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Experiencia como observadora electoral en México. Por Catalina Roa.

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Lo primero es Agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana por su constante apoyo no solo económico sino también espiritual y académico en esta actividad, en especial al Señor Rector Luis Fernando Velázquez y a mis decanos de Derecho, Juan Guillermo Jaramillo  y de Ciencia Política Luis Guillermo Patiño.

Llegue a México 2 semanas antes de la contienda electoral, se podía notar en las calles que estaban en una lucha por el poder y que aun existiendo muchos partidos y movimientos políticos (7), los 3 de siempre eran los encargados de movilizar la opinión publica, el PRI, el PRD y el PAN, precisamente el resultado final reflejo este orden, a la cabeza el hoy presidente electo Enrique Peña Nieto, que a pesar de la campaña negra en su contra logro la votación mas alta; el segundo en resultados fue Manuel López Obrador, quien había sido candidato en las elecciones pasadas pero que obtuvo el mismo puesto, donde a causa de su inconformidad con los resultados paralizo la mitad del Distrito Federal y para esta segunda contienda pidió el reconteo de mas del 50% de los votos contando con el apoyo del movimiento estudiantil #yosoy132; en tercer lugar quedo la candidata del partido de gobierno actual Josefina Vásquez Mota, donde los mexicanos mostraron su inconformidad con los resultados en materia de seguridad y de manejo administrativo del país.

Durante la contienda electoral surgió un movimiento estudiantil, llamado  #yosoy132, que nació en el seno de la Universidad  Iberoamericana y en contra de la intervención en un foro de Enrique Peña Nieto, para ese momento candidato. El movimiento parecía tener mucha fuerza, hago la semejanza con lo que paso en Colombia con Antanas Mockus en las redes sociales, y que al final tuvo exactamente el mismo resultado electoral, ninguno.

La sensación durante mi visita a este país, fue que la sociedad mexicana (de Jalisco, León, Tepic y DF) no expresa un sentimiento de inseguridad al salir a las calles, puede ser debido a que la violencia es relativamente reciente en sus días, si se compara con el sentimiento de los Colombianos que hemos vivido mucho mas tiempo este flagelo.

Tuve la oportunidad de trabajar con la OEA dentro de la Misión de Observación electoral en compañía de 2 colegas Bolivarianos, Esteban González y Rodrigo Puerta, para lo cual recibimos una completa capacitación, apoyo y acompañamiento logístico en el Estado designado para realizar el cubrimiento durante 5 días, las experiencias anteriormente relatadas ocurrieron antes de unirme a la Misión, ya que la información recogida pertenece a la OEA y no se nos permite compartirla. Lo que si puedo decir es que invito a todos los estudiantes y egresados de nuestra universidad a participar y conocer de estos procesos electorales, por que ser Observador electoral no tiene limite de edad, ni ejercer una profesión especifica, únicamente las ganas de viajar, conocer, aprender e interactuar con otras culturas políticas.

P.D Uno de los acontecimientos principales de la campaña de Peña Nieto, hoy presidente electo, fue la propuesta de tener a nuestro General Naranjo, Ex general de la policía de Colombia, como ministro de defensa, pero que no puede ser posible porque la constitución mexicana exige que los ministros sean nacionales de ese país, así que ocupara el cargo de asesor directo del presidente en materia de seguridad. Confiamos en que logre los resultados que anhela el pueblo mexicano, tales como los que alcanzo en nuestro país.

 

EL CÓDIGO PIRATA SUECO VS. THE COPYRIGHT LAW: The Pirate Bay trial

Por: Maria Alejandra Echavarria

Artículo preparado para la cátedra de Derecho Internacional Privado dictada por el doctor Julian Martinez.

“La concreción del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación es uno de los aspectos más problemáticos y de mayor trascendencia práctica del régimen jurídico de las actividades desarrolladas a través de Internet.”

PEDRO DE MIGUEL ASENSIO

En el siglo XVII los filibusteros suscribían actas, conocidas como Códigos de Conducta del Pirata, en las que fijaban las normas que regían la convivencia en un barco específico. Estas disposiciones sólo obligaban a los tripulantes a bordo de la nave, eran su ley y de acuerdo a ellas eran premiados o castigados por sus acciones.

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Comparación entre el régimen de interpretación de los contratos del Código Civil Colombiano y de los Principios UNIDROIT 2004

Daniela Cuartas
Katherine Gómez
Catalina Roa

La presente reflexión pretende comparar los artículos 1618 al 1624 del código civil colombiano con las normas que sobre el mismo punto contienen los principios UNIDROIT 2004 capitulo 4, tratando de identificar las diferencias entre uno y otro régimen, y proponer un orden en que deben ser utilizados los artículos y sus incisos si partimos de la idea de que primero se debe identificar la voluntad de las partes y luego buscar la interpretación conforme con la naturaleza del contrato. 

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Columna Alfredo Tamayo J.: Solo le pido a Dios

FotoAlfredobnPor ALFREDO TAMAYO J.* | Publicado en El Colombiano el 1 de septiembre de 2016.

En 1978, luego de dos años de un gobierno militar conocido como Proceso de Reorganización Nacional, una atmósfera de uniformes y sables hacía presagiar un futuro doloroso para la República Argentina. Fue entonces cuando León Gieco lanzó una bella canción en la que pedía a Dios que ni el dolor, ni lo injusto, ni la guerra, ni el engaño, ni el futuro le fueran indiferentes, pues no quería una muerte repentina, una nueva bofetada, el pisotón de un monstruo gigante, el poder de una traición o el exilio hacia una cultura diferente.

Desde entonces en Colombia la canción "Solo le pido a Dios", bien en su versión original, bien en la versión de Mercedes Sosa, es uno de esos secretos que, según el formato fonográfico de la época, se guarda en mochilas artesanales o es parte de la colección musical de quienes se autoproclaman sensibles sociales; ella ameniza protestas estudiantiles, paros de maestros, manifestaciones sindicales, marchas campesinas, mingas indígenas y huelgas laborales.

Pero, más allá de lo extraño de tal apoderamiento, uno se pregunta por qué quienes en 1978 volvieron un canto personal la canción de Gieco, no elevaron 14 años atrás todas esas súplicas a Dios, cuando una atmósfera de pasamontañas y escopetas hacía presagiar un futuro doloroso para la República de Colombia.

Tampoco es explicable por qué continúan los fanáticos de la canción pidiéndole a Dios lo que ellos no hicieron posible, pues con su silencio y su complacencia se hicieron realidad todas las pesadillas de Gieco, y llegó la reseca muerte dejándonos vacíos y solos sin haber hecho lo suficiente; la garra que nos había arañado la suerte nos abofeteó la otra mejilla; el monstruo grande pisó fuerte toda la pobre inocencia de la gente; desahuciados quedaron muchos colombianos que tuvieron que marchar a vivir una cultura diferente y unos cuantos olvidaron que un traidor podía más que ellos.

Si se nos prometiera la institucionalización de un tribunal de responsabilidades históricas durante el postconflicto, para enjuiciar a una cantidad de intelectuales, políticos de turno, profesores universitarios y generadores de opinión que con su silencio y sus sonrisas complacientes para con el hermano calavera, permitieron que naciera, se desarrollara y luego se marchitara lo que ellos mismos denominan una guerra de 50 años, habría un buen aliciente para decir "Sí" en una consulta. El país está en mora de censurar la conducta de muchos personajes de la vida colombiana, autodenominados progresistas, en Francia llamados "La Gauche Caviar", que pasaron agachados y, cínicamente, siguen pidiendo a Dios que la guerra no les sea indiferente.

Como lo que pedimos no se cumplirá, por lo menos quedaríamos satisfechos si, luego de la firma de los pactos de La Habana, aquellos que al parecer nunca pusieron atención a su letra, dejan tranquila, entre muchas otras que sufrieron la misma suerte, a la canción "Solo le pido a Dios", la liberan de etiquetas proselitistas y no se arrogan más el derecho exclusivo a cantarla.

* Abogado, docente y exdecano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Profesor de la Facultad de Derecho publica artículo sobre la CISG en la revista International Law de la Pontificia Universidad Javeriana

El Profesor de la Facultad de Derecho Juan Antonio Gaviria publicó en la revista International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, de la Universidad Javeriana, ubicada en la categoría A2 de Colciencias, el paper “El enigma de la ausencia de casos sobre CISG en Colombia.” el cual analiza las razones por las cuales, si bien la CISG es ampliamente conocida en Colombia por abogados y empresarios, no hay casos decididos por jueces o árbitros colombianos, o que se hayan decidido en el exterior pero en los que al menos una parte sea colombiana y en los que la ley aplicable sea la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías.  

El artículo, que puede ser consultado en este enlace http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/issue/view/961 tanto en inglés como en españo. 

El futuro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela

Autora: Laura Garcia Juan, Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).

Foto: radio.uchile.cl

La crisis diplomática desatada entre Venezuela y Colombia por la decisión unilateral adoptada por Nicolás Maduro de cerrar las fronteras entre ambos países suscitó un sinfín de especulaciones en torno al futuro inmediato de las relaciones entre sus respectivos gobiernos. Sin embargo, el encuentro producido el lunes entre los presidentes Maduro y Santos en el Palacio de Carondelet de Quito parece haber contribuido a frenar la escalada de agravios. Mientras tanto, y a pesar de una nueva reunión bilateral entre las cancilleres y otros ministros de los gabinetes respectivos, el presidente venezolano sigue decretando nuevos cierres fronterizos.

Del encuentro presidencial del pasado 21 de septiembre resultó una especie de pre-compromiso consistente en siete puntos, entre los que no encontramos la reapertura de la frontera ni el retorno a Venezuela de las colombianas y colombianos ilegalmente deportados ni el establecimiento de políticas públicas conjuntas que contemplen la reparación o la indemnización por las millonarias pérdidas económicas sufridas por los comerciantes a uno y otro lado de la frontera.

Por el contrario, los acuerdos se han centrado más bien en la recuperación y mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pues recordemos que el primer punto es el retorno inmediato de los respectivos embajadores, mientras que el tercero consiste en reunir a los equipos de ministros para tratar los temas sensibles de la frontera. Precisamente, esta reunión tuvo lugar el miércoles 23 de octubre en Caracas, sin que de ella haya trascendido información alguna. Los acuerdos sexto y séptimo redundan en el asunto de las relaciones diplomáticas, pues en ellos únicamente se hace un llamado al espíritu de hermandad y a seguir trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.

A partir de ahí, los puntos sobre los que ha habido coincidencia de opiniones versan sobre cuestiones tan amplias e indeterminadas como realizar una investigación de la situación de la frontera y normalizarla progresivamente, así como procurar la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Ante este panorama alentador pero incierto en el futuro inmediato, no es de extrañar que los ciudadanos venezolanos y colombianos afectados por esta situación estén completamente disconformes con el resultado intangible de este encuentro.

En realidad, el movimiento de reunir a ambos presidentes responde a una estrategia diplomática coreografiada y ejecutada una y mil veces en diversos asuntos. Por ello, conviene repasar cómo funciona este baile habitualmente para que podamos llegar a algunas conclusiones sobre el futuro de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. La primera demostración de la intención, por parte de ambos gabinetes, de negociar pacíficamente sus relativas posturas, tuvo lugar el miércoles 26 de agosto en Cartagena con una reunión al más alto nivel entre las respectivas cancilleres, encuentro que concluyó sin soluciones. Las mandatarias adoptaron diversos acuerdos provisionales, entre los que se encontraba la necesidad de una futura reunión entre los defensores del pueblo y los ministros de defensa. También se apuntó una posible reunión de los ministros de relaciones exteriores de los países que integran UNASUR. Sin embargo, el mismo día 26 se incumplió el primer compromiso al que habían llegado. Este punto consistía en que se permitiera el acceso al Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, al municipio venezolano de Táchira para verificar el supuesto escenario de delincuencia descontrolada que preocupa al gobierno de Venezuela y que parece haber sido el detonante de toda la situación.

Ante este incumplimiento, el jueves 27 de agosto fue llamado a consultas el Embajador de Colombia en Caracas, Ricardo Lozano, por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, tras recibir la orden del Presidente Santos. Se trataba de una medida de protesta enérgica que se adopta si los mecanismos diplomáticos anteriores no surten los efectos deseados. Esto significa que el Jefe de la Misión Diplomática debe personarse urgentemente en Bogotá con objeto de informar sobre lo que está sucediendo en la frontera y recibir instrucciones particulares. Esta misma situación se produjo en junio de este año a raíz de la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), dentro de las cuales se encuentra la Zona Occidental en la que Venezuela se adjudicaba como propias determinadas áreas marítimas que no lo son.

Una vez concluida la previsible reunión entre los presidentes (operativa lógica en los casos de crisis grave) el paso siguiente podría consistir en la activación de las estipulaciones recogidas en el Tratado bilateral firmado por los presidentes de Colombia y Venezuela el 17 de diciembre de 1939. Se trata del “Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial”, en vigor desde 1941 y no denunciado por ninguna de las Altas Partes Contratantes en todos estos años. Con este instrumento jurídico internacional se materializó en su día el deseo mutuo de renunciar al recurso de las armas como instrumento de la política y tratar de resolver pacíficamente todas las controversias que entre los dos países pudieran suscitarse.

Venezuela y Colombia están obligadas por dicho acuerdo bilateral a someter sus controversias a los procedimientos de solución pacifica establecidos en él y que no hayan podido resolver amigablemente por los medios diplomáticos ordinarios, exceptuando las que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a su integridad territorial. Por ello, en caso de que la frontera colombo-venezolana no se reabra en un tiempo razonable, deberá constituirse una Comisión Permanente de Conciliación compuesta por cinco miembros, cuatro de los cuales serían designados por cada uno de estos países y uno (el presidente de la Comisión) de común acuerdo entre ambos. El Tratado establece que sus integrantes se nombrarán por un tiempo de tres años.

No sería esta la primera vez que se constituye la Comisión prevista por el Tratado bilateral de 1939. El 3 de febrero de 1989, los presidentes de Venezuela y Colombia, Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco respectivamente, suscribieron el llamado “Acuerdo de Caracas” por el que se convino adelantar las consultas recíprocas conducentes a la reintegración de la Comisión de Conciliación prevista en el Tratado sobre No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, así como designar dos Altos Comisionados por cada país, quienes confeccionaron un inventario de las principales cuestiones controvertidas y propusieron una metodología para su tratamiento y solución. Los comisionados se reunieron en cinco ocasiones durante ese año y algunos de los temas de su agenda fueron, precisamente, la migración transfronteriza y el tráfico de estupefacientes. A su vez, la constitución de aquella Comisión Permanente de Conciliación se complementó con la creación de las llamadas Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos, más conocidas como las Comisiones de Vecindad. El trabajo de estas últimas se concentró en el estudio de convenios sobre el tránsito de personas, bienes y vehículos en la frontera colombo-venezolana, la integración económica fronteriza, la planificación conjunta del desarrollo urbano, y el uso y preservación de los recursos naturales.

Ante la grave situación fronteriza que hoy se vive, si se acordara la constitución de una nueva Comisión Permanente de Conciliación, los dos gobiernos estarían obligados a facilitar los trabajos de los cinco comisionados y a suministrarles todos los documentos e informaciones útiles que precisaran. Una vez examinada toda la documentación, oídos los testigos y peritos y practicadas las oportunas diligencias en sus respectivos territorios, la Comisión dispondría de un año para presentar un informe con los términos del arreglo y la propuesta de una solución. No obstante, este informe no sería obligatorio para ninguno de los dos países, ni en sus consideraciones de hecho ni en las de derecho. A partir de ese momento, el gobierno colombiano y el venezolano dispondrían de seis meses para negociar un arreglo sobre la base de la solución indicada. Si este acuerdo tampoco se alcanzara, entonces tendrían que someter la contienda a la decisión de un Tribunal Arbitral Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, tal y como se establece en los artículos XV y siguientes del Tratado de 1939.

Finalmente, cabe hacer mención expresa a la disposición contenida en el artículo XXII de este Tratado que dice textualmente: “La Parte que ocasione un conflicto por actos que por su naturaleza deban ser resueltos por los métodos de solución pacífica establecidos en este Tratado deberá, desde el momento en que la diferencia haya sido sometida a uno de los procedimientos aquí previstos, hacer cesar los efectos de dichos actos y restablecer las cosas al estado anterior”. La traducción es que el presidente Nicolás Maduro tendría que ordenar la reapertura de la frontera con Colombia el mismo día en que se constituyera la Comisión Permanente de Conciliación.

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