la frontera y normalizarla progresivamente, así como procurar la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Ante este panorama alentador pero incierto en el futuro inmediato, no es de extrañar que los ciudadanos venezolanos y colombianos afectados por esta situación estén completamente disconformes con el resultado intangible de este encuentro.

En realidad, el movimiento de reunir a ambos presidentes responde a una estrategia diplomática coreografiada y ejecutada una y mil veces en diversos asuntos. Por ello, conviene repasar cómo funciona este baile habitualmente para que podamos llegar a algunas conclusiones sobre el futuro de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. La primera demostración de la intención, por parte de ambos gabinetes, de negociar pacíficamente sus relativas posturas, tuvo lugar el miércoles 26 de agosto en Cartagena con una reunión al más alto nivel entre las respectivas cancilleres, encuentro que concluyó sin soluciones. Las mandatarias adoptaron diversos acuerdos provisionales, entre los que se encontraba la necesidad de una futura reunión entre los defensores del pueblo y los ministros de defensa. También se apuntó una posible reunión de los ministros de relaciones exteriores de los países que integran UNASUR. Sin embargo, el mismo día 26 se incumplió el primer compromiso al que habían llegado. Este punto consistía en que se permitiera el acceso al Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, al municipio venezolano de Táchira para verificar el supuesto escenario de delincuencia descontrolada que preocupa al gobierno de Venezuela y que parece haber sido el detonante de toda la situación.

Ante este incumplimiento, el jueves 27 de agosto fue llamado a consultas el Embajador de Colombia en Caracas, Ricardo Lozano, por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, tras recibir la orden del Presidente Santos. Se trataba de una medida de protesta enérgica que se adopta si los mecanismos diplomáticos anteriores no surten los efectos deseados. Esto significa que el Jefe de la Misión Diplomática debe personarse urgentemente en Bogotá con objeto de informar sobre lo que está sucediendo en la frontera y recibir instrucciones particulares. Esta misma situación se produjo en junio de este año a raíz de la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), dentro de las cuales se encuentra la Zona Occidental en la que Venezuela se adjudicaba como propias determinadas áreas marítimas que no lo son.

Una vez concluida la previsible reunión entre los presidentes (operativa lógica en los casos de crisis grave) el paso siguiente podría consistir en la activación de las estipulaciones recogidas en el Tratado bilateral firmado por los presidentes de Colombia y Venezuela el 17 de diciembre de 1939. Se trata del “Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial”, en vigor desde 1941 y no denunciado por ninguna de las Altas Partes Contratantes en todos estos años. Con este instrumento jurídico internacional se materializó en su día el deseo mutuo de renunciar al recurso de las armas como instrumento de la política y tratar de resolver pacíficamente todas las controversias que entre los dos países pudieran suscitarse.

Venezuela y Colombia están obligadas por dicho acuerdo bilateral a someter sus controversias a los procedimientos de solución pacifica establecidos en él y que no hayan podido resolver amigablemente por los medios diplomáticos ordinarios, exceptuando las que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a su integridad territorial. Por ello, en caso de que la frontera colombo-venezolana no se reabra en un tiempo razonable, deberá constituirse una Comisión Permanente de Conciliación compuesta por cinco miembros, cuatro de los cuales serían designados por cada uno de estos países y uno (el presidente de la Comisión) de común acuerdo entre ambos. El Tratado establece que sus integrantes se nombrarán por un tiempo de tres años.

No sería esta la primera vez que se constituye la Comisión prevista por el Tratado bilateral de 1939. El 3 de febrero de 1989, los presidentes de Venezuela y Colombia, Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco respectivamente, suscribieron el llamado “Acuerdo de Caracas” por el que se convino adelantar las consultas recíprocas conducentes a la reintegración de la Comisión de Conciliación prevista en el Tratado sobre No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, así como designar dos Altos Comisionados por cada país, quienes confeccionaron un inventario de las principales cuestiones controvertidas y propusieron una metodología para su tratamiento y solución. Los comisionados se reunieron en cinco ocasiones durante ese año y algunos de los temas de su agenda fueron, precisamente, la migración transfronteriza y el tráfico de estupefacientes. A su vez, la constitución de aquella Comisión Permanente de Conciliación se complementó con la creación de las llamadas Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, más conocidas como las Comisiones de Vecindad. El trabajo de estas últimas se concentró en el estudio de convenios sobre el tránsito de personas, bienes y vehículos en la frontera colombo-venezolana, la integración económica fronteriza, la planificación conjunta del desarrollo urbano, y el uso y preservación de los recursos naturales.

Ante la grave situación fronteriza que hoy se vive, si se acordara la constitución de una nueva Comisión Permanente de Conciliación, los dos gobiernos estarían obligados a facilitar los trabajos de los cinco comisionados y a suministrarles todos los documentos e informaciones útiles que precisaran. Una vez examinada toda la documentación, oídos los testigos y peritos y practicadas las oportunas diligencias en sus respectivos territorios, la Comisión dispondría de un año para presentar un informe con los términos del arreglo y la propuesta de una solución. No obstante, este informe no sería obligatorio para ninguno de los dos países, ni en sus consideraciones de hecho ni en las de derecho. A partir de ese momento, el gobierno colombiano y el venezolano dispondrían de seis meses para negociar un arreglo sobre la base de la solución indicada. Si este acuerdo tampoco se alcanzara, entonces tendrían que someter la contienda a la decisión de un Tribunal Arbitral Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, tal y como se establece en los artículos XV y siguientes del Tratado de 1939.

Finalmente, cabe hacer mención expresa a la disposición contenida en el artículo XXII de este Tratado que dice textualmente: “La Parte que ocasione un conflicto por actos que por su naturaleza deban ser resueltos por los métodos de solución pacífica establecidos en este Tratado deberá, desde el momento en que la diferencia haya sido sometida a uno de los procedimientos aquí previstos, hacer cesar los efectos de dichos actos y restablecer las cosas al estado anterior”. La traducción es que el presidente Nicolás Maduro tendría que ordenar la reapertura de la frontera con Colombia el mismo día en que se constituyera la Comisión Permanente de Conciliación.

Docente de Derecho publica en el Richmond Journal of Global Law & Business

0f926b8El Profesor Juan Antonio Gaviria publica artículo en el Richmond Journal of Global Law & Business, en su edición de Spring 2015. El artículo, titulado AN EXPERIMENT ON THE ROLE OF PENALTY CLAUSES AND THE LEVEL OF LEGAL REMEDIES FOR BREACH OF CONTRACT ON THE PREVENTION OF THE HOLD-UP PROBLEM IN COLOMBIAN CONTRACT LAW, reporta los resultados de un experimento sobre renegociación de contratos realizado con 180 estudiantes de derecho, algunos de ellos de la UPB. El experimento buscaba determinar el rol de las cláusulas penales y de un mayor nivel de compensación de perjuicios a la parte que sufre un incumplimiento de contrato en la prevención del problema del hold-up. Este problema ocurre cuando una parte de un contrato realiza una cuantiosa inversión antes de cumplir sus obligaciones, que la hace susceptible a que de manera extorsiva la otra parte exija una modificación de los términos del contrato, generalmente el precio, bajo amenaza de terminar o incumplir el contrato si su exigencia no es satisfecha, caso en el cual la inversión hecha por la otra parte se perderá. Mayor información sobre este tema se puede encontrar en el artículo, que se anexa.

Descargue aquí el artículo.

1936 - Alfredo Cock Arango y la Universidad Pontificia Bolivariana

logoUPBvertical

1936
Alfredo Cock Arango y la Universidad Pontificia Bolivariana

JULIO ENRIQUE GONZÁLEZ VILLA
Abogado; Profesor Universitario;
Doctor en Derecho; Magíster en Administración;
Especialista en Derecho Ambiental, Administrativo y Comercial

Alfonso López Pumarejo sube la Presidencia de la República en 1934 con la intención decidida de intervenir para dirigir no sólo la economía sino la educación en el País, por lo que se empeñó en modificar sustancialmente la Constitución Política de 1886 con las reformas de 1910. El gobierno de López Pumarejo se decidió romper la columna vertebral basada en la propiedad privada, pilar fundante de la Constitución de 1886, e incorporar un nuevo pilar: el social.

Como reacción se crea la Acción Patriótica Económica Nacional que "Fue una formación...con carácter bipartidista, que se creó para impugnar la política reformista de López... Su ideólogo era José Camacho Carreño, del grupo conservador de los Leopardos, y en sus filas figuraban antiguos generales liberales de la guerra de Los Mil Días...", creada "bajo el sugestivo lema de "Propietarios de todo el país uníos"" (Álvaro Tirado Mejía).

El enfrentamiento con el Partido Conservador fue frontal. El Partido Conservador decretó la abstención electoral cuando López Pumarejo aceptó la candidatura a la Presidencia de la República. Para el Partido Comunista todo el que estaba en su contra era fascista. Hasta el Unirismo de Jorge Eliecer Gaitán, fundado el 1 de agosto de 1934, fue motejado de fascista: "El principal enemigo del proletariado, de su partido de vanguardia y de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo, es el partido liberal, sobre todo su llamada izquierda y dentro de esta izquierda la variedad fascistizante rotulada unirismo" (El Bolchevique en su nº 47 de 1935).

El gobierno de Alfonso López Pumarejo fue un gobierno liberal, intervencionista ("En la práctica existe una clamorosa exigencia de que el Estado intervenga en todo, lo dirija todo, regule todo, apoye todo" dijo López en su mensaje al Congreso en 1936), laicizante, demagógico y populista. Sus directivas alentaron la creación y estímulo a los llamados Frentes Populares, en forma similar a los que se habían creado en Francia y España, "de acuerdo con las directrices esbozadas en el VII Congreso de la Internacional Comunista, reunido en Moscú el 25 de julio de 1935" en donde "se preconizó la alianza con los socialistas, los radicales y demócratas, frente a los partidos de derecha" (Álvaro Tirado Mejía). De este Frente Popular hicieron parte conocidos dirigentes de la izquierda colombiana como Gerardo Molina, Diego Luis Córdoba y Gilberto Vieira.

Siguiendo las orientaciones del Presidente López Pumarejo, el gobierno departamental de Antioquia decidió el cambio total de los profesores conservadores por profesores de filiación liberal en la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Era el mes de mayo de 1.936. Las reformas que se ventilaban y que dieron lugar a la reforma liberal constitucional de 1936 dieron lugar a que el dirigente conservador Augusto Ramírez Moreno, desde la recién inaugurada La Voz de Colombia, dijese: "hay que desobedecer, los ciudadanos quedan relevados de toda obligación de obediencia a las leyes inicuas y a las autoridades" (Álvaro Tirado Mejía: "López Pumarejo: La Revolución En Marcha").

El año de 1936 en cuanto a la educación se refiere fue especialmente complejo. Había dentro de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia muchas inquietudes respecto al nuevo rumbo trazado para la universidad por el gobierno centralizador de Alfonso López Pumarejo. Atentando contra la autonomía de la Universidad de Antioquia, se expidió la Ordenanza 27 de 1935 que organizaba el Fondo Acumulativo Universitario para controlar desde Bogotá las finanzas de la Universidad. Es tan claro el control que quiere el gobierno López Pumarejo de la Universidad de Antioquia, que consta en el acta 1 de junio 2 de 1.936 que los doctores Braulio Mejía y Emilio Robledo, profesores de la Universidad de Antioquia, expresaron cuando se les citó para fundar la Bolivariana "que en su sentir no era el momento oportuno de proceder a esas fundaciones porque se precipitaría el conflicto de la Universidad con grave peligro de ser ésta centralizada de acuerdo con los anhelos del gobierno".

La Universidad de Antioquia en 1936 era la única universidad del Departamento de Antioquia y su Rector era designado por el Gobernador de Antioquia, quien a su vez era designado por el Presidente de la República. La creación de ese Fondo Acumulativo Universitario atentaba contra la autonomía de la Universidad de Antioquia y en consecuencia fue objeto de muchas críticas y cuestionamientos a través de censuras y ataques anónimos.

En el fondo se discutía la autonomía de la Universidad de Antioquia frente al interés del Gobierno central de López Pumarejo de controlarla. Como consta en la primera acta de prefundación de la Bolivariana, esa reunión tuvo como objeto "tratar los actuales problemas que confronta la Universidad de Antioquia".

Desde el 11 de mayo de 1.936, el Dr. Guillermo Jaramillo Barrientos, representante de los profesores en el Consejo Consultivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, cita a una reunión privada ese mismo día a los siguientes profesores: Alfredo Cock Arango, Julio Enrique Botero, Rafael Botero R., Bernardo Ceballos Uribe, Cayetano Betancur, David Córdoba Medina, Bernardo Echeverri, Félix Henao Botero, Alfonso Restrepo Moreno, Juan Evangelista Martínez, Manuel Restrepo J., Rafael Restrepo M., Francisco E. Tovar, Lázaro Uribe C., y Nicolás Vélez. De esta reunión surge una comunicación al señor Rector y al Decano de Derecho de la Universidad de Antioquia, fechada el 29 de mayo reclamando por la persecución de los profesores que no profesan el credo político liberal del gobierno de López Pumarejo. Dicen los firmantes, Dres. Guillermo Jaramillo Barrientos y Alfredo Cock Arango: "Tenemos informes dignos de toda fe de que en algunos interesados en las Directivas políticas se ha pactado procurar el retiro de las cátedras de la Facultad de Derecho de los profesores que no profesan determinado credo político, y de que se ha planeado llevar a cabo esa medida en forma paulatina, procurando que algunos estudiantes obstaculicen la labor de determinados profesores, para obligarlos a abandonar la cátedra."

El Dr. Alfredo Cock Arango, miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia expresó: "Aunque no me mezclaba en cuestiones políticas, encontré improcedente e injusto lo que se planeaba, de cuyos detalles que discutían en secreto los miembros liberales de esa Corporación pude informarme por indiscreciones de algún empleado que ellos lo creían liberal".

Fue el Dr. Alfredo Cock Arango a quien se le ocurrió fundar la Universidad Bolivariana: "Como lo que se planeaba era inevitable y era inútil luchar por cuanto el Gobierno disponía de la facultad de dictar Decretos-Leyes y sus hombres ocupaban los cargos directivos como resultado de disposiciones dictadas ad hoc, me pareció más acertado que empeñarse en una lucha que necesariamente conduciría a la derrota, ganarles de mano a los adversarios fundando una Universidad Privada, sin trabas partidistas y que correspondiera, en forma completa, a los ideales del Libertador Bolívar".

Fue el Dr. Alfredo Cock Arango quien se le presentó el 1 de junio de 1936 al Párroco de la Iglesia de La Candelaria, Padre Germán Montoya Arbeláez, y en compañía de Don Rafael Mesa Barrientos, lo puso "al corriente de las actividades que había venido desarrollando con el objeto de fundar una Universidad Privada". "Igualmente lo puse al corriente de los motivos que me inducían para tratar de procurar la fundación de esa Universidad, motivos de que me había impuesto en mi carácter de profesor de la Universidad de Antioquia y de miembro del Consejo Directivo de la expresada Institución, así como del fracaso de mis gestiones y le pedí su ayuda para fundar una Universidad Católica, la que me acordó sin vacilar."

Como consta en el acta Nº 1 de junio 2 de 1936, se reunieron los siguientes profesores de las facultades de Derecho y de Medicina de la Universidad de Antioquia: Doctores Braulio Mejía, Emilio Robledo, Luis E. Arango Pérez, Antonio Osorio I, Alberto Bernal Nicholls, Dionisio Arango Ferrer, Braulio Henao Mejía, Juan Evangelista Martínez, Rafael Botero, Alfonso Restrepo Moreno, Bernardo Echeverri, Alfredo Cock Arango, Félix Henao Botero y Cayetano Betancur, a instancias del párroco de la Iglesia de la Candelaria, Padre Germán Montoya para fundar una Universidad Católica en Medellín, ante el laicismo que estaba campeando en la Universidad de Antioquia.

Después de la explicación de la citación por el Padre Germán Montoya, Desde el primer instante, como consta en el Acta 1 de junio 2 de 1936, toma la palabra el Dr. Alfredo Cock Arango y expresa con mucho realismo que "estaba de acuerdo con la necesidad de salvar la Universidad y que veía muy fácil la manera de fundar una Escuela de Derecho que solo requiere profesores y alumnos pero muy difícil de constituir una Escuela de Medicina por necesitar ésta de hospital y laboratorios."

La conclusión de la primera reunión para evaluar la situación por la que pasaba la Universidad de Antioquia y la idea de fundar una nueva universidad fue "nombrar una comisión compuesta por los Doctores Rafael Botero, Bernal Nicholls, Arango Ferrer y Cock Arango para procurar una reunión en la cual se formaría el comité que haya de hacer los estudios necesarios para la posible fundación de la Universidad Católica y para ver la manera de propagar esta idea."

Es tan claro el liderazgo del Dr. Alfredo Cock Arango en la idea de fundar a la Bolivariana que no sólo hace parte de la comisión de cuatro personas designada para tal fin el 2 de junio, sino que tan solo una semana después aparece citando la segunda sesión del Comité creado junto con Bernal Nicholls y Arango Ferrer, y ya es el Doctor Alfredo Cock Arango quien preside.

Se constata en la segunda reunión de junio 9 de 1936 en la que se citó a importantes representantes de la industria, del comercio y de los gremios de ingenieros, médicos y abogados, que comienza la reunión el Doctor Alfredo Cock Arango hablando "nuevamente de la necesidad de organizar una Facultad de Derecho y en cuanto a la Escuela de Medicina expresó la posibilidad de aprovechar para ésta el Hospital de San Vicente de Paúl que depende de una Junta privada; para el caso de no aprovecharse éste dijo que indudablemente Medellín necesita otro hospital y que para obviar la dificultad del gran costo la nueva Escuela de Medicina podría funcionar con laboratorios modestos pero suficientes."

En la segunda reunión fundacional de la Universidad Bolivariana se crea un nuevo "comité, integrado por representantes de los distintos gremios, para que continúe el estudio de los diversos problemas que presenta la fundación de la Universidad Católica." Y aparece designado y participando activamente el Dr. Alfredo Cock Arango al lado del Doctor Félix Henao Botero, el Doctor Gil J. Gil, Don Manuel María Escobar, el Doctor Gonzalo Restrepo Jaramillo, el Doctor Federico Vásquez U. y Don Ramón Echavarría.

El 20 de junio de 1936 se reúne por tercera vez el Comité Pro Universidad Católica, y nuevamente aparece sin falta el Doctor Alfredo Cock Arango al lado de Don Manuel María Escobar, Don Ramón Echavarría, y los Doctores Gonzalo Restrepo Jaramillo y Gil J. Gil. En esta reunión se analiza el nombre de la Universidad dejando en claro que llevaría el de católica y se conviene en designar a los Doctores Alfredo Cock Arango y Gonzalo Restrepo Jaramillo para "inquirir la opinión del Ilustrísimo Señor Arzobispo, Administrador Apostólico, acerca del proyecto y de la forma en que él contribuiría a su realización."

En la cuarta sesión del Comité fundacional el día 23 de junio de 1936, sin falta, acude a la cita el Doctor Alfredo Cock Arango a la sesión donde están Don Manuel María Escobar, Don Ramón Echavarría, Don Luis Eduardo Arenas, los Doctores Gil J. Gil, Félix Henao Botero y Federico Vásquez Uribe, y es el Dr. Cock Arango, una vez abierta la sesión, quien manifiesta que "en desempeño de la comisión confiada a él y al Dr. Gonzalo Restrepo J...el Excelentísimo Señor Arzobispo les manifestó que veía con mucha complacencia las actividades en que éste Comité está empeñado; que desde el principio expresó al Doctor Félix Henao Botero que él sería el primero en contribuir a ésta obra." Ese día el Dr. Cock Arango quedó designado en la Comisión Económica con el objeto de recoger fondos y llevar "a efecto una reunión general de individuos de todos los gremios, que puedan interesarse en la idea de la Universidad Católica", reunión que sería presidida por el Señor Arzobispo.

La sesión del 30 de junio de 1936 da fe de la asistencia del Dr. Cock con todos los otros miembros del Comité Fundacional: Don Manuel María Escobar, Don Ramón Echavarría, Don Luis Eduardo Arenas y los Doctores Gil J. Gil, Félix Henao Botero, Gonzalo Restrepo Jaramillo, Federico Vásquez Uribe y León Londoño. En esta oportunidad curiosamente el Dr. Alfredo Cock Arango no interviene y se nota en la reunión cierta desazón porque no se ve claro el apoyo del Arzobispo, dado que éste se negó a recibir en su Palacio a quienes iban a participar de la reunión general de individuos de todos los gremios interesados en la idea de la Universidad Católica "por su temor de que la Nunciatura Apostólica por instancias del gobierno llegara a llamarle la atención, por creerse erradamente que se trata de una guerra a la Universidad oficial. Ante esa dubitación de la Curia, el Doctor Félix Henao Botero "se mostró partidario de que una Junta elabore un plan de acción y lo someta al Excmo. Señor Arzobispo para que lo bendiga; de que ese plan contenga el memorándum de razones por las cuales se funda la Universidad Católica, con la advertencia de que ésta quedará "exenta" es decir autónoma en sus reglamentos, manejo de dinero, nombramientos, etc., sin depender de la Curia, la que solo intervendrá en caso de un grave error...

Preguntado sobre la manera como el Ilustrísimo Señor Arzobispo podría intervenir indirectamente respondió que por ejemplo nombrando Rector de una terna que se le presente o aprobando la Curia los textos de enseñanza.".

La Iglesia dudó de la conveniencia de la fundación de la Universidad, por lo que el Padre Germán Montoya Arbeláez "se vio obligado a prescindir de prestar su cooperación, al menos como Director o Asistente Diocesano de la Acción Católica".

En esa sesión del 30 de junio de 1936, el Dr. Gonzalo Restrepo Jaramillo fue enfático en expresar que no se podía fundar una Universidad Católica "sin el apoyo claro de la autoridad eclesiástica", por lo que se comisionó al Doctor Félix Henao Botero para concretar la forma en que el Arzobispo podría intervenir para prestar su ayuda.

Como consta en el acta Nº 461 de julio 3 de 1936 del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, el representante de los estudiantes en el Consejo Directivo, Emiliano Guzmán Larrea, propuso formalmente al Consejo Directivo "amonestar al profesorado y al alumnado universitario para que si están de acuerdo en que en nuestra Universidad no se rinde culto a Dios, y si consideran también que su integridad de católicos se está menoscabando, abandonen cuanto antes sus cátedras y sus cursos respectivamente". En esta segunda reunión aparece como otro gran soporte al lado de Cock, el Presbítero Félix Henao Botero, quien también es profesor en la Universidad de Antioquia, defendiendo "la realización de la Universidad Católica" agregando que "en Antioquia todo es posible".

Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia el Dr. Alfredo Cock Arango, quien es profesor de la Facultad de Derecho desde 1912 y toma la palabra advirtiendo que "en principio es amigo del Fondo Acumulativo Universitario por cuanto beneficia a la Universidad", pero rechaza la proposición del estudiante Guzmán Larrea calificando ese modo de proceder como inaceptable. El representante de los estudiantes injuria al Dr. Alfredo Cock Arango y a los profesores diciendo que "en cuestiones de virilidad los estudiantes van más lejos", lo que obliga a dos miembros del Consejo Directivo a dejar el Concejo: el Doctor Miguel María Calle (profesor de la Facultad de Medicina, exrector de la Universidad y profesor Distinguido) y el Dr. Alfredo Cock Arango. Este hecho da lugar a la renuncia irrevocable, dentro del mismo Consejo, del Dr. Miguel María Calle como Profesor y como miembro del Consejo Directivo.

En la sexta reunión del Comité Fundacional, que sesionó el 7 de julio de 1936 y en la cual asistieron Don Manuel María Escobar, Don Luis Eduardo Arenas, y los Doctores: Félix Henao Botero, Federico Vásquez Uribe, León Londoño y el infaltable Alfredo Cock Arango, llevó la vocería Félix Henao Botero, quien había cumplido su encargo de conversar con el Señor Arzobispo de Medellín, Tiberio de J. Salazar y Herrera, conforme se le mandó en la sesión del 30 de junio, y expresó que el "Señor Arzobispo escribirá al Señor Nuncio Apostólico para suministrarle informaciones sobre la obra de la Universidad Católica a fin de prevenirlo a favor para que no llegue a pensarse que se trata de acabar con la Universidad de Antioquia. También expresó que Monseñor Salazar estaba listo a presidir la reunión general que se proyecta hacer en desarrollo de la obra, a bendecir ésta y que quiere que dicha bendición se obtenga de los Ilustrísimos Señores Miguel Ángel Builes y Francisco Cristóbal Toro, y que con la elaboración de estatutos no se de campo a que ocurra lo que al Colegio del Rosario que tuvo su tiempo ateo y estuvo en manos del Estado con lo que se traicionó la intención de sus fundadores." No puede olvidarse que el Colegio Mayor del Rosario fue fundado por el Arzobispo de entonces, Fray Cristóbal de Torres en 1654, y entregado a la orden Dominica. Era claro que tenía que garantizarse la confesionalidad Católica por siempre en los estatutos de la nueva universidad.

El acta Nº 7 del 14 de julio de 1936 da fe de la presencia de Don Manuel María Escobar, Don Ramón Echavarría, Don Luis Eduardo Arenas, y los Doctores Félix Henao Botero, León Londoño, Gonzalo Restrepo Jaramillo y Alfredo Cock Arango, donde consta la decisión de iniciar con la Facultad de Derecho y el colegio para que naciera la nueva Universidad. De la misma manera se expresa que se espera la respuesta del Nuncio a la comunicación que le remitió el Arzobispo de Medellín sobre la fundación de la Universidad.

Es una realidad, tal cual lo había expresado el Dr. Gonzalo Restrepo Jaramillo, que sin el apoyo expreso de la Iglesia Católica, esta idea se retrasaría.

El Frente Popular gana en las elecciones de febrero de 1936 en España y el socialismo de Manuel Azaña trata de imponerse. José Antonio Primo de Rivera, Jefe de la Falange es apresado el 14 de marzo. El 13 de julio es asesinado el líder de derecha José Calvo Sotelo. El 17 de julio de 1936 se da el golpe de Estado en España por parte de gran parte del estamento militar contra la República, dando comienzo a la guerra civil española. El laicismo, los ataques a la Iglesia Católica, el socialismo materialista, los Frentes Populares, la centralización de la educación en cabeza del ideario socialista. Todo ello inunda la ideología del momento generándose reacciones obvias.

En agosto 22 de 1936 se publica el Acto reformatorio de la Constitución conservadora de 1886, y se establece que la propiedad es una función social. La reforma constitucional esencial es aprobada por un Congreso que proviene exclusivamente del Partido liberal, pues el Partido Conservador había ordenado la abstención electoral.

En el mes de agosto de 1936 la crisis en la Universidad de Antioquia estaba llegando a su plenitud, pues los estudiantes adictos al gobierno de Alfonso López Pumarejo pidieron la destitución del profesor de Derecho Alfredo Cock Arango porque en "sus actividades políticas la han acarreado la desconfianza unánime del estudiantado", tal como expresamente consta en el Acta 467 del 29 de agosto de 1936. A la par, otro grupo de estudiantes de Derecho le pedía al Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia no permitir la separación del Dr. Cock Arango.El Consejo Consultivo del Liceo Antioqueño pide al Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia que el Dr. Cock sea retirado de sus cátedras en la Escuela de Derecho porque "se le han hecho cargos graves por parte del Gobierno, como conspirador contra el orden público". Esa presunta conspiración fue un invento de un teniente y un coronel y dio lugar a un debate en el Senado del cual rieron los senadores restándole total importancia, pero de él se aprovecharon los enemigos del Dr. Cock en la Universidad de Antioquia.

El Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia se divide, unos, la mayoría, apoyan al gobierno de López Pumarejo contra Cock y aprobaron la siguiente moción: "El Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia en consideración a los memoriales que acaban de leerse relacionados con el profesor Dr. Alfredo Cock y en atención a las declaraciones hechas por el señor Ministro de Guerra en el Senado de la República, en las cuales se inculpa al profesor Cock de haber participado en reuniones de carácter político subversivas con el objeto de trastornar la situación legal del país, se permite invitar al citado profesor Dr. Cock a que manifieste su voluntad de acatar el orden legal de la nación y las instituciones vigentes, como lo prometió al tomar posesión de sus cargos en la Universidad de Antioquia". Otros, como Eudoro González Gómez y Jesús María Duque, defendieron a Cock y expresaron que lo que se estaba haciendo contra el Dr. Alfredo Cock Arango "no era digna de una Corporación como el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia porque en ella se manifestaba el sectarismo político."

Consta en el acta 468 del 4 de septiembre de 1936 del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, que ante la proposición aprobada en el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia por mayoría, contra la expresa negativa de Eudoro González y Jesús María Duque, el siempre combativo Dr. Alfredo Cock Arango, contestó a ese organismo el 31 de agosto: "o los señores del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia que aprobaron la moción, me consideran un caballero y un hombre de conciencia que sabe cumplir un juramento prestado al tomar posesión del cargo de profesor, o me tienen por un hombre sin moral capaz de violar ese juramento; en el segundo caso no han debido elegirme profesor y deben destituirme para lo cual tienen la autoridad que da el número; en el primer caso, por qué se me pregunta si estoy dispuesto a cumplir la palabra y el juramento prestados?"

Los profesores de la Facultad de Derecho enviaron también una comunicación solidarizándose con el Dr. Alfredo Cock. Suscribieron esa comunicación los Doctores: Bernardo Echeverri, Guillermo Jaramillo Barrientos, Alfonso Restrepo Moreno, Rafael Restrepo M., Juan Evangelista Martínez, Julio Enrique Botero, Francisco E. Tovar, Eudoro González Gómez, Nicolás Vélez, Bernardo Ceballos, Manuel Restrepo Jiménez, Cayetano Betancur, Félix Henao Botero y Rafael Botero. En esa sesión, el Dr. Eudoro González Gómez "habló acerca de la proposición que había dado lugar a la carta del Dr. Cock y de las consecuencias que podrían sobrevenir si no se revocaba. La mayoría del Consejo estuvo en contra del Dr. Cock, de las comunicaciones de los profesores de Derecho, y en contra de la propuesta firmada y presentada por los miembros del Consejo Directivo Eudoro González y Jesús María Duque.

Alfredo Cock Arango escribe al Consejo Directivo una comunicación el día 7 de septiembre de 1936 dejando constancia de lo descomedida que fue la proposición aprobada por mayoría del Consejo Directivo del 29 de agosto, puesto que el Consejo Directivo no tenía ninguna facultad legal ni constitucional para exigirle "un nuevo juramento" o para "invitarlo" a "hacer determinadas manifestaciones", ni tenían facultad alguna para constituirse en "funcionarios de investigación"; ni tenían ninguna autoridad para "haber establecido un "nuevo sistema de averiguaciones o el nuevo género de pena infamante que quieren aplicar". El Dr. Cock enfáticamente le niega al Consejo Directivo todo derecho para exigirle nuevos juramentos y promesas a trueque de conservarlo en las cátedras que regenta, por lo que les manifiesta que queda a la espera de su destitución. (Acta 470 del 15 de septiembre de 1936 del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia).

El día 7 de septiembre de 1936 los profesores de derecho ante la "marcada y manifiesta hostilidad política por parte de las personas y entidades que oficialmente tienen intervención directa en la marcha de la Universidad", como "la pública y reiterada manifestación hecha por las entidades departamentales en el sentido de querer prescindir totalmente de nuestros servicios para que el partido de gobierno pueda asumir la plena responsabilidad en la enseñanza de la Universidad", "la intervención que estimamos parcial de las autoridades de la Universidad en las actividades electorales de los estudiantes, intervención que nosotros consideramos ilegal y arbitraria y que se llevó a efecto a pesar de nuestra respetuosa y oportuna solicitud en contrario", "La negativa dada por el Honorable Consejo Directivo...al respetuoso y razonable memorial por medio del cual la mayoría de nosotros solicitó que fuera revocada una proposición aprobada por esa entidad y que nosotros consideramos que debió reponerse por razones de orden legal y por elementales principios de justicia", renuncian a sus cátedras: Bernardo Echeverri, Juan Evangelista Martínez, Julio Enrique Botero, Guillermo Jaramillo Barrientos, Bernardo Ceballos Uribe, Manuel Restrepo J., Alfonso Restrepo Moreno, Félix Henao Botero, Francisco E. Tovar, Eudoro González Gómez, Nicolás Vélez B., Cayetano Betancur y Rafael Restrepo M.

Hay constancia expresa en el acta Nº 8 de septiembre 8 de 1936 que la nunciatura ha expresado su apoyo total a la fundación de la Universidad y que para ello se apoyaría en el concordato suscrito con el Gobierno colombiano, sobre cuya base el Arzobispo podría dictar un decreto fundacional que estaba presto a dictar. También a esta reunión estuvo el Doctor Alfredo Cock Arango.

El 9 de septiembre de 1936, "a los dos días de que se produjo la renuncia de los profesores de la Facultad de Derecho y al siguiente día de que los de la Facultad de Medicina renunciaron, los estudiantes conservadores aprobaron una proposición: ..."El Comité Conservador de la Escuela de Derecho ordena el retiro inmediato y definitivo de todos los estudiantes conservadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia".

Los estudiantes conservadores de Derecho estaban en la calle, la preocupación del Dr. Alfredo Cock Arango de que con ocasión de todos los sucesos narrados éstos estudiantes vieran truncado su futuro, y lo avanzado del propósito de fundar una Universidad Privada como lo demuestran las actas, especialmente la del 8 de septiembre, donde se tiene ya noticia del apoyo definitivo de la Iglesia para expedir el Decreto fundacional apoyada en el concordato, hacen que Alfredo Cock Arango estalle, y ante un encuentro fortuito con los estudiantes en el Parque Berrío y la solicitud de éstos de que se dé comienzo a la Universidad así sea en "una manga", decide citar a la primera clase, de Derecho Romano, ese mismo día a las 4.00 p.m. en las instalaciones del Pasaje Bolívar, gracias al apoyo de Don Alejandro Ángel, propietario del mismo. Cock entrega trescientos pesos y con ello se hace a unos bancos que se utilizaron en el Congreso Eucarístico que se celebró en Medellín en 1935.

Es tan importante este 8 de septiembre de 1936 a las 4.00 p.m., donde desde ese instante comienza, nace realmente la Universidad Pontificia Bolivariana, que dejemos al Dr. Alfredo Cock Arango relatarlo:

"Esta actitud de los estudiantes me creó uno de los conflictos de conciencia más graves que me ha tocado afrontar en mi vida, porque no ignoraba que ellos obraban así por la persecución de que era víctima el que esto escribe por parte de los dirigentes de la Universidad y en el fondo su actitud podía representar y en efecto representaba para muchos de ellos la pérdida de la carrera comprometiendo su porvenir y causándole evidente perjuicio a sus padres.

Al salir de mi casa a eso de las dos de la tarde hacia las oficinas de la Cruz de Malta iba meditando en lo que acabo de expresar y cuando había caminado unas seis o siete cuadras me encontré de manos a boca en la esquina Nororiental de la Plaza de Berrío, donde se encuentra el templo de La Candelaria con un numeroso grupo de estudiantes que gritaban y agitaban banderas azules alborotadamente.

Los estudiantes al verme me rodearon gritando vivas y lanzando mueras contra los dirigentes de la Universidad. Tan pronto como me fue posible hacerme oir, les puse de presente las consecuencias de su actitud con lo cual estaba seriamente preocupado y les hice presente mis agradecimientos por su gallardía y finalmente los exhorté a regresar a las aulas a fin de que no comprometieran su porvenir.

Al mismo tiempo les anuncié que todo se reducía a que tuvieran un poco de paciencia mientras se lograba fundar una Universidad Católica en lo cual se estaba trabajando activamente desde hacía varios meses. A este respecto detallé las actividades del Comité Pro Universidad Católica y el apoyo del representante de su Santidad a dicha obra.

Cuando terminé mi razonamiento uno de los estudiantes del grupo hablando en su nombre y en el de sus compañeros manifestó según palabras textuales que mi memoria ha conservado: "No queremos volver a la Universidad de Antioquia y si se ha de fundar una nueva Universidad que se haga ahora mismo aunque sea en una manga. Con gusto oiremos a los profesores sentados en el suelo.

En un edificio de propiedad de Don Alejandro Ángel se utilizaban dos salones para el funcionamiento de la Cruz de Malta y de la Bolsa del Trabajo, entidades que controlaba yo en forma completa. Cuando escuché la respuesta de los estudiantes a mis exhortaciones en el atrio de la Candelaria de Medellín para que regresaran a las aulas pensé que no obstante tratarse de un lugar non santo estos salones podía servir para empezar la nueva Universidad. Igualmente recordé que en el bloque del edificio de que se trata ocupado por mí había otros salones igualmente espaciosos desocupados, lo que me dio la idea de hablar personalmente con Don Alejandro Ángel para notificarle el nuevo empleo que había resuelto darle a los locales citados y pedirle muy comedidamente que nos permitiera ocupar otros para poner en funcionamiento la Universidad.

En el hecho en el bloque mencionado se podían albergar más de 300 estudiantes y en todo caso la totalidad de la Escuela de Derecho, cuanto más los que habían abandonado la Universidad de Antioquia, con los cuales se podía empezar la nueva Universidad.

Esta inspiración del momento decidió en un segundo lo que había estado quebrando la cabeza por largos meses a los señores miembros del Comité Pro Universidad Católica, pues en un acto de audacia casi inexplicable en un tímido profesor como yo y sin tener la menor probabilidad de que el Señor Ángel consintiera en entregar un edificio que representaba un valor de centenares de miles de pesos a una turba indisciplinada de estudiantes que vagaban por las calles lanzando gritos y a un profesorcillo idealista perseguido por el Gobierno para que lo utilizaran en una universidad problemática sin pagar arrendamiento y sin responder por los deterioros tomé la determinación de fundar la nueva Universidad en el edificio del Señor Ángel, situado como queda dicho en lugar poco decente.

Pedí silencio a la turba estudiantil y le dije "Hoy mismo empezará a funcionar la nueva Universidad y a las cuatro de la tarde dictaré la primera clase en los locales donde funcionan la Cruz de Malta y la Bolsa del Trabajo y eligiendo de entre los estudiantes a dos de ellos que parecían ser sus capitanes los invité a que me acompañaran a las oficinas del Señor Ángel, situadas a unos cincuenta o sesenta metros aproximadamente del lugar donde nos encontrábamos.

Me abstuve de decirles a los estudiantes lo que proyectaba para evitar que nos siguieran y les supliqué que estuvieran listos los de Derecho Romano a las cuatro en el lugar que les había indicado y que todos conocían como miembros que eran de la asociación.

Don Alejandro nos recibió con toda amabilidad sin hacernos esperar. Oyó mi solicitud, llamó a un empleado para que le trajera el plano del edificio que por notable coincidencia se llamaba Edificio Bolívar construido en cuatro bloques en cruz separados por pasajes cubiertos de dónde le viene el nombre que le da el vulgo de Pasaje Bolívar y me invitó a indicarle sobre el plano lo que deseaba.

Con el deseo de no excederme en mis pretensiones y evitar una negativa señalé en el plano las oficinas del segundo piso del bloque donde funcionaba la Cruz de Malta y Bolsa del Trabajo y el propietario sin hacer observaciones, ni imponer condiciones y del mejor grado hizo llamar por teléfono al encargado del edificio y le dio las órdenes del caso para que pusiera a mi disposición los salones desocupados que había señalado en el plano y le manifestó que procediera a pedir a los inquilinos los otros del mismo bloque a fin de que pudieran ser utilizados por la nueva Universidad cuando lo requirieran la necesidades lo que efectivamente hizo....

Dios nos había dado albergue poniendo su mano sobre el corazón del señor Ángel, pero faltaban los mobiliarios y enseres indispensables, pero también a ello acudió la Providencia haciéndome recordar que la Curia Metropolitana estaba vendiendo a precios bajos los bancos de madera ordinaria que habían sobrado del Congreso Eucarístico reunido algún tiempo antes en la ciudad de Medellín.

Inmediatamente recibí el edificio o mejor dicho las llaves de los salones del "Pasaje Bolívar" de manos del administrador o conserje me trasladé en un taxi a la Curia y negocié con el Canónigo, documento que conservo como una reliquia y que a la letra dice: "Medellín, Septiembre 8 de 1936. Recibidos de Alfredo C. Trescientos pesos ($ 300,00) por bancos Congreso Euc. (Fdo.) Rafael M. Garcés, Canónigo...".

El señor Canónigo me entregó a cambio del dinero una orden para el Sacristán de la Catedral Metropolitana para que me permitiera escoger y retirar los bancos comprados, algunos de los cuales se conservan cuando esto escribo en la Universidad Católica (hoy Pontificia) Bolivariana, según entiendo como una reliquia histórica, advirtiéndome que escogiera bien, pues la mayor parte estaban rotos y muchos en estado de no poder ser utilizados.

Provisto de la orden y de un camión me trasladé a la Catedral y hecho el escrutinio de los bancos almacenados en una de las sacristías los hice trasladar al Pasaje Bolívar, precisamente al tiempo de la cita para empezar las clases donde encontré los estudiantes que acudieron a descargar el camión y a situar los bancos en los salones.

El dueño de un café vecino, simpatizante con el movimiento nos proveyó de una mesa y de una silla, cátedra desde la cual dicté la primera clase de la nueva Universidad. Era el 8 de septiembre de 1936 a las 4 y media p.m.".

El maravilloso sueño era una realidad. Los hechos se adelantaron a la juridicidad. La clase de Derecho Romano había fundado a la Facultad de Derecho y ésta a la Universidad Pontificia Bolivariana.

El 11 de septiembre de 1936, como consta en el acta 469 del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, se leyó "la comunicación de los profesores de la Facultad de Derecho por la cual presentaron renuncia irrevocable de sus cátedras en dicha Facultad." Renunciaron: Bernardo Echeverri, Eudoro González Gómez, Juan Evangelista Martínez, Nicolás Vélez, Julio Enrique Botero, Guillermo Jaramillo Barrientos, Bernardo Ceballos Uribe, Cayetano Betancur, Manuel Restrepo Jiménez, Alfonso Restrepo Moreno, Félix Henao Botero, Francisco E. Tovar, Rafael Restrepo Maya, David Córdoba Medina y Rafael Botero. En su renuncia, los firmantes advirtieron que las Directivas de la Universidad, que apoyaban el régimen liberal de López Pumarejo, habían intervenido no permitiendo que hubiese un voto libre y espontáneo de los profesores y de los alumnos de la Universidad en las últimas elecciones que se verificaron dentro de la Universidad para renovar el Consejo Directivo. También se dejó constancia de sentimientos de hostilidad contra los profesores de la Facultad de Derecho.

La Facultad de Medicina también estaba solidarizada con el Dr. Cock Arango y los profesores de Derecho, considerando que se trataba de una persecución a los profesores conservadores. El mismo 11 de septiembre, como consta en el acta, se leyó la renuncia irrevocable de los doctores Braulio Mejía, Miguel María Calle, Gil J. Gil, Luis E. Arango Pérez, Pedro Nel Cardona, Eliseo Velásquez Mejía, Gustavo Uribe Escobar, Gabriel Uribe Misas, Alberto Gómez Arango, Jesús Yepes Cadavid, Rafael Mejía Uribe, Jesús María Duque, Dionisio Arango Ferrer, Braulio Henao Mejía, Alberto Bernal Nicholls, Antonio Osorio Isaza, Martín E. Noreña, Samuel Misas, y la verbal de Jorge Cock Quevedo.

Ante la real fundación de la Universidad con el comienzo material de las clases el 8 de septiembre, fue el Dr. Cock Arango, luego de dictar las clases del siguiente día 9 de septiembre, "fue a visitar al Excmo. Señor Arzobispo para darle cuenta de que la nueva Universidad había empezado a funcionar de hecho.
Efectivamente (dice Cock) referí al Señor Salazar y Herrera los hechos sin omitir el menor detalle y terminé suplicándole que se dignara acoger este principio de Universidad bajo su paternal protección y le impartiera su bendición, a todo lo cual accedió el egregio Prelado con singular complacencia y alegría dándole así su soplo de vida a la fundación."

Ya todo decidido, y contando con los profesores de derecho de la Universidad de Antioquia que habían renunciado, se hizo la última reunión el 14 de septiembre de 1936 donde se leyó el Decreto Arzobispal fundando la Universidad Pontificia Bolivariana (Acta Nº 9). A esa solemne sesión no podía faltar el Dr. Alfredo Cock Arango. Se deja expresa constancia de "3. Que hay necesidad urgente de fundar en nuestra República de Colombia centros de enseñanza netamente católicos, que opongan la luz de la verdad y de la conciencia cristiana a la nube de errores e impiedades que amenazan hoy no solamente la paz y la tranquilidad sociales sino la existencia de la misma sociedad y que tienden a convertir los campos de la patria en un lago de lágrimas y de sangre."

El día 15 de septiembre de 1936, como consta en el acta 470 del Consejo Directivo, después de leerse la comunicación del Dr. Cock de 7 de septiembre, la Universidad de Antioquia lo sustituye en sus cátedras y califica su "conducta de irrespetuosa e injuriosa".

En comunicación de fecha julio 4 de 1.940 suscrita por el Padre Germán Montoya Arbeláez al Dr. Alfredo Cock Arango, aquel le manifiesta a éste rememorando la fundación de la Bolivariana: "sólo me resta reiterarle una vez más mis cordialísimas felicitaciones por la bella idea, la que hoy, gracias a la comprensión que ella tuvo y al entusiasmo que usted puso en su realización, es una gloria para la nación y un motivo de orgullo para Antioquia, sintetizados en la realidad tangible de la Universidad Católica Bolivariana; Dios y la Patria tendrán muy en cuenta su labor, Dr. Cock: el primero escribiendo su nombre en el Libro de la Vida, y la segunda: en el escalafón de los hombres que inmortalizaron su nombre vinculándolo a una obra que resistirá el embate de todos los tiempos."

Radio Bolivariana

Imagen Radio Bolivariana NUEVA

Portal Laboral UPB

bg-banner.jpgInscribir tú Hoja de Vida - HV en el portal de Oportunidades Laborales de la Institución es un paso importante en tú futuro profesional.

UPB

logoUPBvertical
Medellín

IPv6

2012 bnnr ipv6 renata programa 1

Con apoyo de RENATA, UPB de Medellín implementó IPv6. Más información.

Siguenos

 

FaceBook-icon Twitter-icon
wikipedia-logo Youtube-icon
rssicon