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El futuro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela

Autora: Laura Garcia Juan, Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).

Foto: radio.uchile.cl

La crisis diplomática desatada entre Venezuela y Colombia por la decisión unilateral adoptada por Nicolás Maduro de cerrar las fronteras entre ambos países suscitó un sinfín de especulaciones en torno al futuro inmediato de las relaciones entre sus respectivos gobiernos. Sin embargo, el encuentro producido el lunes entre los presidentes Maduro y Santos en el Palacio de Carondelet de Quito parece haber contribuido a frenar la escalada de agravios. Mientras tanto, y a pesar de una nueva reunión bilateral entre las cancilleres y otros ministros de los gabinetes respectivos, el presidente venezolano sigue decretando nuevos cierres fronterizos.

Del encuentro presidencial del pasado 21 de septiembre resultó una especie de pre-compromiso consistente en siete puntos, entre los que no encontramos la reapertura de la frontera ni el retorno a Venezuela de las colombianas y colombianos ilegalmente deportados ni el establecimiento de políticas públicas conjuntas que contemplen la reparación o la indemnización por las millonarias pérdidas económicas sufridas por los comerciantes a uno y otro lado de la frontera.

Por el contrario, los acuerdos se han centrado más bien en la recuperación y mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pues recordemos que el primer punto es el retorno inmediato de los respectivos embajadores, mientras que el tercero consiste en reunir a los equipos de ministros para tratar los temas sensibles de la frontera. Precisamente, esta reunión tuvo lugar el miércoles 23 de octubre en Caracas, sin que de ella haya trascendido información alguna. Los acuerdos sexto y séptimo redundan en el asunto de las relaciones diplomáticas, pues en ellos únicamente se hace un llamado al espíritu de hermandad y a seguir trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.

A partir de ahí, los puntos sobre los que ha habido coincidencia de opiniones versan sobre cuestiones tan amplias e indeterminadas como realizar una investigación de la situación de la frontera y normalizarla progresivamente, así como procurar la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Ante este panorama alentador pero incierto en el futuro inmediato, no es de extrañar que los ciudadanos venezolanos y colombianos afectados por esta situación estén completamente disconformes con el resultado intangible de este encuentro.

En realidad, el movimiento de reunir a ambos presidentes responde a una estrategia diplomática coreografiada y ejecutada una y mil veces en diversos asuntos. Por ello, conviene repasar cómo funciona este baile habitualmente para que podamos llegar a algunas conclusiones sobre el futuro de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. La primera demostración de la intención, por parte de ambos gabinetes, de negociar pacíficamente sus relativas posturas, tuvo lugar el miércoles 26 de agosto en Cartagena con una reunión al más alto nivel entre las respectivas cancilleres, encuentro que concluyó sin soluciones. Las mandatarias adoptaron diversos acuerdos provisionales, entre los que se encontraba la necesidad de una futura reunión entre los defensores del pueblo y los ministros de defensa. También se apuntó una posible reunión de los ministros de relaciones exteriores de los países que integran UNASUR. Sin embargo, el mismo día 26 se incumplió el primer compromiso al que habían llegado. Este punto consistía en que se permitiera el acceso al Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, al municipio venezolano de Táchira para verificar el supuesto escenario de delincuencia descontrolada que preocupa al gobierno de Venezuela y que parece haber sido el detonante de toda la situación.

Ante este incumplimiento, el jueves 27 de agosto fue llamado a consultas el Embajador de Colombia en Caracas, Ricardo Lozano, por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, tras recibir la orden del Presidente Santos. Se trataba de una medida de protesta enérgica que se adopta si los mecanismos diplomáticos anteriores no surten los efectos deseados. Esto significa que el Jefe de la Misión Diplomática debe personarse urgentemente en Bogotá con objeto de informar sobre lo que está sucediendo en la frontera y recibir instrucciones particulares. Esta misma situación se produjo en junio de este año a raíz de la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), dentro de las cuales se encuentra la Zona Occidental en la que Venezuela se adjudicaba como propias determinadas áreas marítimas que no lo son.

Una vez concluida la previsible reunión entre los presidentes (operativa lógica en los casos de crisis grave) el paso siguiente podría consistir en la activación de las estipulaciones recogidas en el Tratado bilateral firmado por los presidentes de Colombia y Venezuela el 17 de diciembre de 1939. Se trata del “Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial”, en vigor desde 1941 y no denunciado por ninguna de las Altas Partes Contratantes en todos estos años. Con este instrumento jurídico internacional se materializó en su día el deseo mutuo de renunciar al recurso de las armas como instrumento de la política y tratar de resolver pacíficamente todas las controversias que entre los dos países pudieran suscitarse.

Venezuela y Colombia están obligadas por dicho acuerdo bilateral a someter sus controversias a los procedimientos de solución pacifica establecidos en él y que no hayan podido resolver amigablemente por los medios diplomáticos ordinarios, exceptuando las que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a su integridad territorial. Por ello, en caso de que la frontera colombo-venezolana no se reabra en un tiempo razonable, deberá constituirse una Comisión Permanente de Conciliación compuesta por cinco miembros, cuatro de los cuales serían designados por cada uno de estos países y uno (el presidente de la Comisión) de común acuerdo entre ambos. El Tratado establece que sus integrantes se nombrarán por un tiempo de tres años.

No sería esta la primera vez que se constituye la Comisión prevista por el Tratado bilateral de 1939. El 3 de febrero de 1989, los presidentes de Venezuela y Colombia, Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco respectivamente, suscribieron el llamado “Acuerdo de Caracas” por el que se convino adelantar las consultas recíprocas conducentes a la reintegración de la Comisión de Conciliación prevista en el Tratado sobre No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, así como designar dos Altos Comisionados por cada país, quienes confeccionaron un inventario de las principales cuestiones controvertidas y propusieron una metodología para su tratamiento y solución. Los comisionados se reunieron en cinco ocasiones durante ese año y algunos de los temas de su agenda fueron, precisamente, la migración transfronteriza y el tráfico de estupefacientes. A su vez, la constitución de aquella Comisión Permanente de Conciliación se complementó con la creación de las llamadas Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, más conocidas como las Comisiones de Vecindad. El trabajo de estas últimas se concentró en el estudio de convenios sobre el tránsito de personas, bienes y vehículos en la frontera colombo-venezolana, la integración económica fronteriza, la planificación conjunta del desarrollo urbano, y el uso y preservación de los recursos naturales.

Ante la grave situación fronteriza que hoy se vive, si se acordara la constitución de una nueva Comisión Permanente de Conciliación, los dos gobiernos estarían obligados a facilitar los trabajos de los cinco comisionados y a suministrarles todos los documentos e informaciones útiles que precisaran. Una vez examinada toda la documentación, oídos los testigos y peritos y practicadas las oportunas diligencias en sus respectivos territorios, la Comisión dispondría de un año para presentar un informe con los términos del arreglo y la propuesta de una solución. No obstante, este informe no sería obligatorio para ninguno de los dos países, ni en sus consideraciones de hecho ni en las de derecho. A partir de ese momento, el gobierno colombiano y el venezolano dispondrían de seis meses para negociar un arreglo sobre la base de la solución indicada. Si este acuerdo tampoco se alcanzara, entonces tendrían que someter la contienda a la decisión de un Tribunal Arbitral Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, tal y como se establece en los artículos XV y siguientes del Tratado de 1939.

Finalmente, cabe hacer mención expresa a la disposición contenida en el artículo XXII de este Tratado que dice textualmente: “La Parte que ocasione un conflicto por actos que por su naturaleza deban ser resueltos por los métodos de solución pacífica establecidos en este Tratado deberá, desde el momento en que la diferencia haya sido sometida a uno de los procedimientos aquí previstos, hacer cesar los efectos de dichos actos y restablecer las cosas al estado anterior”. La traducción es que el presidente Nicolás Maduro tendría que ordenar la reapertura de la frontera con Colombia el mismo día en que se constituyera la Comisión Permanente de Conciliación.

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