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Función Jurisdiccional

"Me repugnaría siempre creer en una nación descuidada del primero de sus intereses, de la administración de justicia y de la garantía que necesita la inocencia acusada "

Constant Benjamín.

El concepto de ESTADO JURISDICCION surge para la humanidad de un sentimiento de 'civilidad', consistente en el acuerdo en el sentido de que ninguna persona puede resolver los conflictos por sus propios medios. En su lugar, es el Estado, y sólo él, el que puede y debe hacerlo. Desde entonces, la JURISDICCION es considerada como un poder-deber.

El concepto de Jurisdicción proviene de la raíz latina IUS DICERE que significa 'decir el derecho', o lo que es lo mismo, resolver un conflicto.

Es pues el Estado el único con poder deber de resolver los conflictos de cualquier naturaleza. Y para hacerlo se vale de su órgano natural que se llama JUEZ. El juez es, pues, el mismo Estado Jurisdicción.

En Colombia como en el mundo entero, y por supuesto en honor a la civilidad, el juez es el único con jurisdicción, esto es, con capacidad para resolver los conflictos. Quien se atreve a hacerlo, sin esa potestad, comete el delito de usurpación de esa función y se considera sin duda un atentado a la civilidad.

Así las cosas, la propia civilidad entrega esa función a un sujeto inexorablemente calificado para ello, esto es, al JUEZ. En esos términos razona el Constituyente colombiano en el artículo 116[1] en donde plausiblemente consagra la FUNCION JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL.

De ahí entonces que uno de los elementos estructuradores del proceso debido[2] sea la preexistencia del órgano jurisdiccional que además ha de ser competente, independiente, imparcial e impartial.

Esa es pues la grandeza y el enorme compromiso del juez, precisamente de quien se razona que "EN EL IMPLACABLE VIENTO DE ESCEPTICISMO QUE ARREMETE CONTRA TODO EL ORDEN JURIDICO Y QUE DERRUMBA JUNTO CON LAS INSTITUCIONES LOS PRINCIPIOS EN QUE SE APOYA LA VIDA SOCIAL, ¿QUE OTRA COSA ES EL JUEZ SINO EL GUARDIAN DE ESOS PRINCIPIOS A PUNTO DE EXTINGUIRSE Y DE PERDER SU FUERZA PARA CONMOVER LOS CORAZONES?.[3]

Conjuntamente con la consagración del Juez como Estado Jurisdicción, la civilidad acepta los equivalentes y los paralelos jurisdiccionales que, como es obvio entenderlo, cumplen igual función jurisdiccional, sea decir, resuelven conflictos.

El equivalente lo hace, sin excepciones, en casos de menor entidad como ocurre en el ámbito penal[4], o dependiendo de la voluntad de las partes como en los eventos de los árbitros' y de los 'amigables componedores'.

El órgano jurisdiccional natural constitucional es, pues, el juez, y sólo él. El equivalente jurisdiccional es excepcional, y funge como tal el particular a quien transitoriamente la ley lo reviste de función jurisdiccional.

El Paralelo Jurisdiccional consiste en la aceptación que hace el Estado Jurisdiccional colombiano de otros entes que, paralelo a él, cumple esa función. Tal ocurre con las Iglesias jurídicamente reconocidas ante el Ministerio del Interior, con la población Indígena en los términos del artículo 246 de la carta política, aunque el paralelo no funciona todavía como tal, y la Corte Penal Internacional (CPI).

En fin, "Es señal de identidad de Estado Constitucional la existencia de jueces (ordinarios y constitucionales), creadores de Derecho, llamados a servir a la ley, pero también a interpretarla, aplicarla o inaplicarla, como forma de acercar lo jurídico a lo justo, como forma de incrementar la eficacia y validez sustancial del orden normativo''[5].

Es tal la preeminencia del juez que el propio constituyente le entregó la protección a ultranza de los derechos fundamentales[6], y en particular el más caro a la existencia misma del hombre: la libertad personal. Su protección[7], la afectación a través de la captura y la detención[8], y de nuevo su protección por vía de Habeas Corpus, son asuntos trascendentales del juez y sólo de él.

La propia Corte Constitucional, en el seno de la civilidad y de la democracia, reconoce la infinita grandeza y compromiso del juez, así: "...en el proceso de aplicación de la norma penal, es perfectamente posible que el Legislador entregue al juez la función de aplicar conceptos que no pueden ser definidos apriorísticamente en la norma legal, sin con ello quebrantar el principio de legalidad. Lo que aparece sí como indispensable, es que a la hora de aplicar tales conceptos, el juez ofrezca una justificación completa y razonable, que atienda las circunstancias concretas que rodean el proceso judicial"[9].

Por supuesto que en la cotidianidad de la sociedad se cumplen muchos y disímiles roles. El inherente a la administración de justicia es, en todo caso, el que trasciende las expresiones de civilidad, de democracia, de paz y de convivencia, y esa es precisamente la razón por la cual no puede ser cualquier ciudadano el que encare esa misión con los empeños y compromisos político-filosóficos y con la formación jurídico-humanista que ciertamente caracterizan al juez, más hoy precisamente cuando a esa majestad solo se llega por la vía del concurso de méritos.

La improvisación en el manejo de los roles inherentes al ser humano no va de ninguna manera con el acierto y con la excelencia; menos aún en asuntos de tanta envergadura como la administración de justicia. De ahí que se siga insistiendo en la necesidad de estructurar una Escuela de la Judicatura como complemento a los estudios de pregrado en los programas de Derecho, por supuesto para quien quiera servir al país desde la devoción propia de la judicatura.

¿Será entonces conveniente, o no, que el proyecto de reforma a la justicia en Colombia, que por cierto no consulta la opinión de quienes están en la cotidianidad de la práctica de lo judicial, que la función jurisdiccional sea entregada en parte a los notarios y a los abogados litigantes?.

Si la función jurisdiccional es expresión de civilidad y de compromiso a ultranza de parte del Estado, ¿entregar la función jurisdiccional a notarios y abogados litigantes no es acaso evidencia de que el Estado de hoy le huye a sus compromisos constitucionales?. ¿No será acaso expresión de privatización de una función que constitucionalmente es pública?. ¿No será la idea inconveniente de tornar en SERVICIO lo que la Constitución Política erige como FUNCION?.

En días de vientos cruzados, la palabra la tienen los Honorables Congresistas colombianos.

[1] Si algo justifica hoy la modificación del artículo 116 de la Constitución Política es la puntual eliminación de esa lista de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION dado que ella carece de función jurisdiccional.

[2]Cfr. Artículo 29 de la Constitución Política.

[3] Franco Antonio Cusimo. "il problema Della guistizia del reporto processuale"

[4] El equivalente es el jurado de conciencia.

[5] Gustavo Zagrebelsky; "El Derecho dúctil".

[6] Cfr. Artículo 86 de la Constitución.

[7] Cfr. Artículo 28 de la Constitución.

[8] Cfr. Artículo 2 de la ley 906 de 2004

[9] En la C-144/10, citano incluso la C- 846/99. En igual sentido T-1003/00 y T-054/03

Comentarios  

 
+1 #2 DIANA C. BUSTAMANTE 24-11-2012 22:06
una cosa es la función judicial y otra muy diferente la función jurisdiccional.
en la cotidianidad se presenta la usurpación de la función jurisdiccional, y que precisamente es el Juez y solo él, quien goza de esa potestad, dado que un juez debe tener una formación humanistica, y debe ser alguien con gran contenido axiológico.
es evidente la gran labor del juez.
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0 #1 LUIS H GUTIERREZ 08-10-2012 16:06
la acción coactiva es simplemente una función administradora con facultad para aplicar un procedimiento de cobro ya que no tiene facultad jurisdiccional ni si quiera otorgada por la C.N. art.116 esta es facultad unica de los jueces.quienes pueden interpretar, desarrollar, crear jurisprudencia con fundamento en su jurisdicción legal
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